Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-711/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los actores a fs. 42/43 vta..-
2Imponer las costas en el orden causado (art. 90º del CPCA).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: L-711/12-TSJ Sentencia N°: 961 Actor: LEGUIZAMÓN RUBÉN ADOLFO Y OTRA Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV)
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 14/05/14 Texto:
TOMO XV - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - T.S.J..-
REGISTRO Nº: 961 FOLIO Nº: 2914/2916 PROT. ELECT. TSS1 009 C.141
Río Gallegos, 14 de mayo de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “LEGUIZAMON RUBÉN ADOLFO Y OTRA C/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV) S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR”, Expte. N° L-711/12, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que conforme surge de fs. 40/43 vta. de los presentes, los actores promueven demanda contencioso administrativa -en los términos de la Ley Nº 2600- contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz (en adelante IDUV), impugnando “…la Resolución N° 3039 dictada con fecha 21 de Octubre de 2009, en el expediente IDUV n° 021.767/176/2009, en la cual se resuelve ‘1°.- Desadjudicar una (1) unidad habitacional de cuatro (4) dormitorios, identificada como casa N° 26 correspondiente a la Obra ‘PLAN 207 VIVIENDAS FO.NA.VI. EN RÍO GALLEGOS…’ y ‘4° INTIMAR al grupo familiar desadjudicado y/o actuales ocupantes, a que en un plazo no mayor a diez (10) días corridos… haga entrega de las llaves…’...” (confr. fs. 40).- Asimismo, los actores peticionan “…la suspensión del acto administrativo que ordena la entrega de las llaves de la vivienda y su desalojo...” (confr. fs. 42vta.). Fundamentando su petición por considerar que el acto atacado causa “... un grave perjuicio al grupo familiar de imposible reparación ulterior…” (confr fs. cit.).-
Que sustanciada la petición conforme el artículo 25 del CPCA -Ley Nº 2600 - mediante traslado conferido a fs. 61, es contestada a fs. 66/67 vta. por la accionada, quien peticiona el rechazo de la medida solicitada.-
Señala que “…la petición formulada no reúne ni siquiera mínimamente los recaudos exigidos por los artículos 26, 33 y concordantes del CPCA...” (confr. fs. 66vta.). Añade que los actores “…no sólo que no han al menos intentado acreditar de alguna forma la lesión a un derecho subjetivo torne admisible la medida, sino que además ni siquiera indican cuál es el derecho que intentan proteger con la medida cautelar peticionada. Tal defecto legal en la manera de solicitar la medida cautelar impone su rechazo, por no cumplir con el requisito esencial impuesto por el citado art. 26 del CPCA para la admisibilidad de cualquier medida cautelar que se peticione. Lo mismo cabe decirse de los presupuestos específicos impuestos por el art. 33 del CPCA para decretar la suspensión de los actos administrativos, pues los peticionantes no han aportado ningún elemento tendiente a acreditar que la ejecución o cumplimiento del acto impugnado cause o pueda causar perjuicios más graves que su paralización, que sea de difícil reparación ulterior, o que la nulidad alegada aparezca de manera manifiesta...” (confr. fs. cit.).- Destaca que al acto administrativo que se pretende suspender en su ejecución goza de presunción de legitimidad (confr. fs. 67). Luego sostiene que no podría concederse la suspensión del acto administrativo con fundamento en la protección de la vivienda ya que los peticionantes no han acreditado que la unidad habitacional que les fuera desadjudicada sea su lugar de residencia o el de su grupo familiar, sino que, por el contrario, en la propiedad residirían terceros extraños al grupo familiar (confr. fs. cit.).-
Que, a fs. 68, se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien se expide en sentido negativo respecto de la admisibilidad de la medida cautelar solicitada, justifica su postura en que: “…no existe un derecho verosímil que justifique la solicitud del dictado de la medida cautelar, toda vez que como ya se ha establecido, la misma tiene por sí carácter restrictivo, el que se acentúa cuando se pretende la suspensión de un acto administrativo el cual va acompañado de la presunción de legitimidad por lo que solo correspondería en caso de que la ilegalidad sea manifiesta, y de que el peligro en la demora cause un daño grave e irreparable...” (confr. fs. 69).-
II. Que a los fines de resolver la cuestión planteada, debe analizarse si se encuentran acreditados los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, en orden a lo normado por los artículos 25 y ss. del CPCA -Ley Nº 2600-, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y si se cumplieran éstos, deberán valorarse las exigencias previstas en los inc. a) y b) del art. 33 de la ley citada, esto es, que la ejecución o cumplimiento del acto impugnado causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea de difícil o imposible reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público; o las causas de nulidades alegadas en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta.- Que, a tal fin, y como ya lo ha desarrollado este Tribunal en antecedentes similares (confr.
Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422), se parte de la base que todo razonamiento a efectuarse sobre la materia, debe hacerse teniendo en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos, y por ello, la procedencia de medidas cautelares que alteren dicha presunción debe ser apreciada con criterio restrictivo (CSJN, Fallos 205:365, 210:48, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala I, 14-3-74, Sala II. 24-9-80, Sala III 19-6-80 y 13-12-83, Sala V, 31-10-95 “Giardinieri de Artuso Eladia c/Ministerio de Cultura y Educación s/Med. Caut. Aut.”, causa 25914/95, e “Intercam SAC c/Banco Central de la República Argentina E.N. s/Proceso de Conocimiento”, causa 20.510/96) (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2364/2371; Tomo XIII –Contenicioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 852).- Al respecto, en cuanto al recaudo de la verosimilitud del derecho, hay que considerar que para derrumbar la enunciada presunción de legitimidad, la misma debe emerger con indiscutible nitidez, lo cual -en principio- no se advierte en el caso sub examine. Se observa que el acto administrativo impugnado desadjudica una unidad habitacional al Sr. Rubén Adolfo Leguizamón y su grupo familiar; e intima a los actuales ocupantes y/o desadjudicados para que entreguen las llaves bajo apercibimiento de desalojarlos (confr. fs. 13/14). En este sentido, de la lectura del acto administrativo cuestionado, no emana “prima facie” la observancia de una arbitrariedad manifiesta ya que se encuentra debidamente fundado y obedece al ejercicio de potestades constitucionales y legales pertinentes, ello sin perjuicio del oportuno mérito que sobre la cuestión de fondo le corresponda realizar a este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XI -Conten-cioso Administrativo- Reg. 781, Folio 2199/2201; Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg. 835, Folio 2369/2371; Tomo XIII -Contencioso Administrativo- Reg. 852, Folio 2419/2422; entre otros). No sólo lo expuesto debe ser el sendero a transitar para la resolución del presente sino que, además y en punto a la fijación de la correspondiente doctrina judicial, debe señalarse el estrecho límite de movilidad con que cuenta la cautelar peticionada ante actos nacidos de la administración pública. Más pretendiéndose en el, sub lite, la suspensión de un acto emanado de una persona de Derecho Público y en ejercicio de ese mismo poder, deberá tenerse en cuenta la naturaleza jurídica del acto administrativo impugnado (confr. art. 30°, inc. a del CPCA -Ley N° 2600-), y añadirse, en consecuencia, las notas derivadas del carácter excepcional de la medida conforme lo establece el art. 33° en sus inc. a) que dispone: “…la ejecución o cumplimiento del acto impugnado causare o pudiere causar perjuicios más graves que su paralización, o sea de difícil o imposible reparación ulterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público;”, y b), que expresa: “…las causas de nulidad alegada en el acto o disposición aparecieran de manera manifiesta”; y que no se anticipe -de manera irreversible- el resultado del proceso principal (a excepción hecha de que éste pierda su objeto por el transcurso del tiempo antes de que pueda recaer en el mismo una resolución definitiva, situación ésta que, en el sub lite y por la índole del objeto pretendido, se torna inoperante), todo ello en virtud de la limitación que impone la presunción de legitimidad del que gozan los actos administrativos, de la que deriva su ejecutoriedad como regla general y la suspensión jurisdiccional, la excepción (confr.
Raimundin, Ricardo, “La suspensión del acto administrativo como medida de no innovar”, en J.A., 1967-IV, p. 282). “…Ha de considerarse que la medida de no innovar requiere que se dicte contra un órgano administrativo -y más allá de doctrina y jurisprudencia que aplican a ultranza la presunción de legitimidad de actos administrativos- ha de decirse que en tal supuesto, debe estimarse con la mayor prudencia admitiéndola sólo en aquellos casos en que es indispensable para la salvaguarda de los derechos del peticionante, se haya acreditado la verosimilitud del derecho con fuerza suficiente de convicción que desvanezca aquella presunción, y la demora pueda acarrear un perjuicio grave, inminente e irreparable…” (SAIJ, Sumario: Q0001734, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, RAWSON, CHUBUT, Pugh, Mabel Luben s/ Recurso de Apelación contra Res. 154-Acta 630 del ISSyS de la Pcia., INTERLOCUTORIO del 18 de Mayo de 1992), extremos que no se invocan ni acreditan en autos.- Es preciso tener en cuenta que en el caso de autos, el acto cuestionado se ha dictado dentro de las facultades que posee el IDUV, con lo cual -si bien la normativa vigente permite hacer lugar a la medida peticionada produciendo una “revocación” anticipada de lo resuelto en sede administrativa a través de la vía cautelar, sin el correspondiente debate acerca de las razones y fundamentos fácticos y jurídicos que puedan alegar las partes a lo largo del presente proceso (confr. art. 33)- no se advierten en este estadio procesal que aparezcan de modo manifiesto la ocupación y demás causas invocadas por la parte actora, para ello (confr. art. cit. inc. b )).- No puede dejar de reiterarse que, conforme el criterio mayoritario de nuestra jurisprudencia, en los litigios contra la Administración Pública se agrava la carga -no cumpliéndose en autos- de demostrar la verosimilitud del derecho “…en razón de que los actos de los poderes públicos gozan de una presunción de validez que el interesado en la medida cautelar debe desvirtuar acreditando 'prima facie' la arbitrariedad del acto recurrido o, para hacer caer la presunción de legalidad, la violación de la ley… (CNCiv.
Sala F, 17/10/94)…” (LL, 1994, t. E, pág. 391) (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo XIII -Contencioso Administrativo- Reg. 852, Folio 2419/2422).-
III. Que no se configura en autos un peligro inminente o de tal gravedad que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona. Así se ha sostenido que “... Por lo general el peligro en la demora resulta de las circunstancias del caso y no requiere prueba, quedando su apreciación al arbitrio del juez. Si se trata de un acto de autoridad, en cambio, debe ser irreparable, pues prevalece el orden público, que califica el carácter restrictivo de la interpretación (CNCiv., Sala B, ED. t.93, p. 603)...”. También se considera que “... El juez, por otra parte, para valorar el peligro en la demora debe tener en cuenta la solvencia de la parte demandada, habiéndose señalado que si es notoria, por lo que resulta remoto el peligro de que el actor pueda verse privado de los resarcimientos a los que tuviera derecho, no procede la prohibición de innovar (CNCiv, Sala A, LL, t. 125, p. 105)...” (citas de Martínez Botos, Medidas Cautelares, 4ª edición, p. 322) (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XII -Contencioso Administrativo-, Reg 784, Folio 2215/2218; ídem, Reg. 835, Folio 2369/2371; Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422).-
IV. Que, en la tesitura que se viene proponiendo, atento la naturaleza de la cuestión traída y estado procesal en que se enhebra el planteo de los actores, cabe establecer “prima facie” en orden a los antecedentes hasta ahora aportados, que los argumentos en que apontoca su requerimiento aparecen desposeídos de la presunción de verosimilitud suficiente como para enervar durante el curso del diferendo los efectos de la medida cuya nulidad involucra la sustanciación de fondo. Mermado en su fuerza convictiva, la prueba y razonamiento aportado por la accionante no logra el fumus bonis iuris que cumplimente el recaudo de certeza susceptible de socavar la presunción de legitimidad del acto administrativo al que se opone. En tal sentido se ha afianzado la doctrina al afirmar que procede la medida “…cuando la fuerza de convicción de los datos aportados por quien pide la suspensión o el cese de sus efectos desvanecen la presunción de legitimidad y enervan su ejecutoriedad…” (confr. Snopek, Guillermo; “Medidas Cautelares en contra de la Administración Pública, ed. 1985, p. 104; TSJ Santa Cruz, Tomo IV -Contencioso Administrativo-, Reg. 335, Folio 778/779), situación ésta que, debidamente analizada por el Excmo. Tribunal Superior, no es cumplida de la manera requerida en estos actuados. Precisamente, y siguiendo el criterio ya expuesto por este Tribunal, en el caso de autos, la aplicación del acto cuestionado no generaría -en principio- a los actores un perjuicio de imposible o difícil reparación, ya que nada impediría que, en caso de obtener los actores una sentencia definitiva favorable, obtengan una justa reparación integral de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado el acto, más aún teniendo en cuenta que el demandado en autos es el Estado, cuya solvencia se presume y no puede ser cuestionada (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo V -Contencioso Administrativo-, Reg. 335, Folio 778/779; ídem Reg. 366, Folio 880/881; Tomo XIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 852, Folio 2419/2422). Si bien esta presunción no puede tornarse por sí sola en una valla insalvable para la procedencia de las medidas cautelares intentadas contra el Poder Administrador, no menos cierto es que para desvirtuarla es imprescindible que los actores acrediten prima facie que el acto es ajeno a la razonabilidad y que el accionar administrativo no se sustente en derecho alguno, extremos que a criterio de este Alto Cuerpo no se encuentran acreditados en el caso que nos ocupa.-
Por todo ello, es que corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, con costas en el orden causado, en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-.-
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los actores a fs. 42/43 vta..-
2. Imponer las costas en el orden causado (art. 90º del CPCA).-
3. Regístrese y Notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009C.141 Tomo: XV Sentencia: 961 Folio N°: 2914/1916 Secretaría: 1
Fin de la sentencia