Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75156 P
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.156, "Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires contra Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos s/ legajo de apelación (FE apela cautelar del 16-VI-17)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Budiño, Maidana, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resolvió —por mayoría de fundamentos— hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada, revocar la sentencia impugnada y dejar sin efecto la medida cautelar que fuera dispuesta por el juez de primera instancia.
Disconforme con lo decidido, los apoderados de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires dedujeron recurso de inaplicabilidad de ley, el que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja.
Este Tribunal, mediante resolución de fecha 11 de julio de 2018, resolvió —por mayoría— desestimar la queja por denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley en el entendimiento de que la decisión cuestionada no revestía carácter definitivo, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Contra ese pronunciamiento el representante de la Defensoría del Pueblo presentó recurso extraordinario federal y, una vez denegado este, el recurso de hecho pertinente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, previo dictamen de la señora Procuradora Fiscal, hizo lugar a la queja planteada, declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto, dejó sin efecto la sentencia apelada y devolvió los autos para que se dictara un nuevo pronunciamiento.
En virtud de lo resuelto, este Tribunal dispuso conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y llamó autos para resolverlo (conf. arts. 283 y 284, CPCC).
Posteriormente, suspendió dicho llamado a fin de requerir al Defensor del Pueblo que informase si conservaba algún interés concreto en el restablecimiento de la suspensión cautelar de la resolución 419/17, atento el posterior dictado de las resoluciones 1.713/19, 576/20 y 227/21, todas emanadas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Evacuado el pedido de informes aludido (v. pres. de fecha 13-VIII-2024), reanudado el llamamiento de autos (v. prov. de fecha 14-VIII-2024) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En autos se presentó el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y, en el marco de una pretensión anulatoria, solicitó como medida cautelar la suspensión inmediata de la impugnada resolución 419/17, que dispuso la aplicación de nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio de energía eléctrica de jurisdicción provincial.
II. Con fecha 16 de junio de 2017, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada y suspendió los efectos de la resolución cuestionada en cuanto aprobó los nuevos valores del cuadro tarifario de EDELAP S.A., EDEN S.A., EDES S.A. y EDEA S.A., así como los correspondientes al cuadro tarifario de referencia del Área Atlántica, Norte y Sur, sin que ello implicara afectación alguna a los usuarios beneficiarios de la denominada "Tarifa Social", a los denominados "Electro Dependientes" ni a las entidades de bien público comprendidas en la ley 27.218.
Impuso asimismo a la demandada la carga de comunicar lo resuelto a las distribuidoras y cooperativas eléctricas prestatarias del servicio, a fin de que procedieran a facturarlo nuevamente.
III. A su turno, la Cámara de Apelación regional del fuero, por mayoría de fundamentos, revocó la decisión y dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta.
III.1. En sustento de lo resuelto, el doctor Spacarotel (a cuyo voto adhirió la doctora Milanta) consideró que le asistía razón a la demandada en cuanto cuestionaba la legitimación del Defensor del Pueblo, así como de las asociaciones y entidades que en su oportunidad adhirieran a la pretensión instaurada, atento las particularidades que esta presentaba.
Manifestó que, ante la invocación de la representación de un colectivo de usuarios muy vasto y heterogéneo, determinar cuándo una o varias personas, asociaciones u organismos públicos se encuentran legitimados para representar a la "clase" en el proceso que se impulsa, resulta de gran complejidad.
En ese contexto recordó los recaudos elementales que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado en cuanto a la viabilidad de toda acción colectiva.
Sentado ello, observó que el caso de autos se configuró a raíz del incremento tarifario resultante de la audiencia pública que fuera celebrada en el año 2016.
Interpretó que la actora no introdujo cuestionamientos vinculados a la legalidad de la decisión impugnada, sino que, antes bien, puso en jaque su razonabilidad.
Advirtió que el cuadro tarifario eléctrico aprobado, cuya suspensión cautelar resolviera el a quo , se avino como el desenlace de un procedimiento de formación de la voluntad administrativa llevado a cabo con previa intervención ciudadana, la cual se instrumentó a través de la celebración de una audiencia pública.
Entendió que el debido proceso y el procedimiento de sanción de la tarifa se presentaba así como adecuado, a la luz de la convocatoria a audiencia pública realizada por la Administración (conf. resol. 272/16 del Directorio del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial, obrante a fs. 10 y sigs. de los presentes actuados) y de tal ámbito de participación ciudadana e información pública sobre la materia, generado en forma previa a la determinación de los aumentos tarifarios cuestionados (conf. actas de audiencia pública, fs. 51 y sigs.; CNACAF, causa n° 3.719/2016, "Incidente N° 2 -Actor: Asociación Para la Defensa de Usuarios y Consumidores; Demandado: AYSA SA y Otro s/Inc. Apelación", resol. de 28-XII-2016).
Interpretó que no se observaban prima facie , en cuanto al proceso de formación de la voluntad administrativa, vicios invalidantes en la decisión impugnada, adoptada en el marco del procedimiento de audiencia pública.
No obstante, agregó que la pretensión cautelar acogida en primera instancia habilitó la legitimación actoral, admitiendo en su contexto el análisis de la razonabilidad de las tarifas, desde la óptica de la afectación que estas hubieren generado a cada uno de los usuarios, según lo derivado de ciertos índices de precios y pautas salariales vigentes con relación a la población en general.
Al respecto, evaluó que, más allá del posible tratamiento individual de esa eventual afectación, en cada caso que pudiere plantearse por parte interesada, se advertía que no resultaba razonable pretender supeditar la vigencia de la totalidad del cuadro tarifario adoptado en el marco normativo de rigor, a la incidencia que este pudiere acarrear a título individual y concreto sobre cada uno de los diversos usuarios del servicio en cuestión, quienes —según expuso— se encontraban habilitados para formular en sede judicial los planteos que reputasen pertinentes en atención a las particularidadesínsitas a cada supuesto.
Bajo tales parámetros, estimó que en el caso de autos no se configuraban el requisito del "efecto común" ni la presencia de "intereses individuales homogéneos", en tanto se tenía por objeto la suspensión del cobro de la tarifa, mas sin determinar aquellos aspectos capaces de abarcar a todo el grupo en función de la afectación patrimonial invocada, máxime ponderando la diversidad de categorías o clases de usuarios y de tarifas contempladas, algunas de las cuales habían sido dejadas a salvo por el propio pronunciamiento de grado (v.gr., "Electro Dependientes", entidades de bien público —ley 27.218— y "tarifa social" dirigida a los sectores de mayor vulnerabilidad social).
En definitiva, entendió que en la especie se involucraba a los usuarios del servicio de energía eléctrica en una acción que pretendía ser colectiva, pero que presentaba singularidades que impedían resolver la pretensión cautelar planteada, útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un único proceso, al versar sobre una cuestión patrimonial relacionada con las tarifas, cuestionadas desde la óptica de la razonabilidad de la medida en términos de afectación patrimonial individual, lo que tornaba heterogéneos los intereses involucrados.
Indicó que ello impedía afirmar que el comportamiento que se imputaba a la demandada afectase, de igual forma, a todos los sujetos que integraban el colectivo que se pretendía representar y, por lo tanto, tener por corroborada, con una certeza mínima, la existencia de aquellos efectos comunes que, conforme a la doctrina sentada en el precedente "Halabi" (Fallos: 332:111), permitirían admitir la petición cautelar formulada con alcance colectivo.
Concluyó que no se advertían en autos los presupuestos de otorgamiento de una medida cautelar como la pretendida, en tanto el embate introducido por la parte actora se dirigía a cuestionar la razonabilidad del cuadro tarifario resultante de la audiencia pública previa celebrada en el año 2016, conllevando un intento de revisión tarifaria en fase cautelar, que involucraba a un colectivo integrado por una amplia gama de grupos, vasto y heterogéneo, sin que se hubiese discriminado —ni acreditado— debida y suficientemente la determinación de un aspecto "homogéneo" del grupo que se pretendía abarcar, desde la perspectiva de la afectación patrimonial invocada.
III.2. Por su parte, el doctor De Santis entendió suficiente la legitimación del Defensor del Pueblo, con fundamento en lo dispuesto por los arts. 43 de la Constitución nacional y 55 de la provincial, sin que —a su criterio— resultase necesario individualizar ni precisar las categorías de usuarios a fin de determinar la incidencia colectiva de una materia inherente a todos ellos en general, en la medida en que el eje de la discusión se centraba en la validez del cuadro tarifario y la fuente de impugnación, en las condiciones de legalidad del precio o la tasa exigidos.
Sin perjuicio de lo indicado, este magistrado sostuvo igualmente que la solicitud cautelar no podía prosperar, ya que, frente a la presunción de legitimidad del reglamento impugnado, lo atinente a la falta de razonabilidad reprochada por el juez de grado requería de un mayor debate, vinculado a cada componente del cuadro de precios, que por mucho no podía sostenerse en la etapa liminar transitada.
De tal forma, el fallo apelado solo revelaba un análisis prematuro de inobservancia de la regla de proporcionalidad de la contraprestación de los usuarios, que carecía de la fuerza de convicción necesaria.
IV. Frente a lo así decidido, los apoderados de la Defensoría del Pueblo dedujeron recurso de inaplicabilidad de ley, el que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja.
En aquel remedio, plantearon que el fallo de la Cámara inaplicó los arts. 55 de la Constitución provincial y 14 de la ley 13.834.
Luego de transcribir el texto de dichas normas, adujeron que el Defensor del Pueblo resulta ser el único funcionario investido de legitimación activa para actuar en nombre de todos y cada uno de los habitantes de la Provincia, sea defendiendo un derecho individual o un derecho colectivo de sus habitantes.
Manifestaron también que elementales razones de economía procesal, así como la operatividad de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva y acceso irrestricto a la justicia (conf. art. 15, Const. prov.) hacían perfectamente viable una acción colectiva que, de otro modo, habría debido convertirse o suplirse por una multiplicidad de acciones individuales de imposible realización.
Sostuvieron que la pretensión anulatoria que tramita en estos autos involucra a un colectivo que comprende a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica que se encuentran afectados de manera "homogénea" por la norma cuestionada (excluida el área del conurbano, que se halla sujeta a otro régimen jurídico de concesión).
Ello sin perjuicio de las distintas categorías (subclases) de afectados que podrían eventualmente establecerse en función del régimen tarifario de aplicación y los distintos tipos de usos del servicio.
Consideraron que la delimitación de la clase surgía evidente de la norma impugnada, tratándose de un caso típicamente colectivo en el que se encontraba comprometida una prestación fundamental para el bienestar general, como era la del servicio público de energía eléctrica.
Sostuvieron que en el caso nos encontramos en presencia de intereses individuales homogéneos y que estos, sumados a los intereses o derechos colectivos en sentido estricto y a los difusos, conforman las tres categorías de derechos de incidencia colectiva comprendidos en el art. 43 de la Constitución nacional.
Alegaron que la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo, pese a no necesitarlo, cumple con los requisitos que se exigen para este tipo de procesos colectivos, luego de lo decidido en el caso "Halabi".
En tal sentido, identificaron los siguientes aspectos: a) determinación de la clase, dada por los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires; b) hecho único que afecta a la clase, consistente en el dictado de la resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se aprobó el proceso de revisión tarifaria integral, como así también los costos propios de distribución resultantes de aquel; c) además, puntualizaron que en el caso la acción se dirige a los aspectos colectivos de la afectación de los derechos (producida por el nuevo cuadro tarifario eléctrico), independientemente de los perjuicios individuales que cada usuario podría invocar como consecuencia del hecho o causa homogénea indicada y d) en cuanto a la imposibilidad e inconveniencia individual del acceso a la justicia, destacaron la afectación que significaría no dar andamiento a la presente acción colectiva, por razones tales como el carácter técnico de lo dispuesto por el acto impugnado, la dificultad de acceder a la información necesaria y la evidente disparidad e insuficiencia de recursos, que perjudica a los usuarios.
Precisaron que en el caso que nos ocupa la pretensión está enfocada en los aspectos y consecuencias jurídicas comunes generados por la resolución cuestionada, cuyos arts. 14, 19, 20 a 40, 42 y 44 afectan directamente —en su visión— el interés económico de los habitantes de la Provincia, sean usuarios o potenciales usuarios del servicio público de distribución de electricidad (conf. art. 38, Const. prov.), dado el nivel irrazonable de incremento de las tarifas o valores de distribución de la energía eléctrica.
A ello agregaron que la celebración de la audiencia pública previa al mentado incremento se tornó una mera formalidad debido a la falta de análisis, consideración y ponderación de los argumentos expuestos por la Defensoría del Pueblo.
Adujeron que la causa común descripta lesiona a todos los usuarios que integran el colectivo antes delimitado, en tanto todos ven violados sus derechos: el acceso en forma igualitaria a los servicios públicos; el derecho a recibir un trato equitativo y digno en el marco de la relación de consumo; y el derecho a la protección de su seguridad, salud e intereses económicos.
Añadieron que la representatividad colectiva adecuada que ejerce el Defensor del Pueblo por mandato del art. 55 de la Constitución provincial fue desconocida en el caso, incurriéndose de esa forma en el vicio de absurdo.
Por último, plantearon que el fallo recurrido omitió aplicar los arts. 42 de la Constitución nacional y 38 de la provincial, que consagran los derechos de los usuarios y consumidores, así como las leyes 24.240 y 13.133 y el principio de congruencia, esto en la medida en que el fallo habría omitido pronunciarse sobre los pedidos formulados en su oportunidad por la Defensoría del Pueblo.
V. Por mayoría, este Tribunal, mediante resolución de fecha 11 de julio de 2018, resolvió desestimar la queja por denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley, en el entendimiento de que la decisión cuestionada no revestía carácter definitivo, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Contra ese pronunciamiento, el representante de la Defensoría del Pueblo presentó recurso extraordinario federal y, una vez denegado este último, el pertinente recurso de hecho.
VI. A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja deducida, declaró procedente el recurso extraordinario federal interpuesto, dejó sin efecto la sentencia apelada y devolvió los autos para que se dictara un nuevo pronunciamiento.
Para ello sostuvo —al remitirse a los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal— que la sentencia impugnada conducía a una restricción sustancial de la vía utilizada por el justiciable y afectaba irremediablemente el derecho de defensa en juicio.
Reprochó a este Tribunal haber omitido considerar que —en concreto— la decisión adoptada impedía la continuación del proceso, sin siquiera demostrar mínimamente que en los pronunciamientos citados en apoyo de lo resuelto se hubiera examinado, como habría sido menester, la legitimación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para representar intereses colectivos como los aquí invocados, fueran o no homogéneos.
Añadió que, aun cuando el planteo de fondo formulado remitía a la interpretación de normas de derecho público y procesal local, ajenas como regla a la instancia extraordinaria, al haberse resuelto que no había cabida en este expediente para procurar una tutela cautelar colectiva, se objetó la legitimación del órgano para solicitarla en favor del conjunto de usuarios.
Sin que lo anterior implicara expresar opinión o abrir juicio sobre la legitimación del Defensor del Pueblo ni sobre el fondo del asunto, encontró así fundada la tacha de arbitrariedad alegada por el recurrente.
VII. De conformidad con los antecedentes que han sido relatados, corresponde en esta instancia analizar la legitimación del Defensor de Pueblo de la Provincia de Buenos Aires para accionar en defensa de los derechos colectivos invocados.
Ello así, por cuanto los fundamentos esgrimidos por la mayoría de la Cámara interviniente, a fin de dejar sin efecto la medida cautelar que fuera en su oportunidad dispuesta por el juez de primera instancia, se dirigieron exclusivamente a tratar de evidenciar la presunta falta de legitimación del Defensor del Pueblo y de las asociaciones y entidades adherentes para intervenir en el marco del litigio planteado.
Solo la minoría de ese tribunal, tras discrepar con la argumentación referida, brindó razones adicionales para revocar el fallo de grado que suspendiera cautelarmente parte de la resolución 419/17, por medio de la cual se aprobaron en su momento nuevos valores para los cuadros tarifarios correspondientes al servicio público de energía eléctrica de jurisdicción provincial.
Pero esas últimas consideraciones no causaron los agravios expuestos por los apoderados del Defensor del Pueblo en el recurso de inaplicabilidad de ley objeto de este pronunciamiento, en el que centralmente se defiende la legitimación del órgano recurrente, denunciando violación o errónea aplicación de los arts. 38 y 55 de la Constitución provincial; 42 y 43 de la nacional y 14 de la ley 13.834, así como de las leyes 24.240 y 13.133, a la vez que se tacha al pronunciamiento atacado de absurdo.
VII
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.