Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea · Causa 8545-26
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar -por mayoría- la resolución de fecha 27/10/2026 que no hace lugar al cese de la prisión preventiva y/o su atenuación peticionados por la Defensa particular en favor del adolescente A. E. C. , MANTENIENDO la medida de coerción impuesta al adolescente A. E. C. , hasta tanto se celebre la Audiencia de Debate -26, 27 y 30 de noviembre de 2026- y se dicte la sentencia correspondiente, debiendo continuar su cumplimiento en el Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria de Mar del Plata. (arts. 12, 37 y 40 C.D.N., arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., art. 141 del C.P.P., arts. 1, 3, 6 bis, 36 inc. 7, 43, 44 y 78 Ley 13.634, arts. 2, 7, 13, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 Ley 15.571).-
///En la ciudad de Necochea, a los 19 días del mes de noviembre de 2026, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, para dictar resolución en la c.P. Nº 8545-26 caratulada " C. A. E. S/LEGAJO DE APELACION ", efectuado el sorteo de ley el orden de votación es el siguiente: Señores Jueces Doctores Marcela Fabiana Almeida, Daniel Oscar Surgen y Laura Alicia Bulesevich (arts. 47/8 ley 5827).-
El Tribunal procedió a plantear y votar las siguientes:
I. ¿Es justa la resolución de fecha 27/10/2026?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ALMEIDA DIJO :
En fecha 27/10/2026 los Sres. Jueces del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, resolvieron I) NO HACER LUGAR al cese de la prisión preventiva y/o su atenuación peticionados por la Defensa Particular en favor del adolescente A. E. C. , por los fundamentos expuestos; II) MANTENER la medida de coerción impuesta al adolescente A. E. C. hasta tanto se celebre la Audiencia de Debate -26, 27 y 30 de noviembre de 2026- y se dicte la sentencia correspondiente, debiendo continuar su cumplimiento en el Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria de Mar del Plata. Rigen arts. 12, 37 y 40 C.D.N., arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., art. 141 del C.P.P., arts. 1, 3, 6 bis, 36 inc. 7, 43, 44 y 78 Ley 13.634, arts. 2, 7, 13, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 Ley 15.571. III) Requerir al Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria de Mar del Plata que articule con la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud Bonaerense y/o Organismo de Salud Municipal a fin de la continuidad de los tratamientos para la salud psíquica y psiquiátrica, con atención farmacológica -de corresponder- (arg. arts. 23 y 25 Ley 15.571). Dar continuidad a la intervención al Centro de Referencia Departamental para que incluya a las referentes familiares del encausado en programas de acompañamiento familiar y en el diseño de aquellas estrategias de abordaje para el presente caso. (arts. 44 Ley 13.634 y 23, 24, 45 ss. y cc. Ley 15.571).
En fecha 02/11/2026 el Sr. Defensor Particular, Dr. Federico Adler, interpone recurso de apelación, siendo concedido por ante esta Cámara Penal Departamental.-
Le agravia la resolución de fecha 27 de octubre de 2026, que rechazó el cese de la prisión preventiva y su atenuación, y dispuso mantener el encierro de su asistido hasta la celebración del debate y el dictado de sentencia.-
Solicita su revocación y la inmediata libertad de A. E. C. .-
Subsidiariamente, solicita el arresto domiciliario en el domicilio de su abuela materna, A. M. F. , con intervención del Centro de Referencia Departamental y las condiciones que se estimen necesarias.-
Expresa como motivos de agravios:
El vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva. Interpretación extensiva en perjuicio del adolescente. Aplicación del precedente "Cardozo" del Tribunal de Casación bonaerense.-
Aduce que el artículo 43 de la Ley 13.634 establece un plazo inicial máximo de ciento ochenta días y permite una prórroga que tampoco puede superar los ciento ochenta días. Agotada esta última, dispone expresamente: "Vencido el mismo, será puesto en libertad sin más trámite".- Refiere que A. se encuentra privado de libertad desde el 1 de noviembre de 2025, habiendo alcanzado los trescientos sesenta días de encierro efectivo. Actualmente ha superado ampliamente ese término.-
Dice que el Tribunal mantiene la medida mediante el descuento de sesenta y tres días de intervención de la Cámara y ochenta y cinco días de instrucción suplementaria, por aplicación del artículo 141 del CPP, introduciendo exclusiones que el régimen especial no contempla.-
Refiere que la interpretación adoptada contraría los principios básicos del derecho penal juvenil, del proceso penal en general y de los derechos humanos. En particular, su lectura es contraria a los principios convencionales y constitucionales pro persona, in dubio pro reo, interpretación restrictiva de la ley penal y máxima taxatividad de la misma.-
Señala que el último párrafo del artículo 141 del CPP es inaplicable al cómputo de la prisión preventiva en este proceso penal juvenil. La cuestión está expresamente regulada por el artículo 43 de la Ley 13.634, que establece su duración máxima, las condiciones de la prórroga y la libertad a su vencimiento. La aplicación subsidiaria del CPP, prevista en el artículo 1 de esa ley, presupone una ausencia de regulación que aquí no existe. Invocarla para descontar días de encierro efectivo y superar el máximo legal desplaza la norma especial y amplía la coerción en perjuicio de A. , en contradicción con los principios de legalidad, especialidad, interpretación restrictiva y pro persona que rigen el caso.-
Entiende que resulta especialmente objetable que se invoque la prueba solicitada por la Defensa para extender el encierro. Su producción integra el ejercicio del derecho de defensa y carece de aptitud para crear una excepción al máximo legal.-
Señala subsidiariamente, que el descuento tampoco se encuentras suficientemente fundado. La instrucción suplementaria no constituye por sí misma un supuesto autónomo de exclusión del artículo 141. Debían individualizarse las diligencias, sus fechas, su encuadre legal y las eventuales superposiciones entre períodos -en el caso concreto, toda la instrucción suplementaria se produjo previo a la fecha establecida originalmente para el debate.-
Solicita se aplique el criterio expuesto por la Sala I en "Cardozo" y se disponga el cese inmediato de la prisión preventiva. Cada día adicional prolonga una afectación de la libertad de A. que una decisión posterior no podrá reparar.-
En segundo lugar plantea como agravio la falta de tratamiento de la disminución de la verosimilitud de la responsabilidad penal.-
La defensa planteó que el resultado de la pericia psiquiátrica produjo una disminución drástica de la verosimilitud de la responsabilidad penal de A. .-
Aduce que el Tribunal se limitó a señalar que la Cámara había rechazado el sobreseimiento y que no existía nueva prueba. Omitió analizar las conclusiones del informe y explicar su incidencia sobre la procedencia actual de la prisión preventiva. El rechazo del sobreseimiento no demuestra por sí solo que subsista el grado de probabilidad necesario para mantener el encierro. La revisión cautelar exigía valorar concretamente la prueba psiquiátrica y determinar si la apariencia de responsabilidad conservaba entidad suficiente.-
Argumenta que la omisión repercute, además, sobre el análisis del peligro de fuga. El Tribunal atribuye un peso decisivo a la pena en expectativa, pero no pondera la prueba que puede afectar la posibilidad de imponerla. Esa prognosis requería examinar conjuntamente los elementos de cargo y de descargo.-
En tercer lugar planteada la disminución del riesgo procesal no valorada adecuadamente, ya que a su entender repercute sobre el peligro de fuga invocado.-
Aduce que también se omitió valorar suficientemente el fuerte acompañamiento familiar. Que una vez más, la madre y la abuela de A. estuvieron presentes en la audiencia, sosteniendo el pedido y ofreciendo su acompañamiento. La abuela ratificó su disposición a recibirlo en su domicilio y asumir su cuidado.-
Dice que A. tampoco registra otros procesos en trámite. Esta circunstancia debía integrar la evaluación individual de su situación, junto con la disponibilidad de sus referentes familiares y la intervención en curso del Centro de Referencia Departamental. La resolución tampoco individualiza una conducta concreta de A. que revele una intención actual de sustraerse a la justicia.-
Frente a esos elementos, la gravedad del hecho, la complejidad del expediente y la proximidad del debate resultan insuficientes para sostener el riesgo en los términos afirmados, existiendo una serie de medidas alternativas menos gravosas que permiten que C. se encuentre sujeto a derecho, de conformidad con el art. 42 de la ley 13.634.
Solicita se revoque la resolución y se disponga la inmediata libertad de A. E. C. .
Subsidiariamente, se conceda el arresto domiciliario en el domicilio propuesto, con intervención del Centro de Referencia y las condiciones que se estimen necesarias.
Hace reserva del caso federal.-
El recurso debe ser rechazado.-
Ingresando al tratamiento de los agravios articulados por la Defensa contra el decisorio que denegó el cese de la Prisión Preventiva del joven C. , corresponde señalar preliminarmente que la interpretación del artículo 43 de la Ley 13.634 debe efectuarse en el caso concreto y en estricta consonancia con los principios rectores que gobiernan el proceso penal juvenil, los cuales configuran las bases sobre las que se asienta la intervención jurisdiccional.-
En efecto, como bien se señala en la resolución atacada, rigen las disposiciones de la Ley 22.278, cuya aplicación debe armonizarse inexcusablemente con el bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), resultando de aplicación en el ordenamiento local, el artículo 36 inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las Leyes 13.298 y 13.634, que organizan este fuero especializado bajo los principios de protección integral, mínima intervención y subsidiariedad.-
Las facultades de disposición previstas en la Ley 22.278 no pueden ejercerse al margen de dicho plexo de garantías, del cual emerge la premisa fundamental de que la privación de libertad de una persona menor de edad solo procede como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda (art. 37 inc. b de la CDN y art. 43 de la Ley 13.634). Estos principios definen la especialidad del fuero e imponen un deber reforzado de motivación.-
No obstante ello, el propio ordenamiento jurídico reconoce que el encierro cautelar puede operar legítimamente, condicionado a su carácter excepcionalísimo en supuestos de extrema gravedad (art. 43 ley 13634).-
Ahora bien, bajo estas premisas corresponde examinar si concurren en el presente legajo las circunstancias excepcionales que habilitan el sostenimiento de la medida cautelar, analizando en primer término los plazos de detención cumplidos -toda vez que el joven C. se encuentra privado de su libertad desde el 1° de noviembre de 2025-, los períodos procesales insumidos en la tramitación de las actuaciones y la subsistencia de los presupuestos materiales que justificaron oportunamente su imposición.-
Se comparte con el Tribunal a quo que los segmentos temporales indicados en el cómputo de los tiempos de detención responden a actuaciones procesales concretas que incidieron directamente en el desarrollo de la causa y totalizan ciento cuarenta y ocho (148) días.-
Que conforme el artículo 141 del Código Procesal Penal (de aplicación supletoria, en el caso de autos, conforme art. 1 de la Ley 13.634), excluye del cómputo de los términos fatales determinados lapsos vinculados con la tramitación de recursos, incidentes y el diligenciamiento de prueba fuera de la circunscripción judicial.-
Corresponde ponderar aquel tiempo calendario que ha impedido continuar con la sustanciación ordinaria del proceso, ya que estas circunstancias denotan la complejidad de la causa, reflejada no solo en la intervención de esta Alzada, sino también en las diligencias probatorias producidas para determinar su continuidad.-
Ahora bien, la exclusión de esos períodos no implica una prórroga discrecional de la prisión preventiva, ni una ampliación del máximo legal, sino una determinación del tiempo de detención computable, que como bien han sostenido los Jueces de la instancia, deben ser tenidos en cuenta atento las particularidades de la causa, que resultaron determinantes para la adopción del criterio al cual se arriba en la resolución impugnada.-
Tal interpretación no importa desconocer el carácter excepcional de la privación de libertad de los adolescentes, ni ampliar discrecionalmente los limites establecidos por el legislador, sino establecer, conforme las reglas procesales aplicables, cuál es el tiempo efectivamente computable a los fines del art. 43 de la Ley 13.634.-
Compartiendo el criterio sostenido por la Jueces de la especialidad, en cuanto expresamente han dejado sentado en el pronunciamiento en crisis que "...La remisión supletoria del art. 1 de la Ley 13.634 solo opera en cuanto no desnaturalice ese régimen especial. Por eso, la remisión al art. 141 no se invoca como regla general de cómputo, sino como fundamento de una solución que este tribunal circunscribe al presente caso y a sus particularidades, sin que pueda extenderse a otros supuestos ni convertirse en una vía para prolongar el encierro cautelar de jóvenes más allá de los límites legales...".-
También es preciso señalar, que la determinación del plazo razonable de la prisión preventiva no se efectúa en abstracto, sino conforme a las particularidades del caso, adquiriendo carácter determinante el estado procesal actual, habiendo quedado integrado el órgano juzgador, que ha fijado audiencia de debate oral para los días 26, 27 y 30 de noviembre del corriente año, procurándose de esta manera que la situación procesal del joven se defina a la mayor brevedad posible.-
Dicho lo anterior, en igual sentido se comparte con el Tribunal a quo, que subsisten los presupuestos materiales que justifican la medida de coerción.-
Este Tribunal (c.P. XXXX de fecha 15/07/20 RR-292-2026 ) se ha expedido denegando la morigeración de la medida de coerción, sin que se hayan verificado desde entonces circunstancias nuevas o sobrevinientes de entidad suficiente que permitan apartarse o modificar el criterio oportunamente sustentado.-
Por el contrario, el avance de las actuaciones hacia la instancia de juicio refuerza la necesidad de mantener el resguardo cautelar vigente, restando tan solo 7 días para el comienzo del debate.-
Este Tribunal entiende que persiste un riesgo concreto de fuga que no se apoya en la sola gravedad del delito.-
Se meritúa la naturaleza y gravedad del hecho atribuido, la complejidad de la causa e inminencia del debate oral fijado para los días 26, 27 y 30 de noviembre, habiéndose evaluado recientemente el trayecto institucional del joven y como ya se dijo en cP. XXXX "... teniendo en consideración que de la totalidad de los informes presentados por el Centro en el que el joven se encuentra alojado, y la totalidad de los profesionales que han intervenido han informado las necesidades de atención a su salud psíquica y psiquiátrica, con continuidad de los tratamientos, lo que amerita una mínima articulación en los términos previstos en la ley 15.571, lo que también le es debido (ver lo dispuesto por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil en las resoluciones del 22/6/2026 y 29/7/2026 en las actuaciones principales) " .-
Asimismo, en consonancia con el Tribunal a quo, se verifica subsistente el riesgo de obstaculización de la investigación y del debate, atento a la naturaleza de la prueba testimonial ofrecida para la audiencia, la cual comprende numerosos testigos, entre ellos personas menores de edad y testigos de identidad reservada, cuya integridad y declaración deben ser resguardadas.-
Como se dijera en oportunidad de resolver el anterior planteo de morigeración (c.P. XXXX), y si bien la Defensa propuso como lugar de alojamiento el domicilio de la abuela materna del joven, de los elementos incorporados no se ha logrado acreditar que la nombrada se encuentre en condiciones reales y operativas de ejercer dicho rol de control y acompañamiento permanente frente a las complejas problemáticas que atraviesa el adolescente.-
Compartiendo con el Tribunal a quo que la efectividad de un eventual arresto domiciliario descansaría en la mera autodeterminación del joven, sin haberse ofrecido ni acreditado ningún dispositivo o mecanismo de control externo que permita verificar y asegurar el cumplimiento de la medida y neutralizar los concretos riesgos procesales de fuga y entorpecimiento probatorio ya analizados.-
Por último, no puede soslayarse, y esto resulta determinante para el criterio expuesto en la presente causa, que el proceso ha avanzado hasta una instancia decisiva, encontrándose concluida la etapa investigativa, y fijado el debate oral para el día 26 de noviembre próximo.-
Esta circunstancia adquiere particular relevancia al momento de examinar la necesidad actual de la medida cautelar, dado que la situación procesal del joven imputado debe ser valorada atendiendo a la etapa concreta que atraviesa el proceso y a los riesgos que se procura neutralizar.-
En este contexto, la inminente celebración del debate oral no constituye una mera expectativa de realización futura del juicio, sino una circunstancia procesal concreta e inmediata que debe ser valorada conjuntamente con los indicadores objetivos de riesgo procesal, que conforme se señalara supra, aún subsisten.-
Ello, en tanto la eventual frustración de su realización por la incomparecencia del joven al debate, comprometería el normal desenvolvimiento de una instancia decisiva del proceso, luego de la actividad jurisdiccional desplegada para alcanzar su sustanciación.-
Por consiguiente, sin desconocer el carácter excepcional y restrictivo que rige toda privación de libertad durante el proceso penal juvenil, entiendo que, hasta tanto se celebre el debate oral fijado para los días 26, 27 y 30 de noviembre del corriente año, debe mantenerse la medida de coerción que viene cumpliendo el joven A. C. , por resultar en esta instancia procesal la única herramienta idónea, necesaria y proporcional para garantizar la sujeción del encartado al proceso y la normal realización del juicio.-
Sin perjuicio de ello, en estricto cumplimiento del deber de tutela reforzada y protección integral de derechos que impone el fuero especializado, corresponde encomendar a las autoridades del Centro Cerrado donde se encuentra alojado el joven que realicen las articulaciones interinstitucionales que pudieran corresponder con la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud Pública del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y/o con los organismos de salud municipales pertinentes, a fin de garantizar la plena continuidad de los tratamientos vinculados a su salud psíquica y psiquiátrica. Asimismo, deberá darse continuidad a la intervención del Centro de Referencia Departamental, con el objeto de incluir a los referentes familiares del encartado en programas específicos de acompañamiento, orientación y fortalecimiento familiar.-
Por todo lo expuesto, encontrándose debidamente fundada la resolución atacada y resultando insuficientes las medidas alternativas propuestas para neutralizar los peligros procesales vigentes en las vísperas del debate oral, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la defensa, confirmar el decisorio impugnado y disponer las comunicaciones y articulaciones institucionales señaladas.
Por los fundamentos expuesto, voto por la afirmativa.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SURGEN DIJO :
Adelanto que no he de compartir el voto de mi distinguida colega preopinante por los siguientes fundamentos que a continuación pasaré a exponer.-
En el caso, reviste trascendencia, los principios rectores aplicables, en el proceso penal juvenil.-
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, establece en el artículo 37, lo siguiente: "... Los Estados Partes velarán por que: ... b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda ...".-
Señalando a su turno el articulo 40 , lo siguiente: " ... 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad ...".-
De la normativa supranacional citada, deviene que la privación de la libertad de los menores, debe ser una medida de último recurso, reservada para delitos de extrema gravedad, que la misma debe tener la menor duración posible, siendo el fin de la pena, la rehabilitación del joven, esto es, que el mismo asuma una función constructiva en la sociedad.-
Del Precedente "Maldonado, Daniel Enrique", fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN), deviene que los menores, poseen todos los derechos y garantías constitucionales y convencionales, correspondientes a los adultos, así como también, los derechos especiales, otorgados por la normativa aplicable a su respecto, ello en la medida en que son seres en formación de su personalidad, que no cuentan con los recursos emocionales de los adultos, poseyendo en consecuencia una culpabilidad menor, en base a la cual debe graduarse la respuesta punitiva.-
Lo normado por el articulo 43 de la ley 13.634, resulta ser coherente como se dijera supra, con lo establecido por el artículo 37 inciso b) de la CIDH, las Reglas Mininas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), las cuales establecen en el articulo 2.2.a) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto; 13.1 1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible y 19.1. El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible.-
A su turno, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Jóvenes Privados de su Libertad, en su punto 2) establece: " Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales ...", señalando en el apartado 17, en la parte pertinente: "... En la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio...".-
Establecido lo anterior, no comparto que corresponda aplicar en el caso, el articulo 141 del C.P.P.. a efectos de computar los tiempos de detención que registra el acusado, el cual se encuentra previsto, para determinar la duración de la I.P.P., en el caso del proceso de adultos, privados de la libertad.-
Resulta indudable, que traspolar dicha normativa, al régimen de duración de la prisión preventiva, de un joven en conflicto con la ley penal, implica lisa y llanamente, la derogación del artículo 43 de la ley 13.634, la vulneración del principio de legalidad, el recurso a la analogía in malam partem, en un área tan sensible como es el derecho a la libertad, resultando contraria la resolución en crisis, al bloque de convencionalidad.-
A tal efecto, el articulo 43 de la ley 13.634, en la parte pertinente, establece lo siguiente: "La prisión preventiva no podrá exceder de ciento ochenta (180) días. Transcurrido este plazo, si no se hubiere realizado el juicio, el niño será puesto en libertad sin más trámite por el Juez de la causa, sin necesidad de requerimiento fiscal o de la defensa. Si por la complejidad de los hechos investigados o la pluralidad de presuntos autores el plazo establecido resultare insuficiente, el Juez podrá prorrogarlo, a requisitoria del Fiscal en forma motivada, por un plazo razonable que no podrá exceder ciento ochenta (180) días ...".-
A su turno, el articulo 1 del mismo ordenamiento legal, establece: "... Serán aplicables a las causas seguidas respecto a niños, en cuanto no sean modificadas por la presente Ley, las normas del Decreto-Ley 7425/68 (Código Procesal Civil y Comercial) y de la Ley 11.922 (Código Procesal Penal) ...".-
Resulta evidente, que el articulo 1 de la ley 13.634, prevee la aplicación supletoria del C.P.P., en tanto y en cuanto, no modifique el régimen especial.-
Los Sres. Jueces de origen, han modificado el tenor del artículo 43 de la ley 13.634, que establece taxativamente, la duración máxima de la prisión preventiva, en el caso en que no se ha celebrado el juicio oral y publico, utilizando para ello el articulo 141 del C.P.P., desnaturalizando el régimen penal especializado, en un área tan sensible, como es la privación de la libertad del joven, la cual debe ser el último recurso y durar durante el menor tiempo posible.-
A mayor abundamiento, el articulo 48 de la ley 13.634, establece : "Cuando hubiere detenidos el término para realizar la investigación no podrá exceder de ciento veinte (120) días a partir del inicio de las actuaciones. El Agente Fiscal podrá solicitar al Juez de Garantías del Niño la ampliación del plazo anterior, teniendo en cuenta la complejidad del hecho o número de autores o partícipes. Dicha ampliación no excederá en ningún caso sesenta (60) días".-
Del análisis de la norma de mención, deviene que el fuero especializado, no contempla descontar en los términos fatales de duración de la I.P.P., el tiempo que insumió la tramitación de los recursos y/o las diligencias de producción de prueba, razón por la cual, se deroga pretoriamente el régimen especializado, priorizando la aplicación de la normativa de adultos, en perjuicio del acusado.-
El principio de legalidad, merece consagración normativa en el articulo 18 de la C. Nacional, encontrándose el mismo difuminado en el bloque de convencionalidad, por ejemplo, en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo una de sus derivaciones, el principio de máxima taxatividad legal, el cual impide aplicar el recurso de la analogía en perjuicio del acusado.-
A mayor abundamiento, resulta ser una ficción, considerar que el joven C. , no estuvo privado de su libertad, durante el tiempo que insumió la tramitación de los recursos y/o la producción de diligencias de prueba.-
Se encuentra establecido, que el causante, fue privado de su libertad, el día 01 del mes de Noviembre del año 2.025, permaneciendo en tal estado hasta la fecha, habiéndose excedido el plazo de un año, contemplado por el articulo 43 de la ley 13.634.-
Que en la misma linea argumental, no puede enrostrarse el ejercicio de un derecho, en perjuicio del acusado.- En efecto, el artículo 8 inciso 2, apartado h), de la CADH, consagra el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, estableciendo a su turno el articulo 25 inciso primero de la misma Convención : "... 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales ...".-
Los Señores Jueces de la instancia de origen en la resolución en crisis, consideran que el ejercicio del derecho a la protección judicial y al doble conforme, de rango convencional, deben ser valorados en perjuicio del acusado.-
Que aún recurriendo a la aplicación de la ley 11.922, resulta inaplicable al caso, lo normado por el articulo 141 del código ritual, en la medida en que el articulo 3 del mismo ordenamiento, establece: "Toda disposición legal que coarte la libertad personal, restrinja los derechos de la persona, limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código o que establezca sanciones procesales o exclusiones probatorias, deberá ser interpretada restrictivamente".-
En abono de lo señalado, se cita la Causa N° 103777,caratulada "CARDOZO GERALDINE CRISTAL S/ RECURSO DE QUEJA (ART 433 CPP, sentencia dictada por los Sres. Jueces de la Sala I del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos, en fecha 06-05-2.020, en cuanto estableció en la parte pertinente: "... Ciertamente, el art. 43 de la ley 13634 en relación a la prisión preventiva, fija su plazo en ciento ochenta días (180) prorrogables por un tiempo igual a petición del Ministerio Fiscal bajo ciertas condiciones. Cumplido el término, la libertad del joven se ordenará de inmediato. Las medidas de coerción, por la especialidad del fuero, se rigen por un marco normativo signado por principios específicos superadores en los niveles de exigencia respecto al derecho penal de adultos. El art. 40.3 de la Convención de los Derechos del Niños (arts. 31 y 75inc. 22° C.N.), establece el principio de especialidad en materia penal infanto-juvenil, en los siguientes términos: "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes", resolviendo finalmente: "... Hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, hacer cesar la medida de coerciónvigente sobre Geraldine Cristal Cardozo, debiendo el Tribunal n° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil disponer el aseguramiento del tratamiento propuesto, que será objeto de continuo control y vigilancia ...".-
Que en virtud de lo supra expuesto, considero que se ha producido la caducidad de la prisión preventiva, debiendo en consecuencia, ordenarse la inmediata libertad del causante (art. 43 de la ley 13.634, en relación al articulo 37 inciso b) de la CIDN).-
Así lo Voto.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO :
Voto en igual sentido que la Dra. Almeida por análogos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ALMEIDA DIJO :
Atento lo resuelto en la cuestión precedente corresponde confirmar -por mayoría- la resolución de fecha 27/10/2026 que NO HACE LUGAR al cese de la prisión preventiva y/o su atenuación peticionados por la Defensa particular en favor del adolescente A. E. C. , MANTENIENDO la medida de coerción impuesta al adolescente A. E. C. hasta tanto se celebre la Audiencia de Debate -26, 27 y 30 de noviembre de 2026- y se dicte la sentencia correspondiente, debiendo continuar su cumplimiento en el Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria de Mar del Plata.-
Así lo voto.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SURGEN DIJO :
Voto en igual sentido por los mismos fundamentos.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO :
Voto en igual sentido por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 19 de noviembre de 2026 .-
Confirmar -por mayoría- la resolución de fecha 27/10/2026 que NO HACE LUGAR al cese de la prisión preventiva y/o su atenuación peticionados por la Defensa particular en favor del adolescente A. E. C. , MANTENIENDO la medida de coerción impuesta al adolescente A. E. C. , hasta tanto se celebre la Audiencia de Debate -26, 27 y 30 de noviembre de 2026- y se dicte la sentencia correspondiente, debiendo continuar su cumplimiento en el Centro Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria de Mar del Plata. (arts. 12, 37 y 40 C.D.N., arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., art. 141 del C.P.P., arts. 1, 3, 6 bis, 36 inc. 7, 43, 44 y 78 Ley 13.634, arts. 2, 7, 13, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 Ley 15.571).-
Regístrese, hágase saber electrónicamente a las partes técnicas y devuélvase inmediatamente las presentes las presentes actuaciones a la instancia de origen donde deberán practicarse las restantes notificaciones.-
Firmas
Funcionario firmante: ALMEIDA Marcela Fabiana - JUEZA
Funcionario firmante: SURGEN Daniel Oscar - JUEZ
Funcionario firmante: BULESEVICH Laura Alicia - JUEZA
Funcionario firmante: COSTA Romina - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 664-2026
Fin de la sentencia