Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76371 p
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.371, " Fiscalía de Estado - Pcia. Bs. As. c/ Ecoplata S.A. s/ legajo de apelación. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Budiño , Mancini , Bouchoux .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso articulado por la parte demandada, declaró la falta de legitimación activa del señor Fiscal de Estado para deducir una pretensión de protección y recomposición del ambiente como la intentada y dejó sin efecto la medida cautelar otorgada.
Disconforme con dicho pronunciamiento, el señor Fiscal de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Devino abstracto el tratamiento del recurso extraordinario con el dictado de la ley 15.254?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal de Estado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La presente demanda de protección y recomposición ambiental fue iniciada por el señor Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires contra Ecoplata S.A. y los titulares dominiales del predio ubicado en el partido de General Madariaga donde la firma demandada —concesionaria del servicio público de recolección de residuos— vierte los generados en dicho partido y en los de Villa Gesell y Pinamar.
Su objeto es el saneamiento del ambiente afectado por la actividad presuntamente contaminante desarrollada por dicha empresa, al disponer a cielo abierto y sin tratamiento aparente los residuos sólidos urbanos provenientes de los municipios antes mencionados. Solicitó asimismo una medida cautelar a fin de que se ordene a los codemandados el cese de la disposición de residuos en el predio, devolviéndose la gestión a la autoridad municipal a quien pidió citar como coadyuvante.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a la medida precautoria, ordenando el cese de la prestación del servicio por parte de Ecoplata S.A. y la desocupación del predio, permitiendo que la Municipalidad de General Madariaga tome a su cargo el servicio de disposición y tratamiento de los residuos.
A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso articulado por la parte demandada y declaró la falta de legitimación activa del señor Fiscal de Estado para deducir una pretensión como la que aquí se intentaba. Consecuentemente, dejó sin efecto la tutela preventiva oportunamente otorgada.
Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido.
II. Con posterioridad al llamamiento de autos para resolver, se presentó la parte demanda denunciando el dictado de la ley 15.254 (B.O. de 18-I-2021), por medio de la cual la Legislatura declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a favor de la Municipalidad de General Madariaga el predio motivo del litigio.
Sostiene que, a raíz de ello, resolver el recurso interpuesto por el señor Fiscal de Estado se ha tornado inoficioso, puesto que cualquiera fuese su suerte la comuna tendrá de todas formas la posesión y administración del sitio donde funciona el basural a cielo abierto.
III. Considero que el caso no se ha tornado abstracto por el dictado de la ley expropiatoria.
En tal sentido, no debe perderse de vista que el objeto de la pretensión que se ventila en autos involucra el saneamiento y recomposición del daño ambiental supuestamente provocado en el predio, por lo que la circunstancia de que este ahora se encuentre sujeto a expropiación para serle adjudicado a la Municipalidad de General Madariaga, en modo alguno desplaza la posibilidad de un juzgamiento acerca de la responsabilidad y eventual remediación del daño ya ocasionado, para lo cual resulta menester resolver acerca de la legitimación del señor Fiscal de Estado para promover un juicio como el presente.
A todo evento, siendo que lo que se debate en la especie es el alcance de la competencia asignada por la Constitución de la Provincia a uno de los organismos creados por ella (art. 155), sería indudable el interés institucional involucrado en la controversia, que trasciende el de las partes y es capaz de justificar una precisión sobre el punto debatido (CSJN Fallos: 330:3160; 331:548 y 344:3551).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo formulado por la parte demandada.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
De acuerdo con lo informado por el representante legal de la demandada, desde el día 26 de enero de 2021, fecha de entrada en vigencia de la ley 15.254, por medio de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio litigioso, la Municipalidad de General Madariaga ejerce la posesión de este último; de allí que —a su juicio— la cuestión aquí planteada se haya tornado abstracta (v. pres. de fecha 26-I-2021).
De su lado, el apoderado del Fisco provincial, sin negar la posesión del predio ejercida por el municipio, plantea que ella resulta ajena al objeto de tratamiento del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, donde se discute la violación y errónea aplicación de las normas constitucionales y legales que confieren al señor Fiscal de Estado legitimación para accionar en defensa del ambiente, fuera de que la declaración de utilidad pública practicada no implica necesariamente la concreción de la expropiación, por todo lo cual el pedido bajo análisis resultaría a todas luces improcedente (v. pres. de fecha 3-VI-2022).
Cierto es que la resolución cautelar del señor juez de primer grado, revocada por el Tribunal de Alzada mediante la decisión que llega recurrida a esta instancia extraordinaria, ordenó concretamente "...el cese en el servicio que presta Ecoplata SA, con la consecuente desocupación del predio [...], permitiendo a la Municipalidad de General Madariaga que realice el Servicio Público de Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, al solo efecto de evitar un grave daño ambiental y a la salud de los habitantes de la zona" (v. resol. de fecha 14-XII-2018).
Toda vez que, a raíz de la sanción de la ley 15.254, la firma Ecoplata S.A. ha cesado en la prestación del servicio de disposición y tratamiento de residuos en el predio de referencia, el que ha pasado a estar a cargo de la Municipalidad de General Madariaga, en la actualidad el interés en el eventual restablecimiento de lo dispuesto cautelarmente por el magistrado de primera instancia ha desaparecido.
Sin embargo, coincido con el ponente en que los argumentos brindados por la mayoría de la Cámara interviniente para dejar sin efecto dicha tutela precautoria, basados en la acusada falta de legitimación del señor Fiscal de Estado para promover pretensiones como las que en el marco de este pleito han sido articuladas, sumados al amplio objeto del proceso instaurado, que tiende —entre otras cosas— al saneamiento y recomposición del daño ambiental provocado, con cargo a los demandados en su carácter de responsables, hacen que los agravios expresados en el recurso de inaplicabilidad de ley sujeto a decisión conserven plenamente su vigencia.
Para más, comparto también la conclusión del doctor Soria en el sentido de que resulta indudable el interés institucional de la controversia suscitada, aunque no solamente por debatirse en torno a las competencias del órgano consagrado en el art. 155 de la Constitución de esta Provincia, sino además por la necesidad de establecer criterios con respecto a la aplicación de ciertas reglas formales del derecho procesal clásico en aquellos litigios donde se debaten problemas de carácter ambiental, máxime frente a la posibilidad de que escenarios como el que en autos se ha planteado se repitan en el futuro, comprometiendo así el resguardo inmediato de derechos cuya naturaleza excede el interés de cada parte y revela la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto (arg. CSJN Fallos: 333:777; 345:905; 345:951; e.o.).
Con las consideraciones adicionales que han sido formuladas, adhiero en esta cuestión a la expuesto por el colega que inicia el acuerdo.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Budiño y los señores Jueces doctores Mancini y Bouchoux , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria y con las consideraciones adicionales formuladas por el señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Despejada la cuestión preliminar, corresponde abocarse al tratamiento de la legitimación del señor Fiscal de Estado para iniciar un amparo ambiental de recomposición como el aquí intentado.
Como se dijo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, por mayoría, acogió el recurso interpuesto por la demandada, declaró la falta de legitimación activa del señor Fiscal de Estado y dejó sin efecto la medida cautelar otorgada por el señor juez de primera instancia. Para así decidir, invocando precedentes de este Tribunal, estimó que la aptitud para accionar conferida al citado órgano constitucional por el art. 40 del decreto ley 7.543/69 era un reflejo del control de legalidad que de ordinario ejerce, que principia con una vista que debe otorgársele a ese funcionario y que puede culminar en el inicio de una demanda para perseguir la invalidez de un acto o norma cuando, además de haber quebrantado el ordenamiento aplicable, pudieren resultar afectados los intereses patrimoniales de la Provincia.
Recordó que tal es la inteligencia que mejor se condice con el texto del art. 155 de la Constitución, pues toda otra intervención que pudiera caberle ante los estrados judiciales proviene de la gracia legislativa, siendo la única excepción en la jurisprudencia el reconocimiento de su legitimación para impugnar la constitucionalidad de normas que reglamentan las atribuciones del cargo que desempeña.
Así las cosas, luego de repasar el objeto de la demanda y la medida cautelar otorgada, entendió que en tanto el señor Fiscal de Estado no persigue la cesación de los efectos de algún acto, norma o actuación material que cercene o imposibilite el adecuado ejercicio de sus prerrogativas constitucionales o legales, ni tampoco un peligro o "carga al erario público fiscal", pues entonces debía desconocérsele legitimación para iniciar una causa como la presente, donde los intereses potencialmente comprometidos no eran los patrimoniales de la Provincia, sino los de todos sus habitantes por el daño al medio ambiente.
Añadió que existen otros organismos a los cuales el texto fundamental les ha otorgado legitimación suficiente a tales fines, como, por ejemplo, el Defensor del Pueblo.
Finalmente, dijo que la pretensión de condena evidenciaba aún más la falta de competencia para obrar en la especie, en tanto que por ella se buscaba dotar de ejecutoriedad una serie de actos dictados por la Municipalidad de General Madariaga a través de los cuales se dispuso el rescate de la concesión, para lo cual concluyó que el actor carecía de interés para requerir tal cosa.
II.1. Contra ese fallo se alzó el señor Fiscal de Estado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual plantea básicamente los siguientes agravios:
II.1.a. Violación o errónea aplicación de las leyes y la doctrina legal que dan prevalencia a la protección del ambiente por sobre cuestiones meramente formales.
II.1.b. Violación o errónea aplicación de normas constitucionales y legales que confieren al Fiscal de Estado legitimación para accionar en defensa del ambiente de la Provincia.
II.1.c. Violación de las normas constitucionales o legales que ponen en cabeza del Fiscal de Estado la representación en juicio de la Provincia.
II.1.d. Ausencia de avasallamiento a la autonomía municipal por tratarse de una cuestión interjurisdiccional.
II.2. Sobre el primero de los puntos, señala que el Tribunal de Alzada desconoció la legislación que ha flexibilizado y ampliado la legitimación para pedir la tutela del medio ambiente (conf. art. 32, ley 25.675), como así también, la doctrina de este Tribunal que sobre la misma temática ha dicho que "…el rol de sujeto activo de la pretensión debe admitirse con flexibilidad y amplitud" (conf. doctr. causa B. 64.464, "Dougherty", sent. de 31-III-2004).
Sostiene asimismo que la sentencia no ha reparado lo suficiente en los principios preventivo y precautorio reconocidos en la Ley General del Ambiente, en tanto se ha resuelto revocar la medida cautelar sin responder a los fundamentos que llevaron al señor juez de grado a su dictado. Todo ello, omitiendo evaluar las repercusiones que sobre bienes jurídicos superiores como son el ambiente, los recursos naturales y la salud de la población pudiese tener la decisión.
II.3. Con referencia al segundo de los agravios, enlazado con el anterior, manifiesta que la resolución recurrida violenta normas constitucionales y legales de las cuales surge su legitimación para accionar en defensa del ambiente y los recursos naturales ubicados dentro del territorio de la Provincia.
Ello por cuanto el Estado provincial tiene en cabeza suya diversas "potestades-deberes" en materia de protección ambiental que debe concretar (conf. arts. 41, Const. nac. y 28, Const. prov.) y, justamente, es el Fiscal de Estado quien de ordinario actúa como su representante legal.
Sostiene que dichas mandas constitucionales tienen su correlato normativo en los arts. 2, 4, 30 y concordantes de la Ley General del Ambiente 25.675 y 2 y 6 de la Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 11.723.
Argumenta que, a propósito de los señalado, la Provincia puede eventualmente resultar legitimada pasiva en un proceso en el cual se ventile el incumplimiento de sus obligaciones, de lo cual se sigue que deba necesariamente contar paralelamente con legitimación activa para accionar en contra de quienes comprometan el equilibrio ambiental que ella tiene por función preservar.
Asegura que esa facultad surge de las previsiones del art. 30 de la Ley General del Ambiente, norma que establece que "...producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal...".
Trae también a colación el art. 6 de la ley 11.723, cuando estatuye que "El Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran".
Finalmente, recuerda que el día 22 de julio de 2016 la Municipalidad de General Madariaga firmó un convenio de asesoramiento y cooperación con el entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), comprometiendo acciones para la tarea de remediación y saneamiento tendientes a eliminar los efectos nocivos de basurales a cielo abierto e implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Independientemente de las normas legales y constitucionales invocadas, lo expuesto a su entender resulta demostrativo de que la Provincia no resulta ajena a la cuestión.
En conclusión, dice que su legitimación para iniciar esta acción es clara: no está invocando la representación de los intereses indiferenciados de todos los habitantes, sino que el Estado provincial es parte sustancial en el pleito puesto que son sus propios intereses los que están afectados, siendo el Fiscal de Estado quien ejerce su representación legal en juicio.
II.4. En lo tocante al tercero de los planteos, recuerda que el art. 155 de la Constitución instituye al Fiscal de Estado como encargado de defender el patrimonio del Fisco y lo hace parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado.
Asimismo, que el decreto ley 7.543/69, al reglamentar dicha manda constitucional, en su capítulo I referido a la "Actuación Judicial" dispone que: " El Fiscal de Estado representa a la Provincia, sus organismos autárquicos y cualquier otra forma de descentralización administrativa, en todos los juicios en que se controviertan sus intereses, cualquiera sea su fuero o jurisdicción, conforme con las disposiciones de la presente ley" (art. 1).
Denuncia que el fallo recurrido aplicó erróneamente el art. 40 del referido decreto ley, en tanto este regula un supuesto específico que de ningún modo resulta excluyente de otras atribuciones de distinto carácter que pudieran surgir de distintas normas.
Afirma que la actuación del Fiscal de Estado se manifiesta en dos facetas: la actuación judicial (arts. 1 al 31 bis, dec. ley 7.543/69) y la actuación administrativa (arts. 38 y 42, dec. ley cit.), y que el art. 40 ubicado fuera del apartado específico referido a la actuación judicial, no puede significar lo que de allí extrajo el Tribunal de Alzada.
Plantea que ni del texto de la ley, como tampoco de la doctrina legal que se cita en la sentencia, surge que la intervención en juicio del Fiscal de Estado se limite solo a ese supuesto. Consecuentemente, reputa inaplicable la doctrina citada por el fallo recurrido por cuanto solo se refiere a un aspecto particular de la actividad del Fiscal de Estado —distinto del debatido en el caso— y se sustenta en antecedentes fácticos disímiles de los debatidos aquí.
II.5. Pregona que la interpretación de los jueces de la instancia anterior, respecto al art. 155 de la Constitución, pierde de vista que el deterioro de los bienes ambientales se traduce necesariamente en pérdidas económicas que repercuten negativamente en el erario de la Provincia.
En tal sentido, manifiesta que la expresión "patrimonio ambiental provincial" dista de ser un conveniente giro idiomático, pues bastaría con señalar que los costes asociados a un daño sobre el ecosistema y las tareas para su recomposición tienen significación económica y presupuestaria. De modo tal que el concepto de "patrimonio" de la Provincia incluye, necesariamente, al ambiente y los recursos naturales existentes en su territorio.
II.6. Finalmente, con referencia al razonamiento de que en todo caso el asunto sería de la competencia municipal, señala que no existe avasallamiento de la autonomía local dado que el propio apoderado de la Municipalidad de General Madariaga compareció a estos autos y consintió expresamente tanto la actuación desplegada por el señor Fiscal de Estado como la medida cautelar dictada por el señor juez de grado a requerimiento de este (presentación de 18-XIII-2018).
A mayor abundamiento, enfatiza que la causa rebasa el interés local, en tanto la actividad contaminante cuestionada tiene incidencia sobre más de una jurisdicción territorial municipal, en tanto se trata de la disposición final de residuos provenientes de los municipios de General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.