Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75117
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. En consecuencia, se revoca el fallo impugnado en lo que fuera materia de agravios y se mantiene la cautelar dictada por el juez de primera instancia a fs. 51/52 vta., hasta que se dicte sentencia definitiva (arts. 22 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 inc. 2, CPCC).
Con costas en todas las instancias a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, 60 y 77, ley 12.008 -conf. 13.101 y 14.437-; 68, 274 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.117, "Amado Néstor Noel A. c/Ministerio de Seguridad s/Legajo de apelación. Recurso extraordinario".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocando el fallo de primera instancia que había acogido la medida cautelar solicitada por el accionante (v. fs. 104/105 vta.).
Disconforme con tal pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 107/117 vta.), los que denegados -con fundamento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. fs. 119/120), motivó la interposición de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial.
Mediante resolución de fecha 17-X-2018 esta Corte desestimó el recurso extraordinario de nulidad. Asimismo, concedió el de inaplicabilidad de ley con fundamento en que lo resuelto por la Cámara interviniente podía generar al accionante un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior, razón por la cual tal pronunciamiento era equiparable a una sentencia definitiva (v. fs. 156/158).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 157 vta.), agregado el memorial de la parte demandada (v. fs. 161/164 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa a los fines de la decisión del recurso interpuesto, los antecedentes del caso son los siguientes:
I.1. El señor Néstor Noel Alberto Amado -con patrocinio letrado- dedujo acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires [Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires] solicitando la nulidad de las resoluciones ministeriales 1.139/14 y 1.535/17. Esta última rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la primera resolución antes citada y dispuso su baja obligatoria en los términos de los arts. 23 inc. "a" de la ley 13.982 y 128 del decreto 1.050/09 atento a haber excedido los tiempos de licencia por enfermedad (v. fs. 6, 34 y sigs.).
I.2. En el mismo escrito solicitó la ampliación de la medida cautelar que le fuera otorgada con fecha 6-X-2014 en la causa n° 30.865, "Amado Néstor Noel c/Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires s/medida cautelar autónoma o anticipada", que tramitara ante ese mismo juzgado. A través de ésta se dispuso la suspensión de la resolución 1.139/14 ordenándose el restablecimiento a la situación de actividad en que se encontraba el actor con anterioridad al cese, con el consecuente pago del salario y la cobertura médico asistencial correspondiente, ello hasta tanto se resolviera el recurso de revocatoria interpuesto en sede administrativa.
Dicho pedido fue receptado por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata como un nuevo requerimiento cautelar y -de igual forma que el anterior- despachado favorablemente. En consecuencia, se dispuso la suspensión de la resolución 1.535/17 -que culminara la cuestión en sede administrativa- ordenándose la reincorporación del agente en la situación de revista en que se encontraba con anterioridad a los actos impugnados, en el destino y función que, a criterio de la Administración, mejor se adecue a sus aptitudes psicofísicas, abonando los haberes y proveyendo la cobertura de obra social correspondiente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva (v. fs. 51/52 vta.).
Para así resolver entendió que la verosimilitud del derecho se hallaba acreditada dada la situación de desprotección que importaba disponer el cese de un agente sin el consecuente paso a un sistema de seguridad social sustitutivo, máxime teniendo en cuenta el estado de salud del actor.
En cuanto al peligro en la demora lo halló presente en el carácter alimentario del salario, no encontrando que la medida en cuestión pudiera afectar gravemente el interés público.
I.3. Disconforme con tal pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación. Adujo que no se encontraba acreditado el requisito de la verosimilitud en el derecho, en tanto que la Administración para disponer la baja del actor, se basó en el art. 23 inc. "a" de la ley 13.982 y el decreto 1.050/09. Ello atento haberse agotado el periodo de disponibilidad por enfermedad de largo tratamiento y no hallarse en condiciones de reintegrarse al servicio.
Afirmó que analizar la legitimidad del obrar administrativo, excede el limitado marco cognoscitivo de este proceso cautelar y que cuando es parte la Administración debe acreditarse la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado. Además, si se trata de la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, se requiere un severo examen en cuanto a los requisitos.
Agregó que la doctrina dice que la cognición cautelar debe terminar, cuando para acceder a una medida debe abrirse opinión sobre el fondo de la cuestión debatida. Asimismo, que se necesita mayor cantidad de elementos de valoración que las que se hayan acreditadas en la causa. Por último, consideró que debía declararse la inconstitucionalidad o demostrar la ilegitimidad de la normativa aplicada. De todo colige que es innecesario el análisis de los otros recaudos cautelares.
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, hizo lugar al recurso de apelación de la demandada, revocando el fallo de primera instancia (v. fs. 104/105 vta.); con costas en el orden causado.
Para así decidir, el Tribunal, recordó que la admisión de las medidas cautelares se encuentra supeditada a la demostración de la verosimilitud en el derecho, del peligro en la demora y de que la decisión a adoptarse no afectare gravemente el interés público (art. 22 inc. 1 apdos. "a", "b" y "c", CCA).
Ahora bien, con referencia a la medida dispuesta en la especie consideró que en principio ésta no superaba el examen favorable de los recaudos que hacen a su admisión, ello en función de la postulación de inicio, el marco en que se inscribe la contienda, las cuestiones fácticas y jurídicas ventiladas, las consideraciones en torno a la actuación de la Administración en relación con las cuestiones de salud del actor, su valoración y las atribuciones de la entidad pública para decidir la extinción de la situación de revista, cuestiones todas ellas que según entendió superan el debate que es posible en esta etapa liminar del proceso (arts. 22 y concs., CCA; 230 y concs., CPCC).
Concluyó, en consecuencia, que devenía innecesario referirse a las restantes exigencias (art. 22 inc. 1 apdos. "b" y "c", CCA), puesto que la traba de diligencias cautelares, conforme doctrina de dicha Cámara, exige la concurrencia de todos sus requisitos de admisibilidad, aún en el marco del balance de intensidad entre ellos, sin que la falta de uno pueda ser suplida enteramente por los otros (doctr. CCALP causas n° 432 "Melga", resol. de 29-III-2005; n° 1.105, "Ferrari", resol. de 24-V-2005; n° 1.447 "El Timón", resol. de 9-VI-2005; n° 2.332 "Di Martino", resol. de 20-X-2005; e.o.).
II. Contra el aludido decisorio, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 103/116 vta.).
Denuncia que la Cámara, ha violado o interpretado erróneamente el art. 22 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo y omitido ponderar si resulta aplicable el art. 24 de la ley 13.982 o el 23 inc. "a" de la misma norma. Asimismo, ha incurrido en absurdo, vulnerando los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial, como así también el art. 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
Con respecto al vicio que denuncia afirma que se ha omitido ponderar, tal como surge de los actuados, que el actor se ha reintegrado al servicio siéndole por ende aplicable el art. 24 de la ley 13.982 y no el art. 23 inc. "a" de la norma citada, como arbitrariamente dispuso la Administración. Aduce que la Cámara no evaluó si debía otorgarse tareas operativas al actor o directamente darle la baja como hizo la administración, como así tampoco ponderó los elementos probatorios existentes en el expediente administrativo.
En especial cuestiona el razonamiento del Tribunal que considera que la medida cautelar no puede mantenerse debido a que es necesario un mayor debate y prueba para analizar la verosimilitud del derecho. Sostiene que dicha referencia resulta una afirmación dogmática, y una aplicación errónea del art. 22 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, contrariando precedentes de esta Corte.
Refiere que sin perjuicio de la concesión de la primera medida cautelar igualmente continuó con el trámite administrativo de rigor, interponiendo recurso administrativo contra la resolución 1.139/14, el que fue resuelto luego de transcurrido casi tres años -mediante resolución 1.535/17- que lo rechazara y dispusiera la "baja obligatoria". Agrega que dicho acto se dictó sin tener en cuenta la documentación oportunamente acompañada luego del dictado de la primera resolución que acreditan los extremos para solicitar la jubilación por discapacidad, y sin tener en cuenta que actualmente se encuentra prestando servicio como personal administrativo reubicado en los términos del art. 24 de la ley 13.982 en tareas administrativas en la División Seguridad Bancaria. Sumado a ello, aduce, existen numerosos elementos de cargo que no fueron en su momento analizados en el expediente administrativo.
Sostiene que el requisito del art. 22 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, peligro en la demora, no ha sido objeto de controversia y que en consecuencia ha llegado incólume a esta instancia. Por los demás, cita precedentes de esta Corte sobre las consecuencias que puede generar la interrupción de un beneficio de salud, como en el caso.
Con respecto a la verosimilitud en el derecho considera que el mismo se halla configurado, en tanto en principio se advierte que, al actor le corresponde la aplicación del art. 24 de la ley 13.982 y por ende continuar con tareas no operativas.
Para más agrega que los presupuestos cautelares se hallan relacionados entre sí y que se debe efectuar entre ellos un prudente balance. A su vez que en caso de duda debe estarse al principio de interpretación a favor del trabajador del art. 39 inc. 3 in fine de la Constitución provincial. Cita doctrina legal.
Entiende asimismo que resulta absurda la sentencia atacada por haberse vulnerado el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial haciendo caso omiso a los informes médicos presentados por el actor.
Por último, en referencia al interés público alega que no se advierte que de accederse al pedimento cautelar pudieran generarse consecuencias disvaliosas y más gravosas para el interés público que las que, al menos en este estado surgirían de su denegación.
III. Anticipo que el recurso extraordinario interpuesto por el actor prospera.
Como ya se expuso, la Cámara revocó la medida cautelar al no encontrar presente el requisito de la verosimilitud del derecho invocado (art. 22 inc. 1, CCA) en tanto juzgó que en el caso ello importaría un examen más amplio, impropio de esta etapa del proceso.
Entiendo que en este aspecto acierta el recurrente al impugnar por errónea la aplicación que la Cámara ha realizado respecto al requisito establecido en el art. 22 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo.
En efecto, tal como ha sostenido este Tribunal y resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo el de su verosimilitud. Es más, el juicio definitivo en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (CSJN Fallos: 306:2060; 313:521; 318:2375; SCBA B. 67.358, "Galilea", resol. de 7-VII-2004; B. 68.484, "Urban Trend S.A.", resol. de 14-VI-2006; A. 70.117, "Asociación Civil Hoja de Tilo", sent. de 23-XII-2009; B. 71.613, "Axat Della Croce", resol. de 3-VIII-2011; A. 71.218, "Julián", sent. de 22-X-2014; e.o.).
En este sentido entiendo que los agravios expresados en el recurso extraordinario evidencian una decisión que ha aplicado equivocadamente la normativa que regula los requisitos exigidos para la procedencia de las medidas cautelares, al requerir una certeza a fuerza de una afirmación dogmática -la necesidad de mayor debate y prueba- que en el caso justifica el juicio rescisorio (art. 289 inc. 1, CPCC).
El Tribunal actuante consideró, sin dar mayores precisiones, que la cuestión de la verosimilitud del derecho respecto a la medida requerida, es decir el restablecimiento del actor a la situación de revista anterior al dictado de los actos cuestionados, en un destino y función que mejor se adecuen a sus aptitudes psicofísicas con percepción de sus haberes y cobertura de Obra Social, "superan un debate que obsta a las condiciones de procedencia".
Asentado ello corresponde destacar que a partir de la aplicación del art. 22 del Código Contencioso Administrativo, en esta materia, corresponde verificar la concurrencia de los extremos previstos en los apartados "a" y "b" del inc. 1; referidos a la verosimilitud del derecho inherente a la pretensión articulada y el peligro de un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o derecho; como así también de la exigencia contenida en el apartado "c" -ausencia de grave afectación del interés público- (doctr. causa B. 65.043, "Trade", resol. de 4-VIII-2004; e.o.), pues ellos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir el Tribunal para otorgar la tutela precautoria.
En este marco, ha destacado esta Corte que no sólo debe sopesarse la concurrencia de los requisitos apuntados en el párrafo anterior, sino que además es dable efectuar su prudente balance, de forma tal de ponderar la configuración de cada uno aminorando, en su caso, el rigor en la nitidez de la presencia de cualquiera de ellos cuando la del otro luce incontrovertible, aunque sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual (doctr. causas I. 2.452, "Weinstein", resol. de 18-XII-2002; B. 65.269, "Asociación Civil Ambiente Sur", resol. de 19-III-2003; B. 61.541, "Lazarte", sent. de 2-IV-2003; B. 65.043, cit.; Q. 70.810, sent. de 17-XII-2014).
Con referencia al requisito de verosimilitud en el derecho, considero que el mismo se halla configurado. En efecto, y sin perjuicio de en cual previsión normativa finalmente deba encuadrarse la situación del actor, lo cierto es que el señor Amado, de acuerdo a las constancias obrantes en autos y dentro del limitado marco cognoscitivo que permite esta etapa del proceso, padece ciertas afecciones de salud que en su momento ameritaron la concesión de diversas licencias médicas, transcurridas las cuales el agente no se encontraría en condiciones de reincorporarse al servicio pero tampoco de pasar a retiro. Invocando esta razón el Ministerio de Seguridad decidió disponer su cese.
De lo expuesto surge en principio acreditado que la ejecución del acto administrativo atacado produciría una desprotección del trabajador estatal frente a contingencias sociales que encuentran especial tutela en las normas de las constituciones provincial y nacional, tales como garantía de estabilidad en el empleo público, la protección del salario y el acceso a la salud (arts. 36 inc. 8, Const. prov.; 39 incs. 1 y 3; 14 y 14 bis, Const. nac.; doctr. causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016).
Por su parte cabe recordar aquí que, en caso de duda, en materia laboral y de seguridad social, rige el principio de "interpretación a favor del trabajador" -art. 39 inc. 3 in fine- . Y que, de conformidad con éste, esta Corte ya ha resuelto que lo dispuesto en este artículo implica que debe soslayarse cualquier interpretación "desfavorable" de la norma aplicable a la situación en la que se encuentren los destinatarios de la seguridad social (causas B. 54.879, "Levitan", resol. de 21-XI-1995; B. 64.163, "Fahey", sent. de 29-IV-2009; B. 66.120, "Weingardt", sent. de 11-XI-2009; B. 62.043 cit.; e.o.).
Todo ello -en mi opinión- configura el requisito en tratamiento conforme los alcances del art. 22 inc. 1 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo.
Por lo demás en cuanto al requisito de peligro en la demora, presupuesto soslayado por el Tribunal de Alzada, entiendo que también se encuentra acreditado de forma suficiente. Ello por la circunstancia ya mencionada de que la ejecución del acto implicaría dejar a la accionante sin su único ingreso, de carácter alimentario para él y su familia, colocándolo en una situación de desamparo cuando padece una severa patología, afectándose de este modo la garantía de acceso a la salud.
Finalmente, no se advierte que de accederse al pedimento cautelar y reincorporarse al actor en el destino y función que, a criterio de la Administración, mejor se adecue a sus aptitudes psicofísicas, abonando los haberes y proveyendo la cobertura de obra social correspondiente, pudiera afectarse gravemente el interés público, frente a las consecuencias disvaliosas que se generarían de su denegación (conf. art. 22 inc. "c" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas A. 74.824, "Inza", sent. de 27-XII-2017 y A. 74.122, "B., L.C.", sent. de 8-II-2017).
IV. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar, en consecuencia, la sentencia recurrida, manteniéndose la de primera instancia de fs. 51/52 vta.
Con costas de todas las instancias a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, 60 y 77 de la ley 12.008 -conf. leyes 13.101 y 14.437-; 68, 274 y 289 in fine del CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Negri, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. En consecuencia, se revoca el fallo impugnado en lo que fuera materia de agravios y se mantiene la cautelar dictada por el juez de primera instancia a fs. 51/52 vta., hasta que se dicte sentencia definitiva (arts. 22 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 289 inc. 2, CPCC).
Con costas en todas las instancias a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, 60 y 77, ley 12.008 -conf. 13.101 y 14.437-; 68, 274 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia