Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-711/12
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE1023453-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-711/12 Interlocutorio N°: 477 Actor: LEGUIZAMON RUBEN ADOLFO Y OTRA Demandada: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV)
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 08-04-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 477 FOLIO Nº 1805/1809 PROT. ELECT. TSS1 003 O.241
Río Gallegos, 8 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “LEGUIZAMON RUBEN ADOLFO Y OTRA C/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV) S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA", Expte. N° L-711/12-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por el actor, Rubén Adolfo Leguizamón, por intermedio de su letrada apoderada Dra. Ana María Calixto en PE1023453-2023, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE1002080-2023, por cuanto se rechaza la demanda instaurada a fs. 40/43 vta..-
En su recurso, el actor manifiesta que: “En el caso resulta evidente que la sentencia recurrida ocasiona a esta parte un agravio concreto y actual, atento la forma en que la cuestión fue resuelta. Es así que, primeramente, debemos manifestar que llama la atención la ligereza conceptual con que fue resuelto nuestro planteo, con la cual solo se pretende sostener los inexistentes argumentos de la resolución dictada por el IDUV, la nro. 3039, sin entrar a analizar la cuestión de fondo, ni las pruebas aportadas por esta parte. Recordemos, que esta parte impugno (sic) la validez de la resolución N° 3039 dictada con fecha 31 de Octubre de 2009, en el expediente IDUV N° 021.767/176/2009, en la cual se resolvió desadjudicar la vivienda otorgada a mis representados.
Cuestión que no fue consentida por esta parte, mucho menos teniendo en cuenta que la resolución que atacamos en su oportunidad al ser dictada en forma absolutamente irregular, sin respetar proceso alguno y mucho menos el derecho de defensa de mi parte, es nula de nulidad absoluta e insanable.” (cfr. PE1023453-2023, OTR00045430.pdf, págs. 4/5).- Entiende que: “Esto es, una resolución dictada en base a una falsa denuncia, como ser la que mi parte no habitaba el inmueble, sumado a un informe que ni siquiera da cuenta del nombre de la persona, más una entrevista a un tercero ajeno a la situación, se resuelve dejar mi parte en 'la calle'. A esto agreguémosle que la resolución impugnada carece de los elementos esenciales que hacen a su dictado, como ser la causa.
Finalmente, y como surge de las constancias de la causa, no se le permitió a mi parte ejercer debidamente su derecho de defensa.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 5).- Plantea que: “Así la resolución impugnada es contraria a principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. En el caso V.E. no nos encontramos ante normas dispositivas, sino ante lo que la doctrina y la CSJN han denominado normas procesales imperativas o impositivas. Así mientras la infracción a una norma dispositiva, que ocasiona simples vicios de actividad que pueden derivar en nulidades meramente relativas, en cambio cada vez que se configura un vicio desnaturalizador proveniente de la violación de una regla imperativa estamos frente a un desvío irreparable, insubsanable, que necesariamente ha de desembocar en una nulidad absoluta.
Estas últimas, sea la vía por las cuales se llegue, en última instancia el fundamento se asienta en el resguardo de las garantías constitucionales que aseguran el debido proceso. Este último desconocido por la sentencia dictada por V.E., como así también los distintos planteos efectuados y las pruebas que refutan claramente los fundamentos de la resolución impugnada.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 5/6).- A ello agrega: “Y así también se ha dicho que 'Es arbitraria la sentencia que omitió el tratamiento de cuestiones sustanciales planteadas por el recurrente, pues ello se traduce en la falta de fundamentación adecuada del pronunciamiento con la consiguiente afectación de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso legal' (Fallos 346:32).
Lo dijimos al presentar la impugnación de la resolución 3039. Se había impedido a mi parte ejercer debidamente el derecho de defensa, esto con un claro ánimo de desadjudicarle la vivienda que por varios decenios ocupa antes y actualmente. Se realizó así en sede administrativa un expediente sumarísimo que impidió ejercer sus defensas, como lo son los testimonios que luego se brindaron en sede judicial, los cuales hacían caer el fundamento de la resolución atacada. Esto es que mi parte no habitaba la vivienda. Y: 'Si bien las resoluciones por las cuales los superiores tribunales de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local no son, en principio, revisables en la instancia del art. 14 de la ley 48; dicho criterio admite excepción cuando la sentencia impugnada conduce, sin fundamentos suficientes o mediante una inadecuada ponderación de las circunstancias del caso, a una limitación sustancial de la vía utilizada por los recurrentes, afectando su derecho de defensa en juicio y debido proceso, lo que ocurre en el caso.' (Fallos 346:287).
Y el derecho [de] defensa no es ni más ni menos que un derecho fundamental de las personas a defenderse ante ya sea un Tribunal de Justicia o una instancia administrativa de los cargos que se le imputan, con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento administrativo. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso, que en el expediente administrativo -no analizado por V.E.- se encuentra claramente violado.” (cfr.
PE y pdf cits., págs. 6/8).- Finalmente expresa: “La forma en que se estructuró el proceso administrativo, que dio lugar a la resolución que aquí impugnamos, es una muestra cabal de la violación del debido proceso. Informado sobre la base de denuncias de terceros ajenos, sin permitírsele a mi parte ejercer su derecho de defensa y refutar lo dicho falsamente. Esto último como quedó demostrado en esta causa con los testimonios concordantes de los testigos aportados por esta parte. Lo antes dicho también se refleja en la inexistencia de causa. Recordemos que esta última implica que el acto deberá 'sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable'. (art.7 ley 1260).
Así, tenemos que la causa de una sanción está en la comisión efectiva de la falta, pero en el caso esa falta no existió. Nunca mi parte dejó de habitar el inmueble. En esto tanto la autoridad administrativa como V.E. nunca apreciaron tal circunstancia, de ahí que se afectó la validez de la decisión, por apartarse de los hechos y el derecho realmente aplicables. Las circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a dictar el acto administrativo son claramente falsas, de allí que -más allá de citas jurisprudenciales que nada tienen que ver con el caso- el acto administrativo fue debidamente cuestionado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que es condición de validez de las sentencias judiciales que estas sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias de la causa.
Y que no se satisface en circunstancias en que se omite la consideración de elementos conducentes para la solución del caso, o se interpretan las normas en términos que equivalen a su virtual prescindencia. (CSJN14-9-200; 319:2264; 312:1720; 317:39). Y si bien los jueces no están compelidos a seguir todas las argumentaciones de las partes, no pueden omitir tratar los temas conducentes para componer un litigio. En este punto es evidente el apartamiento de la sentencia de las pruebas aportadas en autos, que daban por tierra con los fundamentos del acto administrativo. Y, casi huelga señalarlo, que no se trata aquí de una cuestión menor. La seguridad jurídica es una garantía constitucional de gran importancia; sin ella no puede haber libertad ni convivencia armónica, ya que el hombre no podría conocer las consecuencias que deparará el gobernante para sus comportamientos.
De esta forma, amén de la arbitrariedad que en si conlleva la resolución que aquí cuestionamos, se produce un claro quebrantamiento de las formas, que tornan nula de nulidad absoluta e insanable la sentencia dictada en autos.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 8/10).- Corrido el traslado a la parte demandada del recurso extraordinario interpuesto por la parte actora (cfr. PE636400-2023), dicho traslado no fue contestado.-
El Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal dictamina expresando -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado (cfr. PE1086583-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE674059-2023.-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso extraordinario federal articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que lo ha deducido en formato A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado parcialmente los requisitos del artículo 1º. En efecto, si bien la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, la pagina 7 excede los renglones permitidos por la normativa citada y habiéndose escrito con letra claramente legible (art. 1º del Reglamento).-
También se observa que cuenta con carátula en hoja aparte, dando cumplimiento con los recaudos establecidos en el artículo 2º.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida resulta equiparable a sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Alto Tribunal elaborada en la materia; en tanto fue dictada por el Máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario federal requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos 303:633, entre otros).- En consecuencia, el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
En relación a los restantes requisitos del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el recurso no consigue satisfacer los mencionados en los incisos b), c), d) y e) del citado artículo.-
El recaudo del inciso b), del artículo 3º implica un relato de las circunstancias relevantes del caso vinculadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal que, supuestamente, han sido violadas, lo cual no se ha cumplido acabadamente en la especie. En concreto, el artículo 10 establece que la fundamentación del recurso extraordinario no podrá suplirse con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa. Desde esta perspectiva, el Máximo Tribunal de la Nación ha declarado que: “...el requisito de fundamentación autónoma sólo se satisface si la lectura del recurso extraordinario hace innecesaria la del expediente...” (Fallos 323:1261), lo que evidentemente no puede predicarse respecto de la presentación bajo estudio, puesto que tan solo se limita a efectuar una sucinta reseña de las constancias de autos.- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c), se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna.-
Un capítulo aparte debe dedicársele a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada N° 4/2007 y 14 de la Ley N° 48, puesto que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Máximo Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley N° 48.
Es decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 104).- En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 1°, de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. art. cit. inc. 2°, de la ley cit.), y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. art. 14, inc. 3°, de la Ley N° 48).
Por el contrario, en el fallo recurrido se rechazó la demanda que pretendía rever la decisión del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz de desadjudicar un terreno fiscal, (cfr. PE1002080-2023), cuestión notoriamente ajena a la instancia del artículo 14 de la Ley N° 48.- Tampoco se advierte en el escrito bajo estudio: “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. inc. e), del art. 3º de la Acordada N° 4/2007). Esto se sigue de la inexistencia de cuestión federal (cfr. art. 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr.
Palacio de Caeiro, Silvia B.: “Recurso extraordinario federal”, 2° edición, La Ley, 2012, págs. 431/432).- Además, le corresponde a la parte recurrente precisar con exactitud la cuestión o caso federal que se ha discutido en el juicio y demostrar la vinculación existente entre los fundamentos de la sentencia y la efectiva lesión de las garantías constitucionales, a fin de que pueda ser válidamente fallado. La relación directa, exige que los agravios expresados contengan un adecuado nexo o ensamble entre la cuestión federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la Constitución Nacional afectadas. En caso contrario, si no se presenta o advierte la mencionada relación directa e inmediata no habrá materia para el remedio federal (cfr. aut. y ob. cit., págs. 432/433 y los fallos allí citados).
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional y de diversos Tratados Internacionales, constituye una mera enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal ni mucho menos la relación directa con la materia debatida. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (cfr.
TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 367, Folio 1383/1391; IX, Reg. 434, Folio 1646/1649, entre otros).- En definitiva, en razón de la inexistencia de cuestión federal es que no se ha podido dar cumplimiento con el requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo la parte recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado, en algunas ocasiones, a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad.-
Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que el Alto Tribunal ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- La presentación en estudio denota una absoluta ausencia de debida fundamentación, toda vez que las presentantes se limitan a denunciar la arbitrariedad de la sentencia pero sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Nótese que en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley N° 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio federal intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE1023453-2023.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1003O.241 Tomo: X Interlocutorio: 477 Folio N°: 1805/1809 Secretaría: 1
Fin de la sentencia