Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75723
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.723, "Minervini, Carlos Aurelio c/ Fisco de la Prov. de Bs. As. s/ Legajo de Apelación. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada a fs. 130/132 y 175/176, dejando sin efecto la medida precautoria que ordenaba la reincorporación y el restablecimiento del actor al Instituto de Obra Médico Asistencial -IOMA- (v. fs. 219/223 vta.).
Disconforme con tal pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 242/255), los que denegados -con fundamento en la falta de definitividad del fallo impugnado (v. fs. 258/259)- motivaron la interposición de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 317/333).
Mediante la resolución de fecha 19 de febrero de 2020 este Tribunal desestimó el recurso extraordinario de nulidad y concedió el de inaplicabilidad de ley con fundamento en que lo resuelto por la Cámara interviniente podía generar al actor un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior, razón por la cual tal pronunciamiento resultaba asimilable a una sentencia definitiva y llamó a autos para resolver (v. fs. 336/338).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocando en consecuencia la medida cautelar concedida por el señor juez de primera instancia, que ordenara la reincorporación del actor a la Administración Pública provincial en el Agrupamiento Jerárquico, Sector Apoyo, en la categoría salarial 24, en el cargo de Oficial Principal "I", de conformidad con lo establecido en el art. 171 de la ley 10.430. La misma decisión adoptó con relación al recurso presentado contra la sentencia que ordenó al Ministerio de Trabajo restablecer y mantener al actor como afiliado al IOMA.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que la cuestión a dilucidar requería de un mayor debate y prueba impropio del limitado marco cognoscitivo de las medidas cautelares y en consecuencia no se encontraba acreditado el requisito de la verosimilitud del derecho (art. 22 inc. 1 apdo. "a", CCA).
Agregó que devenía innecesario referirse a las exigencias restantes (arts. 22 inc. 1 apdos. "b" y "c" y 25, CCA), puesto que la traba de diligencias cautelares exige la concurrencia de todos sus requisitos de admisibilidad, aún en el marco del balance de intensidad entre ellos, sin que la falta de uno de ellos pueda ser suplida enteramente por los otros.
Concluyó que idéntica solución correspondía otorgar al recurso contra la sentencia que amplió la medida cautelar principal y ordenó al Ministerio de Trabajo disponer el restablecimiento y mantenimiento del actor como afiliado al IOMA, toda vez que resulta una ampliación de la medida cautelar cuya improcedencia ya había declarado.
II. Contra dicho fallo el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual plantea los siguientes agravios:
a) Sostiene que el fallo atacado infringe lo dispuesto por el art. 171 de la ley 10.430, en tanto prescinde de cada uno de los fundamentos y razones invocados por el señor magistrado que previno apoyados en el accionar ilegítimo del Ministerio de Trabajo y en la inexistencia de otra medida protectora.
b) Denuncia absurdo en el decisorio de la Cámara por afirmar que el actor solicitó la renuncia al cargo, haciendo caso omiso de las reales situaciones fácticas acontecidas y prescindir de las constancias incorporadas a la causa.
c) Afirma que el Tribunal de Alzada vulneró lo dispuesto por el art. 22 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo al desestimar la tutela por no surgir acreditado el derecho que se invoca cuando el dispositivo legal implicado y la doctrina legal de este Tribunal que cita (v. fs. 312 y vta.) requieren como recaudo que el derecho resulte verosímil, entendido ello como la probabilidad de su existencia, análisis diferente al conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal.
d) Finalmente tilda de dogmática la resolución por exigir mayor debate y prueba en una medida cautelar.
II.1. Encontrándose los autos para resolver, la Fiscalía de Estado se presenta adjuntando documental emanada del Instituto de Previsión Social (IPS), de la que surgiría que el actor se encuentra jubilado, y frente a ello solicita que se declare abstracta la cuestión (v. presentación electrónica de fecha 17 de agosto de 2021).
II.2. Corrido el traslado de ley, el demandante afirma que, si bien comenzó los trámites para obtener la jubilación por edad avanzada, aún no fue dado de alta y en consecuencia no percibe ningún beneficio. Además, señala que el inicio de las actuaciones ante el IPS no resulta incompatible con lo reclamado en los autos principales, esto es, que se le reconozca el derecho a ser reincorporado en el cargo y función en los términos del art. 171 de la ley 10.430 que le permita continuar desempeñándose como agente hasta alcanzar los requisitos para acceder al beneficio de jubilación ordinaria. Por lo tanto, se opone al pedido de que se declare abstracta la cuestión y solicita se resuelva el recurso (v. presentación electrónica de fecha 31 de agosto de 2021).
II.3. Que, sin perjuicio del pedido de la Fiscalía de Estado, lo cierto es que del informe emanado del Instituto de Previsión Social no surge que el actor se encuentre jubilado y cobrando su haber previsional, en tanto según allí consta el expediente se encuentra "detenido", con lo que asiste razón al actor acerca de que la cuestión no ha perdido vigencia.
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
III.1. Preliminarmente, advierto que la conclusión que llevó a la Cámara a rechazar la medida cautelar peticionada, esto es la falta de acreditación de la verosimilitud del derecho, no ha sido debidamente controvertida.
En efecto, el Tribunal actuante señaló que, en el mes de abril de 2016, el actor había presentado su renuncia en el cargo de Delegado Regional de Trabajo y Empleo de la Delegación de Tres de Febrero, la cual se había aceptado con fecha 21 de abril de 2016 (dec. 1.267/16 del día 7 de octubre de 2016), y que asimismo habría solicitado la reubicación en el Agrupamiento Jerárquico, Sector Apoyo, en la categoría salarial 24, en el cargo de Oficial Principal "I", de acuerdo a lo previsto en el art. 171 de la ley 10.430. Observó, también, que existiría un procedimiento en trámite y pendiente de resolución vinculado a la solicitud de reubicación del actor en los términos del art. 171 de la ley 10.430 (v. fs. 181).
Ante ello consideró que no se encontraban dados los recaudos para otorgar la medida cautelar peticionada por el demandante, en la que este requería su incorporación a la planta permanente en los términos del art. 171 de la ley 10.430, dado que era necesario un mayor conocimiento de lo acontecido.
De ese modo concluyó que sin perjuicio de lo que se resolviera en una eventual sentencia de fondo, "...la circunstancia que prima facie el interesado pudiera reunir las condiciones exigidas por ley para acceder a la ubicación pretendida no permite por sí sola tener por configurada la verosimilitud del derecho que el iudex ha estimado acreditada, sino que, por el contrario, la cuestión a dilucidar requiere de un mayor debate y prueba, impropio del limitado marco cognoscitivo de las medidas cautelares (art. 22 inc. 1 ap. 'a' CPCA)".
El recurrente no ha logrado realizar un juicio crítico de este razonamiento desarrollado en el fallo que demuestre la errónea aplicación o violación del art. 22 del Código Contencioso Administrativo, por él denunciada. Su argumentación en este aspecto no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las nociones de peligro en la demora y verosimilitud del derecho, sin conseguir demostrar que haya existido violación de la ley (cfr. doctr. causas A. 71.803, "Villanustre", sent. de 8-II-2017; A. 76.234, "Rojas", sent. de 3-III-2021; A. 77.112, "A. S., S. J. y o.", sent. de 15-X-2021; e.o.), circunstancia que sella la suerte adversa del recurso.
Esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74.506, "Cornes", sent. de 18-X-2017; e.o.), como entiendo que ocurre en el caso.
III.2. Tal como quedó expresado, el reclamo del actor se enmarca en lo dispuesto por el art. 171 de la ley 10.430, texto ordenado según el decreto 1.869/96 (B.O., 14-VI-1996) en cuanto determina que: "Los agentes que revisten en cargo sin estabilidad del Estatuto serán ubicados cuando se produjere su cese en el Agrupamiento Jerárquico, Sector de Apoyo, en la Categoría Salarial 24, en el cargo Oficial Principal I [...] Para tener derecho a dicha ubicación escalafonaria, los agentes deberán acreditar los siguientes requisitos: a) Que el cargo sin estabilidad en el cual cesen se halle contemplado en la respectiva Estructura Orgánico Funcional aprobada por el Poder Ejecutivo; b) Quien acredite como mínimo quince (15) años de antigüedad en la Administración Pública provincial o Municipal de la Provincia de Buenos Aires o veinte (20) años de antigüedad en la Administración Pública Provincial, Nacional o Municipal al momento de su cese; c) Que el cese no se haya dispuesto por sanciones disciplinarias; d) Que hayan desempeñado el cargo sin estabilidad durante tres (3) años continuos o cinco (5) alternados, como mínimo [...] En todos los casos, la reubicación de los agentes se hará al margen de los Planteles Básicos, si ello resultare necesario".
Asimismo, el plantel básico, según lo define la ley, es "...la dotación de personal cuantitativa y cualitativamente necesaria para la consecución de las misiones y para el ejercicio de las funciones inherentes a ésta" (art. 139, ley cit.). En tanto, las estructuras orgánico funcionales de la Administración Pública provincial "...serán aprobadas por el Poder Ejecutivo y deberán integrarse con los sectores imprescindibles para la adecuada prestación de servicios", las cuales además de los cargos de conducción superior "...contarán solamente con los previstos para el Agrupamiento Jerárquico, no pudiéndose incluir intermedios ni equivalentes cualesquiera fuere su denominación" (art. 166, ley cit.).
En el caso existe controversia respecto de la acreditación de la exigencia prevista en el inc. "a" del art. 171, y el actor no trae elementos que demuestren lo contrario, ni controvierte de manera idónea la conclusión del Tribunal de Alzada en cuanto a que la verosimilitud de su derecho fue debidamente acreditada.
Al respecto, resulta necesario acreditar el marco normativo conforme al cual tuvo lugar la designación del señor Minervini en el cargo y cómo se insertó dicha función en la organización administrativa provincial, en la especie la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, en vigor tanto al tiempo del cese del actor como así también en la actualidad.
Extremos todos que no se observan verificados, por lo que no se demuestra desacertada la conclusión del Tribunal de Alzada en cuanto a la necesidad de mayor debate y prueba.
IV. Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso interpuesto. Costas de la instancia extraordinaria a la recurrente vencida (conf. arts. 279, 68 y 289 in fine , CPCC).
En consecuencia, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Acompaño la solución de la doctora Kogan, pues como bien lo señala la colega, el recurrente ni siquiera identifica con precisión el argumento por el cual la Cámara revoca la pretensión del actor.
A ello, solo habré de agregar que el a quo considera que no hay constancia de los términos y el tenor del reclamo del actor; repárese que se hace referencia a que "habría" solicitado la reubicación (v. fs. 221 vta. último párr.), más lo cierto es que no obra en el expediente constancia efectiva de tal pedido. Además, se tuvo en cuenta que las actuaciones administrativas no arriman certeza respecto de la procedencia del reclamo, pues el dictamen obrante a fs. 168 vta. (acompañado en copias del expte. 5100-37898/2017), propiciaría un rechazo del pedido.
En consecuencia, no es desacertada la definición de la Cámara en cuanto a que el caso excede del análisis permitido en el estrecho marco de los procesos precautorios.
Por ello, voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:01:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:49:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:31:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:59:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 19:41:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/04/2022 19:41:34 hs. bajo el número RS-29-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia