Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-711/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por los Sres. Rubén Adolfo Leguizamón y Norma Beatriz Rufanacht a fs. 40/43 vta., contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz (IDUV).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-711/12-TSJ Sentencia N°: 1127 Actor: LEGUIZAMON RUBEN ADOLFO Y OTRA Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV)
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 12/07/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1127 FOLIO Nº 3627/3631 PROT. ELECT. TSS1 014 C.231
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 12 días del mes de julio de dos mil veintitrés, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “LEGUIZAMÓN RUBEN ADOLFO Y OTRA C/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV) S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° L-711/12-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 4º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que a fs. 40/43 vta. se presentan los Sres. Rubén Adolfo Leguizamón y Norma Beatriz Rufanacht, promoviendo demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz (en adelante IDUV), impugnando “…la Resolución N° 3039 dictada con fecha 21 de Octubre de 2009, en el expediente IDUV N° 021.767/176/2009, en la cual se resuelve: ‘1°.- Desadjudicar una (1) unidad habitacional de cuatro (4) dormitorios, identificada como casa N° 26 correspondiente a la Obra ‘Plan 207 Viviendas FO.NA.VI. en Río Gallegos…’ y ‘4° Intimar al grupo familiar desadjudicado y/o actuales ocupantes, a que en un plazo no mayor a diez (10) días corridos...haga entrega de las llaves…’’.” (cfr. foja 40).-
Señalan que: “Esta resolución como se verá se dictó sin permitir a los suscriptos ejercer de algún modo su legítimo derecho de defensa [...] Al tomar vista del expediente pudimos saber de la existencia de una falsa denuncia en nuestra contra, en el sentido que no habitábamos el inmueble.” (cfr. foja 40 vta.).- Afirman que: “...[la] denuncia había sido efectuada por…ex pareja [d]e la suscripta, y con la sola intención de generarle perjuicios. En ese momento la suscripta vivía en la propiedad que se pretendía desadjudicar, lo que hice siempre desde que me fue otorgada, y lo hacía junto a mi hijo Malcon, ya que mis otros dos hijos se encontraban estudiando fuera de la localidad...” (cfr. foja 41).-
Manifiestan que: “...hasta diciembre de 2010 continuamos abonando las cuotas de la casa en el banco Hipotecario. Recién se nos dio de baja a partir del mes de Enero de 2011. Que mediante Decreto N° 1576 de fecha 01 de Agosto de 2012, que nos fuera notificado con fecha 16 de agosto...de 2012, el Gobernador de la Provincia decreta ‘No hacer lugar al Recurso de Reconsideración intentado’.” (cfr. foja 41 vta.).-
Los demandantes expresan que, en el año 2003 se divorciaron, por lo cual la Sra. Rufanacht se quedó en el hogar conyugal junto a sus tres hijos y que esta situación fue informada oportunamente al IDUV (cfr. fs. 41 vta./42).-
Afirman que nunca estuvo desocupada la casa en cuestión, pero que el IDUV no tuvo en cuenta esta circunstancia (cfr. foja 42).-
Sostienen que: “...con un solo informe, el de fecha 10/07/09, en el que se encuentra a alguien que ni siquiera da su nombre sumado a una entrevista a la ex pareja de la Sra. Rufanacht, cuyas falsedades son absolutas...se pretende dejarnos en la calle.” (cfr. foja cit.).-
Concluyen afirmando la inexistencia de elementos esenciales del acto administrativo, como la falta de causa, es decir el motivo y antecedentes que determinaron su dictado. Asimismo que no se les ha permitido ejercer su derecho de defensa (cfr. fs. 42 y vta.).-
Ofrecen prueba (cfr. fs. 42 vta./43 vta.).-
Que a fs. 72/75 vta. contesta demanda el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz (IDUV), solicitando el rechazo de la acción.- Expresa que: “Al efectuarse en la vivienda una visita socio-económica ambiental...con fecha 10/07/2009, la asistente social constató que la vivienda había sido reformada ‘modificada en tres (3) deptos. de los cuales dos se encuentran alquilados...’. Asimismo, la persona que recibió a la trabajadora social en la vivienda manifestó que la Sra. Rufanacht ‘no reside en la vivienda, se encuentra fuera de la localidad y alquila la vivienda’. Todo ello surge del acta labrada en la fecha señalada que se encuentra agregada a fs. 10 del expediente administrativo de mención.” (cfr. foja 73 vta.).- Sigue diciendo que: “Con motivo de la irregular situación denunciada, [su] representado procedió a verificar el estado de pago de la vivienda adjudicada, advirtiendo que independientemente de la cuestión relativa a la ocupación o no de la vivienda, los accionantes registraban una gran deuda con [su] manda[n]te debido a la mora en el pago de las cuotas de la vivienda.” (cfr. foja 74).-
Con respecto a la ocupación de la vivienda, indica que: “...personal de la Comisaría Tercera se presentó en la vivienda adjudicada a los actores y constató que en la misma residía la Sra. Gladys Sofía Shegnfet, en carácter de inquilina, junto con su pareja, el Sr. Lucas Ezequiel Palacios. La situación de hecho descripta a la fecha de la desadjudicación de la vivienda debe ser analizada a la luz de las obligaciones a cargo del adjudicatario de la vivienda social y de condiciones de uso y tenencia de la misma. Tales circunstancias se encuentran normadas en el Decreto N° 211/78...” (cfr. foja cit.).- Sostiene que no tenía otra opción “...que disponer la desadjudicación de la vivienda, y fue eso lo que hizo con la emisión de la Resolución N° 3039/09 que ahora se impugna. Es preciso señalar también que el instrumento legal en crisis no adolece de ninguno de los defectos acusados por los actores...se emitió en total respeto del debido proceso.” (cfr. foja 75).-
Ofrece prueba y solicita que la demanda sea rechazada (cfr. foja 75 vta.).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dictamina que es formalmente admisible la demanda, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (cfr. foja 78 vta.).- A foja 80 se ordena la apertura a prueba de la causa. Certificada su producción y puestos los autos a disposición de las partes para alegar a fs. 224 y vta., las mismas no hicieron uso de ese derecho (cfr. PE555617-2022).-
Se llaman autos para sentencia en PE cit., pasando a estudio en PE577103-2022.-
II. Que conforme ha quedado trabada la presente litis, corresponde analizar, como objeto de la presente acción, la legitimidad de la Resolución N° 3039/09 dictada por el IDUV, por la cual se les desadjudicaba a los actores una unidad habitacional correspondiente a la obra “Plan 207 Viviendas FO.NA.VI.”, en la ciudad de Río Gallegos.-
En la resolución atacada se expresa: “...que la unidad habitacional mencionada, propiedad del Instituto, se halla ocupada por personas ajenas al grupo familiar adjudicado, no mediando autorización por parte de este Organismo. Que obra informe proporcionado por la Dirección Financiera, en el que se comprueba fehacientemente el incumplimiento por parte de los adjudicatarios en el pago de las cuotas de amortización de la vivienda, registrándose a la fecha excesiva mora. Que se establece claramente que la mencionada adjudicataria ha incurrido en transgresión a lo prescripto en el Artículo 17 - Inciso B) del Decreto Provincial N° 211/78, que en su parte pertinente reza ‘...mientras se mantenga la deuda, Hipoteca o Contrato, los adjudicatarios no podrán vender, prestar, ceder, alquilar en parte o totalmente las viviendas asignadas...’. Que tal conducta no encuadra en la situación estipulada en el Artículo 17 - Inciso c) del Decreto Provincial N° 211/78, que establece las condiciones para dejar de residir en la vivienda por lo que se hace pasible de la sanción establecida en el Artículo 18 del mismo plexo legal, debiendo en consecuencia desadjudicar dicha vivienda para poder ser nuevamente adjudicada a un grupo familiar que denote real necesidad y reúna las condiciones legales y reglamentarias previstas por el sistema.” (cfr. foja 26 del Expediente Administrativo N° 21.767/176/09).-
En síntesis, el organismo provincial fundamenta su decisión en dos cuestiones, a saber: la unidad habitacional mencionada, propiedad del IDUV, se halla ocupada por personas ajenas al grupo familiar adjudicado; y el incumplimiento por parte de los adjudicatarios en el pago de las cuotas de amortización de la vivienda.-
III. A los fines de comprender la decisión del IDUV, debemos realizar un reconto de los hechos, según las constancias probatorias acompañadas. Así, y según surge de fs. 2/3 del citado expediente administrativo, la unidad habitacional en cuestión le es adjudicada a los actores mediante Resolución N° 0844/90 del 15 de noviembre de 1990.-
Años después, el 10 de julio de 2009 es realizada en la vivienda una encuesta socio-económica ambiental, donde la Licenciada en Trabajo Social Sra. Iris Pérez de Ramírez, constata que la vivienda había sido reformada. Manifiesta que: “El inmueble fue modificado en tres (3) Dptos de los cuales dos se encuentran alquilados uno en la planta alta y otro planta baja. El inquilino solo informó el nombre de la propietaria.” (cfr. foja 10 vta. del expte. adm. cit.).-
Poco tiempo después, con fecha 30 de julio de 2009 se presenta en el IDUV una persona que realiza una denuncia, manifestando en la entrevista realizada por la Licenciada en Trabajo Social, Sra. Herna A. Bustamante, que vivió en concubinato con uno de los hoy actores: la Sra. Norma Beatriz Rufanacht, que estuviera casada con el Sr. Leguizamón y luego divorciada. Expresa que desde hace años la Sra. Rufanacht vive en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. En cuanto a la vivienda que fuera desadjudicada, manifiesta que fue reformada construyendo 3 monoambientes; dando detalles precisos de ello. Indica quienes habitan esos departamentos y cuánto pagan por ellos. Dice asimismo, que el Sr. Leguizamón vive en Río Gallegos y que tiene otra pareja e hijos. Por último, solicita que su identidad sea reservada, por temor a represalias que pudiera tomar la Sra. Rufanacht, ya que manifiesta haber recibido una falsa denuncia penal por malos tratos (cfr. fs. 11 y vta. del expte. adm. cit.).-
Respecto de esta denuncia, los actores la consideran el origen del actuar del IDUV, argumentando que: “Esta resolución como se vera se dictó sin permitir a los suscriptos ejercer de algún modo su legítimo derecho de defensa [...] Al tomar vista del expediente pudimos saber de la existencia de una falsa denuncia en nuestra contra, en el sentido que no habitábamos el inmueble.” (cfr. foja 40 vta.).-
Sin embargo, de lo relatado supra, surge que la importancia de tal denuncia resulta magnificada por los agraviados, ya que la primera persona en advertir la situación irregular del inmueble fue la Lic. en Trabajo Social Sra. Iris Pérez de Ramírez, el 10 de julio de 2009, al realizar una encuesta socio-económica ambiental veinte (20) días antes de la denuncia. Dicha denuncia podría no haber existido y el resultado hubiera sido el mismo.- Retomando el relato, todo lo expuesto motivó que el IDUV solicitara al Jefe de Comisaría de la Seccional Tercera de esta ciudad (con fecha 8 de septiembre de 2009), que inspeccionara la propiedad a los fines de determinar quien ocupaba la vivienda, desde cuándo la habita, en qué carácter lo hace; y en su caso si conocen el paradero del titular de la vivienda. (cfr. foja 17 del expte. adm. cit.).- En igual fecha, el IDUV intima al Sr. Leguizamón, en la dirección de la vivienda adjudicada, “...para que en un plazo de (48) horas de recibida la presente, haga ocupación efectiva y permanente de la vivienda de la que oportunamente resultara adjudicado, y asimismo, queda notificado bajo apercibimiento de iniciar las acciones tendientes a la desadjudicación, y posterior desalojo.” (cfr. foja 19 del expte. adm. cit.).-
Como se observa, el IDUV les dio la oportunidad a los actores hasta el último instante para regularizar su situación.- El 15 de septiembre de 2009 a las 11;30 hs., es realizada la inspección solicitada por el IDUV, por la Comisaría de la Seccional Tercera de esta ciudad, constatando que se encontraba residiendo en el inmueble la Sra. Gladys Sofía Shegnfet en carácter de inquilina junto con su pareja, el Sr. Lucas Ezequiel Palacios (cfr. foja 18 del expte. adm. cit.).-
El Sr. Leguizamón se presenta contestando la intimación del organismo provincial, expresando que uno de sus hijos convive con su ex mujer en dicha vivienda, pero que se encontraba de viaje (cfr. foja 20 del expte. adm. cit.).-
Expresiones refutadas con el cúmulo de pruebas en contrario que se mencionan supra (cfr. fs. 10 y 18 del expte. adm. cit., entre otras).-
La segunda cuestión por la cual el IDUV resuelve la desadjudicación, es por el incumplimiento del pago de las cuotas de amortización de la vivienda.-
Efectivamente y según lo informado por la Dirección Financiera del IDUV, al 27 de agosto de 2009 las cuotas impagas de la vivienda ascendían a noventa y cuatro (94) (cfr. foja 14 del expte. adm. cit.).-
Los argumentos de los actores respecto de las diversas causas por las cuales no pudieron pagar estas cuotas, no resultan respaldadas por ninguna prueba que demostrara la alegada imposibilidad de abonarlas.-
Posteriormente los actores continuaron reclamando por vía administrativa interponiendo los respectivos recursos hasta llegar a la interposición de esta demanda, lo cual evidencia que pudieron ejercer su derecho de defensa.-
Respecto de la prueba testimonial ofrecida por los actores producida a fs. 185/188, lejos se encuentra de desvirtuar las concluyentes pruebas precedentemente descriptas. Todos los testimonios se reducen a mencionar escuetamente que a la actora la conocían y que vivía allí junto con sus dos hijos.-
Estas afirmaciones, no refutan en absoluto las causas que motivaron la desadjudicación. Es por ello que resultan poco relevantes en los presentes.-
En cuanto al argumento de la parte actora sobre la inexistencia de elementos esenciales del acto administrativo impugnado como la falta de causa y la violación del derecho de defensa, resultan inatendibles.-
Es que, pese a que resultaba evidente que los actores habían alquilado al menos parte de la casa adjudicada y que debían una ingente cantidad de cuotas, y que con ello bastaba para su desadjudicación atento la normativa vigente, el IDUV mediante nota de fecha 8 de septiembre de 2009 intimó al Sr. Leguizamón para que haga ocupación efectiva y permanente de la vivienda (cfr. foja 19 del expte. adm. cit.). Es decir, se les daba una última oportunidad, pero no fue aprovechada.-
En relación a la aducida falta de causa, este Alto Cuerpo ha expresado que la causa del acto administrativo está constituida por los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su emisión (art. 7, inc. b, de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260) (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 1000, Folio 3067/3075).-
Los antecedentes requeridos por la normativa se encuentran presentes en la Resolución N° 3039 del 21 de octubre de 2009 dictada por el IDUV en el citado Expediente Administrativo Nº 021.767/176/2009, resultando la misma ajustada a derecho.- Es por todo lo expuesto que lo sostenido por la actora sobre la falta de causa y la violación del derecho de defensa en el caso no resulta atendible.-
En conclusión, se debe adelantar que no puede arribarse a otra decisión que el rechazo de la demanda contencioso administrativa interpuesta.-
IV. Resulta aplicable al caso de autos lo que este Alto Cuerpo ha dicho: “Desde esta mirada cobra vital relevancia para la contienda la presunción de legitimidad de la que se hallan revestidos los actos administrativos, consagrada en el artículo 12, primera parte, de la Ley N° 1260 de Procedimientos Administrativos. ‘O sea que el legislador ha establecido por ley que se presume que todo acto administrativo ha sido dictado de acuerdo con normas jurídicas vigentes...’ (cfr. Altamira Gigena, Julio Isidro, ‘Acto administrativo’; 2ª ed., Córdoba, Advocatus, 2019, pág. 60). Se trata de una presunción de regularidad del acto, de legalidad, de validez, de juridicidad (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 936, Folio 2797/2810). Particularmente en la materia bajo discusión, este Alto Cuerpo ha dejado establecido: ‘…‘El principio jurídico vigente en la materia es la presunción de legitimidad de los actos administrativos. Se supone que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. El fundamento de este carácter deriva, de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales (‘Acto Administrativo Municipal’ -Julio R. Comadira- Ed. Depalma, 1992, página 100). Una de las principales consecuencias que se derivan de dicha presunción es que, siempre, es necesario, alegar y probar la ilegitimidad del acto.’ (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 860, Folio 2466/2470)...Si bien no se trata de una presunción absoluta, quien pretenda la ilegitimidad o nulidad de un acto administrativo debe alegar y probar lo pertinente (cfr. Marienhoff, Miguel Santiago, ‘Tratado de Derecho Administrativo’, Cuarta Edición Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, t. II, págs. 338/339). Es que, tal como lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es condición esencial de la organización del Poder Judicial el que no le sea posible controlar por su propia iniciativa los actos legislativos, ni aun los actos administrativos que, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa. Por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe necesariamente ser alegada y probada en juicio (Fallos:
291:499)...‘...considerando el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública...’ (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 977, Folio 2969/2983). Esta presunción, en suma, impone a quien controvierte la juridicidad de un acto administrativo, la carga de fundar la impugnación y acreditar los extremos fácticos en que se soporta la pretensión (SCBA, causa B. 65.381, ‘Gianichini de Massera, María Esther c/ Prov. Bs. As. (IPS). Demanda Contencioso Administrativa’, entre otros).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1074, Folio 3412/3418).-
A lo dicho debe adunarse que el déficit argumental antes apuntado conspira contra el interés particular de los administrados, en razón de las implicancias que conlleva para su tesitura el principio dispositivo.-
Se ha sostenido que: “...El sistema judicial que en nuestro ordenamiento tiene el control de la Administración hace que el proceso adminis-trativo cuente con los principios y reglas generales de los procesos judiciales, a los que cabe agregar los propios de este tipo de proceso. Entre los primeros se destacan: el principio dispositivo, que confía a las partes el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión del juez…la disponibilidad del derecho material; la delimitación por las partes del alcance de la controversia...” (cfr. Pozo Gowland, Héctor M.: “Los principios generales del proceso administrativo”, del 31/08/2011, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/ DOC/2491/2011).-
En esta senda, Tomás Hutchinson dice que: “…la jurisdicción procesal administrativa jugará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la pretensión y la oposición […] Una vez iniciado el proceso, el órgano judicial se encuentra vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes, relativas a la suerte de aquél o tendientes a la modificación o extinción de la relación de Derecho material en el cual se fundó la pretensión […] la ley asigna a las partes la función de aducir y traer al proceso el material de hecho, limitando la función del juez al recibirlo, para valorarlo después. Se trata, por tanto, de una manifestación del sistema dispositivo en virtud del cual las partes serán las encargadas de aportar, alegar, probar o fijar los hechos que respectivamente le interesen […] El principio dispositivo entraña, pues, ‘un poder de disposición sobre el ejercicio de la acción y el objeto del proceso’. Es que en un proceso regido por dicho sistema, las partes son enteramente dueñas del derecho subjetivo material, de la pretensión e incluso de la actividad decisoria del órgano jurisdiccional, pues mediante la delimitación que efectúan del objetivo procesal vincula o condicionan el fallo del tribunal.” (cfr. aut. cit.: “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo I, págs. 492/494); (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, fallo cit.).-
La conjunción de la presunción de legitimidad de los actos con la ausencia de un embate certero y serio que denuncie los vicios bajo los cuáles pretende obtener su declaración de invalidez, a la luz del principio procesal descripto, conlleva, sin más, al rechazo de la pretensión actoral.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.- A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento la forma en que me he pronunciado respecto de la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por los Sres. Rubén Adolfo Leguizamón y Norma Beatriz Rufanacht a fs. 40/43 vta., contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz (IDUV); imponiendo las costas en el orden causado (cfr. art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600) y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente
Río Gallegos, 12 de julio de 2023.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por los Sres. Rubén Adolfo Leguizamón y Norma Beatriz Rufanacht a fs. 40/43 vta., contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz (IDUV).-
3. Difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1127 Folio N°: 3627/3631 Secretaría: 1
Fin de la sentencia