Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 34009-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir los agravios del Fisco Nacional –exAFIP DGA–, revocar la sentencia apelada y confirmar la resolución (AD JUJU) 347/2013. Con costas de ambas instancias a la parte actora.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 27 de marzo de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional (exAFIP-DGA) a fs. 77, contra la sentencia de fs. 53/54, fundado por la expresión de agravios de fs. 81/86, cuyo traslado fuera replicado por la parte actora a fs. 89/91.
Asimismo, los recursos de apelación interpuestos y fundados a fs. 64 y fs. 68/69, contra la regulación de honorarios de fs. 59 y vta., cuyos respectivos traslados no fueran contestados. Y,
I.-Sumario de los hechos que dieron origen al caso Que la firma LEDESMA SAAI, entre los meses de enero a octubre de 2008 documentó la exportación de azúcar blanco refinado, que por entonces clasificaba por la posición arancelaria 1701.99.00.000H, mediante los 19 permisos de embarque nros.
08031EC01000005T, 08031EC01000690G, 08031EC01000691H, 08031EC01000702A, 08031EC01000747J, 08031EC01000784K, 08031EC01000797Y, 08031EC01000881X, 08031EC01000894M, 08031EC01000893L, 08031EC01000902C, 08031EC01000919K, 08031EC01000931E, 08031EC01001015V, 08031EC01001030S,
08031EC01001026A, 08031EC01001108B, 08031EC01001183E y 08031EC01001184F, con destino a Chile, declarando su valor FOB en U$S, consignando en cada uno los valores unitarios en función de los cuales calculó la base imponible de los derechos de exportación, según la alícuota por aquel entonces vigente.
En abril del año 2010 el Centro Azucarero Argentino, integrado por varias empresas del sector (entre las que se encuentra la aquí actora), planteó la problemática que involucra las destinaciones de exportación del commodity azúcar que son registradas varios meses después de cerrada la operación comercial, proponiendo que para la base imponible de valoración para ser utilizada -tanto para abonar derecho como para obtener reintegros-, se calcule un precio guía diario, ya que el comercio internacional del azúcar en su modalidad de futuros se negocia en distintas Bolsas de Comercio del mundo, siendo los más conocidos el Contrato 11 de la Bolsa de Nueva York para cotizar el crudo y el Contrato nro. 5 de la Bolsa de Londres para el azúcar blanco/refinado (ver fs. 1/5 de las act. adm. 132899572-2010/8). Al analizar este planteo, la División Valoración de Exportación, mediante la Nota 1039/10 emitió un dictamen en el que describió una metodología para determinar el valor normal dentro de un contrato teórico, que contemplase la cotización internacional, por ser la base que mejor se adecúa a la prevista en el art. 748, inciso b) del CA. Dicho informe fue compartido por el Departamento Gestión Estratégica de Valor y por la Dirección de Gestión de Riesgo (ver fs. 11/16, fs. 18/19 y fs. 20 de las act. adm.).
Partiendo de la base de tales antecedentes, la Aduana de Jujuy publicó en el boletín oficial del 14/02/2012, preajustes de valor los cuales resultaban superiores a los declarados por la exportadora en el 2008 (32/33 de las act. adm.) y el 30/03/2012 formuló los cargos 50 a 68 por la diferencia de los mayores derechos de exportación calculados sobre la nueva base imponible por un total de U$S8.682,74 (v. fs. 43/61 de las act. adm). Adjuntó el listado de antecedentes de la cotización de la Bolsa de Londres del año 2008 (fs. 34/38 de las act. adm.). Los cargos fueron impugnados por la exportadora de conformidad con lo previsto en el art. 1053, inciso a) del CA, dando origen a la actuación SIGEA 13289-10873-2012 (cfr. fs. 106/111 refoliado de las act. adm.).
El procedimiento de impugnación concluyó con la resolución (AD JUJU) 347/2013, por la que el Administrador de la Aduana de Jujuy confirmó los referidos cargos en concepto de derechos de exportación (cfr. fo. 325/330 de las act. adm.).
Contra dicha resolución la firma Ledesma SAAI interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que, entre otros argumentos. opuso la falta de fundamentación de los ajustes. Recalcó que los valores que pretende la aduana que sean utilizados como CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO antecedentes para realizar el ajuste no difieren “notoria o significativamente” de los declarados en el permiso de embarque, con el alcance del art. 747 del CA (cfr. fs. 14/23).
II. La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Que el Tribunal Fiscal de la Nación mediante la sentencia del 31 de octubre de 2023, revocó la resolución aduanera, imponiendo las costas a la Aduana vencida.
Para así decidir, luego de reseñar las normas que rigen la valoración en exportación en el código de la materia, consideró que el servicio aduanero tomó el método del art. 748 inciso b) como base para efectuar el ajuste de valor, tomando en consideración la propuesta del Centro Azucarero Argentino de que se utilice como base imponible los “precios guías base” calculados en función de la cotización del último día hábil anterior, publicado en su sitio web.
Puso de relieve que, si bien la Aduana posee un cierto margen de discrecionalidad para determinar el valor de las mercaderías exportadas cuando considera que lo valores propuestos no son una base idónea de valoración, lo cierto es que dicha facultad debe desarrollarse con un cierto grado de certeza de que el valor declarado se aparta de los precios de mercado.
En tales condiciones, concluyó que los informes 1039/10 y 131/12 no resultan suficientes para sustentar la decisión aduanera, puesto que no determina de un modo técnicamente válido, cuál es el valor obtenido de la cotización internacional de la mercadería, teniendo en cuenta las modalidades inherentes a la exportación, lo que impide evaluar si efectivamente el precio declarado por la actora es bajo.
Que el Fisco Nacional, exAFIP-DGA, en sustento de su recurso, se agravia de lo así resuelto, alegando que el ajuste realizado se encuentra fundado en hechos y derecho y los argumentos esgrimidos por el TFN no los han tenido en cuenta.
Explica que los valores de exportación en el sector azucarero operan con base en los denominados contratos a futuro, estableciéndose los precios de las transacciones comerciales en un momento previo al registro de la exportación a fin de evitar continuos ajustes en los valores imponibles.
Indica que “para ello, se ha aceptado la propuesta del Centro Azucarero Argentino de autoajuste basado en un precio guía base (precios spot), calculado sobre las cotizaciones del último día hábil anterior, disponiendo como elemento de consulta la página web de tal instituto.”
Alega que la sentencia pondera de forma incorrecta los fundamentos expresados en los informes técnicos realizados por la aduana para fundar los ajustes de valor. En este sentido, señala que la firma Ledesma SAAI documentó la exportación de la mercadería de la PA 1701.99.00.000H por un total de 4262 toneladas por un valor de U$S1.408.000,76 y que el servicio aduanero mediante las Notas 1039/10 y 131/12 procedió a ajustar el valor declarado, dado que las ventas en el sector azucarero operan con los denominados contratos a futuro, estableciéndose los precios de las transacciones comerciales en un momento previo al del registro de la exportación.
Destaca que se ha procedido a aceptar la propuesta del Centro Azucarero Argentino de autoajuste, basado en un precio guía base, a fin de evitar constantes ajustes de valor, que han sido calificados por ese centro como “permanentes e injustos”.
Desde esta perspectiva, puntualiza que los presentes se iniciaron en virtud de la solicitud realizada por esta entidad que nuclea empresas del sector. También explica que para la definición del debate entablado en autos, resulta determinante tener en cuenta las fluctuaciones sensibles de precios en el mercado internacional que se producen entre el momento de concertar la venta y el momento al que alude la norma de valoración en el código según el art. 726. Manifiesta que para fundar el ajuste el servicio aduanero ha acompañado a fs. 34/38 los valores a partir de los datos extraídos de las distintas bolsas de comercio con fecha y precio y añade que conforme surge de la Nota 1039/10 (DV VEXP) dicho ajuste ha sido efectuado por aplicación del inciso b) del art. 748 del CA que acepta como base supletoria de valoración “b) el valor obtenido a partir de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cotización internacional de la mercadería, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación”.
Sostiene que la sentencia es arbitraria producto de una interpretación antojadiza de los hechos y que se constata un error de magnitud suficiente autoriza a apartarse de lo dispuesto por el art. 1180 del CA.
Solicita que se revoque la sentencia, se confirme la resolución aduanera y la pretensión tributaria, con costas la actora.
IV. La contestación de la firma exportadora Que la parte actora, en primer lugar, solicita que se declare desierto el recurso interpuesto por la demandada, desde que en su escrito solo incluye reflexiones genéricas en torno a las normas que regulan las facultades de la Aduana.
En subsidio, contesta los agravios, refutando la alegada arbitrariedad de la sentencia, destacando que el sentenciante ha apreciado correctamente la prueba y los hechos. A mayor abundamiento, manifiesta que “los injustificados valores que pretenden ser utilizados como antecedentes de reemplazo por la aduana para ajustar cada uno de los permisos de embarque, no difieren ‘notoria o significativamente’, tal como lo exige el art. 747 del CA de los declarados en aquellos permisos de embarque”, puesto que “conforme surge de fs. 31 de las actuaciones administrativas el porcentaje de ajuste ronda entre el 0,15% y el 19,23%” por lo que también por este motivo el ajuste de valor resulta improcedente e ilegítimo.
Solicita que se confirme la sentencia apelada, con costas.
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho. Supuesto de excepción. Arbitrariedad.
Que, para comenzar, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, entre otras; y con la actual composición, expte. nro. 71743/2022 in re “Eastman Chemical Argentina -TF 35552-A c/ DGA”, del 6/08/2024).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22; más recientemente, expte. nro. 324/2024 “Luis A Ducret y Cía SA y otro (TF 32415-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/09/2024).
En el caso, tal como será desarrollado en seguida, bien se advierte que el análisis y apreciación de las referidas cuestiones por parte del Tribunal Fiscal exhibe errores en la valoración de las circunstancias fácticas, que descalifican la conclusión a la que arribó en la sentencia apelada.
De este modo, dicha decisión acarrea una equivocación que autoriza, en el caso, la aplicación de la doctrina excepcional sobre la arbitrariedad o el error de magnitud suficiente, que justifica el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO apartamiento del principio general que informa la materia (arg. esta Sala, Causa 46.021/2003 "Moyano Riesco Graciela (TF 17764-A) c/DGA", 6/12/2011 y causa 30149/2015 “Alpargatas Textil SA TF 25666-A c/ DGA”, 25/02/2016; expte. nro. 62718/2018, in re “Ford SCA TF 34220-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 14/02/2018 y, con la actual composición, expte. 71743/2022 “Eastman Chemical Argentina TF 35552 c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/08/2024; expte. nro. 257/2024 “Serro Aldo (TF 36110 -A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/03/2025).
VI. Las normas de valoración en exportación y el procedimiento de ajuste.
Que la Aduana tiene la facultad de apartarse del precio pagado o por pagar en caso de que considere que éste no constituye una base idónea de valoración a los fines de calcular los derechos de exportación. Para ello, podrá utilizar la base de valoración que mejor se adecuare a las modalidades inherentes a la exportación, sin que el orden en que aparecen descriptos los métodos valorativos en los incisos del art. 748 del código aduanero imponga una pauta de prelación que obligue a aplicarlos en un orden determinado, a diferencia de lo que ocurre en las destinaciones de importación en virtud del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio.
En efecto, el encabezado del art. 748 del CA “privilegia la necesidad de adoptar una base prioritariamente a otra, al indicar que “… corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las previstas a continuación” (Código Aduanero Comentado, Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, Tomo II, art.- 748, pág. 781).
Repárese, aún a riesgo de efectuar reiteraciones, que de conformidad con lo dispuesto por el art. 747 del mismo código sólo se puede acudir a las bases supletorias contempladas en el art. 748 frente a la constatación de antecedentes de valores que difirieren notoriamente del precio pagado o por pagar en cuyo caso podrá exigir del exportador que justifique su precio de transacción bajo apercibimiento de no considerarlo aceptable.
A fin de elegir el método supletorio, el servicio aduanero deberá apreciar en qué medida se aparta la base de valoración de las pautas desarrolladas en los arts. 735 a 744 del código que rige la materia, ponderando las diferencias que se originen en gastos de venta y entrega (art. 739 del citado código), en la cantidad de mercadería a valorar (art. 740 del mismo código) y en el nivel comercial que correspondiere a la transacción que da lugar a la exportación, sobre la base de operaciones de comercio usuales (art. 741).
Es que, conforme como surge de la exposición de motivos del código aduanero (ver capítulo 6, correspondiente a los derechos de exportación, puntos 10 a 13) no basta con que la aduana deseche un valor declarado por diferir con los declarados en otras operaciones idénticas o similares, sino que, por el contrario, se debe analizar cuál es el valor real de la mercadería objeto de destinación (13) toda vez que “se ha procurado esbozar una norma de valor imponible que, atendiendo a un principio de neutralidad en las reglas que gobiernan la valoración, permita, al momento de fijarse las escalas de derechos, el cumplimiento de los objetivos que indique la política más conveniente para los intereses generales a través del arancel.” (11). Tal principio de neutralidad se ha conceptualizado como “aquel que no pretende al definir el valor imponible, obtener en forma directa a través de ello un mayor o menor quantum de ingreso fiscal por razones de política económica. Únicamente se ha pretendido contar con una norma objetiva, clara y sencilla, que sea fácil de comprender y aplicar librando a la esfera del arancel la decisión final de los montos efectivos a tributar.”
No obstante, es preciso señalar que la resolución general (AFIP) 620/99, en cuanto hace referencia a los procedimientos que debe seguir la aduana a efectos de la valoración de los permisos de embarque propone en sus disposiciones la necesaria fundamentación de los ajustes del valor allí documentado. En ese sentido, dice: “2.1.2.1) Efectuar ajustes de valor a que hubiere lugar de conformidad con lo expresado en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO el art. 748 del código aduanero. Las áreas de valoración confeccionarán un listado de los ajustes valor que en principio estime aplicables, indicando el fundamento de los mismos”.
Seguidamente, aclara que “los interesados podrán suministrar, a las áreas de valoración, elementos y/o explicaciones que a su juicio permitan al servicio aduanero determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición original”; añadiendo que, para el caso que se considere procedente el ajuste de valor, “se remitirá la carpeta del permiso de embarque a la aduana de registro correspondiente, con un informe donde conste las fundamentaciones técnicas de tal decisión, a los efectos de practicarse la liquidación, intimación y cobro de los cargos por la diferencia de tributos y/o estímulos, para las aduanas del Interior”.
Por su parte el art. 748, inc. b) del Código Aduanero establece que “cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del mismo en cuyo caso corresponderá como base de valoración (…) “b) el valor obtenido a partir de la cotización internacional de la mercadería, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación;”. En lo que respecta a la carga de la prueba en el procedimiento de ajuste de valor, quien afirma el hecho que origina el conflicto es el servicio aduanero, y es quien deberá probar la veracidad de su cuestionamiento, y de lograrlo transferirá al exportador -en este caso- la carga de demostrar la legitimidad de su declaración. Así, hasta tanto la aduana no produzca la prueba eficiente respecto de la necesidad de un ajuste del valor declarado, ninguna carga pesa sobre el particular (cfr. Sala IV in re “Macnet SA (TF 14723-A) c/ DGA” del 13/09/05, y Sala II in re “Patagonian Fruits Trada SA (TF 20985-A) c/ DGA” del 3/12/09). En efecto, es la aduana quien para apartarse de la base de valoración prevista por la ley debe fundamentar y justificar por qué está rechazando el precio declarado (cfr. esta Sala expte. nro. 27553/2012 “Expofrut (TF 24862-A) C/DGA”, del 27/03/2012).
De este modo, en aquellos supuestos en que existieren razones fundadas para que la Aduana se aparte del valor declarado, se exige la previa citación a la exportadora para justificarlos, conforme surge del Anexo I, art. 2.1.2.1 de la resolución general AFIP 620/99. A tal efecto, ese reglamento prevé que las áreas de valoración confeccionen “un listado de los ajustes de valor que en principio estime aplicables, indicando el fundamento de los mismos”, que debe ser publicado por un día en el Boletín Oficial, para conocimiento de los Exportadores y/o Despachantes de Aduana intervinientes, estipulando que dentro del plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación aludida, los interesados podrán suministrar, a las áreas de valoración, elementos y/o explicaciones que a su juicio permitan al servicio aduanero determinar la base de valoración aplicable, ya sea ratificando o modificando su posición original.
VII. Solución del caso Que, en la especie, se encuentra fuera de discusión que la aduana dio cumplimiento al procedimiento descripto (Anexo I, de la RG AFIP 620/99) al publicar los valores en el Boletín Oficial, que la exportadora no ejerció su derecho de presentar elementos para colaborar con la estimación del valor y que, de este modo, no intervino en el procedimiento de recomposición del valor. Esto en modo alguno implica que le esté vedada la posibilidad de impugnar los cargos formulados por el servicio aduanero.
Con todo, lo que resulta determinante en la hipótesis de estos autos, es que la Aduana indicó la norma legal que estaba aplicando -art. 748, inciso b- del CA, especificando que el criterio en función del cual arribó al valor recompuesto sobre la base de la cotización internacional (mayor al propuesto por la exportadora en las 19 destinaciones involucradas en la especie) es el sugerido por el Centro Azucarero Argentino.
En definitiva, el Tribunal Fiscal basándose en un argumento aparente, infundadamente ha resuelto que el Fisco Nacional al efectuar los ajustes de valor no ha justificado su accionar cuando, por el contrario, de las constancias de la causa surge que la recomposición CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO de valor responde al método previsto en el art. 748, inc. b), del CA, en función de la propuesta y solicitud del Centro Azucarero Argentino tendiente a que se fije un precio guía base o “precio spot” para el azúcar blanco refinado y crudo, puesto que es un commodity que cotiza en bolsas internacionales y que se negocia en mercados transparentes. Los datos de la cotización de la Bolsa de Londres contenidos en la planilla de fs. 34/38 del expediente administrativo, utilizada como referencia por el servicio aduanero, fueron obtenidos del sitio web del centro azucarero, acudiendo al procedimiento planteado por dicha entidad.
La exportadora no ha probado, ni siquiera alegado, que la cotización internacional del azúcar refinado exportado en los 19 permisos de embarque referidos sea diferente a la aplicada por el servicio aduanero para recomponer el valor.
Su impugnación se basa, centralmente, en que el ajuste resulta improcedente porque el valor FOB consignado en las destinaciones y el que resulta de dicha cotización internacional no difieren “notoria o significativamente”, tal como lo exige el art. 747 del CA, puesto que conforme surge de fs. 31 de las actuaciones administrativas el porcentaje de ajuste ronda entre el 0,15% y el 19 ,23%. Es decir, su postura consiste en denunciar que la aduana no se hallaba habilitada a realizar el procedimiento de valor porque las diferencias de valor no eran significativas.
A fin de examinar este planteo, que no ha sido tenido en cuenta en la instancia anterior, cabe poner de relieve que de la planilla de fs. 31 de las actuaciones administrativas surge que el rango de ajuste en cada una de las operaciones es el siguiente:
08031EC01000005T, 18,8% 08031EC01000690G, 12,87% 08031EC01000691H, 12,87% 08031EC01000702A, 8,13% 08031EC01000747J, 17.15% 08031EC01000784K, 17,07% 08031EC01000797Y, 18,66% 08031EC01000881X, 14,62% 08031EC01000894M, 12,73% 08031EC01000893L, 6,57% 08031EC01000902C, 5,77% 08031EC01000919K, 13,01% 08031EC01000931E, 7,94% 08031EC01001015V, 19,23% 08031EC01001030S, 16,19% 08031EC01001026A, 16,19% 08031EC01001108B, 0,15% 08031EC01001183E, 0,78% 08031EC01001184F, 0,78%
El artículo 747 del CA, como ha sido explicado más arriba, faculta al servicio aduanero a descartar el valor propuesto por el exportador si este difiere sustancialmente de los antecedentes. Si bien resulta evidente que en algunas destinaciones del año 2008 la diferencia es mínima, lo cierto es que la mayoría de los rangos de ajuste pueden considerarse suficientes para realizar la recomposición de valor. Máxime si se considera que el promedio anual de dichos porcentajes se aproxima al 10% de diferencia entre la cotización internacional y el valor propuesto.
Esto debe ser anudado con que, a propuesta de una entidad que la actora integra (ver acta de asamblea de fs. 6/8 de las act. adm.), la Aduana ha aplicado criterios objetivos y autorizados por el Código Aduanero (art. 748, inc. b), basados en cotizaciones internacionales, para garantizar una valoración uniforme y evitar distorsiones en la base que sirve para determinar los derechos de exportación. En estas condiciones, el apartamiento a las referencias de mercado del commodity azúcar afectaría la transparencia y equidad del sistema propuesto y aceptado.
En virtud de lo expuesto, se advierte que corresponde admitir los agravios del Fisco Nacional –exAFIP DGA–, revocar la sentencia apelada y confirmar la resolución (AD JUJU) 347/2013.
VIII. Reversión de la jurisdicción CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Que, aun cuando la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria (Fallos: 313:912; 315:562 y 839), al dejar sin efecto la decisión anterior en los términos antes referidos, en principio, tiene lugar la reversión de la jurisdicción, hecho que obliga a la Cámara a conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por cada una de las partes litigantes que, por la diversa solución adoptada en la anterior instancia, no habían merecido un adecuado tratamiento (Fallos: 190:318; 256:434; 268:48; 308:656; 327:3925; y sus citas). Ello, aun en ausencia de un recurso de la parte que, por haber sido vencedora en esa instancia, no podía agraviarse de un pronunciamiento favorable (Fallos: 334:95, y Sala IV, causa 33262/11, “Grupo de Artesanías SA –inc med (2-IX-11) c/ EN – Mº Economía – Resol 47/07 (expte S01:174929/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, sent. del 14/2/12; en similar sentido, Sala III, 30794/2016 “Garriga Marcelo c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27/02/2018, entre otras).
Por consiguiente, corresponde en esta oportunidad analizar los planteos incluidos en el escrito presentado por la firma exportadora que dio origen a la instancia ante el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 14/23), en cuyo punto IV.5, en subsidio, reclamó y solicitó que “en caso de confirmarse eventualmente el ajuste de valor se compense dicho ajuste con los reintegros que en base a esta mayor base fijada deberían abonarse”, con apoyo en la “teoría de las correcciones simétricas”. En orden a ello, resulta imprescindible recordar que el Código Aduanero establece los modos por los que se extinguen las obligaciones tributarias. Entre ellos, admite la compensación en el art. 787, inciso b). Dicha norma debe ser concordada con el art. 801 del CA que establece que “La compensación sólo opera entre créditos líquidos y exigibles cuando así lo dispusiere de oficio la Administración Nacional de Aduanas en las condiciones que estableciere el Poder Ejecutivo”, de manera tal que, la compensación aquí pretendida sólo podría ser dispuesta, de corresponder, por la entonces AFIP-DGA (hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
A todo evento, la intervención del Poder Judicial podría tener lugar ante la impugnación de un acto administrativo denegatorio de la pretendida compensación, todo lo cual resulta manifiestamente ajeno al procedimiento de impugnación (1053 a 1067 del CA), al recurso ante el Tribunal Fiscal (1132, apartado 2 del CA) y al recurso de apelación y revisión limitada que otorga jurisdicción a esta Cámara (1180 del CA).
En consecuencia, sin perjuicio del derecho que le pueda asistir a la actora en sede aduanera, corresponde declarar la improcedencia de examinar en esta instancia la compensación solicitada en subsidio.
IX. Precedente análogo Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en el expediente 34.564-A, en la sentencia del 29/12/2017, que fuera confirmada por la Sala V del fuero en los autos “Ledesma SAAI c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, mediante el pronunciamiento del 26/03/2019, en el mismo sentido que aquí se resuelve.
X. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte actora vencida (artículos 1163 del CA, 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En atención al modo en que se decide, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 59 y vta., por lo cual deviene inoficioso dar tratamiento a los recursos interpuestos a fs. 64 y 68/69 (cfme. art. 279 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
4224/2024 LEDESMA SAAI (TF 34009-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En virtud de todo lo expuesto, SE RESUELVE: admitir los agravios del Fisco Nacional –exAFIP DGA–, revocar la sentencia apelada y confirmar la resolución (AD JUJU) 347/2013. Con costas de ambas instancias a la parte actora.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia