Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78530 L
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.530, "Cordone, Evangelina de los Milagros contra Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda y otros s/ Legajo de apelación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata acogió los recursos interpuestos por las codemandadas —Fiduciaria de la Costa S.A. y Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda— y por el tercero citado —Municipalidad de La Costa—. En consecuencia, revocó el pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar a la pretensión cautelar entablada (v. sent. de 30-VIII-2022).
Disconforme con esa decisión, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. present. elec. de 19-IX-2022) que, denegado (v. resol. de 24-XI-2022), motivó la presentación de la consecuente queja ante este Tribunal (v. present. elec. de 5-XII-2022).
Por resolución de fecha 19 de agosto de 2024, esta Corte hizo lugar al recurso de hecho y concedió el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, llamando los autos para resolver; suspendiéndose este último mediante la resolución del día 3 de diciembre de 2024 en la que se ordenaron medidas para mejor proveer, cuyas respuestas obran adjuntadas en fechas 21 de diciembre de 2024 y 3 de abril de 2025.
Agregados los memoriales presentados por las partes y el tercero citado, reanudado el llamado por providencia de fecha 19 de junio de 2025 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La actora promovió acción de amparo ambiental contra Fiduciaria de la Costa S.A., Eidico S.A. y Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda, "..con el objeto que las demandadas cesen de manera urgente e inmediata con la lesión al derecho a un ambiente sano y limpio, al derecho humano a la salud, a la salubridad e higiene, mediante actos administrativos, judiciales o de cualquier otra índole, que impliquen el cese definitivo de todos los actos y omisiones ilegales que llevan adelante y la recomposición del ambiente natural al estado anterior" (demanda, pto. I) .
Asimismo, peticionó la citación como tercero de la Municipalidad de La Costa y solicitó a título cautelar —con sustento en los principios preventivo, precautorio y de equidad intergeneracional— que se disponga una medida innovativa urgente, ordenándose la prohibición y suspensión de todo movimiento de arena, tala de árboles, obras, construcción e intervención antrópica que afecte la cadena de médanos ubicada en la zona sur de Costa Esmeralda.
Al respecto indicó que el barrio Costa Esmeralda resulta ser un proyecto de aproximadamente mil hectáreas —en total—, de las cuales ochocientas ya se encuentran construidas y en las doscientas restantes se halla la llamada "Zona Sur", que consta de un "Paseo Comercial" con aproximadamente cincuenta locales, y un área de médanos y bosques —reserva ambiental— donde conviven distintas especies de animales.
Adujo que en el master plan original implementado por las desarrolladoras demandadas, se llevaron a cabo continuos cambios que no integraron la evaluación de impacto ambiental oportunamente realizada.
I.2. Con el escrito de ampliación de la demanda acompañó documentación y agregó fundamentos a fin de obtener la medida precautoria pretendida. Expuso irregularidades del proyecto urbanístico, consistentes en la construcción de una gran cantidad de edificios en 110,71 hectáreas en el sector Centralidad Urbana Costa Esmeralda, zona sur (CUCE), que se hallaba destinado a chacras marinas e indicó que su materialización acarrearía consecuencias irreversibles en el partido de La Costa (v. present. elec. de 15-V-2022).
Apuntó que por ordenanza municipal del año 2019 se anuló la adhesión al decreto 3.202/06 —que establecía una franja de protección de la costa a partir de los trescientos metros de la línea de ribera—, y aseveró que ante dicha anulación debió cumplirse con la aplicación de las restantes normas que estaban vigentes. En atención a ello, añadió que en lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental de la nueva área urbana incluida con el centro comercial del CUCE, debió haberse presentado un estudio de impacto ambiental actualizado.
Finalizó su presentación expresando que no pretendía afectar el derecho de propiedad del desarrollador, sino que se impidiera el incumplimiento de la normativa aplicable con relación al frente marítimo.
II. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, dispuso que las presentes actuaciones tramitaran como acción de recomposición ambiental (conf. art. 37, ley 11.723) y requirió un informe circunstanciado a la Municipalidad de La Costa en torno a la tutela cautelar peticionada (v. proveído de 21-IV-2022).
Con posterioridad, hizo lugar a la medida precautoria y ordenó que las codemandadas en autos y la comuna citada, se abstuvieran "de iniciar y/o continuar la ejecución de cualquier tipo de obra relacionada al llamado 'Paseo Comercial' de Costa Esmeralda, a saber: movimientos de arena, tala de árboles, construcción e intervención antrópica que afecte la cadena de médanos ubicada en la zona sur de dicha urbanización, o cualquier otra, como así también cualquier tipo de obra referente al masterplan original, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos o se modifiquen las circunstancias tenidas en cuenta para el otorgamiento de esta medida" (resol. de 3-VI-2022).
Para así decidir, sostuvo que en procesos ambientales como el de autos, resultaba fundamental el rol activo de los habitantes de la región, sus instituciones intermedias, los titulares de emprendimientos y el de la autoridad de aplicación que debe velar para que se realicen los específicos procedimientos previstos en los ordenamientos nacionales y provinciales, como así también en las normas que puntualmente regulan la temática ambiental a nivel local.
Destacó que una nueva obra o emprendimiento no debe representar un factor de riesgo por sí mismo y que el marco normativo específico en la materia procura brindar soluciones sobre el delicado equilibrio que debe primar entre el desarrollo urbano, el progreso y la protección que el ambiente requiere.
Con relación a la medida peticionada por la actora, agregó que debía ser analizada verificando la concurrencia de los extremos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, como así también la ausencia de grave afectación del interés público (conf. art. 22, CCA).
Evaluó las diversas presentaciones efectuadas por las partes, los elementos probatorios acompañados, la evaluación de impacto ambiental realizada y, tras hacer especial referencia a la audiencia pública celebrada, concluyó que, dentro del acotado marco de análisis que toda medida cautelar conlleva, a primera vista resultaba procedente hacer lugar a la requerida en este caso.
III. Apelado que fuere ese decisorio por las demandadas y el municipio citado, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, revocó lo resuelto por el juez de la instancia anterior (v. sent. de 30-VIII-2022).
Con base en fallos dictados por ese tribunal, consideró que examinar el acierto o el error de la tutela cautelar exigía atender a las reglas y fines que en materia ambiental instituyen las cláusulas constitucionales (arts. 41, Const. nac. y 28, Const. prov.).
En ese contexto, indicó que el proyecto cuestionado por la actora había sido sujeto a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (conf. ley 11.723) y, oportunamente, convalidado por la autoridad competente como un proyecto urbano y ambientalmente apto, con un plan integral ( master plan ) en el que se identificaban con precisión las áreas y sus destinos, así como los indicadores urbanísticos, de infraestructura y de provisión de servicios.
Aclaró que, si bien dicho plan directriz ( master plan ) había sido objeto de variaciones a lo largo del tiempo, esos cambios sólo mejoraron indicadores constructivos, sin establecer modificaciones respecto de la ubicación ni de la cantidad de unidades correspondientes al denominado "sector comercial sur".
Concluyó que de los distintos elementos probatorios acompañados en autos no advertía un obrar arbitrario o ilegítimo de parte de las demandadas, ni un daño concreto, ni una amenaza al ecosistema que merecieran ser tutelados. Además que, a primera vista, no se hallaban debidamente configurados los recaudos necesarios para decretar la medida precautoria reclamada y, en consecuencia, no resultaba procedente convalidar la decisión apelada.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 19-IX-2022), denunciando la inaplicación de las leyes 25.675 y 11.723 y del decreto 3.202/06, absurdo en la valoración de la prueba (art. 384, CPCC) y la transgresión de la doctrina legal que emana de esta Suprema Corte. Asimismo, plantea el caso federal.
IV.1. Manifiesta que el Tribunal de Alzada incurrió en una absurda valoración de los elementos de prueba obrantes en el expediente, sin apreciarlos en conjunto, efectuando una ponderación aislada y sesgada del material probatorio; alega además que la sentencia se fundó en afirmaciones dogmáticas e inmotivadas.
Al respecto, recuerda que el emprendimiento urbanístico cuestionado consta, por un lado, de un "Paseo Comercial" y, por otro, de una edificación que serían viviendas multifamiliares, e indica que la Cámara se abocó exclusivamente al "Paseo Comercial" sin pronunciarse sobre el proyecto urbanístico en su totalidad.
Afirma que, en autos, se encuentran acreditados los recaudos necesarios para decretar la medida cautelar, haciendo especial hincapié, a diferencia de lo señalado por la Cámara, en la verosimilitud del derecho.
Expone la gravedad de la situación generada en la zona sur de la urbanización —ante el peligro del daño inminente al ambiente costero, a los habitantes de esa localidad y zonas aledañas— por la tala del bosque, el avance en la zona de restricción frente al mar, la ruptura de la cadena de médanos y, especialmente, con la afectación a las napas y los acuíferos.
Reprocha que el Tribunal de Apelación desconociera los hechos de público y notorio conocimiento referidos al emprendimiento, tanto a las noticias periodísticas de medios nacionales y locales, como así también a las notas de los vecinos que aludían a la preocupación por la afectación al ambiente costero y a la insuficiencia de servicios (agua potable, gas natural y energía eléctrica), junto a la ausencia de tratamiento de efluentes cloacales en el partido de La Costa en general, y en la urbanización Costa Esmeralda en particular, lo que revela el interés público involucrado en el asunto.
IV.2. Critica que el Tribunal de Apelación realizara un absurdo análisis probatorio respecto a la evaluación de impacto ambiental de la obra que fuera llevada a cabo durante la vigencia del decreto provincial 3.202/06, una norma que a partir de la sanción de la ordenanza municipal del día 22 de noviembre de 2019 fuera dejada sin efecto en el distrito de La Costa y que, por lo tanto, evidenciaba que la referida evaluación resultaba desactualizada, situación soslayada por la Cámara.
Aduce que en estas actuaciones se verifica un desentendimiento de las particularidades de la tutela cautelar que el juez de primera instancia había otorgado, que el Tribunal de Alzada no solo no tuvo en cuenta el cambio normativo, sino que tampoco consideró la modificación de las circunstancias acaecidas en Costa Esmeralda (crecimiento del número de habitantes y de propiedades) en comparación con el momento en que se realizara el procedimiento ambiental que la Cámara señaló como debidamente cumplido.
Denuncia que resulta erróneo considerar que la edificación proyectada implica un desarrollo costero sustentable, sino que, por el contrario, en la actualidad lejos está de serlo. En ese sentido, aclara no estar en contra del desarrollo siempre y cuando este sea sostenible.
IV.3. Alega el quebrantamiento de la doctrina legal sentada por esta Corte vinculada con el deber de motivación de las decisiones judiciales, la valoración de la prueba y la ponderación de los requisitos de las medidas cautelares, con cita y transcripción de sumarios de fallos sobre los tópicos enunciados.
V. Ahora bien, en virtud del alcance de la pretensión expuesta en autos y las constancias del proceso, esta Corte como medida para mejor proveer requirió al Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Costa, la remisión de los antecedentes del proyecto de sanción de la ordenanza 4.744/19; a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial y a la Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente de la Municipalidad de La Costa, informen y suministren documentación a partir de la entrada en vigencia de la ordenanza 4.744/19 hasta la actualidad, respecto del estado y grado de avance de las obras relacionadas a la "zona sur" de la urbanización Costa Esmeralda y al "Paseo Comercial" y las relativas al master plan original.
VI. En el contexto reseñado, es que el pronunciamiento de esta Suprema Corte se circunscribirá sólo a determinar la procedencia de la tutela precautoria debatida en el pleito.
Con base en ello, adelanto que el planteo recursivo es de recibo.
VI.1. La Cámara consideró que, en el estadio liminar de análisis en que se encontraba la causa, no se hallaban configurados los recaudos que autorizarían el despacho cautelar requerido.
Indicó que no apreciaba, siquiera en grado de razonable duda, que la etapa del desarrollo urbanístico Costa Esmeralda puesta en marcha (identificada como zona comercial sur) hubiera incumplido con los procedimientos ambientales exigidos por la ley 11.723, ni que importara un nuevo proyecto escindido del plan general de la urbanización.
Expresó que no se verificaban ni los incumplimientos a los procedimientos ambientales, ni la presencia del perjuicio ambiental grave invocado por la actora en el escrito inicial (vinculado a la afectación de los médanos, la flora y la fauna del lugar).
Destacó que existía un plan integral (maestro —o master plan —) presentado en el municipio en el año 2005 y aprobado en el año 2015, que la autoridad provincial había verificado el cumplimiento del decreto ley 8.912/77; que se encontraba expedido el certificado de fijación y forestación del suelo en formaciones medanosas y dunas exigido por el decreto 9.404/86 y que, además, se había informado sobre la existencia de certificados de aptitud hidráulica emitidos por la Autoridad del Agua y, así también de prefactibilidad y factibilidad de los servicios de luz y gas.
Sostuvo, que no advertía la presencia de un accionar arbitrario e ilegítimo de parte de las demandadas, que la obra emprendida se encontraría dentro de los contornos de la legalidad ambiental y que, por tanto, no traducía un daño concreto ni una amenaza al ecosistema que mereciera ser tutelado, a tenor de las previsiones de los arts. 43 de la Constitución nacional y 28 de la Constitución provincial y de los principios preventivo y precautorio que emanan de la ley nacional 25.675 y de la ley provincial 11.723.
Concluyó así que el proyecto había cumplido —al menos a primera vista— el rito procedimental exigible y descartó convalidar la decisión del juez de primera instancia.
Y aunque remarcó que el plan directriz ( master plan ) había sido objeto de variaciones a lo largo del tiempo, expresó —en una conclusión liminar— que dichos cambios solo fueron realizados con la mira puesta en mejorar indicadores constructivos, sin modificar la ubicación ni la cantidad de unidades.
Finalmente, agregó que frente a nuevas circunstancias podría requerirse el auxilio jurisdiccional reeditando el pedimento precautorio.
VI.2. De la lectura integral de dicho pronunciamiento se evidencia que la Cámara se centró en algunas de las constancias acompañadas al expediente por el Estado municipal citado y habría prescindido de los elementos probatorios adjuntados por la actora.
La recurrente se agravia de dicha circunstancia, reprochando la selección y apreciación aislada de las probanzas de la causa efectuada por el Tribunal de Alzada.
Alega que, si bien la Cámara sostuvo no soslayar que "...el plan directriz (master plan) fue objeto de variaciones a lo largo del tiempo", y que "...solo lo han sido —claro que como conclusión liminar— con la mira puesta en mejorar indicadores constructivos" (sentencia, pto. 2.2.), no reparó en la denunciada irregularidad en la construcción de una considerable cantidad de edificios en la zonificación del Nuevo Núcleo Urbano Costa Esmeralda donde, años atrás, figuraban chacras de 5.200 m² (v. ampliación de demanda y ZRM 1, Plan Director versión final, conf. fs. 956, expte. adm. 4122-3818/05), y al respecto remarca que acompañó documentación digital extraída de la página web de la desarrollista EIDICO S.A. (v. "Proyecto Chacras" —año 2017— y "C.U.C.E. —Centralidad Urbana Costa Esmeralda—" —año 2022—).
Cuestiona la falta de apreciación de la nota dirigida a los "miembros de Comisión Interlocutora de Propietarios del Barrio Costa Esmeralda", del día 10 de mayo de 2022, relacionada con la edificación señalada y de la que se advierte la construcción de setenta y nueve (79) unidades con planta baja más uno o dos pisos y con planta baja más tres o cuatro pisos (v. nota dirigida a los "miembros de Comisión Interlocutora de Propietarios del Barrio Costa Esmeralda" de fecha 10-V-2022, adjuntada con present. elec. de 15-V-2022) y, asimismo, de distintas publicaciones en medios de comunicación nacionales y locales.
VI.3. Esta Corte tiene dicho que la apreciación de la prueba constituye una cuestión de hecho que solo puede ser revisada en esta instancia en caso de que la conclusión sea el producto de un razonamiento viciado por el absurdo, esto es, que esté afectado por un error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa (causa A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021).
Asimismo, ha sostenido que en la valoración probatoria, la selección de los medios conducentes y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado, potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar en la sentencia la valoración de todas, y que no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. causas A. 74.746, "Clavero", sent. de 6-X-2021 y A. 75.279, "Odisa", sent. de 28-VIII-2021).
VI.4. A partir de allí, en primer lugar, advierto que el Tribunal de Alzada en su pronunciamiento del día 30 de agosto de 2022, ha relevado constancias atinentes a la evaluación de impacto ambiental del emprendimiento proyectado el día 4 de mayo de 2006 (EsIA); la declaración de impacto ambiental del día 3 de noviembre de 2009 (DIA, resol. 03/09); y la audiencia pública del día 12 de octubre de 2018, todos actos sustanciados bajo el amparo del decreto provincial 3.202/06 —relativo a proyectos urbanísticos de zonas costeras bonaerenses— (conf. arts. 6 y 7 inc. "a", dec. 3.202/06).
Esta última norma —años antes del dictado del pronunciamiento del Tribunal — había perdido virtualidad, dado que por disposición municipal fue dejada sin efecto la adhesión que el municipio de La Costa había realizado (ord. 4.744/19)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.