Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-2.008/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 566/569, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2.008/15-TSJ Interlocutorio N°: 600.-
Actor: LEOPARDO HUGO RAMÓN.
Demandado: LA SEGUNDA ART. S.A Y OTRA Objeto: S/ AMPARO Fecha: 05-07-16 Texto: TOMO XVIII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 600 FOLIO Nº 3440/3443 PROT. ELECT. TSS1 004 S.161
Río Gallegos, 5 de julio de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “LEOPARDO HUGO RAMON C/LA SEGUNDA ART S.A. Y OTRA S/ AMPARO”, Expte. Nº L-15.250/11 (L-2008/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado a fs. 574/584, por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 566/569, que confirmó parcialmente el decisorio de Primera Instancia, obrante a fs. 533/536 vta., en cuanto rechaza la acción de amparo promovida, modificando solamente la distribución de las costas (conf. fs. 569).-
II. Resulta oportuno señalar que el Sr. Leopardo inicia la presente acción a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 14 inciso 2 punto B y 19 de la ley 24.557 y en su caso de normas reglamentarias dictadas en su consecuencia, ordenándose el pago de indemnizaciones en un solo pago inmediato y único, con más intereses correspondientes, previa deducción de los importes mensuales percibidos (conf. fs. 54).-
El recurso de casación interpuesto se funda en “…violación de la ley por errónea aplicación, ausencia de fundamentación suficiente de la sentencia y en valoración absurda de los principios que rigen la prueba, con violación de la doctrina legal…por configurar un caso de sentencia arbitraria” (cfr. fs. 574). Sostiene que la sentencia de Cámara se encuentra comprendida en la causal casatoria de “…violación de la ley en orden a lo expresamente establecido por el art. 270 del C. P. C. y C., aplicable al caso de autos, y art. 18 de Nuestra Carta Magna, incurriendo con ello en sentencia arbitraria por falta de la debida fundamentación. En efecto agravia a mi parte la sentencia dictada por la Excma.
Cámara en cuanto no trata las cuestiones de hecho y derecho que hubieron sido materia de agravios” (cfr. fs. 575). Destaca la violación por parte de los jueces de Cámara de lo establecido en el artículo 270 del Código de Rito, “…toda vez que del simple análisis de la sentencia atacada surge que esta no se ha pronunciado sobre las cuestiones motivo de agravio, incurriendo en defecto de apreciación legal como tampoco ha valorado correctamente las pruebas que han sido colectadas en autos parcializando las existentes” (cfr. fs. 575 vta.). Considera que tanto “…el Sr. Juez de Primera Instancia como la Excma. Cámara de Apelaciones yerran en sus sentencias por cuanto conforme a los hechos controvertidos y a la pretensión requerida por mi parte, la solución del pleito no requería mayor amplitud de prueba, es mas (sic) considero que se trata de una cuestión de puro derecho, habida cuenta que nuestra parte reclamó la inconstitucionalidad de la Renta Vitalicia solicitando con ello el pago único de las sumas que restan percibir por el suscripto, habiendo aceptado las demandadas dichas circunstancias de hecho (celebración de contrato de renta vitalicia por accidente laboral), restando solamente resolver si resultaba o no inconstitucionales las normas de los arts. 14 inc. 2 punto b y 19 de la ley 24557, lo cual en consecuencia no requiere un mayor debate como erróneamente fuera determinado por el inferior en su momento y luego no tratado por la Excma.
Cámara en base a sostener erróneamente que la acción de amparo no es la vía idónea para ello” (cfr. fs. 576). Manifiesta que la Cámara tampoco se expidió acerca del agravio relacionado con la contradicción en que habría incurrido la sentencia de Primera Instancia, señalando que “…habiendo V.S. aceptado que se encontraban los hechos base de la acción de amparo acreditados en el presente proceso, resulta contradictoria la conclusión a la que arriba el juzgador inferior, al considerar que se necesita un mayor debate y amplitud de prueba…” (cfr. fs. cit.). Sostiene que “…es equívoco que se diga que el actor podría atacar el contrato invocando vicios de consentimiento pero no por vía del amparo, pues mi parte, lo que requiere de V.S. fue la declaración de Inconstitucionalidad de una ley que vulnera sus derechos laborales en donde rige el orden público…” (cfr. fs. 576 vta.) y agrega que “…en este sentido, ya como base a los agravios desarrollados se dijo que la jurisprudencia ya se ha pronunciado, declarando inconstitucionales el sistema de renta vitalicia y aceptando el pago único, en acciones autosatisfactivas, las cuales son inaudita parte y no requiriendo un mayor debate” (cfr. fs. 576 vta./577).
Se agravia porque la Cámara de Apelaciones sostiene que no se ha indicado el acto u omisión de los accionados que lesione sus derechos, cuando reiteradamente ha sostenido “…que se siente vulnerado en su derecho patrimonial por lo escaso del retiro e inclusive esta circunstancia es reconocida por la Excma. Cámara cuando expresa que por la economía del país ello es compartido” (cfr. fs. 577 vta.). Agrega que “…la Excma. Cámara hace solo un breve análisis y de por sí erróneo de lo que a su entender hace improcedente la acción a favor de los demandados y codemandados pero omitiendo equivocadamente dar un tratamiento pormenorizado a los aspectos más que fundamentales para evitar un perjuicio a la parte actora pese a reconocer la escasez en el retiro mensual y que era su obligación en orden al principio indicado ut-supra máxime cuando ya el Máximo Tribunal de esta Provincia ya ha establecido el criterio amplio en cuanto a que no puede limitarse a la existencia de otra vía para el rechazo de acción como erróneamente se ha dicho por la Excma.
Cámara” (cfr. fs. 579 vta.). Cita jurisprudencia de este Alto Cuerpo relacionada con la doctrina de la arbitrariedad. Solicita se revoque la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones y hace reserva del caso federal (conf. fs. 583 vta./584).-
III. Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 591/592, este Tribunal lo declara bien concedido a fs. 606 y vta., poniéndose los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1687, haciendo uso de las facultades que le otorga dicha norma la demandada y la codemandada (conf. cert. fs. 616).-
En dicha oportunidad, las demandadas exponen los argumentos por los cuales consideran que no corresponde hacer lugar al recurso de casación (conf. fs. 611/613 y 614/615).-
Que a fs. 617/619 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien luego de efectuar una análisis de las constancias de autos, y a la luz de la jurisprudencia y legislación citada, sostiene que “…no solo no hubo aplicación errónea de la ley por parte de los Jueces de Cámara como pretende el quejoso, sino que el error estuvo en la elección del amparo como remedio excepcional, para procurar que su pretensión fuera acogida […] Por todo lo expuesto, esta Fiscalía entiende que no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto” (cfr. fs. 619).- A fs. 624 se llaman autos para sentencia.-
IV. Entendemos que se hace necesario rever las cuestiones que hacen a la estructura formal del pronunciamiento de segunda instancia, en atención a que “prima facie” no reuniría los requisitos establecidos en la ley ritual, lo que impediría entrar al análisis de las objeciones formuladas por el actor, ya que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Sentencia, Reg. 2, Folio 8/12; Tomo XI, Sentencia, Reg. 396, Folio 2149/2151).- En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “...Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada...' (cfr. CS, LL 1995-B, 32-92982; JA 2002-IV-720)...’ (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Sentencia, Reg. 396, Folio 2149/2151)” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVIII, Sentencia, Reg. 594, Folio 3412/3415).- En autos se plantea la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley 24.557 que establecen la modalidad de pago mediante Renta Vitalicia, y la sentencia impugnada resolvió confirmar el decisorio de Primera Instancia en cuanto rechazaba la acción de amparo interpuesta por el actor.-
La Cámara de Apelaciones funda su decisión explicando que “…Habiendo contratado el seguro de Renta Vitalicia con una compañía distinta de la ART que aseguraba a su empleador, sin impugnaciones, estamos frente a una decisión del actor de formalizar un contrato, el mismo no puede ser atacado por la vía del amparo, pues no es una acción u omisión de autoridad pública o particular sino de un contrato que él formalizó. Por ello no se lo puede atacar fundado en la alegada inconstitucionalidad de artículos de la Ley 24.557. Podría atacar el actor dicho contrato invocando vicios del consentimiento pero no por la vía del amparo sino por las acciones ordinarias o sumarias que entienda aplicable. No se alcanza a advertir arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el accionar de San Cristóbal Seguro de Retiro S.A. que formalizó un contrato de renta vitalicia como lo puede contratar cualquier persona...” (cfr. fs. 568).- Ahora bien, en ningún momento el Sr. Leopardo refiere que hayan existido vicios en el consentimiento al momento de contratar. Con relación a este principio se ha explicado que “El Juez no puede actuar fuera del marco de lo pedido por las partes. La aplicación práctica del principio significa que le está prohibido resolver sobre cuestiones no propuestas. Tampoco puede dar una solución distinta o diferente a la que se planteó entre el objeto de la demanda y la resistencia; ni tiene la posibilidad de ampliar la condena superando la expectativa que se expuso en los escritos postulatorios” (cfr. Gozaíni, Osvaldo A., “El principio de congruencia frente al principio dispositivo”, en Masciotra, Mario y Rosales Cuello, Ramiro (coordinarodres) El principio de congruencia. Libro homenaje a Augusto Mario Morello, Librería Editora Platense, La Plata, 2009, págs. 76) y que “...el principio de congruencia es una proyección del principio dispositivo exigiendo que la sentencia definitiva se refiera estrictamente al objeto procesal planteado como pretensión de la partes; por lo cual, sólo éstas podrán quedar alcanzadas por el pronunciamiento; y los hechos referidos serán, únicamente, los alegados por las partes” (cfr. autor y ob. cit. pág. 78).- Este tópico, tampoco es introducido en el proceso por las accionadas al contestar la demanda o en sus sucesivas presentaciones, por lo que la Cámara ha traído una cuestión al debate que no fue planteada por las partes, violando de esta forma el principio de congruencia.-
Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que tiene dicho que “...el principio de congruencia se vincula -básicamente- con la forma en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las cuestiones sometidas a su decisión, teniendo en cuenta los términos en que quedó articulada la relación procesal, esto es, sin incurrir en omisiones o demasías decisorias. El destino de dicha directriz es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, imponiendo que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (conf. Causas L. 102.237, ‘Villate’, sent. del 5-IV-2013; L. 103.000, ‘Boyler’, sent. del 21-III-2012; L. 86.982, ‘Anaquin’, sent. del 10-VIII-2005; entre otros)” (cfr.
“Baigorria, José Antonio c. Nidera S.A. Diferencia en Indemnización” LP L 116830 S, del 13/05/2015).- Asimismo, este Alto Cuerpo tiene dicho que “...el principio de congruencia consiste justamente en la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal incorporada por el art. 34, inc. 4to. y desarrollado conceptualmente en el art. 164, inc. 6º, ambas disposiciones del Cód. Proc. Civil y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas...” (cfr. Tomo I, Sentencia, Reg. 24, Folio Nº 95/102; Tomo II, Sentencia, Reg. 84, Folio Nº 369/374; Tomo IV, Sentencia, Reg. 144, Folio Nº 699/705; Tomo XII, Sentencia, Reg. 414, Folio Nº 2257/2260, entre otros).- Este Tribunal ha señalado que la sentencia que viola el principio de congruencia al introducir cuestiones no incluidas en el debate por las partes incurre en la causal de nulidad por quebrantamiento de formas, en virtud que “...'Una de las garantías del debido proceso consiste en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez.
Superando este marco, se produce el quebrantamiento del principio de congruencia' (confr. sum. JUBA, SCBA, L 32598 S 24-8-1984; SCBA, L 34371 S 30-7-1985, A y S 1985 II, 271; SCBA, L 66755 S 17-11-1998), ya que 'El destino del principio de congruencia es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio y exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa' (confr. sum. JUBA, SCBA, L 34882 S 23-12-1985 A y S 1985 III, 835; SCBA, L 40856 S 7-2-1989, DJBA 136, 101 – A y S 1989 – I, 41) porque ‘… la litis fija los límites de los poderes del juez, conculcándose el principio constitucional de la defensa en juicio cuando el decisorio recae sobre una cosa no reclamada o sobre un hecho que no ha sido propuesto a decisión' (confr. sum.
JUBA, SCBA, Ac. 33329 S 5-11-1985, A y S 1985 III-363 – DJBA 1986-130, 278)...” (cfr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2.322/2.327, Tomo XVIII, Sentencia, Reg. 593, Folio 3.407/3.411).- “La decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de la seguridad jurídica. Las razones expuestas sirven como base exponencial para referir que la sentencia en crisis deviene nula por quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso (confr. art. 2º de la ley Nº 1.687 -Recurso de Casación), ya que la misma ha violado las disposiciones contenidas en los artículos 34º inciso 4º; 164º inciso 6º y 270º del CPC y C.” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 593, Folio 3.407/3.411).- En los presentes, el fallo recurrido, se extralimita al alterar la relación procesal considerando circunstancias no alegadas por las partes, afectando el principio de congruencia al resolver en base a un argumento que no fue debatido, y tampoco meritado en la sentencia de primera instancia.-
Es decir, para descartar la ausencia de idoneidad de la vía procesal elegida por el accionante, la Cámara se basó en los vicios del consentimiento o razones para anular el contrato de un seguro acordado para cubrir las contingencias derivadas de un accidente de trabajo, tema que no fue objeto de debate, y por el contrario, no ponderó el objeto central de la demanda que es la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 14 inciso 2 punto B y 19 de la ley 24557.-
En efecto, a los fines de abordar la inidoneidad de la vía del amparo, la Excma. Cámara de Apelaciones, debió hacerlo en virtud del objeto de la demanda que no fue otro que el planteo de inconstitucionalidad, cuestión que no intentó abordar siquiera eficazmente. La sola referencia de la falta de planteo oportuno de inconstitucionalidad (conf. fs. 568, 2do párrafo) carece de sustento argumentativo para que ello pueda significar el adecuado tratamiento de la cuestión central de debate traída por el accionante.- Asimismo, cabe destacar que la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones menoscaba el derecho de defensa en juicio de la parte actora, quien a raíz de este proceder se ve privado de toda oportunidad útil de alegar y probar cuestiones que no fueron objeto de debida controversia.-
En definitiva, el fundamento de la acción entablada se encuentra en la inconstitucionalidad de un sistema de reparación de los infortunios laborales que no alcanza a satisfacer las necesidades del beneficiario, sobre lo cual la Cámara no se expide.-
V. Que, por todo lo expuesto corresponde declarar la nulidad de la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 566/569, por hallarse incursa en la preceptiva normada por el artículo 2 de la ley Nº 1687 -Recurso de Casación-, debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda, debiendo advertirse que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio, con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, 2do. párrafo del CPC y C) y teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por todo ello, de conformidad a las normas y jurisprudencia invocadas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 566/569, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
3. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos- Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004S.161 Tomo: XVIII Interlocutorio: 600.-
Folio N°: 3440/3443.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia