Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 75102
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y rechazar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1790).
Q.75.102 "ASOCIACION CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) Y OTROS CONTRA MINISTERIO DE SEGURIDAD SOBRE LEGAJO DE APELACION -RECURSO DE QUEJA POR DENEG. RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
La Plata, 28 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y Torres dijeron
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Colectivo de Acción (CIAJ) solicitaron, a título cautelar en el marco de una pretensión anulatoria, la suspensión de la Resolución N° 642/2014 dictada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la prohibición de alojar personas en aquellas dependencias policiales que fueran inhabilitadas para ello mediante las Resoluciones N° 2109/11, 3340/11, 3975/11, 153/12 y 268/12 y se disponga el inmediato traslado de los detenidos en Comisarías a establecimientos adecuados, que cumplan con los requisitos legales y constitucionales exigidos para la detención de personas (v. fs. 12 y vta.).
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial La Plata denegó la medida cautelar solicitada en relación a la suspensión de la referida resolución 642/14. No obstante ello ordenó: a) al Poder Ejecutivo local en sus diferentes órganos competentes, especialmente los Ministerios de Seguridad y de Justicia, la continua ejecución del Programa de Alcaidías Departamentales, pues de los informes traídos a la causa las últimas abiertas fueron en el 2012 y recién a fines del año en curso se terminarían dos ampliaciones y una construcción, mas no se informa la incidencia que ello tendría en el hacinamiento denunciado por las asociaciones actoras; b) al Ministerio de Justicia que, en el plazo de 20 días, acompañe completo el Programa de Creación de Alcaidías Departamentales, su grado de ejecución, su proyección y las readecuaciones realizadas al mismo en función del aumento cuantitativo del número de detenciones, toda vez que tal instrumento no fuera adjuntado al momento de evacuar las diferentes requisitorias; y c), finalmente, el estricto cumplimiento de la cuestionada resolución 642/14 en orden al procedimiento de readecuación para rehabilitar dependencias y a la prohibición de que se lo haga respecto de aquellas cuya inhabilitación se deba a orden judicial (v. fs. 12/17 vta.).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en dicho departamento judicial, rechazando el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y admitiendo el deducido por la parte actora, revocó la decisión de origen, acogió la medida cautelar y declaró la suspensión de la resolución 642/14 hasta la culminación del proceso. Dispuso asimismo, por mayoría, que la precautoria debía ser implementada de conformidad con los estándares jurídicos en la materia y que tal implementación, tendiente a sustituir el cuadro de situación existente, debía tener presente, además, por un lado, no permitir que nuevos detenidos sean alojados en comisarías y, por el otro, que aquellas personas que actualmente se encuentren en dicha circunstancias, paulatinamente sean transferidas a los establecimientos carcelarios de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, impuso a las autoridades provinciales la obligación de informar, en tiempo y forma, al juzgado de primera instancia interviniente, las medidas adoptadas con el objeto de dar cumplimiento a la decisión (v. fs. 33 vta./38 vta.).
Frente a lo así decidido, la accionada dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 39/44), el que denegado -con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado- (v. fs. 51 vta.), motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. fs. 53/59).
II. Al respecto, dable es señalar que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares -como la aquí resuelta- no revisten carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo (doctr. causas Q. 72.717, "Negrelli", resol. de 21-8-2013; A. 73.929, "Bellocchio", resol. de 18-11-2015; Q. 74.355, "Altieri", resol. de 26-10-2016; A. 74.761, "Valdez", resol. de 28-VI-2017).
En tal sentido no se observa en el sub lite , en que el tribunal de alzada revocó lo resuelto por el juez de grado -por hallar suficientemente acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho esgrimido, peligro en la demora y no afectación del interés público, inherentes a la pretensión cautelar-, motivos de excepción que justifiquen apartarse de tal criterio (doctr. causas Q. 72.717, A. 73.929, Q. 74.355 y A. 74.761, cits.).
Además, no resulta aplicable la doctrina emergente de los precedentes de esta Corte invocados por el impugnante, toda vez que los mismos aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
Por otra parte, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221; doctr. causas Q. 73.758, "Asociación Vecinal de Fomento Parque Luro", resol. de 15-VII-2015; A. 74.101, "Barrio Olivares", resol. de 11-V-2016; A. 74.761, "Valdez", resol. de 28-VI-2017), circunstancia que se constata ausente en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y rechazar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1790).
Regístrese, notifíquese y archívese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-To
Reg. Nº 413
Fin de la sentencia