Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 5420
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a los agravios expuestos por la parte actora, y en su consecuencia: a) revocar la sentencia apelada, solo en cuanto resuelve que en la especie ha operado el instituto de la cosa Juzgada; b) rechazar la demanda instaurada por Leguizamón Raúl contra Servicios Hospitalarios San Justo SA (“Clínica Solis”) por mala praxis médica por los argumentos expuestos.
2Imponer las costas generadas en ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).3°) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
LEGUIZAMON RAUL ALBERTO C/ SERVICIOS HOSPITALARIOS SAN JUSTO (CLINICA SOLIS) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
CAUSA NRO: 5420/1 JUZ CIV. NRO. 3 RSD: 65 /20 FOLIO NRO.: 1030
A los 14 días del mes de mayo de dos mil veinte, encontrándose los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera incluidos dentro de las previsiones de la Res. de Presidencia SCBA Nº 165/2020 (Secretaría de Personal), atento a lo que surge de las Resoluciones de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, (Nº 10/20 (art. 1º apartado 1b - b.1.1) y Nº 14/2020 (art. 7) - (Secretaría de Planificación) y Nº 2135/18) - (Secretaría de Servicios Jurisdiccionales), celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados “LEGUIZAMON RAUL ALBERTO C/ SERVICIOS HOSPITALARIOS SAN JUSTO (CLINICA SOLIS) S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (5420/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli – Dr. Posca- Dr. Pérez Catellaresolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 11 de marzo de 2019 la Sra. Juez de la instancia de grado resolvió rechazar la demanda promovida por Raúl Alberto Leguizamón contra Servicios Hospitalarios San Justo SA por resarcimiento de los daños y perjuicios. Impuso las costas a la parte actora que resulta vencida y regulo honorarios de los profesionales intervinientes.
Contra tal forma de decidir, con fecha 29 de marzo de 2019 se concedió libremente el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte actora.
Así las cosas, se elevaron las presentes actuaciones ante esta Alzada, siendo radicadas ante esta Sala Primera con fecha 01/10/2019. Una vez en condiciones, se pusieron los autos en secretaria para que exprese agravios el apelante –véase proveído de fs. 17/10/2019-, habiendo cumplido con dicha carga procesal el accionante mediante presentación electrónica de fecha 8/10/2019 –véase proveído de fecha 17/10/2019- y soporte papel de fs. 481/484 Con fecha 11/11/2019 - pto. II- se corrió el pertinente traslado de ley, el cual no recibiera réplica por la accionada –véase proveído de 28/11/2019-. Finalmente, pasaron los autos para sentencia (28/11/2019 pto. II), practicándose el sorteo de vocalía a fs. 574.
II. Fundamentación de los agravios de la parte actora Leguizamón Raúl De la atenta lectura de la fundamentación del recurso, se infiere que la parte actora se agravia –en lo medular- por el rechazo de la acción. Destaca que la sentencia de grado adolece de arbitrariedad y exceso ritual manifiesto. Que la misma ha sido resuelta bajo un sustento normativo inadecuado y ajeno a las constancias de autos. Que nada tienen que ver con el reclamo formalizado por esta parte y este expediente, la homologación del acuerdo alcanzado en el juzgado Nacional Laboral de Primera Instancia nro. 20, en tanto aquella tuvo por objeto arribar a una conciliación y dar por concluido el conflicto originado, cancelando mutuamente obligaciones propias de las relaciones “genuinamente” laborales, sin que se incluyera un su ámbito y alcance el reclamo de naturaleza civil por responsabilidad objetiva originada en el riesgo objetivo de las cosas.
Que los objetos de ambos procesos son diferentes. Que SS le ha otorgado al acuerdo arribado y homologado en sede laboral nacional una extensión que no le corresponde, incurriendo en un error de derecho y ajeno a las constancias de la causa, toda vez que en la instancia laboral se instó un reclamo por enfermedad de accidente fundado en la ley de riesgo 24457 y su cobertura indemnizatoria, planteando a su vez la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley citada con su sistema de derecho común incluyendo todos los daños y perjuicios originados por el evento lastimador. Que el suscripto denuncio el hecho nuevo admitido por la juzgadora consistente en el agravamiento de su lesión y daño originado justamente en la circunstancias de que por cuenta de la demandada persistió la ejecución de las mismas tareas sin variación alguna, viéndose obligado a acatar tales directivas, a lo que debe añadirse el hecho de que la clínica aun sabiendo su estado, le dio el alta médica, derivándolo a la atención de su obra social.
Manifiesta que por cuenta de dicha entidad le practicaron una resonancia magnética en la cual se evidencio una cronicidad de la patología, lo cual –entiende- puso al descubierto que la lesión persistía, la falta de exámenes apropiados y el aprovechamiento por la prestadora y demandada de la situación. Cita doctrina y jurisprudencia que entiende respaldatoria. Asimismo, mantiene la impugnación de la pericia médica. Respecto a las costas, destaca que cuenta con beneficio de litigar sin gastos y que respecto al hecho nuevo deben imponerlas costas a la parte demandada. Finalmente, apela los honorarios de sus letrados por bajo, solicitando su elevación.
LA SOLUCION
Centrados los agravios marco de esta instancia recursiva y que constituyen la materia de conocimiento de esta jurisdicción en la Alzada, me adentraré al tratamiento de los mismos. Asimismo, debo destacar que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
III. El Instituto de la Cosa Juzgada Que adentrándonos al tratamiento de los agravios de la parte actora, importa resolver, en primer término, si en la especie ha operado el instituto de la autoridad de cosa juzgada, ello atento a lo acordado por el actor en los autos caratulados “Leguizamón Raúl, c/ La Caja ART SA s/ acción accidente común Expte. Nro.: 2725/10 Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 21 de La Capital Federal”, conforme lo resolviera la Sra. Juez de la Instancia de grado.
Ahora bien, importa traer a la memoria que el principio de autoridad de la cosa juzgada responde a la necesidad de que el orden y la paz imperen en la sociedad, poniendo fin a los litigios y evitando que los debates entre partes se renueven indefinidamente.
Una sentencia tiene la condición de cosa juzgada y produce el efecto de tal cuando ya no es susceptible de recurso alguno. Es una cualidad de la sentencia, porque es algo más que se suma a la decisión para concederle una estabilidad jurídica de la que no estaba dotada al pronunciarla el magistrado. Asimismo, es doctrina receptada por nuestros tribunales que “el respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior” (CSJN, 18/6/98, ED, 180-78, en el mismo sentido, SCBA, 22/8/95, DJBA, 149-5783). Reiteradamente se ha pronunciado que la cosa juzgada es exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional”. El derecho reconocido por la sentencia firme constituye un bien incorporado al patrimonio del justiciable y de ser negado, en un ejemplo, por otra sentencia posterior, implicaría violar el art. 17 de la Const. Nacional (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Art. 163. Pág. 215/216. Comentado anotado y concordado. Ed. Astrea).
Por su parte, la jurisprudencia ha sentenciado que: “En ese sentido, es oportuno señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que “La estabilidad de la sentencia, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica –que prevalece aún ante la evidencia de un error- es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional…” (Conf.. Fallos 314:1353, entre otros). También ha expresado el Superior Tribunal que “…la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, busca amparar, más que el texto formal del fallo, la solución prevista en él…” (v. fallos 315: 1836), y que Poder Judicial de la Nación “…el carácter intangible de los pronunciamientos judiciales firmes no es ajeno a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 de la Constitución Nacional) pues la sentencia dictada de modo regular integra el debido proceso que dicha cláusula asegura -mediante las ventajas permanentes de la seguridad jurídica- a todos los habitantes del país (Fallos 315: 1930)....
(Plata, 31 de marzo de 2009. R.S. 2 T 181 f* 125/127 autos n° 12.128/05, caratulados: “Román, Marcelo J. c/ PEN s/ acción de amparo”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín Justicia Federal La Plata). Del mismo modo, nuestro Superior Provincial ha sentenciado que: “No resulta ocioso recordar también que tiene dicho esta Suprema Corte que, ante la necesidad de establecer cuáles son los elementos que permiten determinar si, efectivamente, en un caso se pretende volver sobre algo ya resuelto por la jurisdicción o si se trata en verdad de una controversia distinta conforme a la teoría de la identidad de cuestión, el juez no se encuentra atado a fórmulas legales que definan los requisitos de la cosa juzgada; sino que previo examen integral de las dos contiendas debe estar facultado para determinar si por tratarse del mismo asunto o si, por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiaridad, la jurisdicción no debe correr el riesgo de ser inducida a contradicción: no hay cosa juzgada si ambas contiendas pudieran coexistir; la hay, en caso contrario (conf. causas L. 36.385, "Zotarelli de 5Almendariz", sent. del 28-VII-1987; L. 44.159, "Martínez vda. de Pereyra", sent. del 13-XI-1990; L. 66.992, "Arriondo", sent. del 20-IV-1999; L. 83.992, "Coria", sent. del 5-IV-2006).
(C. 117.198, "Rodríguez, Dardo J. contra La Pampa Cooperativa Agrícola Ganadera de Colonización y Consumo Limitada. Indemnización por daños y perjuicios". 01/07/2015).
Así las cosas, compulsado los autos principales, a fs.18/24 vta. se presenta el Sr. Raúl Alberto Leguizamón, iniciando demanda de daños y perjuicios contra Servicios Hospitalarios San Justo SA (Clínica Solis) por mala praxis.
En el capítulo destinado al relato de los hechos, destacó que la acción que ahora intentaba guarda inmediata e íntima relación con el reclamo formulado en su oportunidad a la “Aseguradora de Riesgos de Trabajo La Caja ART SA”, en razón de los daños ocasionados por una enfermedad accidente ocurrida por causa exclusiva y en ocasión de realizar su trabajo habitual, en relación de dependencia con su empleadora Rubén Antonio SRL y desde el año 2002, luego de haber ingresado sin afecciones que le impidieran la realización de las tareas a ejecutar.
Del mismo modo, manifiesta que realiza tareas de esfuerzo constante como estibador de cajas y bolsas de frutas y verduras en el Mercado Central de Buenos Aires. Que el trabajo de estibador de bultos de por si es un trabajo de esfuerzo superior a lo normal, que consiste en levantar del piso los cajones y bolsas con productos agrícolas, una vez bajadas de los camiones que traen mercadería, descargándolas y luego ingresándolas al local de su empleador. Aclara que el peso de las bolsas o cajones es de 50 o 60 kg, lo cual ha ido minando su físico hasta comenzar a padecer de fuertes dolores en la columna vertebral, hasta que a fines del año 2005 y ante la negativa de la ART a continuar atendiéndolo de la lumbalgia atribuyéndole el carácter de patología inculpable, prosiguió atendiéndose en su Obra Social.
Continuó su relato, argumentando que le practicaron una Resonancia Magnética en el Sanatorio Güemes de Ciudad de Buenos Aires, el cual arrojó como resultado “una degeneración fibrosa de disco intervertebral L5 S1 con franca profusión discal, medial y lateral derecha, según informe del 27/12/05”, lo que a raíz de ello motivara su denuncia a La Caja ART bajo siniestro 24633. Que a raíz de las patologías lumbares que comenzaron a afectarle, y luego de la formulación de denuncia de siniestro, era derivado por su ART a su prestador médico en la jurisdicción “Servicios Hospitalarios San Justo SA Clínica Solís”, quienes han tratado su patología como “Lumbalgia Post esfuerzo”.
Que el día 24/10/2005 formuló nueva denuncia por siniestro a la Aseguradora, quien contestó que había sido aceptada la patología aguda (lumbalgia aguda), por lo que su ART estaba brindando las prestaciones correspondientes, como así también que se había detectado una patología crónica y de carácter inculpable (L5-S1) Signos de deshidratación discal con presencia de hernia posteromedial derecha con radiculopatia crónica, la cual no guardaba relación causal con el accidente denunciado, derivándolo a su obra social. Que sin perjuicio de no habérsele otorgado tratamiento alguno y persistiendo efectos negativos, formulo nueva denuncia de accidente el 3/11/2006, el cual mereció igual respuesta el día 30/11/2006.
Que en consecuencia, y tal como resultara de las constancias, inició un expediente por resarcimiento de daños y perjuicios con invocación del derecho común contra “La Aseguradora de Riesgo de Trabajo La Caja ART”, quien habría persistido en la postura de patología inculpable. Es así, que en los autos caratulados: Leguizamón Raúl, c/ La Caja ART SA s/ acción accidente común Expte. Nro.: 2725/10 Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 21 de La Capital Federal, fue sometido a examen médico previo por parte de la Aseguradora y ante el ofrecimiento puntual de reconocimiento y tasación de daño indemnizatorio, fue transado el reclamo en el suma de $35.000. Finalmente, destaca que en dicha transacción se le ha reconocido solo el 15% de incapacidad de la total obrera, por lo cual habiendo reclamado inicialmente una incapacidad del 25%, entiende que el resarcimiento percibido no cumple con los principios de reparación integral.
En suma, luego de relato pormenorizado de los hechos, precisó que la presente demanda de daños y perjuicios dirigida contra Servicios Hospitalarios San Justo SA Clínica Solis, resulta por ser la responsable del agravamiento de la patología de la que padece por no haberle brindado el tratamiento adecuado. Refiere que fue tratado y diagnosticado por el profesional con ligereza sin analizar o pedir los estudios complementarios de imágenes, dándole no más de uno o dos días de reposo, ni se le ordenaron la ejecución de prácticas de rehabilitación. Asimismo, que tampoco se le habría prescripto la ejecución de tareas livianas en forma definitiva, lo cual habría impedido –entiende- que se agravara el cuadro de lumbalgia aguda post esfuerzo.
Por otra parte, tengo ante mi vista los autos caratulados “Leguizamón Raúl Alberto c/ La Caja ART SA s/ accidente acción civil (2725/2010), en los cuales a fs. 5/16 obra glosada la demanda, exponiendo el accionante que inicia la misma contra la Caja ART SA por reconocimiento y pago de la indemnización que le correspondía en concepto de enfermedad accidente, ley 24557. Continúo su relato manifestando que la acción la ejercía con invocación de las normas del derecho común, tratándose de una actividad riesgosa la que desempeña y cubierta por la aseguradora de riesgo de trabajo, ya denunciada como demandada, que conforme a las disposiciones de la ley 24557 cubre los accidentes y enfermedades accidentes ocurridos.
Asimismo, expuso que “reclama a la Aseguradora de riesgo de trabajo el resarcimiento de los daños ocasionados, todo ello en razón de que la omisión voluntaria de la Caja ART SA, de su obligación de control, verificación y exigencia a la empleadora de las medidas de seguridad adecuadas al riesgo corrido por el personal”.
Corrido el pertinente traslado de ley, a fs. 30/47 vta. contestó demanda la Caja Aseguradora de Riesgo de Trabajo, quien en lo medular, refirió que conforme el contrato de afiliación celebrado con el demandado, la Caja ART se obligara únicamente a brindar solo las prestaciones establecidas por el régimeny siempre que las partes se sometieran a los procesos previstos en ella-, pero de ninguna manera extendería la cobertura a los daños derivados de la responsabilidad emergente de la responsabilidad objetiva y subjetiva de los arts. 1109 y/o 1113 CC. Planteo falta de legitimación pasiva, por resultar una patología inculpable, opuso excepción de prescripción y subsidiariamente contestó demanda, manifestando que habría cumplido con todas las obligaciones a su cargo, brindando en tiempo y forma todas las prestaciones médicas apropiadas y ha hecho frente a las demás obligaciones según las resultas del procedimiento dispuesto en la LRT.
Sin perjuicio de ello, a fs. 72/72 vta. las partes formularon un acuerdo transaccional y solicitaron su homologación. En dicho acuerdo expusieron que la demandada había constatado que Raúl Alberto Leguizamón presentaba una patología de carácter laboral comprobada, consistente en lumbociatalgia, Lasegue positivo derecho, disminución de fuerza homolateral, dificultad en la marcha, la cual le ocasionaba una incapacidad laboral del 15 % de la T.O, según baremo decreto 659/96 y de acuerdo con el certificado médico adjunto con ese convenio. Que, al solo efecto conciliatorio, sin reconocer hechos ni derechos, la aseguradora ofrecía abonar la suma de treinta y cinco mil pesos ($ 35000) y que por su parte, la actora expresaba que aceptaba de plena conformidad el ofrecimiento de pago formulado por “La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.” como suma imputable a la enfermedad accidente denunciada y que desistía de los demás rubros reclamados en las presentes actuaciones. Que, asimismo el actor manifestaba que una vez hecho efectivo el pago del importe mencionado, nada más iba a reclamar la aseguradora por ningún motivo, rubro o concepto emergente o vinculado con el accidente denunciado y que fuera objeto del presente juicio y que desistía de cualquier acción y o derecho que pudiera corresponderle ( véase fs. 72 y fs.73/76 informe de evaluación de incapacidad física de la lumbociatalgía, Lasegue positivo derecho, disminución de la fuerza homolateral y dificultad en la marcha). Dicho acuerdo resulto homologado a fs. 78 y a fs. 80 se adjuntó la boleta de depósito por la suma de $ 35000, constando a fs. 80 vta que el 2 de noviembre de 2010, Raúl Alberto Leguizamón retiró el cheque Nro. 2494248-9 por ese importe. Ahora bien, del relato de los hechos considero que en las presentes actuaciones, no se encuentra configurado el instituto de la cosa juzgada, toda vez que –a ver de este sentenciante- no correspondía en la especie analizar los alcances de la sentencia homologatoria dictada en el fuero laboral y dar por juzgada determinadas cuestiones que ni siquiera habían sido puestas a consideración de dicho sentenciante.
No comparto el criterio de otorgar el valor de cosa juzgada a cuestiones que se han definido en dicho ámbito laboral (en el marco de su legislación), y de tal forma cerrar el debate y definición de los presupuestos propios de la responsabilidad civil por mala praxis médica.
El objeto reclamado en uno y otro caso son sustancialmente distintos, pues tal como lo he destacado en el relato de los hechos en el proceso laboral se ha reclamado a la Caja ART por: “el resarcimiento de los daños ocasionados, todo ello en razón de que la omisión voluntaria de la Caja ART SA, de su obligación de control, verificación y exigencia a la empleadora de las medidas de seguridad adecuadas al riesgo corrido por el personal”, mientras que en las presentes actuaciones, se ha demandado a “Servicios Hospitalarios San Justo SA Clínica Solis”, por supuesta mala praxis durante el tratamiento practicado al actor, como así también por la falta de recomendación de tareas livianas, cuya omisión entiende el accionante, fue la causa directa del agravamiento de su patología.
Asimismo son diferentes los presupuestos fácticos indispensables para configurar la responsabilidad de los demandados en relación a cada una de las referidas pretensiones; en el caso bajo estudio, si bien la responsabilidad de la Clínica Solis demandada –de comprobarse- seria directa y objetiva, previa acreditación de la culpa del galeno, para quedar dinamizado el funcionamiento del deber de garantía y seguridad de la accionada, lo cierto es que debe acreditarse –en principio- los rostros de la culpa, es decir: la negligencia, la imprudencia y la impericia.
Por otra parte, si bien es cierto que la existencia de la patología, su agravamiento, como la incapacidad que afecta al actor, fueron resarcidas en sede laboral, previo acuerdo conciliatorio, encuadrado –por S. S.- en el concepto de "cosa juzgada", es cierto también que, como venimos viendo, la acción civil dirigida contra Servicios Hospitalarios San Justo SA “Clínica Solís” ofrece particularidades propias que la llevan a erigirse en una acción autónoma para cuya viabilidad deberán tenerse en cuenta los presupuestos básicos de toda responsabilidad de la misma especie: esto es autoría, relación de causalidad entre el hecho y el daño y factor de atribución, que llevan o no, en su caso, a la condena de la demandada. Todos tópicos que no fueron evaluados en sede laboral, máxime cuando en dicha instancia laboral la demandada de autos no ha participado en dicho proceso y los dos juicios laborales por enfermedad accidente finalizaron con sendos acuerdos conciliatorios homologados judicialmente, según constan en los mismos, sin que finalizaran normalmente mediante una sentencia dictada por un tercero imparcial e independiente, que es la figura del juez. De este modo, no han sido valorados los hechos ni las pruebas ofrecidas por las partes en esos dos juicios, ni el derecho aplicable por el juez de la causa. Es más, en dichos acuerdos los demandados manifestaron expresamente que concilian, sin reconocer hechos ni derecho alguno.
En suma, considero que importa una errónea interpretación de los alcances que brinda el juzgador civil a los acuerdos homologatorios dictados en sede laboral; por lo cual la acción de autos, dirigida en los términos expuestos por el actor, y las defensas oportunamente opuestas por la demandada, conducía inexorablemente a la evaluación y elucidación de los extremos que, en su caso, concluyeran o no en la condena de la accionada.
Del mismo modo, la causa petendi, aún condicionada por circunstancias invariables, es distinta en uno y otro proceso, por lo cual –reiteroque en la instancia de grado debieron haberse evaluado los presupuestos propios de la responsabilidad civil comprometida, y no desplazarse el entendimiento de tal materia con el argumento de mediar cosa juzgada sobre la misma. Además, no habría tampoco identidad de sujetos ni de objeto para quedar configurada la cosa juzgada.
Por dichas consideraciones, corresponde en la especie dar tratamiento a la pretensión del actor en su escrito de inicio contra la parte demandada, a los fines de verificar si se encuentra acreditada la responsabilidad de la accionada por mala praxis y revocar la sentencia de primera instancia que aplica improcedentemente el instituto de la cosa juzgada.
IV. ¿Habría Responsabilidad civil de Servicios Hospitalarios San Justo SA.?. El contrato o estipulación a favor de tercero. Su encuadre jurídico Dispone el art. 504 de Cód. Civ., que si en la obligación se hubiere estipulado alguna ventaja a favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación., si lo hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada Es un contrato o convenio en virtud del cual uno de los intervinientes -en nuestro caso- Servicios Hospitalarios San Justo S. A. se compromete con el otro: La Caja de Ahorro y Seguros A.R:T:, a satisfacer una prestación a favor de un tercero (este último como beneficiario de la asistencia y prestación médica).
Se denomina promitente a quien queda obligado al pago de lo prometido (la parte demandada), estipulante a quien conviene con aquél la promesa; y beneficiario al tercero a cuyo favor el primero queda obligado. El beneficiario (el actor) es el acreedor de la obligación respectiva, pese a no ser parte en el contrato que constituye la causa de su creadito contra el deudor o promitente. También en el mismo sentido, habría otro contrato a favor de terceros, que tiene su origen o causa fuente en la relación jurídica contractual entre la demandada y el profesional de la salud (medico) contratado por ello ya sea en relación de dependencia o en forma autónoma, que presta asistencia y/o servicios médicos a favor de un tercero, que en este caso sería el actor (art. 504 del Cód. Civ.).
Como punto de partida debemos recordar que en torno a la responsabilidad de las clínicas –dice Bueres- que es objetiva, pues revelada la culpa del médico, dicha responsabilidad se torna inexcusable o irrefragable (queda de manifiesto la violación del crédito de seguridad, el establecimiento sanitario no puede probar su no culpa en la elección o en la vigilancia). Agrega, asimismo que está permitido a las clínicas probar la ausencia de culpa del facultativo, cuando estén en juego obligaciones de medios, puesto que aunque ese factor de imputación (la culpa) no hubiere de proyectarse reflejamente sobre la entidad, su prueba en sentido negativo impedirá el nacimiento de la obligación de seguridad por falta de una exigencia: la culpa del médico. Sin embargo, podrá la clínica tanto en los supuestos de obligaciones de medio como de resultado, hacer patente que el daño no es imputable a la culpa del galeno, sino que el daño proviene de un caso fortuito, con lo cual quedará destruida la relación de causa a efecto (Bueres Alberto J., Responsabilidad civil de los médicos, Tº I, Ed. Hammurabi, Bs. As., año 1.994, ps. 385/390). Por su parte, la obligación que asume el médico no es de resultado o determinada de curar al enfermo, sino solamente una obligación de medios, es decir que se compromete a atender al paciente con la debida prudencia y diligencia, actuando con cuidado y previsión. Por ello se ha declarado que: “cualquiera fuere la fuente de su obligación, contractual o aquiliana, el médico nunca puede prometer la conservación de la vida del paciente ni la extirpación de la dolencia; basta que actúe en la conducción de sus actos profesionales con la diligencia común a todo ser humano” (Cám. Nac. Civ. Sala c, 12/VI/1964, El Derecho Tº 8, p. 268, fallo 4428). Agregando Bustamante Alsina que debe poner en la ejecución de sus obligaciones todo el cuidado y la atención exigibles a su calidad profesional (Bustamante Alsina Jorge, Teoría General de la responsabilidad civil, pág. 456).
Se considera ejercicio de la medicina “anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronostico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o a la recuperación, conservación y preservación de la salud de las mismas y el asesoramiento público o privado y las pericias que practiquen los médicos, cirujanos o doctores en medicina.
En la actualidad se entiende que la responsabilidad médica, está sujeta a las reglas generales y el factor de atribución de responsabilidad correspondiente es la culpa, a menos que se trate de un caso particular en el que rija la atribución de responsabilidad objetiva.
El contrato de servicios médicos no es normalmente un contrato de obra, sino de servicios. En este sentido se pronuncia la jurisprudencia española, como también la francesa y la italiana, que parte de que la prestación del médico, dirigida a la curación del enfermo, es de actividad o de medios y no de resultado (Cabanillas Sánchez Antonio, Las obligaciones de actividad y de resultado, Ed. José María Bosch Editor S. A., España, Barcelona, año 1993, pág. 99). Philippe Le Tourneau opina que cada vez que la obligación sea de medios no basta al acreedor probar la ausencia de resultado para ser indemnizado, puesto que el deudor no había prometido ese resultado. El acreedor debe positivamente establecer que la inejecución de la obligación convenida obedece al hecho de que el deudor no se ha comportado con toda la diligencia necesaria, es decir, escrutar y apreciar su comportamiento (Le Tourneau Philippe, La Responsabilidad civil profesional, traducción Javier Tamayo Jaramillo, République Francaise, Ed. Dalloz, año 2.005, Legis Editores, A. a. Bagota, Colombia, año 2.006, p. 28).
V. La Historia clínica y la pericia médica. Valor y fuerza probatoria de las mismas La historia clínica es un instrumento médico legal imprescindible tanto para los profesionales de la salud y sus auxiliares, como también para el propio paciente, sus familiares y de relevancia jurídica a la hora de fallar en los supuestos de mala o buena praxis médica. Como dicen los doctores Ricardo Juan Boccacci y Daniel Adrián Crescenti, peritos médicos oficiales integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el documento de identidad de la salud de una persona, ya que recoge todos los informes escritos, estudios de laboratorio y de imágenes, tratamientos, y controles que se le han realizado. La Historia Clínica refleja todos los datos sobre la salud de esa persona: sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales (tabaco, alcohol, actividad laboral, etc.), enfermedades, etc. En ella queda recopilada la información sobre todos los momentos en que recibió atención médica. Agrega Alfredo Achával que la misma debe acreditar los medios, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, incluyendo en él las pautas de régimen de vida ambiental y acumulando elementos necesarios para el pronóstico y tratamiento. Con el enfermo el trabajo del médico es, en resumen, obtener el diagnóstico, el pronóstico y realizar el tratamiento, que no sólo es de medicaciones, como erróneamente se cree y aun se enseña, sino que es también de evolución, vigilancia o seguridad, seguimiento y cuidados. Se trata sin dudas de una prueba documental, de naturaleza médicolegal-administrativa y que desde la óptica puramente jurídica, es una prueba instrumental de suma importancia y relevancia a la hora de juzgar sobre la buena o mala praxis médica.
Una correcta Historia Clínica que avale la buena práctica de la medicina, es de vital importancia para eximir de responsabilidad al galeno. Así se sentenció en la causa "V. de F. R. c. Rosa, J., LA LEY, 1993-A, 155, E. D.- 8247-I, cit. por Juan M. Castellanos, en Buena y Mala Practica Médica, Ed. Alcotan S.A., Año 1996, pág. 42/43. Ello así, por cuanto, la historia clínica, si bien constituye un instrumento unilateral, da cuenta de las secuencias médicas acaecidas y resulta decisiva para esclarecer hechos como el juzgado en el caso; por lo tanto, y con mayor razón cuando se encuentra avalada y corroborada con la prueba pericial médica, que no enerva su contenido obligan a tener por cierto lo expresado en ella.
Según nuestra opinión los caracteres jurídicos de la historia clínica como documento o prueba instrumental serían los siguientes:
a) Personal: Ello significa que esa información por escrito de todo el proceso médico del paciente tiene que ser realizada, en forma y modo personalizado, por el profesional galeno interviniente en el acto médico, de su puño y letra con su firma y sello aclaratorio, ya sea el médico de cabecera o el que actuare. En suma, es un documento que debe llevar personalmente el médico tratante. b) Fidedigno: Pues constituye una información que emana por escrito del propio médico actuante, sea o no parte en el contrato. Significa aquella información que es digna de fe y de crédito, presumiéndose su buena fe, salvo prueba en contrario, sea directa o indirecta, esta última constituida por los indicios, graves, precisos y concordantes.
c) De tracto sucesivo: Ello significa que los actos médicos deben guardar un orden cronológico, pues todas las anotaciones o registraciones en la documentación deben complementarse con la fecha, hora y minutos si correspondiere, asimismo cada acto médico asentado debe relacionarse con el anterior y así sucesivamente, guardando coherencia entre los mismos al jugar un papel trascendente como en los casos de asistencia médica o traslado de pacientes por necesidad de mayor complejidad, cuestiones en los que pudiese responsabilizarse al médico por una mala atención en la demora o según su caso por la falta de congruencia, concatenación, enlace o conexión entre los actos médicos.
d) Confidencial: Significa que debe garantizarse la preservación del secreto médico, pues este último constituye un deber y una obligación del galeno, toda vez que la historia clínica no debe ser expuesta a quienes tengan otros intereses que no sean los puramente profesionales. El interés público, la seguridad de los enfermos, la honra de la familia, la responsabilidad del profesional exige el secreto. Revelarlo sin justa causa, causando o pudiendo causar un daño a terceros, es un delito previsto por el art. 156 del Código Penal. El secreto médico obliga a todos los que concurren a la atención del enfermo. e) Completo: Este carácter importa que la misma debe contener la mayor cantidad de datos posibles ya sea en sus aspectos de forma y de fondo, relacionados con cuestiones administrativas y médicas a la vez. En cuanto a su estructura, sus partes administrativas, demográficas, médicas, sociales, sus consentimientos, intervención de terceros, etc., debe ser lo más detallado posible para reflejar en sus asientos la verdad de lo acontecido y que haya una verdadera coincidencia entre lo sucedido durante el acto médico y su registro. f) Confiable: La información debe ser lo más verosímil posible y los procedimientos deben ser cronológicos de los acontecimientos médicos. Como también la documentación debe reflejar su acumulación en el proceso y no una deliberada elaboración posterior. Ergo, obsérvese que en los casos de los centros médicos de renombre presentan documentación más confiable por los propios mecanismos de auditoria y de control informático generalmente en combinación.
g) Contemporáneo: Ello significa que los asientos médicos que se registran deben necesariamente realizarse en la oportunidad en que se realice la práctica o acto médico y no después de un tiempo.
La historia clínica es un instrumento privado médico-legaladministrativo (art. 1.012 del Cód. Civ.), que obligatoriamente debe confeccionar y llenar el médico tratante del enfermo o el establecimiento sanitario privado o público, llámense clínicas u hospitales y excepcionalmente en algún fallo jurisprudencial se la ha considerado como un instrumento público (art. 979 inc. 2° del Cód. Civ.) cuando emana de un médico-funcionario público perteneciente a un hospital público.
Es un documento Médico-legal, pues: a) Se trata de un instrumento cuyo derecho al acceso es limitado. b) Puede considerarse como un documento de cuidados asistenciales. c) Es un elemento de prueba en los casos de responsabilidad médica profesional. Tiene un extraordinario valor jurídico en los casos de responsabilidad médica profesional, al convertirse por orden judicial en la prueba material principal de todos los juicios de responsabilidad médica, constituyendo un documento médico-legal fundamental y esencial de primer orden. En tales circunstancias la historia clínica, permite la evaluación de la calidad asistencial tanto para la apreciación judicial de la conducta del médico como para verificar si cumplió con el deber de informar, de realizar la historia clínica de forma adecuada y eficaz para su finalidad asistencial, puesto que el incumplimiento de tales deberes también constituye causa de responsabilidad profesional. d) Resulta ser un testimonio escrito "documental" de veracidad de declaraciones sobre actos médicos-clínicos y la conducta profesional. e) Instrumento sobre el cual se realizará durante la etapa probatoria el dictamen pericial médico, toda vez que resulta ser un elemento clave en la elaboración de los informes médico-legales practicados por los expertos —como verdaderos juicios de hecho— que será apreciado judicialmente por el Juez con el objeto de determinar la responsabilidad médica profesional. El objeto de estudio de todo informe pericial sobre responsabilidad médica profesional es la historia clínica, a través de la cual se valoran los siguientes aspectos: enumeración de todos los documentos que la integran, reconstrucción de la historia clínica, análisis individualizado de los actos médicos realizados en el paciente, personas que intervinieron durante el proceso asistencial, etc.
Es un documento administrativo: La historia clínica es un elemento fundamental desde su aspecto netamente administrativo para el control y gestión de la calidad de los servicios médicos prestados por sus profesionales, colaboradores o auxiliares de las instituciones sanitarias ya sean públicas o privadas.
Ahora bien, pasando revista a la H. C. (Clínica Solís – La Caja de Ahorro y Seguro A.R.T) acompañada en autos como elemento probatorio, de su lectura y estudio llego a la conclusión que la misma tiene validez probatoria, corroborada debidamente con la pericia médica a la cual más abajo me referiré, de conformidad con la aplicación de las reglas de la “sana critica” (art. 384 del Cód. Proc.), sobre la base de las siguiente fundamentación, a saber: a) Constan cronológica y sucesivamente las fecha de atención médica; b) el diagnostico; c) tratamientos aconsejados; d) radiografías tomadas al paciente; e) evaluación f) sesiones de kinesiología; g) Estudios de R.M.N.; H) Se realiza E.M.G.; i) Informes de kinesiología; J) en fecha 6/7/2.006 consta alta en la fecha. Paciente firma en conformidad. K) Consta agregada en autos la orden de autorización de prestaciones.
Se ha glosado en autos, la H. C. de la Obra Social del actor, que avalaría la asistencia médica del mismo brindada por la accionada.
Con el oficio librado al Sanatorio Güemes, que fue respondido en fecha 2/3/17, según recepción del Juzgado, se informa que el actor presenta ingreso por consultorios de resonancia nuclear el 27/12/05, expidiéndose copia de telex de turno.
Las historias clínicas mencionadas “ut supra” y que fueron objeto de consideración, se encuentran corroboradas por la pericia médica realizada, las explicaciones vertidas por el experto tanto por escrito como verbalmente en una audiencia celebrada a esos efectos por S. S.-
Así las cosas, el médico legista presentó su informe a fs. 355/364 y sometiendo a estudio y consideración el dictamen principal y las explicaciones vertidas por el mismo, llego a la conclusión de que dicha experticia en su conjunto gozan de valor y fuerza probatoria, en virtud de las siguientes razones jurídicas, a saber: 1.- Consta de un preámbulo o introducción en donde se consignan los datos de identidad del peritado y los antecedentes de autos. Me remito al Punto IV.- 2.- Examen -anátomo- clínico-funcional. Inspección de la columna. Palpación. Percusión. La fuerza. Con exposición en la cual se mencionan todos los datos, que recoge en el examen. Sus antecedentes, el estado actual, los resultados de los estudios previos de radiografías, los resultados de los medios auxiliares de diagnósticos etc.- 3.- En el ítems IV.- Consideraciones médico-legales, adecuando los conocimientos médicos y las normas jurídicas, sobre la base de los elementos de autos, examen –anátomoclínico-funcional, estudios previos complementarios, con descripción de su patología, con desarrollo de sus fundamentos técnicos-científicos. Discusión en la que se elaboran las razones de un diagnóstico. 4.- Conclusiones. Respuestas a los puntos periciales de la actora y de la demandada, que por honor a la brevedad me remito a la experticia.
En efecto, con referencia a dicha historia clínica, que considero fue llevada correctamente se vislumbra que:
02/04/2005: Paciente ficha: 1/21.671.066 Leguizamón Raúl Alberto, comenzando su atención el día 02/04/2005 habiéndose dejado constancia de: “Lumbialgia post-esfuerzo, sin contractura paravertebral, movilidad disminuida, lasegue bilateral negativa. RX lumbosacra (FyP) N°2950, discopatia L5-S1, escoliosis leve”
21/09/2005: lumbalgia post esfuerzo, maniobra de lasegue (+), sin contractura muscular, Dra. Figueroa. RX Lumbosacra (fyp) N° 88421, se solicita EMG con velocidad de conducción. Diclegesic 75 mg COMP.
23/09/2005: control, lumbalgia Dr. Zgajnar: se realiza EMG informe de estudio- Dr. Schuts el trazo EMG es compatible con lo normal. La Presencia de Pum Im Rico sugiere contractura muscular lumbosacra, a predominio L5, al examen no presenta contractura muscular, movilidad conservada. Lasegue negativo. Alta en la fecha.
25/10/2005 Lumbalgia post esfuerzo, 2° episodio en 20 días, se solicita RMN de raquis lumbosacra, se indica 10 sesiones de FKT Diclogesic 75 Comp. Informe inicial de kinesiología: Lic Tavalla: lumbalgia post esfuerzo, sesiones prescriptas 10. Tratamiento: IR, e analgesia, magnetoterapia, laserterapia, kinesioterapia, movilidad activa: raquis lumbar, flexión 50°. Resto conservado. Lasegue (-) bilateral. Contracturas lumbares derechas. Movilidad pasiva: completa…cito el 27/10/05 para FKT, control médico el 8/11/05 27/10/2005 realizo sesión de kinesiología, cito el 28/10/2005.
28/10/2005 realizo sesión de kinesiología, control lumbalgia, se realiza EMG, el trazado es compatible con lesión neurogena reciente sin denervación actual en L4-L-S1 de grado moderado en L 4 y leve en el resto. Asimismo, consta sesión de kinesiología 31/10/2005, 01/11/2005, 02/11/2005, 04/11/2005, 07/11/2005, 08/11/2005 fecha en cual se expresa que existió asistencia completa, colaboración buena movilidad activa raquis lumbar, mejoraron contracturas, persiste dolor. Paciente firma en conformidad con tratamiento kinésico recibido. Control lumbalgia, informe de RMN de columna lumbosacra: correcta alineación vertebral, cono medular de morfología y señal normal L5 S1: signos de deshidratación discal con presencia de hernia posteriomedial derecho que borra la grasa epidural del sector anterior del canal y toma contacto con saco tecal y la raíz S1 derecha.
“9/11/2005 se realizó sesión de kinesiología, se indicó 5 sesiones de kinesiología: 10/11/2005, control 16/11/2005, sesión 11/11/2005, 14/11/2005, 15/11/2005, informe: asistencia completa, colaboración buena, mejoraron contracturas, continúa dolor paravertebral, se le indicaron nuevas 5 sesiones de kinesiología, nuevo control 23/11/2005. Control por auditor medico: Dr Greco, paciente refiere continuar con dolor, realiza 15 sesiones de FKT, repetir hasta el 18/11/2005”. Constancia de sesiones de kinesiología: 22/11/2005, 23/11/2005, 24/11/2005, 25/11/2005, se indicó 5 sesiones más de kinesiología.
28/11/2005 informes final de kinesiología, y diagnósticos del paciente. En el cual se dejó constancia que el actor habría tenido buena evolución, con movilidad conservada, dándose el alta.
El 27/06/2006 consta un nuevo ingreso del paciente lumbociatalgia por discopatia degenerativa y deshidratación de disco L5 S1 (hernia de disco posteromedial derecha), solicitándose RMN de columna lumbosacra y EMG. Al 30/06/2006 tuvo un control lumbociatalgia se realiza EMG, informe de estudio: el trazado EMG es compatible con lesión neurogena crónica, sin denervación actual, en L4 L5, S1 de grado moderado en L4-L5 derechos y de grado leve en el resto, se solicita RMN Lumbosacra, cito el 06/07/2006. (lesión, incluso denunciado por el actor como hecho nuevo y admitido por SS a fs. 216/217)
Por otra parte, si bien consta que por decisión de ART el rechazo de siniestro a la fecha 06/07/2006, el día 03/11/2006 reingresó por lumbalgia post esfuerzo, discopatia hernia de disco L5 S1, otorgando 10 sesiones de kinesiología y reposo.
Al 9/11/2006 se informó un tratamiento de infrarrojo, electroanalgesia, kinesioterapia antalgica, constando sesiones de kinesiología de fecha 13/11/2006, 14/11/2006, 15/11/2006 destacándose que el paciente continua tratamiento según protocolo de rehabilitación y efectuándose nuevas sesiones los días 17/11/2006, 20/11/2006, 21/11/2006.
Finalmente, con fecha 22/11/2006 se informó que el paciente recibió en conformidad la atención kinésica recibida, que resulta un paciente con patología de base, discopatia L5S1, alta en la fecha, con derivación a Obra social. Paciente firma en conformidad.
Por otra parte, a fs. 40, 42, 43, 44, 45 obran constancias de sesiones kinesiología, a fs. 51 informe electro neurofisiológico y a fs. 52 informe de resonancia magnética. Por otra parte, a fs. 53/58 se encuentra adunado el registro de rehabilitación del actor.
Asimismo, además de dicha historia clínica, a 355/363 vta. –como adelanté- obra la pericia médica referida “ut supra”, presentada por el perito médico Ricardo Hermida, traumatólogo y legista laboral, quien luego del examen practicado a la persona del actor, concluyó que: “Examen físico de columna lumbar: Inspección: la columna vertebral se encuentra en eje y aplomada. Sin desviaciones patológicas. La lordosis lumbar esta rectificada. No se aprecia escoliosis. La piel del dorso presenta una coloración normal y no se observan cicatrices. Cuando realiza la maniobra de Adams (flexión máxima de columna lumbar) se verifica una columna lumbar semirígida y dolorosa (comprobada por la expresión facial y la miosis refleja en ambos ojos). Palpación: las masas musculares paravertebrales lumbares se revelan contracturas y espasmódicas. La presión digital sobre la apófisis espinosa L5 y S1 refiere dolor. Al realizar presión sobre los agujeros de conjunción lumbares, el actor refiere dolor irradiado hacia miembros inferiores. No se detectan edemas ni infiltraciones del tejido subcutáneo. Percusión: las apófisis espinosas, especialmente L5 y S1, despiertan dolor a la percusión efectuada suave y moderadamente con el martillo de Traube. Motilidad activa y pasiva de la columna lumbosacra: presenta limitación funcional en la flexión activa 70º (V.N.90º) y cuando se intenta finalizarlo en forma pasiva el actor refiere dolor lumbar, para la extensión activa es de 10º (V.N.30º) y sucede lo mismo que en el movimiento anterior, para las rotaciones derecha e izquierda son de 40º (V.N.60º) y lateralidades derecha e izquierda son de 40º (V.N.60º). La fuerza: la potencia de contracción activa se halla conservada y normal. En los miembros inferiores, los signos Lasegue y Wasermann bilaterales son negativos. Hipoestesia en territorio L5-S1 en pierna y pie derecho. En los reflejos osteotendinosos: hiporreflexia aquileana derecha. Normotonía del extensor largo propio del ambos hallux. Examen de la marcha: deambula sin claudicación, puede realizar la marcha en puntas de pies y sobre talones. IV.- Consideraciones médico-legales: De todos los elementos obrantes en autos, del examen anatómo-clínico funcional y de los exámenes complementarios llevados a cabo en la persona del actor, se demostró que actualmente presenta lumbalgia crónica por hernia discal lumbar con repercusión funcional.”
Asimismo, el perito continuo su experticia destacando que:
“Lesiones de discos intervertebrales lumbares: el síndrome de la rotura de disco intervertebral en la región lumbar, y desde entonces esta lesión vino a reconocerse como la causa más común de lumbago y ciática, tanto que ocasiona estos síntomas con mayor frecuencia que todas las otras lesiones juntas. En efecto, es probable que la mayoría de los seres humanos tengan síntomas de rotura de disco intervertebral en algún momento de su vida, pero esto es raro antes de los 15 años e infrecuente después de los 60. En el 95% de los casos el problema está en el disco lumbar cuarto o quinto, o bien en ambos, y en la mayoría del 5% restante en el tercero. Tal como señala la rotura de un disco intervertebral lumbar casi siempre es traumática, adoptando este término en su sentido más amplio.
La rotura obedece a toda un vida de abuso constante, stress y esfuerzo de este elemento. Si bien muchos pacientes refieren el antecedente de un episodio traumático justo antes de que apareciesen los síntomas, es improbable que el anillo intacto se pueda romper a raíz de un traumatismo que no sea muy violento. En otras palabras, el disco roto usual es consecuencia de un empeoramiento de una anormalidad preexistente en el anillo. En particular, el tratamiento conservador está indicado: 1) en pacientes que sufren un primer episodio, sea leve o grave; 2) en los que sufren episodios a repetición con poca frecuencia, y 3) en aquellos cuyos síntomas son molestos pero no incapacitantes. Si con el tratamiento conservador la sintomatología no cede o si hay manifestaciones de creciente déficit neurológico aunque el dolor se alivie, está indicada la cirugía.
Otros factores que se deben tener en cuenta son la disposición del paciente a seguir haciendo el tratamiento conservador y su aptitud para soportar el dolor y la incapacitación, aparte de que también debe estar en condiciones de sufragar el tratamiento conservador. ”....Contestación a los puntos periciales de la parte actora: “si tal dolencia requirió de intervención quirúrgica y a que efectos, indicando fue el resultado “c.- No”. Si el diagnóstico y tratamiento realizado en su oportunidad por la Clínica Solis, Servicios Hospitalarios San Justo SA, en su carácter de prestadora la “La Caja ART SA” incluyo tratamiento de kinesiología, fisiatría, ejercicios de rehabilitación, reposo, cambio de tareas pesadas a livianas” “e.- Se le realizó kinesiología, fisiatría y ejercicios de rehabilitación y reposo temporario.
No consta cambio de tarea”. Si fueron realizados radiografías de la zona afectada… f.- Si, consta Rx. De columna lumbosacra en fecha 2/4/05. “si la continuación plena de las labores de estibador de bolsas y cajones conteniendo frutas, verduras y productos de la actividad agrícola, me permitía y permite efectuarlas sin daño a mi salud” i.- No consta tarea realizada ni informe de riesgo. “si la lumbalgia aguda de la cual padezco –originada en la hernia de disco ya consignada y la compresión de una raíz (en este caso por las tareas de esfuerzo y actitudes posturales de rotación y otras a las que estoy obligado) puede tener origen en las mismas, y si estoy en condiciones de continuar realizándolas” j.- Se encuentra contestada ut supra.
(…) Contestación a los puntos periciales de la parte demandada: 3) informe que estudios por imágenes se le debe realizar a un paciente con diagnóstico de lumbalgia post esfuerzo como el caso del Sr. Leguizamón y los estudios realizados en Servicios Hospitalarios San Justo SA, cumplen con los que se consideran adecuados y necesarios: 3) Rx. De columna lumbosacra, EMG y VCM de miembros inferiores y/o RMN. Informe si el tratamiento de la lumbalgia post esfuerzo es primariamente conservador y en caso de responder en forma afirmativa informe en que debe consistir ese tratamiento: 4) Si. FKT (…) informe si el tratamiento que debía implementarse era del tipo conservador: 5) Si. “6) informe en que casos una lumbalgia es de tratamiento quirúrgico y si era el caso del Sr.
Leguizamón” “6) No”. 7) si a su entender el tratamiento recibido por el paciente en Servicios Hospitalarios San Justo SA fue el adecuado…7) Si.”- 8) “si la patología de columna lumbar presentada por el señor Leguizamón pudo agravarse como consecuencia de la atención medica recibida en Servicios Hospitalarios San Justo SA” 8) No” 9) “….especifique en el caso de que presente incapacidad, si la misma se debe a su enfermedad de base o a una mala atención recibida por el mismo en Servicios Hospitalarios San Justo SA”. 9) …Se debe a su enfermedad de base”. Dicha pericia resultó impugnada por la parte actora a fs. 375/377. Sin perjuicio de ello, a fs. 464 se celebró una audiencia con el perito médico en fecha 25/10/2018 en virtud de las facultades ordenatorias e instructorias de los magistrados, quien refirió en lo medular que el agravamiento de la lesión se debería a diferentes causas, como la enfermedad de base del actor, la edad, su peso, las tareas que realiza, (que fue debidamente indemnizado conforme expuse “ut supra”, de acuerdo a la conciliación homologada celebrada en sede laboral), y además agregó que: “En este caso no hubo mala praxis con respecto al tratamiento instaurado, lo que si no consta que al actor le hubieran indicado cambio de tarea”.
Por todo lo expuesto, estimo que la pericia se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, entre ellas la historia clínica acompañada por Servicios Hospitalarios Clínica Solís a fs. 35/63, 66, 77/78, 79/80, 94/102 referenciada oportunamente, estudios complementarios de fs. 268/269, Historia Clínica de la Obra social de fs. 407/412 y constancias acompañadas por Sanatorio Güemes a fs. 419/420, destacando que el paciente ingresó a dichos consultorios por resonancia magnética nuclear de fecha 27/12/05.
En suma, habiendo sentado la normativa, el encuadre jurídico y doctrina que entiendo aplicable al caso bajo juzgamiento, habiendo considerado la naturaleza jurídica de la historia clínica, las características que ésta debe reunir, como así también su valor probatorio y considerando que no encuentro mérito para apartarme de la pericia medica obrante en autos, corresponde ahora determine si en la especia se encuentra configurada la responsabilidad por mala praxis médica en cabeza de la demandada “Servicios Hospitalarios San Justo SA Clínica Solis”.
VI. Extremos legales para que prospere una demanda por mala praxis médica El ilustre jurista francés Jean Domat, que inspiró a los autores del Código Civil Napoleónico, fundamento la estructura jurídica de la responsabilidad civil, sobre la base de dos principios jurídicos –que hoy mantienen su vigencia- y son:
1. “No hay responsabilidad sin culpa”, 2.- No hay responsabilidad sin daño”. Estos dos principios fueron tomados como fuente del derecho francés por nuestro codificador don Dalmasio Vélez Sarsfield e incorporados al Código Civil y que mantienen su vigencia en materia de responsabilidad subjetiva en el nuevo Código Civil y Comercial..
Resulta necesario recordar que deberá probarse, los cuatro extremos o requisitos legales de la responsabilidad contractual subjetiva, que deben reunirse y acreditarse con los medios probatorios idóneos al efecto, siendo ellos los que dinamizan y ponen en funcionamiento el deber de seguridad y garantía que asumiría la Clínica demandada –como presupuestos- la responsabilidad directa y objetiva de ella, sin perjuicio de que previamente hay que acreditar debidamente la culpa del médico y el daño; a saber: a) La relación de causalidad adecuada existente, entre el incumplimiento contractual o legal por parte del profesional médico que asiste al paciente, dependiente de Servicios Hospitalarios San Justo SA Clínica Solís, prestadora del servicio de salud o deficiente cumplimiento del mismo y el resultado dañoso que ello produce como consecuencia (“causa-efecto”). b) Que el daño fue una consecuencia imputable o atribuible (a título de culpa) a la deficiente prestación del servicio de salud en cabeza del cuerpo médico de la demandada; c) La antijuridicidad: es decir, que el incumplimiento asistencial-médico-legal-, viole el principio denominado.
“alterum non laedere”: “no dañar al prójimo”, que tiene su raíz constitucional en el art. 19 de la Constitución Nacional o la violación del ordenamiento legal. d) el factor de atribución e imputación que es subjetivo. En tal sentido, para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad - dice Orgaz Alfredo (en El Daño Resarcible, Editora Córdoba, año 1992, p. 43). La pregunta a contestar es la siguiente: El incumplimiento contractual o legal del presunto responsable, ¿era por sí mismo capaz de ocasionar normalmente según el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Cód. Civ.) este daño?. Si se responde afirmativamente, conforme a la experiencia de la vida o las máximas de la experiencia del Juez, se declara que el incumplimiento era adecuado o idóneo (art. 906 del Cód.
Civ. que enuncia el nexo adecuado de causalidad o el “nexo entre la causa y el efecto“) para producir ese daño o resultado, y entonces éste es objetivamente imputable al agente incumplidor; si se contesta que no, falta la conexión causal, aunque considerando el caso en concreto tenga que reconocerse que esa conducta fue también condición “sine qua non” del daño: pero éste se considera solamente casual (“casus”) o fortuito. El Juez realiza un juicio de probabilidad y en la teoría de la causalidad adecuada, debe mentalmente retroceder hasta el momento de la acción o del incumplimiento a fin de establecer si ésta era o no idóneo para producir el daño (pronóstico póstumo). Se señala que la adecuación o idoneidad o aptitud no debe buscarse solamente entre la acción u omisión del presunto responsable y el daño, sino también entre los diversos anillos o eslabones intermedios de la cadena causal que unen aquella con éste: todo el proceso causal deber ser adecuado.
De este modo, el sistema jurídico de la relación de causalidad adecuada (art. 901 y 906 del Cód. Civ.), tiene los siguientes caracteres jurídicos, a saber: a) Es abstracto; b) Es empírico; c) Es probabilístico; y d) resulta ser “expost-facto”.
Así las cosas, atento a lo expresado al tratar el instituto de la cosa juzgada, -y sin perjuicio de resultar reiteratorio- observo que a fs.18/24 vta. se presentó el Sr. Raúl Alberto Leguizamón, iniciando demanda de daños y perjuicios contra “Servicios Hospitalarios San Justo SA” (Clínica Solís), manifestando que la acción que ahora intentaba guarda inmediata e íntima relación con el reclamo formulado en su oportunidad a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo La Caja ART SA, en razón de los daños ocasionados por una enfermedad accidente ocurrida por causa exclusiva y en ocasión de realizar su trabajo habitual, en relación de dependencia con su empleadora Rubén Antonio SRL y desde el año 2002, luego de haber ingresado sin afecciones que le impidieran la realización de las tareas a ejecutar. También he resaltado que el actor manifestó que realizaba tareas de esfuerzo constante como estibador de cajas y bolsas de frutas y verduras en el Mercado Central de Buenos Aires. Explicó que el trabajo de estibador de bultos de por si es un trabajo de esfuerzo superior a lo normal que consiste en levantar del piso los cajones y bolsas con productos agrícolas, lo cual ha ido minando su físico hasta comenzar a padecer de fuertes dolores en la columna vertebral, hasta que a fines del año 2005 y ante la negativa de la ART a continuar atendiéndolo de la lumbalgia atribuyéndole el carácter de patología inculpable, prosiguió atendiéndose en su Obra Social.
Continuó su relato, manifestando que le practicaron una Resonancia Magnética en el Sanatorio Güemes de Ciudad de Buenos Aires, el cual arrojó como resultado “una degeneración fibrosa de disco intervertebral L5 S1 con franca profusión discal, medial y lateral derecha, según informe del 27/12/05”, lo que a raíz de ello motivara su denuncia a La Caja ART bajo siniestro 24633. Que a raíz de las patologías lumbares que comenzaron a afectarle, y luego de la formulación de denuncia de siniestro, era derivado por su ART a su prestador médico en la jurisdicción “Servicios Hospitalarios San Justo SA Clínica Solís”, quienes han tratado su patología como una simple lumbalgia, prescribiendo reposo de no más de dos o tres horas, para luego retomar a su trabajo habitual sin indicación de prescripción de tareas de menor esfuerzo, diagnosticándose “Lumbalgia Post esfuerzo”.
Que asimismo refirió que se había detectado una patología crónica y de carácter inculpable (L5-S1) Signos de deshidratación discal con presencia de hernia posteromedial derecha con radiculopatia crónica.
Que en consecuencia, y tal como resultara de las constancias laborales “ut supra” que he destacado al inicio, ante el rechazo de la denuncia por dicha patología inició el referido expediente laboral contra La Aseguradora de Riesgo de Trabajo La Caja ART, (Leguizamón Raúl, c/ La Caja ART SA s/ acción accidente común Expte. Nro.: 2725/10 Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 21 de La Capital Federal), en donde fue sometido a examen médico y llegar a un acuerdo por el 15% de incapacidad que fuera posteriormente homologado.
Por lo cual, luego del relato pormenorizado de los hechos, preciso que la presente demanda de daños y perjuicios, dirigida contra Servicios Hospitalarios San Justo SA Clínica Solis, resulta por ser la responsable del agravamiento de la patología que padece. Sin embargo, adelanto que el agravamiento de la dolencia se lo indemnizó Prevención A.R.T. S. A., según acuerdo homologado en sede laboral que luce a fs. 93/95, autos caratulados: “Leguizamón Alberto c/ Prevención A.R.T. S. A. s/ daños y perjuicios”, que tengo ante mí vista, venidos “ad effectun videndi et probandi”).
Continuando con el relato, refirió que fue tratado y diagnosticado por el profesional con ligereza sin analizar o pedir los estudios complementarios de imágenes, dándole no más de uno o dos días de reposo, ni se le ordenaron la ejecución de prácticas de rehabilitación. Asimismo, que tampoco se le habría prescripto la ejecución de tareas livianas en forma definitiva, lo cual habría impedido –entiende- que se agravara el cuadro de lumbalgia aguda post esfuerzo.
Corrido el pertinente traslado de demanda, a fs. 103/118 vta. contestó “Servicios Hospitalarios San Justo SA”, quien admitió que el actor fue atendido por su poderdante a partir del 2 de abril del 2005 por un cuadro de lumbalgia post esfuerzo.
Destaca que según constancia de la historia clínica, el señor Raúl Alberto Leguizamón de 41 años, fue atendido por un cuadro de lumbalgia post esfuerzo sin contractura paravertebral y signo de Lasegue bilateral negativo el 2 de abril de 2005. Dice que el actor era estibador y que se le realizaron radiografías de columna lumbosacra de frente y perfil, la que informó una discopatía L5-S1 y escoliosis leve. Por lo cual, como primer defensa, advierte que resulta falaz que a su ingreso no se le realizaron estudios por imágenes Que ante un nuevo ingreso, el actor fue atendido el 21 de septiembre de 2005 por el mismo cuadro con maniobra de Lasegue (+), efectuándole nuevamente radiografías de columna lumbar e electromiograma, el cual fuera informado como normal. En dicha oportunidad se le medicó con Diclofenac 75 mg.
Agrega que el 25 de octubre de 2005, Leguizamón fue derivado por su ART (La Caja) por un cuadro de lumbalgia post- esfuerzo, 2do episodio en 20 días y que en esa ocasión se le requirió una resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra (RNM), la cual denotó la presencia de deshidratación discal a nivel de L5-S1 con hernia posteromedial derecha que borra la grasa epidural del sector anterior de la grasa espinal y toma contacto con el saco tecal y la raíz S1 derecha. Que se le indicaron 10 sesiones de kinesiología y analgésicos. Destaca que tampoco es cierto que al paciente no se le indicara rehabilitación.
Continúa narrando que el 28 de octubre de 2005, se le realizó al actor un electromiograma (EMG), el cual informó lesión compatible con lesión neurógena reciente sin denervación actual en L4-L5-S1 de grado moderado en L4 y leve en el resto.
Que el paciente recibió un total de 23 sesiones de kinesiología hasta el día 28/11/2005, constándose buena evolución del cuadro pero con leve persistencia del dolor a la flexión forzada del raquis.
Que asimismo, ante un nuevo reingreso el día 27/06/2006 por discopatia degenerativa y deshidratación de disco L5 S1, se le solicitó una nueva RNM que informó discopatía hernia de disco L5 S1 y un nuevo EMG, el cual determinó lesión neurogena crónica sin denervación actual.
En consecuencia, se le indicaron 10 sesiones de kinesiología, continuando tratamiento hasta el día 22/11/06, momento en el que fue dado de alta por su ART, por considerar que el padecimiento se debía a la patología de base del actor y fue derivado a la obra social para continuar el tratamiento. Finaliza su defensa, manifestando que de haberse agotado las instancias de tratamiento conservador, aun quedaba la opción de tratamiento quirúrgico, el que no pudo implementarse por decisión expresa de la Caja ART, como así también, que no se encuentran configurados los presupuestos de la responsabilidad y que en el caso bajo estudio, la obligación del médico se la clasifica como una obligación de medios.
Asimismo, tal como valoré “ut supra” Servicios Hospitalarios San Justo SA, acompañó la copia de la historia clínica del actor obrante a fs. 35/102, mientras que el perito médico designado en autos, presentó su experticia a fs. 355/364, elementos probatorios que ya he destacado y dado fuerza probatoria, remitiéndome a lo expuesto en el capítulo V, de esta sentencia.
En consecuencia, de las constancias de autos y pruebas destacadas, se observa que a ver de este sentenciante no se ha logrado acreditar que la atención recibida en la clínica demandada, haya efectivamente agravado su patología de base. Criterio que sostengo aun con la admisión del hecho nuevo denunciado por el actor, tipificado como finalización de la incapacidad laboral temporaria que consta en el formulario de Prevención de la ART y acompañado por éste, toda vez que esta incapacidad laboral–a mi juicio- carece de relevancia e importancia jurídica, a los efectos de imputarle mala praxis médica a la accionada.
Se ha probado que el tratamiento conservador recibido a través de rehabilitación, sesiones de kinesiología, estudios médicos (placas radiográficas, EMG, etc) y demás consultas efectuadas en el nosocomio han sido acordes con los protocolos médicos habituales. Un tratamiento médico no siempre puede lograr el resultado esperado por el enfermo, toda vez que su éxito depende de muchos factores, como por ejemplo su idiosincrasia, resistencia a dicho tratamiento, etcétera.
Si bien, ciertas cuestiones han devenido firma a esta instancia, como es la patología del actor y su grado de incapacidad, lo cierto es que dicha situación no es suficiente para tener por acreditada la responsabilidad médica en los términos planteados por el actor.
No se encuentra acreditado tampoco que la falta de recomendación de nuevas tareas haya causado efectivamente el agravamiento de la enfermedad. Estimo que el actor asumió la carga de la prueba de dicha recomendación o sugerencia, mediante prueba idónea al efecto, y no cumplió con dicha carga procesal, pues dispone el art. 375 del Cód. Proc., que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirmare la existencia de un hecho controvertido, toda vez que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión.
El accionante no logró acreditar que fue la negligencia o culpa médica la que ocasionó las consecuencias negativas para su salud física. Surge a todas luces, que no hubo mala praxis médica con respecto al tratamiento instaurado por el facultativo de la demandada.
Además el experto agregó que el agravamiento de la enfermedad accidente se debería a diferentes causas, como ser la enfermedad base del actor, la edad, su peso y las tareas que realizaba, cuyo agravamiento de la lesión fue resarcido por la A.R. T. Seguros Caja de Ahorro.
Asimismo, la impugnación a la pericia formulada por la actora fue desestimada por S. S. según auto de fecha 31/3/2.016; sin embargo, recibe aprobación judicial en esta instancia recursiva (arts. 472 y 474 del Cód. Proc.), quien ni siquiera logró desvirtuar con una contra pericia al efecto. Respecto a la prueba testimonial rendida a fs. 403/404, prestada por el Sr. Carlos Alberto Migliavacca, tampoco es por si idónea para acreditar la responsabilidad de la demandada, toda vez que es un testimonio único y aislado que debe ser analizado con sumo rigor y estrictez, pues no se encuentra corroborado por ningún otro medio probatorio que lo avale como tal, y que el juez aprecia según las reglas de la sana critica, las circunstancias y motivos que hacen disminuir su fuerza probatoria (art. 456 del Cód. Proc.). Finalmente, el relato del testigo no tiene entidad suficiente para contrarrestar el resto de la prueba valorada “ut supra”.
La parte actora no acreditó con medios probatorios idóneos al efecto, que el facultativo profesional de la Clínica demandada haya omitido las diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (arts. 512 del C. C. y art. 375 del Cód. Proc.).
Por lo cual, analizados todos los medios probatorios producidos, considero que no se ha acreditado la relación causal, es decir, no se probó el nexo-causal, ni la imputación o atribución de responsabilidad, el deficiente servicio de salud en cabeza de la clínica demandada. Por lo tanto, el servicio de salud prestado por “Servicios Hospitalarios San Justo Clínica Solis SA”, no constituye un obrar antijurídico, ni un incumplimiento asistencial-medico-legal (no hay acto ilícito que se pueda imputar objetivamente).
En definitiva, el apelante no probó la culpa médica, ni que la asistencia del profesional de la salud le haya producido algún menoscabo o daño a su salud, toda vez que para que el daño sea resarcible, debe ser: a) personal, b) presente o futuro; c) cierto, d) y actual.
En síntesis, no encuentro como responsable al nosocomio demandado. Por todas estas consideraciones legales, propongo a mis distinguidos Colegas de Sala confirmar el rechazo de demanda por estos argumentos.
VII. Las costas de Primera y Segunda Instancia Atento al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial, estimo que las costas generadas tanto en primera como en esta Instancia recursiva, deben ser impuestas a la parte actora que resulta vencida. Ello, por estricta aplicación del principio objetivo de la derrota. (art. 68 del C.P.C.C.). En cuanto a la incidencia del hecho nuevo, toda vez las costas han sido impuestas a la parte demandada, lo cual devino firme a esta instancia, nada corresponde resolver al respecto.
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTEN POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos el Doctor Posca y Pérez Catella también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSÉ
NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas que: 1°) SE HAGA LUGAR PARCIALMENTE a los agravios expuestos por la parte actora, y en su consecuencia: a) SE REVOQUE la sentencia apelada, solo en cuanto resuelve que en la especie ha operado el instituto de la cosa Juzgada; b) SE RECHACE la demanda instaurada por Leguizamón Raúl contra Servicios Hospitalarios San Justo SA (“Clínica Solis”) por mala praxis médica por los argumentos expuestos. 2°) SE IMPONGAN las costas generadas en ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).3°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad ASI LO VOTO.
Por análogos fundamentos, el Dr. Posca y el Dr. Pérez Catella adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A.
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. HACER LUGAR PARCIALMENTE a los agravios expuestos por la parte actora, y en su consecuencia: a) REVOCAR la sentencia apelada, solo en cuanto resuelve que en la especie ha operado el instituto de la cosa Juzgada; b) RECHAZAR la demanda instaurada por Leguizamón Raúl contra Servicios Hospitalarios San Justo SA (“Clínica Solis”) por mala praxis médica por los argumentos expuestos.
2. IMPONER las costas generadas en ambas instancias a la parte actora que resulta vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).3°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Fecho pasen los autos a despacho para el tratamiento de los honorarios y téngase presente para resolver en su oportunidad la aplicación de la ley Nacional nro. 24.432.
Fin de la sentencia