Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 179.820
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por la Dra. Andrea Elisabet Rodríguez, como apoderada del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) el 13/12/2023 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada el 5/12/2023.
II. Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA
EXPEDIENTE N° 179.820 Juzgado de Familia N° 2 “LEGUIZAMÓN LUNA VICTORIA S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA – Cuadernillo del art. 250 del CPCC”
Mar del Plata
Los presentes autos caratulados: “LEGUIZAMÓN LUNA VICTORIA S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA – Cuadernillo del art. 250 del CPCC”, traídos a despacho para resolver el recurso de apelación articulado por la Dra. Andrea Elisabet Rodríguez, como apoderada del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) el 13/12/2023, contra la resolución dictada el 5/12/2023. El recurso fue fundado el 29/12/2023, y contestado por el Sr. Juan Ángel Leguizamón, patrocinado por la Dra. María Luisa Fux -Defensoría Oficial N° 4- el 14/2/2024. La Dra. Silvia Fernández -Asesoría de Incapaces N° 1- EL 26/2/2024 adhirió a los fundamentos expuestos por el Sr. Luna.
I. En el auto atacado, la Jueza de Familia señaló que, conforme al contenido del acta de la audiencia del 15/11/2023 con los progenitores de Luna, era imperiosa la necesidad de garantizar el derecho personal y fundamental a la salud que asistía a la nombrada y, en consecuencia, decretó una medida innovativa y ordenó a la Obra Social PAMI que procediera a la cobertura del 100% para la compra de audífonos para Luna Victoria Leguizamón, y dispuso el libramiento de oficio al citado Instituto.
II. La recurrente opone al progreso de la presente acción la excepción de previo y especial pronunciamiento prevista en el inc. a) del art. 31 de la ley 7718, art. 345 inc. 1º del CPC, fundada en lo previsto por la ley 19.032 de creación del Instituto, que en su art. 14 establece: "El Instituto está sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor", es decir, que legalmente se encuentra determinado el ámbito jurisdiccional donde éste puede ser demandado. En apoyo a su postura cita jurisprudencia. Sostiene que la resolución apelada le causa un gravamen irreparable a su parte, y a fin de cumplir la medida cautelar ordenada solicitó que se presentara en la Coordinación Medica de esta UGL XI: Pedido médico; documentación de la afiliada; audiometría; Formulario Anexo IV. Agrega que no obstante haberse notificado del auto apelado y de su presentación, el Sr. Leguizamón no cumplió con la documentación requerida para dar curso al trámite administrativo.
Destaca que el PAMI es un organismo de derecho público no estatal que se encuentra inmerso en mecanismos de control de legalidad internos y externos, y es de cumplimiento imposible brindar una prestación sin presentar la documentación correspondiente.
En cuanto a la verosimilitud del derecho, se refiere al sistema solidario adoptado por el Instituto; que a todos los que perciben haberes previsionales (de Anses), jubilaciones y pensiones se les retiene un porcentaje en concepto de Obra Social, y la alícuota retenida es igual para todos los ciudadanos, quienes reciben la misma calidad prestacional. Afirma que no se justificó ni se probó que se haya negado su petición, diferenciándola con respecto a otros enfermos con similares patologías, y que no es arbitrario sostener un sistema reglamentario de adjudicación de recursos.
Manifiesta que no se puede considerar acreditado el peligro en la demora, toda vez que los hechos relatados no dejan entrever que puedan provocar un daño irreparable, y no se puede soslayar que lo que aquí solicitado es la falta de provisión de un insumo médico que le será otorgado. Peticiona que se revoque la resolución atacada, y expresa que no obstante, y en virtud de la medida judicial dictada, aguarda la presentación de la documentación correspondiente. Por último, plantea el caso federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
III. En la contestación del recurso, el Sr. Leguizamón manifiesta que no es correcto lo expuesto sobre el incumplimiento de los trámites administrativos tendientes a la cobertura del audífono, ya que efectuó reclamos ante el Pami desde el año 2017, y para acreditarlo acompaña comprobante de inscripción en el padrón de audífonos, con estado de espera en el PAMI desde el 16/05/2017. Asimismo, adjunta copia de la resolución del Juez Alfredo Eugenio López, Titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata (autos: “Leguizamón Juan Ángel y otro s/ Ley de Discapacidad”) en la que se dispuso ampliar la medida cautelar decretada, y ordenó a Pami que, a partir de la recepción del presente, procediera a otorgar la cobertura en un 100% a su cargo (atento a la condición de discapacitado debidamente acreditada) de Audífonos WIDEX DREAM 440 para ambos oídos, con moldes siliconados y ventilados (de diciembre/2017). Expresa que del Informe Pericial que obra en la causa surge, que Luna presenta un cuadro de "Cromosomopatía. Trisomía 21, Síndrome de Down" desde su nacimiento, y requiere de cuidados permanentes como la alimentación, higiene, concurrencia a los controles médicos, educacionales y asistencia por no tener autonomía para trasladarse por sí sola, ni administrar bienes que comprometan su patrimonio. Se destaca, también, que la joven tiene vulnerado el acceso a la salud, educación y socialización, al no poder contar con los audífonos sugeridos por sus médicos tratantes.
En cuanto a la vulnerabilidad del derecho a la educación de Luna, acompaña informe escolar de la Asociación Manuel Belgrano, donde concurre la causante, en el que se explican claramente las dificultades que padece a la hora del aprendizaje, las que se agravan por la falta del audífono indicado. Adjunta documental y solicita que se confirme la resolución apelada.
El recurso no puede prosperar.
1. En relación a la incompetencia alegada por la apoderada del Pami, cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 827 del CPCC, los jueces de Familia tendrán competencia exclusiva, en las siguientes materias: inc. n) Declaración de incapacidad e inhabilitaciones, sus rehabilitaciones y curatela; ñ) Guarda de personas; y o) Internaciones. De esta manera, será competente para entender en medidas como la aquí dispuesta, el juez interviniente en el proceso principal de restricción de la capacidad, que es el correspondiente al domicilio o residencia de la persona en cuyo interés se promueve el proceso o del lugar de su internación (arts. 36 del CCyC y 5 inc. 8° del CPC). Ello, sin perjuicio de que en esta materia cautelar rige lo dispuesto por el art. 196 del CPC, en cuanto a que cualquier magistrado puede decretar la medida en caso de urgencia, sin perjuicio de remitir las actuaciones al juez que le correspondiera intervenir (conf. (GUAHNON, Silvia V., Medidas cautelares y provisionales en los procesos de familia, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2016, p. 456).
2. La ley 26.378, que aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, dispone que los estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y por lo tanto "(...) exigirán a los profesionales de la salud que les presten atención de la misma calidad que a las demás personas, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad; que impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud por motivos de discapacidad" (conf. art. 25).
La ley Nacional de Salud Mental (26.657), prevé en su art. 1 que “la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional…”. En el art. 7, el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos: a) recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud; (…) d) a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria…”.
Por otra parte, la ley 24.901 es clara en cuanto a las prestaciones básicas de atención integral que las entidades comprendidas en el art. 1 de la ley 23.660 tienen a su cargo respecto a sus afiliados con discapacidad (conf. arts. 1 y 2), y entiende por tales a quienes padezcan una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral (conf. art. 9 que remite al art. 2 de la ley 22.431).
3. En este caso, de la documental adjuntada por la Defensoría N° 4 en la contestación del recurso, surge que el Hospital Italiano (CABA) informó que Luna Leguizamón padece hipoacusia mixta de leve a moderada en oído derecho y moderada en oído izquierdo. Se realizó una prueba de audífonos que se adecúen con los requerimientos de ganancia de la pérdida auditiva y se valoraron las respuestas de percepción del habla. Asimismo, se realizó audiometría tonal con auriculares de inserción, y se midieron distintos audífonos (del 24/4/2017). En forma posterior, señalaron que con los audífonos Widex Dream Micro 440 se observaron mejores respuestas en relación a la identificación de los sonidos del habla, así como también respuestas más rápidas y seguras. Por ello, y considerando que los audífonos seleccionados contaban con características únicas de diseño y electroacústicas que respondían a las necesidades particulares de Luna Leguizamón, indicaron el equipamiento biaural con audífonos WIDEX DREAM MICRO 440 PARA AMBOS ~OS, con moldes siliconados y ventilados (se adjuntaron los estudios realizados).
Se acompañó, también, el comprobante de inscripción en el padrón de audífonos en PAMI, con fecha de Inicio el 16/5/2017, y el informe de la escuela especial (Asociación Manuel Belgrano) a la que concurría Luna, en el que se mencionaron las dificultades en el aprendizaje y su rendimiento, relacionado con la deficiencia auditiva que interfiere en su comunicación. Consideraron importante el equipamiento con audífonos para ambos oídos para equilibrar la pérdida auditiva, mejorar el lenguaje en todos los aspectos, su situación pedagógica y su inserción en la vida cotidiana en general (de septiembre/2018). Por último, se agregó copia de la resolución dictada por el Dr. López (Juez Federal) que amplió la medida cautelar decretada y ordenó la cobertura de los audífonos prescriptos por los médicos tratantes.
En la audiencia celebrada el 15/11/2023, los progenitores de Luna se refirieron a los aspectos de su vida cotidiana, y manifestaron que era asistida de manera diaria por su familia, que concurría todos los días al Centro de Día "El portal del Sol" y que la única dificultad que tenían era que la Obra Social PAMI no les cubría los audífonos que su hija necesitaba para tener una mejor calidad de vida así como ningún tratamiento que permitiera su avance.
4. De los antecedentes reseñados se desprende que Pami no puede negarse a autorizar la cobertura de los audífonos indicados para la patología que padece Luna, máxime cuando -contrariamente a lo afirmadoel pedido fue iniciado por el progenitor en mayo de 2017; en diciembre del mismo año el juez federal ordenó su cobertura al ampliar la cautelar decretada, y esta medida fue reiterada a través de la resolución apelada (5/12/2023).
Teniendo en cuenta, entonces, que se formuló un pedido concreto con la documentación pertinente, y que se dictaron dos resoluciones judiciales que ordenaron la aludida cobertura, es evidente que los argumentos ensayados por la recurrente no pueden servir de excusas para justificar el incumplimiento por parte de Pami, sobre todo porque desde el inicio del trámite hasta la fecha transcurrieron 7 años.
No cabe duda que para la obra social es un problema de costos, y en realidad, el derecho a la salud no debe evaluarse dentro de esos parámetros, por lo cual la conducta del Instituto de no otorgar la prestación que la causante necesita para mejorar su calidad de vida, no está ni podría estar amparada por la normativa vigente, pues la coloca en una situación de absoluta vulneración de los derechos que le asisten como persona con padecimiento mental, los que se agravan día a día por la falta de los audífonos que su problema auditivo requiere, a pesar de que por su condición merece especial tutela y que se adopten en su favor las medidas necesarias encaminadas a su cuidado y protección.
Ello es así, pues sus derechos están resguardados de modo preferente, privilegiado, y el Estado, a través de todos sus poderes y organismos debe promover medidas de acción positiva para garantizar su concreta, real y efectiva tutela (art. 75 inc. 23 in fine, de la Constitución Nacional); esas medidas de fondo se completan e integran con una tutela procesal diferenciada (BERIZONCE, Roberto O., “Normas procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. Personas con capacidades restringidas”, en LL-2015-C-735; Revista de Derecho de Familia y de las Personas, noviembre de 2015, p. 175; esta Sala en causa N° 180.013 RSI-551-24 del 12/9/2024; entre otras).
5. Por todo lo expuesto, entendemos que se encuentran acreditados la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y la urgencia del caso que hacen procedente la medida establecida en salvaguarda del interés de Luna Leguizamón, al que debe darse prioridad en situaciones como la aquí planteada.
En consecuencia, la obra social Pami deberá cumplir -de manera urgente, sin más demoras- con la medida innovativa ordenada, esto es, la cobertura del 100% de la compra de los audífonos prescriptos para la patología que padece Luna Leguizamón.
Corresponde, entonces, rechazar el recurso de apelación intentado por la apoderada de Pami.
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas, y lo normado por el art. 75 incs. 22 y 23 CN; la Ley 24.901, 26.378 y 26.657; los arts. 34, y concds. del Cód. Civ. y Comercial; y los arts. 34, 36, 161, 195, 242, y concds. del CPCC RESOLVEMOS:
I. Rechazar el recurso de apelación articulado por la Dra. Andrea Elisabet Rodríguez, como apoderada del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) el 13/12/2023 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada el 5/12/2023. II) Las costas de alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
III. Transcurrido el plazo previsto por el art. 267 del CPCC, devuélvanse los autos al juzgado de origen.
Fin de la sentencia