Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-2.026/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada, a fs. 849/862, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 864 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2.026/15-TSJ Interlocutorio N°: 3.194.-
Actor: LEPIO NAHUIN MARCELO JUVENAL Demandado: RODRIGUEZ CANCINA HUGO EDUARDO Objeto: S/ RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: 10-05-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3194 FOLIO Nº 5253/5255 PROT. ELECT. TSS1 036 I.161
Río Gallegos, 10 de mayo de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “LEPIO NAHUIN MARCELO JUVENAL c/ RODRIGUEZ CANCINA HUGO EDUARDO S/ RENDICION DE CUENTAS” Expte. Nº L-9.460/07 (L-2.026/15-TSJ) venidos al acuerdo para resolver; y:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 849/862, por el Dr. Norberto Miguel Castelo, en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 839/844 vta., por cuanto confirmó el pronunciamiento de primera instancia que hizo lugar a la acción incoada (conf. fs. 810/812 vta). Este último condenó al recurrente a rendir cuentas en el periodo comprendido entre el 28 de septiembre de 2000 y el 10 de marzo de 2006; más costas.-
II. El recurente afirma que en la sentencia atacada se valora de manera absurda la prueba, por lo que se incurre en arbitrariedad (conf. fs. 854 vta.). Estima que el demandado no se encuentra obligado a rendir cuentas ya que no culminó ningún negocio para su poderdante (conf. fs. 855 vta.). Sobre esta cuestión señala que la totalidad de las operaciones acreditadas, las realizó el propio actor concluyendo por sí mismo los negocios, abonando y cobrando per se (cfr. fs. 856). Añade que el resolutorio impugnado aplica erróneamente los artículos 70, 71 y 277 del Código de Comercio; 1909 y 1911 del Código Civil; y 355 CPCC (conf. fs. 855 vta.); y estima que la Alzada se ha equivocado en la “... subsunción jurídica de los hechos propuestos a decisión jurisdiccional, al carecer los mismos de elementos objetivos fundamentales para que la norma adquiera funcionalidad respecto de los mismos” (cfr. fs. 860). Afirma que se debieron “…aplicar las normas contenidas en los arts. 70, 71 y 277 del código de comercio; 1909 y 1911 del código civil y 355 del CPCC…en cuanto contienen como recaudo sine qua non para la procedencia de la rendición de cuentas el manejo (percepción y pago) de fondos del mandante…” (cfr. fs. 860 vta./861). También sostiene la errónea aplicación del artículo 355 del CPCC, en cuanto establece que las alegaciones de las partes deben ser acreditadas por las mismas, no habiendo hecho lo propio la actora (conf. fs. 861). Hace reserva del caso federal (conf. fs. cit.).- A fs. 864 y vta. la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la demandada.-
A fs. 883 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que, como paso previo a revisar el mérito del presente recurso y de conformidad a lo sostenido en forma reiterada por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (confr. TSJ Sta. Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 230, Folio 290; Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1276, Folio 1689; Tomo XIII, Interlocutorio, Reg. 1690, Folio 2452/2453; Tomo XV, Interlocutorio, Reg. 1952, Folio 2.892; Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2402, Folio 3579/3581; Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2697, Folio 4124/4127) corresponde remarcar, de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación, recurso de casación (artículo 4° de la ley 1687), se impone preliminarmente verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina: condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (confr. HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, Ed. L.E.P., 1998, 2da. ed., pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto de que el recurso, bastándose a sí mismo, haga posible que el Tribunal pueda imponerse del planteo en forma integral (conf. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2859, Folio 4508/4509).- Así entonces, la regla que determina taxativamente cuáles son las condiciones formales que deben cumplirse al articular el recurso de casación, enuncia (entre otros requisitos): “El escrito de interposición del recurso se presentará ante el Tribunal que dictó la sentencia dentro de los diez (10) días de notificada la misma…” (cfr. art. 4º de la ley 1687).-
De la cédula de notificación N° 171/15 se desprende que el recurrente se notificó de la sentencia de Cámara el 3 de marzo de 2015 (conf. fs. 846 y vta.). De fs. 862 surge que el recurso de casación fue interpuesto el 19 de marzo de 2015, a las 7:55 hs..-
El artículo 156 del CPC y C establece que los plazos procesales son perentorios, lo que implica que la facultad procesal se agota con “…el vencimiento al ‘término’ del plazo, de modo fatal, precluyendo así la actividad que debía desarrollar la parte, o el estadio respectivo” (cfr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, de Arazi, Roland y Rojas, Jorge, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, Tomo I, pág. 784). Por otro lado, el artículo 157 del CPC y C establece que los plazos comenzarán a correr desde la notificación y que no se contará el día en que se practique la diligencia, ni los días inhábiles.- En atención a la normativa mencionada, el plazo para la interposición del recurso comenzó a correr el 4 de marzo de 2015 y venció el 17 de marzo de 2015, sin que hiciera uso el recurrente de la facultad otorgada en el art. 124, última párrafo, del CPC y C.-
Es oportuno advertir el error incurrido por la Excma. Cámara en el Interlocutorio obrante a fs. 864 y vta., cuando en el Punto II del considerando sostiene “Que el escrito fue presentado dentro de los diez días de notificada la sentencia atacada…” (cfr. fs. 864).-
Teniendo en cuenta lo antedicho, del simple cotejo de fechas se desprende que el recurso fue presentado fuera de término (19 de marzo de 2015), razón por lo cual resulta inadmisible la casación intentada.-
IV. Que sin perjuicio de lo expuesto, lo cual resulta suficiente para el rechazo del recurso intentado, también se constata que los planteos realizados por el recurrente remiten en definitiva a cuestionar la valoración de los medios probatorios por parte de los jueces de grado, en lo relativo a si el demandado debía o no rendir cuentas al actor en atención al contrato de mandato que los habría unido. Es decir que remite al examen de cuestiones de hecho y prueba; y que son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en el sub lite.- En atención a lo expuesto, es menester recordar que el absurdo en la valoración de la prueba se produce cuando nos encontramos ante “… un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.644, Folio: 3.980/3.984).- La revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VIII, Sentencia, Reg. 282, Folio 1531/1533; y Tomo XV, Sentencia, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788, en igual sentido Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.648, Folio 3.999/4.003).- Así las cosas, examinados los términos del recurso se observa que los mismos contienen sólo meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio en cuanto a la interpretación y valoración de la prueba, lo que hace inatendible a aquél.-
En efecto, se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte como arbitraria o absurda.-
Así, la Cámara entendió que la obligación de rendir cuentas pesaba sobre el demandado en atención a que la misma tiene su causa fuente en el contrato de mandato suscripto por las partes (conf. fs. 842). Señaló que no se cuestionó la capacidad del actor para administrar sus bienes, requisito para conferir el mandato (conf. art. 1894 C.C. entonces vigente) (conf. fs. cit) y también puso de relieve que el demandado realizó innumerables gestiones con fundamento en dicho contrato de mandato. Sobre el particular hace referencia a la prueba informativa obrante en autos y la que detalla el Juez de Primera Instancia en el considerando II de su sentencia (conf. fs. cit. y vta.).- Este Tribunal tiene dicho sobre cuestiones como la que nos ocupa en este caso, referidas a la interpretación de la voluntad de los contratantes o de las cláusulas de un contrato, que ello “… ‘?es una cuestión de hecho, como tal reservada a los jueces de grado y ajena por lo tanto a la competencia extraordinaria a menos que se alegue y demuestre transgresión a las normas legales o reglas de derecho que regulan esa interpretación? esto es, que la interpretación de los contratos, de la intención, voluntad y cometido de las partes en su cumplimiento, como también lo relativo a la prueba, queda librado a la apreciación de los jueces de la instancia ordinaria, siempre que no se alegue y demuestre violación de las reglas de derecho relativas a tal interpretación y a la distribución y carga de la prueba o absurdo o arbitrariedad que quite al pronunciamiento el mínimo de coherencia necesaria para darle sustento?’ (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 888, Folio 1035/1037; Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2389, Folio 3554/3557, entre otros)…” (cfr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2826, Folio 4422/4423, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3040, Folio 4921/4925).- En idéntico sentido se ha expedido el Cimero Tribunal bonaerense al referirse a la obligación de rendición de cuentas originada por un contrato de mandato, a saber: “... cabe señalar que la interpretación del sentido, alcance y consecuencias jurídicas de las cláusulas del contrato, constituyen materia propia de las instancias ordinarias y ajena al ámbito de la casación salvo que se denuncie y demuestre acabadamente que son producto de una apreciación o razonamiento absurdo, es decir, un error grave y manifiesto en su análisis (Ac. 86.570, sent. del 6-VII-2005; Ac. 91.967, sent. del 7-II-2007).
Misma cuestión de hecho, inabordable salvo alegación y prueba del absurdo, se configura al desentrañar el comportamiento de las partes en cuanto a su cumplimiento (Ac. 85.646, sent. del 24-VIII-2005; Ac. 86.776, sent. del 23-XI-2005; etc.)” (cfr. SCBA, "Roggeri, Augusto y otros contra Díaz, Jorge Alberto. Rendición de cuentas", LP C 95718 S 09/06/2010).- Con relación a la denuncia de las normas presuntamente vulneradas, los argumentos expuestos tampoco logran trasponer la valla de la admisi-bilidad.-
Se observa que el recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo: XXI, Interlocutorio, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
El recurso impetrado se estructura sobre la base de argumentos que tienden a controvertir, sin fundamentos idóneos, el criterio invocado por el tribunal de origen, en lo que respecta a elección y valoración de la pruebas, evidenciando de ese modo su pretensión de disputarle, a los jueces de grado, la facultad de seleccionar y jerarquizar los medios probatorios otorgada por la ley ritual. Así se ha resuelto que: “... El magistrado es soberano en la apreciación de la prueba, analizada como se hizo conforme las reglas de la sana crítica (art. 364 Cód. Procesal), motivo éste que no puede ser objeto apelación extraordinaria... Sobre el punto, es tesis de este Tribunal que en principio no procede por vía del recurso de casación provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia, por cuanto el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado de antemano y corresponde, la apreciación de las mismas al tribunal de juicio…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- En conclusión, se constata que las críticas del recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente y debidamente fundada. En esta inteligencia, tiene dicho este Tribunal que “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación… En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de cuestiones de hecho y prueba, salvo el caso de absurdo o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales, o la regla del derecho que gobiernen esta interpretación…” (cfr. Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3131, Folio 5132/5135), circunstancia ésta que no ha ocurrido.-
V. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina, jurisprudencia citada, además de la extemporaneidad y ante la insuficiencia del requisito formal, establecido por el artículo 4º inciso a) de la ley 1687, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 849/862, en consecuencia revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción, obrante a fs. 864 y vta., en cuanto lo declara formalmente admisible, y teniéndose presente la reserva del caso federal interpuesto a fs. 861 y vta. Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada, a fs. 849/862, y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 864 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1036I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.194.-
Folio N°: 5.253/5255.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia