Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2025-36596100-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° RESOL-2025-759-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en el SIGEA N° 20900-29-2023, en cuanto condena a la recurrente al pago de una multa de una multa de $2.558.349,60 y al comiso de U$S10.636 y €70, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 979 (aps. 1 y 2) del C.A.
2Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-41737785-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Abril de 2026 DE ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, para dictar sentencia en los autos caratulados “LESCANO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte.
Nº EX-2025-36596100- -APN-SGASAD#TFN,
El Dr. Christian González Palazzo dijo:
I.— Que, mediante RE-2025-36595164-APN-SGASAD#TFN se presenta por derecho propio José María Lescano e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° RESOL-2025-759-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, de fecha 07/03/2025, recaída en el SIGEA N° 20900-29-2023, que lo condena al pago de una multa por PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($2.558.349,60) y al comiso de DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS (U$S10.636) y EUROS SETENTA (€70), en los términos del 979 del C.A. En primer término, refiere que el Juzgado Penal Económico N° 2 en la causa “Lescano Jose Maria s/Infracción Ley 22.415” dispuso sobreseer a José María Lescano del hecho calificado como presunta tentativa de contrabando de exportación de US$20.000 y €70, por lo que no hay delito que se le pueda imputar al mismo por lo que no le cabría la aplicación normativa del art. 979 el C.A., ni tampoco debe aplicarse por analogía ya que se encuentra prohibido por la ley penal. Considera que en el caso debe tenerse en cuenta el error o ignorancia en la conducta y la falta de intención del Sr. Lescano de cometer el delito normado por el art. 979 del C.A. Alega que el Sr. Lescano denunció, inmediatamente, al personal aduanero que llevaba dinero en sus bolsillos delanteros del pantalón. Expone que la pena de multa debe ser graduada en cada caso según las circunstancias, naturaleza y gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor, y la pena impuesta al presunto infractor se aparta del espíritu de la ley y resultan excesivas. Manifiesta que la multa impuesta y el comiso de divisa viola principios constitucionales, apartándose de la actual política de desregulación, por resultar confiscatorio y un enriquecimiento ilícito por parte del Estado. Se refiere a las circunstancias personales del Sr. Lescano, siendo este un “buen hombre de campo”, jubilado, oriundo de la localidad de Bolivar, Provincia de Buenos Aires, por lo que no se puede asimilarlo a un hombre de negocios habituado a viajar, violando de este modo el principio de igualdad de la CN art. 16. Solicita se revierta el decisorio, que se tenga firme la multa, pero que se devuelva íntegramente los dólares y euros comisados.
II.— Que, mediante IF-2025-88992279-APN-SGASAD#TFN, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Se refiere a los antecedentes de hecho de la causa. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Hace consideraciones respecto del Decreto 1570/2001 y el régimen de equipaje aplicable al caso. Refiere que el Sr. Lescano pretendió egresar con una cantidad de moneda extranjera mediante régimen de equipaje que se encuentra prohibida. Cita el voto del Dr. González Palazzo en el fallo “Perez Cattalurda Olmedo Vicente (TF N° 35.323-A) c/ DGA s/ Recurso de apelación” de la Sala F, y el voto del Dr. Licht en el fallo “Lee Kwak Sun Weon c/ DGA s/ recurso de apelación” Expte. N° 36.254 de la Sala E. Manifiesta que la conducta del Sr. Lescano se encuentra explícitamente tipificada por nuestro ordenamiento legal y que presupone la consecuencia jurídica de la condena infraccional del art. 979 del C.A. Afirma que el elemento subjetivo también se encuentra cumplimentado ya que la intención consiste en querer egresar del país con la referida cantidad de dinero. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña. Hace reserva del Caso Federal. Solicita se confirme en su totalidad la resolución apelada, con expresa imposición de costas a cargo de la actora.
III.— Que, por medio de la presentación IF-2025-96959988-APN-DTD#JGM la representación fiscal acompañó el sustento documental de la litis, las actuaciones administrativas nro. 20900-29-2023, digitalizadas en un archivo PDF de 114 páginas, en las cuales obra la resolución apelada por ante esta instancia jurisdiccional.
IV.— Que, mediante PV-2025-97168407-APN-VOCXVII#TFN se declara la causa de puro derecho. Por medio de PV-2026-18035466-APN-VOCXVII#TFN se elevan los autos a la Sala “F” y, mediante IF- 2026-30042517-APN-VOCXVII#TFN quedan en estado de dictar sentencia.
V.— Que corresponde resolver en autos si la resolución apelada por la que se condena a la recurrente en los términos del art. 979 del C.A. se ajusta o no a derecho.
Que, a fs. 2/3vta. de las actuaciones administrativas surge el Acta de Procedimiento de fecha 30/05/2023, mediante la cual la Policía de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, del partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, deja constancia de que el Sr. José María Lescano transportaba consigo divisas extranjeras excediéndose del límite permitido por la legislación vigente para egresar del territorio nacional.
A fs. 4 surge el acta de secuestro de las divisas halladas por un total de US$20.636, €70 y $20.350. A fs. 9/20 se agrega la causa n° 493/2023 caratulada “LESCANO, JOSE MARIA S/ INFRACCION LEY 22.415” en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, que culmina con el sobreseimiento del Sr. Lescano en relación al hecho calificado como presunta tentativa de contrabando, y la remisión a la DGA para que investigue la posible comisión de una infracción aduanera en los términos del art. 979 C.A.
En virtud de ello, a fs. 47, en fecha 09/10/2024, el servicio aduanero dispuso la apertura de sumario por la presunta infracción tipificada en el art. 979 del C.A. y corre vista de todo lo actuado al presunto infractor, siendo notificado con fecha 15/10/2024. A fs. 48 el Sr. Lescano presenta su descargo y a fs. 52/53vta. culminan las actuaciones con la resolución aduanera aquí apelada.
VI.— Al respecto, deviene imprescindible efectuar un relato de las normas involucradas a los fines de examinar la calificación legal endilgada.
Cabe señalar preliminarmente que, contrario a la pretensión que la apelante pretende fundar, la ignorancia deliberada o el desconocimiento de la normativa aplicable al caso no dispensa a la recurrente de responsabilidad por su conducta desplegada. Pues, las circunstancias particulares del actor, no lo eximen de conocer la normativa relacionada al egreso de divisas extranjeras.
En ese sentido, el art. 8 del CCyCN establece el principio de inexcusabilidad, señalando que: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.”.
En cuanto a la infracción endilgada, el art. 979 del C.A. dispone en su ap. 1° que: “El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje o de pacotilla, según el caso, mercadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con una multa de UNO (1) a TRES (3) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
Por ende, a los efectos de calificar si la conducta atribuida encuentra sustento en la infracción endilgada, ha de determinarse si la suma de U$S 20.636 dólares y €70 euros que portaba la recurrente, constituyen o no efectos admitidos o admisibles como equipaje.
Al respecto, el art. 491 del C.A. establece que: “El Poder Ejecutivo podrá, por motivos fundados, restringir la aplicación del régimen previsto en este Capítulo con relación a determinados efectos”. Que el art. 7 del Decreto N° 1570/01, modificado por el Decreto n° 1606/01, vigente al tiempo de los hechos investigados en la presente causa, expresa: “Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y previamente autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, o sea inferior a DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA”.
Por consiguiente, de las normas citadas se desprende que la suma de U$S 10.636 dólares estadounidenses y €70 euros, eran objeto de una especial y específica “exclusión” del régimen de equipaje, por lo que corresponde confirmar la infracción endilgada respecto a la multa impuesta.
VII.— En cuanto al comiso de la mercadería, por razones de economía procesal me remito a lo sostenido por el suscripto en el fallo “PEREZ CATTALURDA OLMEDO VICENTE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte. nº 35.323-A, en especial el alcance y suerte del mismo tras el pago de la multa impuesta que aquí se confirma.
En tal sentido, cabe confirmarse el decisorio aduanero aquí en crisis en tanto impone la pena de comiso limitándose a la cantidad de mercadería en infracción, por lo que corresponde confirmar el art. 3 de la resolución apelada respecto del comiso de U$S 10.636 y €70, que se encuentran depositados en la Bóveda de Seguridad de la División Gestión de Secuestros, registrada bajo Acta Lote N° 24622NARC000092Y (Bolsa de seguridad N° C12970).
En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° RESOL-2025-759-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en el SIGEA N° 20900-29-2023, en cuanto condena a la recurrente al pago de una multa de una multa de $2.558.349,60 y al comiso de U$S10.636 y €70, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 979 (aps. 1 y 2) del C.A.
2. Costas a la actora.
Así lo voto.-
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I.— Que, en primer término, corresponde señalar que el suscripto comparte las conclusiones a las que arriba el voto que antecede en cuanto a la configuración de la infracción prevista en el artículo 979 del Código Aduanero, así como en lo relativo a la aplicación de la sanción de multa allí contemplada. Que, sin embargo, discrepo del voto preopinante en lo que respecta a la procedencia de la sanción de comiso dispuesta en autos, por cuanto el análisis allí efectuado —a mi juicio— no se ajusta a los principios que limitan el ejercicio de la potestad sancionatoria estatal.
Que, en efecto, el criterio adoptado en el voto que antecede se sustenta en una inteligencia predominantemente objetiva del tipo infraccional, a partir de la cual la procedencia del comiso aparece como una consecuencia prácticamente automática de la verificación formal de la infracción, prescindiendo de un examen suficiente de su adecuación al caso concreto.
Que tal enfoque desconoce que la potestad sancionatoria estatal, aun cuando se ejerza en sede administrativa, se encuentra sujeta a los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, los cuales operan como límites de validez de toda reacción punitiva.
Que, en tal sentido, y precisamente en razón de su particular gravedad, el comiso —en cuanto importa la privación definitiva del derecho de propiedad sobre la mercadería involucrada (art. 17 de la Constitución Nacional)— constituye una de las sanciones de mayor severidad del sistema infraccional aduanero. Que, por ende, la configuración de la infracción no conlleva, sin más, la procedencia automática de todas las consecuencias sancionatorias previstas en la norma, sino que exige una ponderación autónoma de la razonabilidad y proporcionalidad de cada una de ellas en el caso concreto.
Que, por ello, corresponde examinar la procedencia de dicha sanción a la luz de las circunstancias del caso y de los principios que rigen el ejercicio del poder punitivo estatal.
II.— Que, desde la perspectiva del derecho público, el principio de razonabilidad —derivado del artículo 28 de la Constitución Nacional— impone que las medidas adoptadas por la Administración guarden una adecuada proporción entre los medios empleados y los fines perseguidos, operando como límite al ejercicio del poder estatal.
Que, en tal orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los actos estatales deben guardar una razonable relación entre los medios empleados y los fines que se procuran alcanzar (Fallos: 136:161; 172:21; 247:121), sin que el ejercicio de facultades discrecionales por parte de la Administración constituya un ámbito exento del control judicial de razonabilidad, el cual comprende, entre otros aspectos, la verificación de la proporcionalidad de la medida adoptada en relación con las circunstancias del caso (CSJN, “Demchenko, Iván c. Prefectura Naval Argentina”, sentencia del 24 de noviembre de 1998).
Que, en el ámbito sancionatorio, dicho principio se proyecta como exigencia de proporcionalidad de la respuesta punitiva, en tanto la intensidad de la sanción debe guardar adecuada correspondencia con la entidad del hecho que se reprime, vedándose soluciones automáticas o desprovistas de una ponderación suficiente de las circunstancias del caso, bajo riesgo de incurrir en respuestas punitivas que, aun formalmente ajustadas a la ley, resulten materialmente irrazonables.
Que, en consecuencia, aun cuando la conducta se encuentre típicamente encuadrada, ello no exime al juzgador del deber de verificar si la totalidad de las sanciones previstas resultan adecuadas y proporcionales en su aplicación concreta.
III. Que, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, el principio de razonabilidad anteriormente referido se proyecta de manera específica en la exigencia de proporcionalidad de la respuesta punitiva, en tanto la potestad sancionatoria estatal —por su naturaleza y efectos— participa de los principios que informan el ejercicio del poder punitivo estatal.
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las sanciones administrativas constituyen, al igual que las penales, una manifestación del poder punitivo del Estado, en tanto implican un menoscabo o restricción de derechos como consecuencia de una conducta ilícita, razón por la cual deben respetar las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; destacando, asimismo, que tales garantías no pueden ser soslayadas bajo el argumento de que la sanción aplicada no reviste carácter penal, pues admitir lo contrario implicaría dejar librado al arbitrio estatal el respeto de dichos principios (caso “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 02/02/2001).
Que dicho criterio ha sido receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha reconocido la aplicabilidad de tales garantías en el ámbito sancionador administrativo (conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126), reafirmando que la calificación formal de una sanción como administrativa o disciplinaria no excluye la vigencia de los principios propios del derecho penal.
Que, en igual sentido, la doctrina ha señalado que los principios y garantías del derecho penal con jerarquía constitucional resultan plenamente aplicables al derecho administrativo sancionador, en tanto ambas materias constituyen manifestaciones del poder punitivo del Estado (conf. Sanguinetti, Juan Carlos, “El derecho administrativo sancionador y las garantías penales”, Revista de Derecho Administrativo, Ed. El Derecho, 28/02/2020, págs. 8 y 9)
Que, en ese entendimiento, la Corte Suprema ha señalado que toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido del hecho, esto es, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado (Fallos: 312:857), reconociéndose asimismo el derecho a ser sancionado con una pena cuya severidad resulte proporcional a la gravedad del ilícito cometido (Fallos: 312:826).
Que, aun cuando el principio de proporcionalidad de las penas no se encuentre expresamente consagrado en el texto constitucional, su existencia como límite al ejercicio del poder punitivo estatal ha sido reconocida como derivación de las garantías de razonabilidad y debido proceso (CSJN, Fallos: 314:424; 332:1963).
Que, en consecuencia, la determinación y alcance de las sanciones en materia infraccional aduanera no puede derivarse de manera automática de la mera configuración objetiva de la infracción, sino que exige una ponderación integral de las circunstancias del caso, a fin de asegurar que la respuesta estatal se mantenga dentro de los límites de razonabilidad que impone el ordenamiento constitucional, exigencia que adquiere particular intensidad cuando se trata de sanciones de mayor gravedad punitiva lo que excluye la validez de aquellas sanciones que, aun formalmente previstas por la ley, resulten manifiestamente desproporcionadas en su aplicación concreta.
En efecto, en lo concerniente a la caracterización del ilícito y en cuestiones de índole sancionatoria, el Tribunal Cimero ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (cfr. Fallos: 271:297, entre otros). IV.— Que, en esa inteligencia, y en relación con la figura del comiso en materia aduanera, cabe señalar que el mismo reviste naturaleza punitiva (conf. Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, p. 54), pudiendo operar como pena principal o accesoria, con directa incidencia sobre el derecho de propiedad (artículo 17 de la Constitución Nacional).
Que, en igual sentido, se ha sostenido que las sanciones administrativas participan de la naturaleza de las sanciones penales, resultándoles aplicables los principios constitucionales que rigen en la materia, entre ellos, el de proporcionalidad (Corte de Justicia de Salta, “Félix Lávaque S.A.…”, sentencia del 28/10/2013).
Que, en tal carácter, su imposición no puede prescindir de los principios de culpabilidad y proporcionalidad anteriormente referidos, en tanto la privación definitiva de la mercadería impone la realización de un juicio particularmente estricto de razonabilidad en el caso concreto.
Que, por su gravedad, el comiso constituye una de las respuestas más intensas del sistema infraccional aduanero, razón por la cual su aplicación debe quedar sujeta a un control especialmente riguroso, lo que excluye su imposición automática o derivada sin más de la mera configuración objetiva de la infracción. Que, asimismo, la remisión a precedentes no exime del deber de efectuar un análisis concreto de las circunstancias del caso, en tanto la validez de la sanción aplicada depende de su adecuación a la situación fáctica específica sometida a juzgamiento.
V.— Que, a partir de tales premisas, la proporcionalidad no constituye una excepción frente a la aplicación de las sanciones previstas en la norma, sino un criterio rector que debe guiar su determinación en todos los casos.
Que, en tal sentido, no es la previsión normativa en sí misma la que resulta cuestionable, sino su aplicación automática o desprovista de una adecuada ponderación de las circunstancias particulares, lo que puede conducir a resultados que, aun formalmente ajustados a la ley, resulten materialmente desproporcionados. Que, por consiguiente, la infracción prevista en el artículo 979 del Código Aduanero no conlleva, en todos los supuestos, la aplicación necesaria del comiso, sino que su procedencia debe resultar de un juicio concreto de adecuación, necesidad y proporcionalidad, en función de la entidad del hecho, el grado de reproche atribuible al infractor y las circunstancias específicas del caso.
VI.— Que, en este punto, no puede soslayarse que el artículo 979 del Código Aduanero configura un régimen sancionatorio de marcada severidad, al prever la aplicación concurrente de una multa de UNO (1) a TRES (3) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción, junto con el comiso de ésta. Que, en tales condiciones, la aplicación conjunta de ambas sanciones puede conducir a la imposición de una carga patrimonial de significativa entidad, susceptible de exceder ampliamente el valor económico de los bienes involucrados e incluso de proyectarse más allá del excedente en infracción.
Que tal circunstancia pone de manifiesto que la reacción sancionatoria no sólo recae sobre la conducta reprochada, sino que puede traducirse en una afectación patrimonial de intensidad tal que exceda la entidad del incumplimiento verificado, generando resultados que —considerados en su conjunto— aparecen como materialmente desproporcionados.
Que, en tal sentido, el juicio de proporcionalidad no puede prescindir de las consecuencias económicas reales de la sanción, en tanto es precisamente en ese plano donde se verifica la efectiva intensidad de la injerencia estatal sobre el derecho de propiedad del administrado (art. 17 de la Constitución Nacional). Que, por consiguiente, cuando la aplicación conjunta de multa y comiso conduce a una detracción patrimonial que —en los hechos— absorbe una parte sustancial o incluso supera el monto involucrado, corresponde extremar el control de razonabilidad, a fin de evitar que el ejercicio del poder punitivo derive en resultados que, aun formalmente ajustados a la ley, devengan sustancialmente excesivos.
VII. Que lo expuesto encuentra concreta manifestación en el sub examine, en el cual el actor transportaba la suma de VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 20.636) y SETENTA EUROS (€ 70), habiéndose dispuesto el comiso del excedente —esto es, la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.636) y SETENTA EUROS (€ 70)— y, asimismo, la imposición de una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.558.349,60).
Que, a fin de ponderar adecuadamente la magnitud de la carga punitiva, corresponde considerar el valor económico de dicha multa al momento de la infracción (30/05/2023), oportunidad en la cual el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina ascendía a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 248,5) por dólar estadounidense, lo que equivale a una multa cercana a DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.295,17).
Que, en tales condiciones, la combinación de ambas sanciones —comiso y multa— implica, en términos económicos reales al momento del hecho, una detracción patrimonial total aproximada de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON DIECISIETE CENTAVOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 20.931,17), más SETENTA EUROS (€ 70), esto es, una detracción patrimonial total que, aun considerando únicamente su equivalencia en dólares estadounidenses, supera el monto total transportado por la parte actora.
Que ello pone de manifiesto que la reacción punitiva estatal no sólo recae sobre el excedente en infracción, sino que se proyecta, en los hechos, sobre la totalidad de las divisas involucradas e incluso la excede, generando un resultado que supera la entidad de la conducta reprochada, desnaturalizando la función retributiva y preventiva de la sanción.
Que no obsta a lo expuesto la circunstancia de que, con posterioridad, la evolución del tipo de cambio haya alterado la equivalencia económica de la multa en moneda extranjera, pues el juicio de proporcionalidad debe efectuarse con relación a la realidad existente al momento de la infracción y de la imposición de la sanción, que es cuando se configura la afectación al patrimonio del administrado. Que, en tal sentido, admitir que la eventual licuación posterior de la multa en términos reales pudiera justificar la imposición de una sanción originariamente excesiva, implicaría convalidar respuestas punitivas —fundadas en un hecho jurídico determinado— desproporcionadas al momento de su aplicación, sujetando su validez a circunstancias macroeconómicas posteriores, ajenas al hecho y a la conducta reprochada; como así también desnaturalizar el juicio de proporcionalidad, de aplicación ineludible en la especie, en función de factores contingentes y sobrevinientes.
Que, en definitiva, lo relevante no es la eventual licuación posterior de la multa en términos reales, sino la intensidad originaria de la respuesta punitiva estatal, la cual —considerada en su conjunto— evidencia un resultado manifiestamente excesivo y desproporcionado, que este Tribunal no puede convalidar. VIII.— Que, asimismo, no puede soslayarse que la estructura del régimen previsto en el artículo 979 del Código Aduanero —al prever la acumulación de una multa proporcional al valor de la mercadería junto con el comiso del excedente— determina que, a medida que se incrementa el monto involucrado, la intensidad de la respuesta punitiva se vea correlativamente agravada.
Que, en tal sentido, la magnitud del monto transportado no resulta jurídicamente indiferente, en tanto incide directamente en la entidad de la carga patrimonial derivada de la sanción, no siendo equiparables —desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad— los supuestos de menor cuantía con aquellos que involucran sumas significativamente superiores.
Que, en efecto, en estos últimos casos, la aplicación concurrente de la multa —determinada en función del valor de la mercadería— junto con el comiso del excedente, puede traducirse en una respuesta punitiva de intensidad creciente, que se aparta progresivamente de la entidad del hecho y del grado de reproche que cabe formular.
Que ello pone de relieve que el diseño del régimen sancionatorio, en su aplicación concreta, puede generar efectos de agravamiento progresivo que imponen una especial prudencia en su aplicación, a fin de evitar resultados incompatibles con los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
IX.— Que, a las consideraciones precedentemente expuestas en torno a la estructura y efectos del régimen sancionatorio aplicable, corresponde efectuar una especial consideración de las circunstancias fácticas en que se desarrolló la conducta atribuida al actor, las cuales resultan determinantes a los fines del juicio de proporcionalidad.
Que, en tal sentido, de las constancias de autos surge que el dinero transportado por el actor no se encontraba oculto ni disimulado mediante mecanismo alguno idóneo para sustraerlo del control aduanero, sino que se hallaba en condiciones de ser fácilmente advertido por la autoridad interviniente, sin que se verifique la utilización de compartimentos ocultos, mecanismos de ocultamiento físico, fraccionamiento deliberado del dinero, o cualquier otra modalidad orientada a dificultar o impedir la fiscalización. Que, asimismo, al momento de ser requerido por el personal aduanero, el actor exhibió las divisas transportadas, las cuales se encontraban en su poder sin ningún tipo de ocultamiento, incluso en condiciones de fácil advertencia —como ser en sus bolsillos—, sin que se advierta en su conducta resistencia, reticencia ni despliegue de maniobra alguna tendiente a eludir el control, lo que evidencia una actitud incompatible con cualquier intento de sustraer los fondos de la fiscalización aduanera. Que tales circunstancias permiten afirmar que el control estatal no se vio frustrado ni obstaculizado en forma relevante, habiéndose desarrollado el procedimiento dentro de los cauces habituales de fiscalización.
Que, en tal contexto, aun cuando el desconocimiento de la normativa no resulte jurídicamente excusable, ello no releva al órgano jurisdiccional del deber de examinar la proporcionalidad de la sanción aplicada, en tanto la inexcusabilidad del error no habilita, por sí sola, la imposición automática de sanciones que resulten materialmente desproporcionadas.
Que, en ese marco, la infracción verificada se agota en el incumplimiento de la normativa relativa a la modalidad de egreso de las divisas, sin que concurran elementos adicionales que permitan asignar a la conducta una mayor intensidad en el reproche.
Que, en tal sentido, la ausencia de ardid, ocultamiento o maniobra fraudulenta no sólo descarta la existencia de una conducta agravada, sino que ubica el caso en el nivel más bajo de lesividad dentro del espectro de infracciones posibles.
Que, a ello se suma que en autos no se ha acreditado circunstancia alguna que permita vincular las divisas transportadas con actividades ilícitas ni con la afectación de bienes jurídicos distintos de aquellos tutelados por la normativa aduanera.
Que, en tales condiciones, la privación definitiva de las divisas mediante la sanción de comiso carece de justificación suficiente desde la perspectiva de los fines del régimen e implica una afectación particularmente intensa del derecho de propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional), en tanto no se advierte qué interés público concreto resultaría protegido mediante la apropiación estatal de dichos fondos cuando únicamente se cuestiona su modalidad de egreso.
Que, por consiguiente, la imposición de dicha sanción se traduce en una respuesta punitiva desproporcionada en relación con la entidad del hecho, configurando un exceso en el ejercicio de la potestad sancionatoria, incompatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el ejercicio del poder punitivo estatal.
X.— Que, en efecto, a la luz de las consideraciones precedentemente desarrolladas, la multa prevista en el artículo 979 del Código Aduanero se presenta como una respuesta sancionatoria idónea y suficiente para satisfacer los fines preventivos y disuasivos del régimen, en tanto permite reprochar adecuadamente la conducta verificada sin generar una afectación patrimonial desproporcionada; ; todo ello sin perjuicio de la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A, del 2/12/2013, “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A, del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 3/12/2020, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, la DGA debiera carecer de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción recurrida, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), conforme fuera reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”, aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos; extremo sobre el que no corresponde pronunciamiento alguno, por razones de celeridad y economía procesal, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al resolver la presente cuestión, por lo que cabe proceder a decidir en torno a la sanción de marras sin considerar el temperamento asumido por el suscripto en las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación” -Expte. N° 27.252-A-, del 10 de marzo de 2016; entre muchos otros).
Que, en tales condiciones, la aplicación adicional de la sanción de comiso —por su particular gravedad— no resulta necesaria para la consecución de dichos fines, configurando, en el caso concreto, una reacción punitiva excesiva en relación con la entidad del hecho y las circunstancias en que fue cometido. Que, en tal sentido, no puede soslayarse que, en el caso concreto, la intensidad de la respuesta punitiva estatal —considerada en su conjunto— no sólo absorbe, sino que excede el monto total de las divisas transportadas, lo que torna manifiestamente desproporcionada la aplicación del comiso.
Que, en efecto, la imposición del comiso en tales condiciones implicaría trasladar mecánicamente al plano sancionatorio todas las consecuencias previstas por la norma, sin atender a su concreta adecuación al caso, lo que se aparta de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el ejercicio del poder punitivo estatal.
Que, por consiguiente, corresponde dejar sin efecto el comiso dispuesto por el servicio aduanero, manteniendo la sanción de multa en los términos establecidos, por resultar dicha pena suficiente para satisfacer los objetivos del régimen sancionatorio sin que se advierta un interés público adicional que justifique la privación definitiva de las divisas.
Por las consideraciones expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Confirmar el artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2025-759-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA apelada en cuanto tuvo por configurada la infracción prevista en el artículo 979 del Código Aduanero y aplicó la multa allí contemplada.
2. Revocar el artículo 3º la Resolución Nº RESOL-2025-759-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA en cuanto dispuso el comiso de la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.636) y SETENTA EUROS (€ 70), el que se deja sin efecto, debiendo procederse a su restitución al actor.
3. Costas por su orden, en atención a la complejidad de la cuestión sometida a estudio de este Tribunal, como así también a la existencia de pronunciamientos judiciales mayoritarios que resuelven el caso de un modo diferente.
Así lo voto.-
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Christian González Palazzo, aclarando que, por los fundamentos expuestos en la causa “OJEDA AGUSTÍN c/DGA s/Recurso de Apelación” Expte. 32.793-A, a la cual remito; con el dictado de la ley 27.444 (BO: 18.06.18) el vicio de legalidad penal que pesaba sobre la primitiva redacción del art. 7 del DNU 1570/01 fue constitucionalmente purgado por la intervención del Congreso. En consecuencia, a partir de la vigencia del art. 133 de la citada ley 27.444 las penas de comiso impuestas por la DGA en el marco del art. 979.2 del CA y el decreto 1570/01 gozan de plena legalidad constitucional.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la resolución RESOL-2025-759-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 20900-29-2023.
2. Imponer las costas a la actora.
Así lo voto.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° RESOL-2025-759-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en el SIGEA N° 20900-29-2023, en cuanto condena a la recurrente al pago de una multa de una multa de $2.558.349,60 y al comiso de U$S10.636 y €70, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 979 (aps. 1 y 2) del C.A.
2. Costas a la actora.
Registrese y notifíquese.— Date: 2026.04.21 12:37:34 ART Date: 2026.04.21 16:48:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.24 16:55:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.24 16:55:37 -03:00
Fin de la sentencia