Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el recurso diferido de PE 536154/2023 por no haber sido sostenido (art. 92 ley 1444).
2Recordar al despacho la necesidad de consignar en los certificados de consignar los recursos diferidos.
3Aclarar oficiosamente el error incurrido en el punto 2 del interlocutorio a fs. 208 en cuanto difiere para la definitiva la excepción de incompetencia siendo de previo y especial pronunciamiento.
4Rechazar la pretensión de nulificar la sentencia por las razones expuestas en el considerando.
5Modificar la sentencia recurrida aclarando que no existe una CCT de empleadas domésticas y que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece las categorías y salario mínimo y que el Gabinete Contable, a los fines de la liquidación encomendada, además de las pautas señaladas en la sentencia deberá tener en cuenta las pautas señaladas en este pronunciamiento y confirmarla en lo demás que decide.
6Las costas de la instancia se establecen en el orden causado en atención a la imprecisión de las pautas (art. 68 del CPCC).
7Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados los correspondientes a la anterior instancia.
8Tener presente la reserva del caso federal sostenido en PE 1822238/2025 por el recurrente. 9º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9004/25 Sentencia: Definitiva Actor: Leiva Isaura Isabel Demandada: Martínez Crespo Luis H. Y Otra Objeto: Laboral- Cobro de pesos Fecha: 22-05-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “LEIVA, Isaura Isabel c/ MARTINEZ CRESPO, Luis H. y otra s/Laboral, cobro de pesos” Expte. Nº 36.435/17 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresara en la instancia con el Nº 9004. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Mario A. Albarrán y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es nula la sentencia en crisis y deben corregirse oficiosamente defectos en el procedimiento? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en lejano diciembre de 2017 los Dres. Carlos Prades y Jorge Puig en representación de Isaura Isabel Leiva promueven demanda laboral contra Luis Hernán Martínez Crespo y Anahí Velia Lanzóni por cobro de salarios adeudados, SAC de los años 2011 a 2017 y otros rubros que correspondan por aplicación del CCT para trabajadores del servicio doméstico. Indican que su representada comenzó a trabajar para los demandados en junio de 1979, como empleada doméstica, en una relación que se convirtió en casi parental pues crio a los hijos de los demandados hasta que ellos se fueron a estudiar a la Universidad. Relatan que frente al divorcio del matrimonio, su representada quedó como casera de la vivienda al cuidado de los muebles y efectos por estar en Rio Gallegos Martínez Crespo como vice-gobernador.
Expresan que comenzaron de allí a eludir el pago de los salarios y de los servicios públicos. Refieren que fueron 38 años de relación laboral. Expresan que al no obtener la actora regularización de la situación laboral, ésta realizó un reclamo administrativo donde la otra parte pidió una liquidación de la deuda, en lo que consideran un tácito reconocimiento de la relación laboral. Detallan los rubros adeudados desde enero de 2011 y encuadran su relación como casera según CCT. Incluyen aguinaldos y vacaciones. Ofrecen prueba y fundan en derecho. Luego de la intervención de la Defensoría Oficial a fs. 61 se celebra audiencia del art. 47 de la ley donde comparecen las partes. A fs. 87/92 el codemandado Luis Hernán Martínez Crespo contesta la demanda representado por la Dra.
María Elena Jaureguiberry con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo R. González. Opone excepción de prescripción contra los créditos reclamados en su totalidad, o en su defecto los correspondientes a los dos años anteriores a la demanda. Invoca un despido de la actora el 23/02/2012 a fs. 17 del expediente administrativo, al darse por despedida la actora con una antigüedad de 31 años, 8 meses y 11 días y se pregunta cómo podría reclamar haberes posteriores a esa fecha. Sostiene que sí tuviera derecho no podría reclamarlos y que en el expediente administrativo reclamó haberes de enero 2005 a octubre de 2011. Afirma que hubo un comodato gratuito de la vivienda ocupada por la actora y que existe mala fe al no darse por despedida para seguir cobrando.
Sostiene que las sumas reclamadas en sede administrativa corresponden a distintas fechas de las reclamadas en autos por lo que no les alcanza la suspensión del art. 257 de la LCT. Plantea la incompetencia de jurisdicción por ser un comodato gratuito. Cita como codemandada responsable a la ex esposa del demandado. Debo señalar que la falta del DVD donde se encontraba digitalizado el expediente Nº 18.142/16 de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social que no había sido remitido en su oportunidad, fue localizada la digitalización y remitido lo que permitió tenerlo en cuenta al elaborar este voto.
A su turno, a fs. 94/98, se presentan como apoderados de la codemandada Velia Anahi Lanzoni la Dra. María Carolina Sotomayor y el Dr. Luis María Della Rosa que plantean falta de legitimación pasiva como defensa de fondo, excepción de prescripción como de previo y especial pronunciamiento. En subsidio contestan la demanda. Respecto de la falta de legitimación acompañan testimonio la sentencia del divorcio de su representada con el codemandado Martínez Crespo con efecto retroactivo al 28/6/2010. En ella se homologó la liquidación de la sociedad conyugal donde se adjudicó a Martínez Crespo el inmueble de Barrio Médico casa 7086 en un 100%. Mencionan la separación de hecho en 1998, luego de la cual su representada se radicó en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Denuncian el último domicilio conyugal en Barrio Médico casa 7086. Sostienen que la demandada hace más de 20 años que no se encuentra radicada en Caleta Olivia. Hacen notar que desde 1998, en que su representada se mudó a CABA, no existió relación laboral con la actora y por ende que, el periodo reclamado en autos, además de prescripto no le es imputable a su mandante. Impugnan los rubros pretendidos, ofrecen prueba y fundan el derecho de su representada.
Celebrada la audiencia del art. 47 de la ley 1444, se contesta la demanda por los codemandados arriba referido (fs. 62/92 y 93/98) y se corre traslado de las excepciones. A fs. 105 la representación de la actora se allana a la excepción de prescripción hasta los dos años antes de la interposición de la demanda. Sostiene que la relación entre las partes perduró en el tiempo y mantiene su ofrecimiento de informe socio ambiental ampliando el ofrecimiento de prueba. A fs. 107 y 108/109 los demandados amplían el ofrecimiento de prueba. Interín el codemandado Martínez Crespo recusa por medio de su apoderada a la titular del Juzgado y se producen una serie de incidencias. Con el interlocutorio de fs. 207/210 se difiere las excepciones de prescripción, de incompetencia (¿?), y de falta de legitimación pasiva abriéndose la causa a prueba.
II. Que durante la producción de las pruebas obrantes en autos la parte actora interpone revocatoria con apelación en subsidio contra el rechazo de una alegación sobre la idoneidad de los testigos (PE822975/2023). Se rechaza la revocatoria y se concede la apelación en subsidio con efecto diferido (PE536154 -2023).
Tal vez por haber diferido la excepción de incompetencia, no se aplicó en el punto el procedimiento laboral y por ello no se advirtió que el art. 84 de la ley 1444 establece que “se tendrán presente con efecto diferido hasta el momento que se haya puesto fin al proceso de conocimiento, en primera instancia, con la sentencia definitiva” en lugar de concederlo como se hizo. El despacho del Juzgado deberá tomar nota así como señalar que, en las certificaciones de elevación se deben consignar estos recursos para su tratamiento en la instancia o para denegar el recurso sin más trámite si se omite fundarlo (arts. 91 y 92 de la ley 1444). Y, no habiendo la actora expresado agravios corresponde sin más trámite denegar el recurso. Así lo propongo.
III. Que luego de los alegatos de las partes en PE804541/2024 pasan los autos a despacho para dictar sentencia que obra en PE1807514/2025. Con consideraciones que se tienen presente, en el resuelvo la sentencia hace lugar al allanamiento de la actora a la excepción de prescripción por los rubros reclamados anteriores a los dos años anteriores a la interposición de la demanda, declara la falta de legitimación pasiva de Velia Anaí Lanzoni en autos; hace lugar a la demanda promovida por Isaura Isabel Leiva contra Luis Hérnan Martínez Crespo y lo condena a abonar a la actora la suma a determinarse en la etapa de ejecución que determine el Gabinete Contable por los rubros del considerando V, dentro de los diez días de encontrarse firme y consentida la liquidación a practicarse, con más los intereses devengados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina a aplicarse desde que cada suma es debida y hasta los diez días de encontrarse notificada la suma determinada. En caso de incumplimiento la misma devengará intereses a la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina desde que es debida y hasta su efectivo pago, conforme considerandos. Se ordenó el pase al Gabinete Contable, se impuso las costas a la demandada vencida con los alcances expuestos en el considerando en lo que respecta al límite de responsabilidad (art. 68 y ccs. del CPCC y art. 277 de la ley 20.744). Ordena emitir los testimonios y certificaciones a los fines prescriptos por el art. 58 de la Ley de Servicio Doméstico. Difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia hasta que obre liquidación aprobada y firme. Ordena registrar y notificar por secretaría.
IV. Que antes de ingresar al tratamiento de los agravios debo tratar la cuestión preliminar que propone la parte actora en PE 1846203/2025. Sobre el particular mantengo el criterio amplio del tribunal sobre el cumplimiento de los requisitos del art. 90 de la ley 1444. A mi juicio, en el caso, el memorial, en estudio, de agravios del demandado contiene una crítica de los aspectos de la sentencia que se consideran equivocadas o no tratadas y cumple con el recaudo del rito que exige mantener la apelación mediante una crítica concreta y razonada. Respecto del comentario de la parte actora en el último párrafo de la cuestión preliminar cabe señalar que no siempre por la apelación se persigue la revocación pues la parte se puede conformar con modificarla. El codemandado Luis H. Martínez Crespo disconforme con lo resuelto, por medio de su representante interpuso en PE 1822238/2025 recurso de apelación y lo fundó. Al concretar el primer agravio entiende que la sentencia es descalificable y provoca su nulidad y tras una cita doctrinaria interesa al tribunal “la nulidad de la sentencia por falta de fundamentación.” Cabe recordar que el art. 254 del CPCC (ley 1418) al que declara aplicable en el proceso laboral el art. 121 de la ley 1444 establece: “El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia…”
Estos defectos de la sentencia deben ser de una entidad que perjudique la potestad defensiva de los litigantes. Así se ha entendido que procede la anulación en lo atinente a la fecha del fallo, ausencia de la firma del magistrado, dictada por un juez recusado o excusado, o déficit en la constitución de un tribunal colegiado, ausencia total de motivación, no respetarse la prejudicialidad y dictarse antes de la acción penal, o dictarla antes de que la causa haya estado en condiciones. Hay que tener en cuenta que la apelación absorve siempre a la nulidad, es decir que en la inmensa mayoría de los casos, injusticia y nulidad son motivaciones pasibles del recurso de apelación y subsanables por esta vía salvo los supuestos arriba indicados.
Por ende propongo al Acuerdo rechazar la pretensión de nulidad de la sentencia. Queda vigente la vía de la apelación donde trataré esas críticas. Debo agregar, aunque no se lo mencione en la sentencia que no considero una omisión que merezca la declaración de nulidad por no haberse pronunciado sobre la excepción de incompetencia que, en el interlocutorio de fs. 207/208, se difirió en el punto 2 de fs. 208. Hubo sí, en ese interlocutorio, un error por diferir el tema de la competencia. Ello toda vez que la excepción de incompetencia es de previo y especial pronunciamiento, habida cuenta que el juez debe determinar si continua entendiendo en la causa o si la remite al juez que considere competente. Por otro lado no debió diferirla toda vez que tenía elementos para tratarla. En efecto la competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda, y no por las defensas opuestas por el demandado. Así lo establece, como regla general, el art. 5 del CPCC aplicable en el proceso laboral como norma supletoria (último párrafo del art. 121 ley 1444) unido a lo dispuesto por los arts. 2 y 3 de la ley 1444. Ya está hecho y por otra parte las partes no han cuestionado la actuación posterior del Sr. Juez de primera instancia y éste, al dictar sentencia ha ratificado su competencia. Se trató de un error que las partes podrían haber pedido que se corrigiera y ellas cargan con la responsabilidad de haberlo mantenido.
Respondo ahora a la primera cuestión. Señalo que debe denegarse el recurso en relación y con efecto diferido de PE 536154/2023, aclarar el error del punto 2 de fs. 208 al diferir la excepción de incompetencia y rechazar la pretensión de declaración de nulidad contenida en el primer agravio, sin perjuicio de tratar los cuestionamientos al analizar las siguientes cuestiones propuestas al Acuerdo. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
V. Coincido con el análisis con el que el preopinante responde a la primera cuestión y adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VI. Que rechazada la vía de la nulidad de la sentencia ingresaré al examen de las quejas contenidas en el primer agravio. Allí el recurrente sostiene que estamos ante una sentencia que califica de incompleta, falta de fundamentación, abierta, que no pone fin al asunto y cede facultades jurisdiccionales y deja lugar a varias interpretaciones. Critica que el magistrado invoque la primacía de la realidad para sostener que entre actora y su representado hubo una relación laboral sin hacer referencia a una sola prueba que lo lleve a tomar esa decisión. Entiende que ello choca contra la aplicación del instituto de la prescripción de los créditos laborales. Razona que la actora se allanó a la prescripción de los créditos laborales anteriores a los dos años anteriores a la interposición de la demanda y está probado que Luis H. Martínez Crespo se encontraba en la capital provincial es imposible que haya existido relación laboral o en su defecto que los créditos están prescriptos. Critica que se haya decidido la falta de legitimación pasiva de Velia A. Lanzoni y sostiene que ella fue la verdadera empleadora de la actora y que a pesar del divorcio responde con Martínez Crespo pues la casa en la que traba la actora era un bien ganancial y que en principio el divorcio entre las partes no altera la relación laboral con la empleada doméstica y que el miembro de la pareja que sale del hogar conyugal continua como garante salvo que haya pactado un cambio de empleador o cese y se lo haya comunicado a los organismos de seguridad citando jurisprudencia.
Critica que el Sr. Juez se haya basado en la única prueba para sostener la existencia de relación laboral entre la actora y Martínez Crespo fue el expediente que tramitó ante la Secretaría de Trabajo local y toma las posturas allí vertidas para condenar siendo que la ley 2450 de procedimiento administrativo laboral busca la conciliación y que las partes lleguen a un acuerdo. Por ello entiende que ese medio de prueba no puede constituir un basamento útil para determinar la existencia de una relación laboral. Concluye que no se analiza adecuadamente ni se hace referencia al colecto probatorio producido y ello deja a la sentencia en el límite de la arbitrariedad al basarse en la voluntad del juez y se funda en conceptos voluntaristas y subjetivos y resulta arbitrario. Ataca la sentencia por no estar inmersa en las pruebas y el derecho que lleve al juez a esa decisión.
En el segundo agravio se queja por la improcedencia de los créditos laborales determinados en la sentencia. Sostiene que los considerandos V y II pecan de falta de fundamentación y falta de precisión en la determinación para un adecuado cálculo de los créditos laborales de condena lo que lleva a otro juicio por la forma y modo de realizar la liquidación de la sentencia. Critica que la liquidación no la realice la actuaria como manda la ley y que por las imprecisiones las partes continuarán con el litigio para establecer y determinar valores con invocación del inc. 6ºart. 164 del CPCC que transcribe. Tras analizar un párrafo donde el magistrado ordena liquidar los conceptos reclamados, con la actualización e intereses conforme la normativa vigente considera atendible el pase al Gabinete Contable en el momento procesal oportuno, respetuosamente entiende que el juez debe decir y hacer referencia a cuales son los conceptos, rubros y fechas por los que prospera la sentencia el comienzo del cómputo de los intereses y tasa a aplicar, cual la normativa vigente y entiende que se debió fundarlo en derecho y liquidar conforme art. 99 de la ley 1444. Se agravia por no indicarse con precisión las fechas alcanzadas por la prescripción y hace notar que no hay convenio de la actividad pues las tareas de las empleadas domésticas se rigen por la ley 26.844 con jornadas y categorías.
Hace referencia a la devolución de las llaves conforme el escrito del 14/12/22 y entiende que a partir de allí no hay más relación de trabajo; y que, si sigue en la vivienda, lo es en calidad de comodato es decir un contrato civil y no como empleada y por ello afirma que no se deben créditos a partir de 14/12/22.
Hace notar que a )la sentencia le falta determinar cuál sería la mejor remuneración mensual, si se trata de personal con o sin retiro, si es trabajo por horas, por jornada de 4, 6, u 8 horas por día, los montos imponibles por los rubros que progresará la condena. En el siguiente ataque manifiesta que sin saber el salario base a la secretaria la resultará imposible hacer la liquidación por los rubros que progresen.
Se refiere a la liquidación por antigüedad del art 48 de la ley especial sin referirlo a un error de la sentencia al no haberse reclamado la indemnización. Critica que no se haya establecido la categoría profesional ni la jornada y el salario, ni se indicó el salario o si se aplica el mínimo del art. 18 e invoca el sitio Web del Ministerio de Trabajo de la Nación y transcribe las categorías. Señala la dificultad para calcular el SAC que lo es sobre la mayor remuneración devengada y no se encuentra determinada según la redacción de la sentencia. Además las dificultades para liquidar la licencia por vacaciones y las que provoca no tener determinado el salario normal y habitual o y la fecha de ingreso o si es con o sin retiro o la fecha de ingreso y la de extinción del contrato de trabajo indispensables para el cómputo de la antigüedad y la de integración del mes de despido. Expresa que, por ello, la considera una sentencia abierta al no resolver todos los puntos sometidos a consideración. Finaliza sosteniendo que esta forma de fallar afecta los derechos de defensa, seguridad jurídica, debido proceso etc. sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 164 del CPCC en cuanto a los requisitos esenciales como acto válido. En el tercer agravio con cita del art. 99 de la ley 1444 insiste en calificarla de incompleta, quejándose por haber delegado el magistrado la facultad jurisdiccional en el cuerpo pericial de la Cámara dando por verdad absoluta los cálculos que se realicen en el expediente. Transcribe la norma. Expresa que la norma requiere una sentencia expresa, positiva y precisa para que la liquidación la confeccione el actuario conforme la manda. Califica de delegación de facultades jurisdiccionales en un cuerpo contable impedida por la ley en una sentencia que le faltan elementos para fijar los rubros de condena.
Sostiene el caso federal.
Pide se modifique la resolución recurrida en todo aquello que haya sido materia de agravio en el presente, con costas.
VII. Que la parte actora por medio de su representación y patrocinio letrado contesta el traslado de los agravios y plantea una cuestión preliminar que he resuelto al responder a la primera cuestión.
Respecto del primer agravio entiende que se trata de una mera discrepancia y con relación a la relación laboral hace notar que el magistrado ha merituado las pruebas entre ellas el expediente administrativo labrado ante la autoridad competente, que en ellos se requirió una liquidación, declaración de una vecina sobre los quehaceres de la actora en la vivienda del codemandado como empleada doméstica y el informe socioambiental, el testimonio de tres vecinos sobre el carácter del trabajo de la actora. Se apoya en los propios argumentos de agravios al referirse a que el lugar de trabajo de la actora era un bien ganancial y que por principio el divorcio entre las partes no afecta la relación laboral con la empleada doméstica con invocación de la teoría de los actos propios. Sostiene que no existe contradicción en el fallo, que valora las pruebas relevantes existentes en los autos y se ha respetado el derecho de defensa garantizando el debido proceso y que se trata de una decisión justa.
Al rebatir los argumentos del segundo agravio hace notar que el juez a quo reconoce la existencia de una relación laboral entre la actora y el codemandado y ordenó liquidar los conceptos reclamados con la correspondiente actualización e intereses conforme la normativa en función de la CCT aplicable para el personal doméstico, incluyendo ajustes por aumentos salariales que correspondan según el convenio colectivo, pago de aguinaldos y vacaciones calculados considerando la antigüedad y el período reclamado y no prescripto. Y que para ello requiere por necesidad técnica la intervención del Gabinete Contable pues no se trata de un mero cálculo matemático sino que exige una precisa, clara y ordenada merituación de las diversas variantes de la indemnización otorgada actividad que a su entender excede las facultades concedidas al secretario por el art. 99 de la ley 1444. Considera al fallo totalmente válido y respetuoso de los derechos de defensa por lo que rechaza la tacha de arbitrariedad. Con respecto del argumento de la entrega de las llaves lo rebate con consideraciones sobre la edad de la actora y los diez años del reclamo en sede administrativa y luego en el Poder Judicial.
Con relación al tercer agravio sostiene que en definitiva el que aprobará la liquidación será el Juez de la causa. Hace notar que el informe contable requerido por el Juez constituye una herramienta clave en los procedimientos judiciales que involucran cuestiones económicas y proporcionan una base sólida y objetiva para la resolución del conflicto y no es vinculante para el juez.
VIII. Que planteada en esta forma la posición de las partes en la instancia es fácil advertir que, por una cuestión de lógica, es necesario resolver en primer lugar si existió entre las partes una relación laboral toda vez que de llegarse a un resultado negativo, los demás agravios resultarían abstractos. Se trata de un expediente que comienza con particulares circunstancias que llaman la atención: se denuncia el domicilio de la actora en la calle Beauvoir 1316 y el de los demandados en la calle Salaberry 2795, precisamente el inmueble en que la actora sostiene trabaja como casera y pide que en él se realice un informe socio ambiental. Es una falta de ética remitir la cédula de traslado de la demanda a un domicilio que la propia actora recibirá. Tanto es así que, al diligenciar las cédulas de traslado de la demanda el oficial notificador es atendido por la actora. Así vemos en la cédula de fs. 11 dirigida a L.H. Martínez Crespo donde el oficial consigna a fs. 12 y 13 que la Sra, Leiva informó que el destinatario no vive en Caleta Olivia desde 2004 y que lo haría en Rio Gallegos. Respecto de la cédula de fs. 14/15 dirigida a la codemandada el oficial informa que desde el año 2004 no vive en la localidad desconociendo donde vive. Los apoderados de la actora manifiestan bajo juramento haber realizado sin éxito gestiones tendientes a conocerlo por lo que se publican edictos. Al darle intervención a la Defensora Pública Oficial la Dra. Massa tras una compulsa del padrón electoral que le permite ubicarlos denuncia los domicilios reales de los demandados. Ello consumió todo el año 2018 hasta la audiencia del art. 47 de la ley 1444.
En su contestación de demanda la Dra. María Elena Jaureguiberry representando al Dr. Martínez Crespo reconoce que es cierto que la actora habita en el inmueble de propiedad del demandado, pero afirma que siempre lo hizo en calidad de comodataria gratuita. Invoca en negritas “la ausencia de su domicilio del Sr. Luis H Martínez Crespo desde el año 1999 con motivo de su separación de hecho del matrimonio que hasta entonces mantenía con la Sra. Anahi Velia Lanzoni” y la ausencia de dicho domicilio de la Sra. Lanzoni desde 1999 quien desde entonces habita en la ciudad de Buenos Aires. Indica que el Dr. Martínez Crespo habitó desde la separación de hecho en la calle Nicaragua 445 y posteriormente en la calle Beghin s/n y, ya electo vice gobernador de la provincia en 2007 se ausentó a Rio Gallegos para cumplir sus funciones. Por ello sostiene que esa circunstancia demuestra que ambos cónyuges decidieran permitir que en el inmueble habitara bajo la figura del comodato gratuito una persona de entera confianza de la Sra. Lanzoni.
El Código Civil de Velez Sarfield vigente en la época de los hechos definía el contrato en el art. 1137 diciendo que “hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos”, y en el art. 2255 nos indica que “habrá comodato o préstamo de uso, cuando una de las partes entregue a la otra gratuitamente alguna cosa no fungible, mueble o raíz, con facultad de usarla.” Y sabemos que se perfecciona con la entrega de la cosa y que, ninguna forma es indispensable para el comodato y toda clase de prueba del contrato es admisible. Pero mientras la actora afirma que existía una relación laboral como empleada de servicio doméstico en la categoría de casera, la parte demandada y codemandada insisten en el que la actora se encontraba unida por un contrato de comodato gratuito.
Conforme el art. 355 del CPCC (ley 1418 al que remite el art.121 de la ley 1444) establece la carga de la prueba y en su segundo párrafo indica que: “… Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción…”
Es decir la actora debía probar la relación laboral como doméstica en la categoría casera y los demandados demostrar la declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos y la entrega de la tenencia de la cosa. La actora ha demostrado la verosimilitud de su posición tanto que en la audiencia de fs. 57 se decretó una medida de no innovar sobre los bienes y enseres del inmueble referenciado.
Así, de la prueba testimonial rendida en autos en audiencia (grabadas en DVD), tenemos que el señor Eduardo Burgos Partarieu, quien se declara sobrino lejano de Martínez Crespo nos indica que éste se mudó a Rio Gallegos en 2007 o 2008, que vivía en la calle Beghin donde tenía una señora que le cuidaba los chicos. Expresa que no pudo habitar la casa de Salaberry cuando Nano se la prestó, que no pudo entrar cuando se la prestó, que Isabel no lo dejó entrar. Dice que Isabel siempre trabajó con él (Martínez Crespo), le cuidó la casa. La testigo Elizabeth Medina se refiere a la actora como una persona que hace años habría trabajado. Mabel Liliana Toro se dijo “amiga de Nano” a quien conoce por razones políticas, afirma que la casa de él estaba usurpada y respecto de la actora, dice que trabajaba con Lanzoni.
Afirma que la casa estaba destruida y que no la mantuvo. Refiere que Martínez Crespo y Lanzoni se separaron a fines de 1999/2000 y la Sra. Leiva no pagó alquiler. El testigo Paulo Ricardo Fernández, amigo de Martínez Crespo, refiere que cuando le preguntó por la casa, éste le dijo que en su casa vivía una persona amiga de él, que la tenía al cuidado. El testigo Estigarribia, conoce a Martínez Crespo desde 1980, manifiesta que a pedido de Martínez Crespo le tramitó una pensión a la Sra. Leiva que salió, no tiene idea de lo demás. María Eulogia Partarieu casada con un primo de Martínez Crespo cuenta que éste, mientras vivió en la calle Beghín tenía una empleada. La casa de Salaberry se la prestó a la Sra.
Isabel quien no tenía donde ir. Dice la testigo que hizo un inventario y ella vendió por encargo un montón de cosas y un día Isabel no le dejó entrar y dijo que solo hablaba con Martínez Crespo. La testigo Bibiana Caisuti sólo declara que la codemandada Lanzoni se mudó a la ciudad de Buenos Aires en 1998 dando razones por la amistad de sus hijos con los del matrimonio Martínez Crespo- Lanzoni. El contador Castillo nos dice que le alquiló a Martínez Crespo la casa de la calle Beguin. Respecto de la casa de Salaberry dice que Leiva la ocupó, estima que estaba allí trabajando. Martínez Crespo se separó de Lanzoni hace mucho tiempo, la Dra. (Lanzoni aclara) se fue a Buenos Aires. Cree que Isabel cuidaba la casa.
La testigo Ana María Miranda nos dice que ella trabajó en la casa de la calle Beghin de Martínez Crespo, desde 2001, cuidándole los niños y dice que ellos (refiriéndose Martínez Crespo) alquilaban hasta que se fueron a Río Gallegos. No tiene idea de quien estaba en la casa de Salaberry. En su confesional la actora afirmó que quedó en la casa como era:
empleada doméstica desde 1979. Aclara que quedó en la casa como quehaceres. Siempre quedó en la casa. Nadie le dio en préstamo. La última pregunta no debió ser formulada pues daba por cierto un hecho al preguntar quien le había prestado. En realidad se la interrogó por preguntas, ajustando el interrogatorio al nuevo CPCC siendo que la ley 1444 remite a artículos del viejo CPCC ley l418 toda vez que nunca pudo remitir a un código que todavía no se había modificado pero nadie lo objetó. He tratado de resumir las testimoniales y la confesional, he tenido dificultades, estaba mal grabado y a algunos testigos no se los veía directamente o se los veía a un costado sin la claridad con que se los veía a los letrados. Incluso en ocasiones se interrogó a los testigos por hechos de Martín Crespo. Pero resumido (no textual) es lo que declararon.
De los dichos de los testigos ofrecidos todos por los codemandados, se desprende que Isaura Isabel Leiva trabajó muchos años como empleada doméstica del matrimonio Lanzoni- Martínez Crespo. Después de la separación Martínez Crespo habitó una casa en la calle Nicaragua y luego alquiló una casa en la calle Beghin al CPN Castillo. Allí tuvo como personal doméstico a la Sra. Ana María Miranda. No existe precisión sobre la fecha de la separación del matrimonio Martínez Crespo-Lanzoni toda vez que al contestar la demanda el primero lo sitúa en 1999, en el escrito de demanda por presentación conjunta lo sitúa en 2001 y sostiene que, en ese año, la Sra. Lanzoni se trasladó a Buenos Aires. Esta última afirma al contestar la demanda el 13 de diciembre de 2018 afirma que hace más de 20 años que “no radica en Caleta Olivia sino en la Ciudad autónoma de Buenos Aires”.
En agravios el recurrente critica lo resuelto respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada Velia A. Lanzoni y sostiene que esta última fue la verdadera empleadora de la reclamante en una especie de yanaconazgo que ligara a la actora con la vivienda, cuando el recurrente se retiró a la vivienda de la calle Beghin y, por lo tanto, que la Sra. Lanzoni era la responsable de la relación laboral si no se aceptaba la versión del comodato. Pero todo indica que la Sra. Lanzoni se retiró primero. No se acreditó por los demandados el comodato gratuito que invocan. Ello importa sostener que una persona ligada por una relación laboral aceptará poner fin a esta relación y optar por un comodato gratuito que permitiría al dueño del inmueble reclamar la cosa en cualquier momento.
Lo que es claro es que existió un mal manejo de la situación. Llegado el momento de la separación de hecho de los cónyuges no se entiende como no se aclaró la situación de la empleada doméstica de la familia. Pudieron haber llegado a un acuerdo. Pudieron haberla intimado en forma fehaciente a jubilarse, pero ello requiere haber realizado los aportes. Y pudieron poner fin a la relación despidiéndola con el pago de la correspondiente indemnización. No se puede pretender que sea la trabajadora quien debía darse por despedida por la falta de pago y sostener que se está aprovechando para seguir generando crédito. La patronal pudo tomar la iniciativa y despedirla sin causa (no pudo despedirla con causa, habida cuenta que fue la patronal quien cometió la injuria y no puede invocar la falta de pago).
Por ello descarto todos los argumentos por los que se pretende no existía relación de trabajo. A la actora le alcanzó con acreditar la prestación de servicios para que funcionara la presunción del art. 23 de la LCT (Aplicable conforme art. 1 de la ley 26.844) y esa prueba vino de la mano del testimonio de los propios testigos de los demandados arriba referidos. Por ello propongo al Acuerdo rechazar estas críticas y la hipótesis que enarbolan la parte demandada en el sentido que hubo un comodato gratuito.
A mayor abundamiento pongo de resalto que algunos de los testigos del demandado exageran. Así Toro sostiene que la vivienda estaba usurpada cuando ninguno de los demandados lo afirman. Eduardo Alberto Burgos Partarrieu sostiene que el codemandado no puede habitar porque la prestó, pero al no haberse pactado un préstamo sin fecha pudo reclamar la finalización del comodato. La madre de este testigo la otra testigo María Eulogia Parterrieu sostiene que Martínez Crespo se la prestó a la actora por cuanto ella no tendría donde ir, cuando de autos surge que tiene una vivienda propia en la calle Beauvoir 1316 como denuncia y se acreditó.
Criticó en agravios el recurrente que el magistrado haya fundado la sentencia en el expediente administrativo tramitado en la Secretaría de trabajo. Pero al poder tener acceso a la copia digitalizada de dichas actuaciones de las cuales si bien se terminó declarando la nulidad, es de hacer notar que el Dr. González Nora por el Dr. Martínez Crespo compareció en las audiencias testimoniales e incluso afirmó su derecho a repreguntar. Es decir las declaraciones testimoniales prestadas en esas actuaciones fueron controladas por el codemandado.
Otro argumento que no tiene posibilidad de progresar es el que se enarbola, con apoyo en doctrina, relativo a que siendo la casa en que trabajó la actora (¿no era una relación de comodato? cabe preguntarse) un bien ganancial y siendo que el divorcio entre las partes no afecta directamente la relación laboral con la empleada doméstica. Y por ello razona que esta continuidad o subrogación en la cabeza de un empleador significa para la empleada un cambio en el nuevo empleador; pero el miembro de la pareja que sale del hogar es garante de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, salvo que haya notificado o comunicado a los organismos de seguridad social la subrogación. En realidad no se determinó quien salió del hogar primero y en una u otra hipótesis quedó el recurrente como empleador o en caso inverso es garante de las obligaciones conforma la doctrina que invoca en sus agravios el apoderado del Dr. Martínez Crespo (https://www.diario jurídico.com/los-empleados-del-hogar-en-caso-de-separación-divorcio-oruptura-familar). Tampoco se determinó si se comunicó a los organismos de seguridad la alegada subrogación. Tampoco se comunicó a la actora en forma fehaciente.
Puede llamar la atención que, si la esposa se muda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1999 y el otro cónyuge se trasladó a Río Gallegos en el período 2007/2011, porqué razón el Dr. Martínez Crespo alquiló una vivienda y tomó otra empleada doméstica. La única explicación razonable es que, en ese período no estaba formalizado el divorcio ni homologado el convenio de la división de sociedad conyugal. Por lo que quedaba mal que permaneciera en un bien ganancial sin acuerdo de la otra integrante de la sociedad conyugal y se trasladó a una casa en la calle Beghin con otra empleada doméstica (Ana María Miranda) que le cuidara los niños. Es de presumir que ello no hubiera sido tolerado pacíficamente por la titular del otro 50% del bien ganancial y lo explica la actora a la licenciada Miriam Adriana Figueroa en su informe socio ambiental (ver fs. 248 bis). Es por ello por lo que se reclaman salarios y SAC adeudados desde el año 2011 dado que alguien abono la diferencia. Las pruebas producidas por los testigos ofrecidos por el recurrente como hemos visto no le fueron favorables. Ha acreditado la parte actora que se encontraba unida en el período reclamado con una relación laboral con el demandado Luis Hernán Martínez Crespo como empleada doméstica que muta al desarrollo de tareas de casera de la finca en Salaberry 2795 cuando los cónyuges se separan y que se le adeudan haberes durante el período no prescripto a la fecha.
Por estas razones propongo al Acuerdo rechazar las críticas contra la sentencia en cuanto se la acusa de falta de fundamentación.
El segundo agravio es titulado “Improcedencia de los créditos laborales determinados en la sentencia.” Se critica la falta de precisión e la determinación para un adecuado cálculo de los créditos laborales de condena que derivara en otro juicio por las diferentes posturas de las partes sobre la forma de realizar la liquidación de la sentencia y se manda realizar el cálculo al gabinete contable siendo ello obligación de la actuaria. Invoca el art. 164 inc. 6º del CPCC y entiende que la sentencia debe decidir y hacer referencia a cuáles son los conceptos, rubros y fechas por los que progresa la sentencia. A mi entender quedó un aspecto que puede traer problemas al proceder a la liquidación por imprecisión de las pautas. Aunque la sentencia no lo mencione está clara la categoría: “casera”. Pero quedó determinar si era “con retiro” o “sin retiro” (o con cama adentro). Ello lo aclara la propia actora en la pericia de informe ambiental realizado por la licenciada Miriam Adriana Figueroa cuando a fs. 249 se consigna: “La Sra. Leiva es propietaria de una vivienda sita en barrio 3 de febrero calle Beauvoir Nº 1316. Durante el día se traslada a su vivienda y durante la jornada nocturna pernocta en la vivienda sita en la calle Salaberry.” Es decir en su casa come, se higieniza, y cumple tareas de casera en el inmueble de la calle Salaberry durante la jornada nocturna, sin un horario preciso. No corresponde se le provea de alimentación toda vez que es con retiro.
Es acertada la crítica cuando pone de resalto el error de la sentencia al referirse al convenio de la actividad. La ley 26.844 establece el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (como denomina al empleado doméstico) y en su art. 62 crea la “Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares” que conforme el art. 67 inc. b) entre sus atribuciones se encuentra constituir comisiones asesoras regionales determinando sus jurisdicciones… fijando sus atribuciones en materia de determinación de salarios, categorías profesionales, condiciones de trabajo y demás prestaciones a cargo del empleador. La comisión conforme el inciso c) debe fijar las remuneraciones mínimas y establecer las categorías de los trabajadores que se desempeñen en cada tipo de tarea, determinando sus características, modalidades especiales, condiciones de generales de trabajo y para la modalidad sin retiro la distribución de las pausas y descansos además de otras atribuciones.
Es decir no existen CCT al cual deban ajustarse el Gabinete sino que es la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares la que establece los salarios que deberá tomar el Gabinete correspondientes a la categoría de “casera con retiro” desempeñada por la actora durante el período de dos años anteriores a la interposición de la demanda y a la fecha conforme la jornada señalada.
Otro de los ataques contra la sentencia se centra en que, “si la actora devolvió las llaves, tal como informa en el expediente mediante escrito de fecha 14/12/2022, a partir de ese momento no hay más relación de trabajo; si ella decide seguir en la vivienda sigue en calidad de comodato…” Para este ataque se tergiversa lo ocurrido y se desatiende a la LCT.
En realidad conforme se desprende del SIPED en ese escrito del 14/12/2022 ubicable en PE 757448/2022 el Dr. Prades informó:
“Que atento a la edad avanzada (88 años) y el estado de salud de nuestra mandante, es que la misma se ve obligada a dejar el que fuera su lugar de trabajo desde el año 1979, por casi 45 años y de residencia desde junio de 1999, motivo de esta litis, para poder recibir los cuidados que ameritan su condición. Es así que venimos a informar a V.S. de estas circunstancias, y de la intención de nuestra mandante de entregar el inmueble al demandado o a quien el designe.”
El Dr. Della Rosa en PE 787557/2023 contesta que el inmueble no pertenecía a su representada y se desinteresa.
El Dr. González puso condiciones en PE787967/2023 para aceptar las llaves en estos términos:
“Contestando el traslado conferido en autos, vengo a solicitar: a) que las llaves del inmueble se depositen en el expediente, y, b) se libre mandamiento de constatación para acreditar las condiciones en que se recibe. Realizadas las diligencias se aceptarán las llaves por esta participación.”
El Juzgado provee en PE 500069/2023:
“Proveyendo la PE787967-2023: En atención a lo manifestado y estado de autos, por Secretaría líbrese mandamiento de constatación con habilitación de días y horas inhábiles a efectos de tomar conocimiento del estado en que se encuentra el inmueble ubicado en la calle Salaberry Nº 2795 de esta ciudad. Asimismo, hágase saber a la parte actora que deberá acompañar las llaves del inmueble, por sobre cerrado a nombre de estos autos, por mesa de entradas, bajo debida constancia. Notifíquese mediante SNE al Dr. Eduardo González y Carlos Prades.”
Pero el Dr. Prades manifiesta en PE 794887/2023:
“…Que por expresa instrucción de nuestra mandante vengo a desistir del oportuno ofrecimiento de entrega de las llaves del inmueble del cual e casera desde hace muchos años, conforme se encuentra acreditado en autos, circunstancia esta, corroborada por el informe socio- ambiental que oportunamente ordenara el Tribunal. Que mi poderdante es una mujer de avanzada edad y que hace más de 10 años reclama su legítimo derecho laboral, injustamente desconocido por la parte demandada. En tal sentido la actora considera que la entrega del inmueble y las llaves del mismo, podría ser interpretada como un renunciamiento a sus derechos laborales reclamados en autos. Debo resaltar a V.S. que la actora debió soportar que su reclamo administrativo ante la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz estuviera paralizado varios años, no obstante nuestro permanente reclamo al respecto. A ello se le suma los casi seis años del presente trámite judicial conspirando dicha situación contra uno de los principios liminales del derecho laboral como es el de CELERIDAD PROCESAL.
Como consecuencia de lo expuesto supra solicito se deje sin efecto la orden de Mandamiento de constatación y entrega de llaves dispuesta por V.S. .
Como se desprende de las partes pertinente de las actuaciones del SIPED el apoderado de la actora informó de la intención de su representada de entregar las llaves al demandado o a quien designe. La codemandada Lanzoni por medio de su representante se desinteresó de la oferta por haber transmitido la titularidad del bien. El representante del Dr. Martínez Crespo puso condiciones: la entrega de las llaves en el expediente y librar mandamiento. Por ello la actora, temiendo que su oferta fuera interpretada como un renunciamiento a sus derechos, desiste del ofrecimiento. Se perdió allí una oportunidad de llegar a un acuerdo. Nunca estuvieron depositadas en autos las llaves ni se aceptó lisa y llanamente la oferta.
Por ello no comparto la lectura del apoderado del demandado Dr. González. Con ese escrito del Dr. Prades no se extinguió la relación de trabajo. En efecto no puede interpretarse ese ofrecimiento no aceptado como una renuncia, toda vez que conforme el art. 240 de la LCT para la extinción del contrato de trabajo, la renuncia del trabajador, medie o no preaviso, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado, cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. No hubo renuncia.
Tampoco podrá entenderse que existió voluntad concurrente pues conforme el art. 241 de la LCT deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Se establece en el segundo párrafo de ese artículo que, será nulo el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. No se dio el supuesto de extinción por voluntad concurrente de las partes.
Tampoco ninguna de las partes denunció la inobservancia de la otra de las obligaciones de resultantes del mismo que configuren injuria que por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. Tampoco existió despido. Ergo no se dan los recaudos para entender, o tan siquiera presumir, que ese ofrecimiento de entrega de las llaves tuvo por efecto la extinción del contrato de trabajo como se pretende en agravios. Por consiguiente rechazo esta línea de ataque a la sentencia.
Con relación a otras inquietudes del recurrente no es menester determinar cual sería la mejor remuneración, mensual normal y habitual habida cuenta que no se demanda por despido y los salarios dependerán de las escalas mínimas oficiales establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, de público conocimiento y fácil acceso. Si la actora cuidaba el inmueble de la calle Salaberry de noche debemos considerar la jornada de 8 horas. Con esos datos el Gabinete podrá realizar la liquidación. Se deberá tener en cuenta que se trata de trabajo mensualizado y que no se ha reclamado francos semanales aunque por aplicación de la doctrina del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, que comparto, en autos “IRRAZABAL, Vanesa Lorena c/ GIULIANO LAURENTI S.R.L. s/ demanda laboral” (tomo XXIV Sentencias TSJ reg. 771, fº 4760/ 4766 Prot. Elect. TSJ I006 S251) que estableció que los francos semanales no gozados no son compensables con dinero. No se han reclamado horas extras ni vacaciones no gozadas. Respecto de la antigüedad de la actora, al no haberse presentado constancias por la empleadora que contradigan la antigüedad denunciada por la actora se la tomará como tal.
Se critica por el recurrente que faltaría además la fecha del egreso de la relación, pero hemos aclarado que no se habría operado por lo que la antigüedad requiere sólo un simple cálculo aritmético al alcance de cualquiera. Correspondía, como solicita el recurrente al finalizar su discurso en el segundo agravio establecer y aclarar las pautas necesarias para hacer posible la tarea del Gabinete Contable que se le encomendó. Y hemos establecido y aclarado las pautas necesarias para el cálculo para evitar el planteo de cuestiones en la etapa de ejecución de sentencia.
En el último agravio que debo analizar, el recurrente sostiene que el magistrado ha delegado la facultad jurisdiccional al encomendar al cuerpo pericial contable dando por verdad absoluta los cálculos que se realizarán en el expediente. Discrepo. El Gabinete contable cuenta con profesionales capacitados que no dudan en reclamar al magistrado le defina las pautas necesarias como hemos visto en múltiples casos. Son conscientes de su función, que no es jurisdiccional y que, al encomendarles una liquidación deben traducir en números una sentencia y esa traducción no debe ser una traición. Y si los expertos se extralimitan y se atribuyen funciones jurisdiccionales (invasión en la que puede incurrir el Actuario) las partes lo harán notar. En ese supuesto, el art. 31 de la Constitución de la Provincia al prohibir la delegación de sus funciones sin autorización legal, castiga con la nulidad lo que cualquiera de ellos obrase en nombre de otro, salvo los casos previstos en esta Constitución.
En realidad la tarea encomendada requiere que el experto consulte las escalas salariales, de público acceso, para la categoría de “casera” con retiro ocho horas diarias nocturnas, para practicar la liquidación. No se han reclamado horas extras ni vacaciones no gozadas y los francos semanales no gozados no son compensables por dinero. La tasa de interés ha sido establecida en la sentencia. No quedan pautas a determinar por el gabinete, por lo que no existe delegación de jurisdicción. El magistrado no ha delegado su jurisdicción sino que faltaron pautas que se completan en esta sentencia y pudieron ser pedidas por vía de aclaratoria (vía que no se intentó pues se sostenía una hipótesis de comodato). Resta reiterar que la sentencia no le pide al cuerpo de contadores que complete una sentencia anómala, sino que realice una liquidación. Por su profesión los integrantes del Gabinete Contable están más formados para realizar esta tarea que un abogado. Rechazo el tercer agravio.
IX. Por estas consideraciones entiendo que la sentencia es justa pero incompleta pues adolece de alguna falta de precisión que estimo haber superado. Se debe modificar parcialmente la sentencia disponiendo que el Gabinete Contable se atenga a las pautas integradoras y aclarar que no hay una CCT para el servicio doméstico sino que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (ley 26.844) fija las escalas salariales mínimas (que deberá utilizar el Gabinete) y establecen las categorías y condiciones de trabajo. Las costas de la instancia deben establecerse en el orden causado en atención a las imprecisión de las pautas para la liquidación de los créditos que adolecía la sentencia. (art. 68 del CPCC). Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
X. A mi entender la sentencia es justa en cuanto a la relación laboral entre las partes. Adolece de imprecisiones y omisiones en la determinación de las pautas para que el Gabinete Contable pueda realizar la tarea aritmética contable de liquidar el crédito de la autora. Estas omisiones se corrigen por el primer votante indicando los elementos necesarios para esa tarea con los que se debe modificar e integrar la sentencia en razonamientos que comparto. Adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las consideraciones y fundamentos vertidos al responder las anteriores cuestiones es necesario modificar parcialmente la sentencia mediante el siguiente pronunciamiento que se pone a consideración del Acuerdo: 1º) Denegar el recurso diferido de PE 536154/2023 por no haber sido sostenido (art. 92 ley 1444). 2º) Recordar al despacho la necesidad de consignar en los certificados de consignar los recursos diferidos. 3º) Aclarar oficiosamente el error incurrido en el punto 2 del interlocutorio a fs. 208 en cuanto difiere para la definitiva la excepción de incompetencia siendo de previo y especial pronunciamiento. 4º) Rechazar la pretensión de nulificar la sentencia por las razones expuestas en el considerando. 5º) Modificar la sentencia recurrida aclarando que no existe una CCT de empleadas domésticas y que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece las categorías y salario mínimo y que el Gabinete Contable, a los fines de la liquidación encomendada, además de las pautas señaladas en la sentencia deberá tener en cuenta las pautas señaladas en este pronunciamiento y confirmarla en lo demás que decide. 6º) Las costas de la instancia se establecen en el orden causado en atención a la imprecisión de las pautas (art. 68 del CPCC). 7º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados los correspondientes a la anterior instancia. 8º) Tener presente la reserva del caso federal sostenido en PE 1822238/2025 por el recurrente. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XII. La propuesta formulada se ajusta a lo discutido y establecido en el Acuerdo. Adhiero por ello al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 22 de Mayo de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Denegar el recurso diferido de PE 536154/2023 por no haber sido sostenido (art. 92 ley 1444). 2º) Recordar al despacho la necesidad de consignar en los certificados de consignar los recursos diferidos. 3º) Aclarar oficiosamente el error incurrido en el punto 2 del interlocutorio a fs. 208 en cuanto difiere para la definitiva la excepción de incompetencia siendo de previo y especial pronunciamiento. 4º) Rechazar la pretensión de nulificar la sentencia por las razones expuestas en el considerando. 5º) Modificar la sentencia recurrida aclarando que no existe una CCT de empleadas domésticas y que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establece las categorías y salario mínimo y que el Gabinete Contable, a los fines de la liquidación encomendada, además de las pautas señaladas en la sentencia deberá tener en cuenta las pautas señaladas en este pronunciamiento y confirmarla en lo demás que decide. 6º) Las costas de la instancia se establecen en el orden causado en atención a la imprecisión de las pautas (art. 68 del CPCC). 7º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados los correspondientes a la anterior instancia. 8º) Tener presente la reserva del caso federal sostenido en PE 1822238/2025 por el recurrente. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Juan Carlos Olivera no firma por no existir disidencias. Fdo. Mario A. Albarrán - Juez de Cámara Subrogante; Humberto E. Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 031 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3202 Folio Nº: 169/183 Secretaria: 1
Fin de la sentencia