Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8635 FOLIO Nº 067/070 PROT. ELECT. JR101251I.242
Río Gallegos, 25 de abril de 2024.-
La presente causa caratulada: "C.Y.E. S/ LESIONES AGRAVADAS", Expte. Nº C-72509/22 - Apelación/Causa JR Nº 8534/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 30/33 y vta. obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de esta ciudad, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de E.C.Y., en orden al delito de “LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR LA RELACION DE PAREJA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal) y en el punto 2) trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos cien mil ($ 100.000).- Que a fs. 35/37, el Dr. M.M.N., Letrado Adjunto de la Defensoría Pública Oficial de Mayores Nº 3 apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 42 (cód. validación 711eec32) y no habiendo presentado el memorial de agravios, quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
La defensa alegó que la resolución no se ajusta a derecho, resultando arbitraria, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.-
Señaló, que el remedio procesal impetrado encuentra sustento en la duda que emerge del presente sumario en cuanto a la autoría de las lesiones por parte del imputado.-
Argumentó, la valoración arbitraria de la prueba en lo que hace la credibilidad de la presunta víctima que alude el a quo; la falta de prueba que acredite suficientemente la autoría de su defendido en cuanto a los delitos que se le endilgan, por ende, la atipicidad de los mismos, la ausencia de un estudio, análisis y evaluación (razonada y fundada) de la sentencia atacada en cuanto a la valoración de la prueba colectada.-
Hizo referencia, a las lesiones de carácter leves, que fueran certificadas en autos a fs. 4, lo que en principio constituye una certeza, cuál es la que la denunciante sufrió lesiones, pero sin especificar el autor de las mismas.-
Explicó, que en el caso de marras, no se arbitraron los medios necesarios para producir toda la prueba para traer claridad a los hechos controvertidos en el proceso, por lo cual es totalmente inviable que la valoración que realiza el a quo se base prácticamente en los dichos de la damnificada.-
En este sentido, se agravió por la omisión de diligencias preliminares, como la indagación sobre vecinos directos que tengan conocimiento de los presuntos hechos de violencia desplegados por su cliente; no se ordenó practicar una pericia psicológica a la denunciante para determinar su personalidad, si existe capacidad de fabulación, si su relato resulta fiable o podría estar influenciado por terceros, por lo cual, surge evidentemente -su visión- que no existe un análisis integral por parte del a quo al analizar las escasas pruebas existentes en el marco de estos actuados.- Reiteró, en cuanto a la inexistencia de un análisis, integral, racional y crítico en la resolución, ya que existen graves omisiones en la etapa investigativa que nunca se llevaron a cabo y por lo cual la denuncia en controversia no reúne los extremos suficientes para arribar al grado de certeza de procesar a su cliente.-
Indicó, la parte recurrente la aplicación de la "perspectiva de género" como pauta hermenéutica constitucional y como principio rector para la solución de este tipo de casos, a efectos de que no se ignore la complejidad de esta problemática que afecta a miles de mujeres en el ámbito nacional, exigiendo un análisis integral tanto de la normativa internacional como de la jurisprudencia sentada que se ha expedido en materia de violencia, ello no constituye óbice alguno para apartarse del lineamiento que debe estructurarse un pronunciamiento judicial que procesa a un justiciable, debiendo valorarse la prueba de conformidad a lo que enuncia nuestra normativa legal y generando elementos probatorios para respaldar la acusación, lo que no condice en el presente proceso, no habiéndose constatado ningún elemento probatorio que le de peso a la denuncia, lo cual -a su criterio- si bien este caso debe ser evaluado desde una perspectiva de género, puede denotarse en el interlocutorio recurrido serias omisiones en la fundamentación.- Por último, planteó el excesivo monto del embargo, ya que no escapa al conocimiento del a quo que a su defendido, le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también la imposibilidad del nombrado a ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario.-
Solicitó que se revoque por contrario imperio el pronunciamiento atacado y se disponga el sobreseimiento del Sr. Y., o en su defecto, que se dicte la falta de mérito en relación al nombrado.-
Citó doctrina y jurisprudencia a fin de sostener su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Que, tomando atenta lectura de los argumentos esbozados por la parte apelante junto a la resolución atacada y las constancias de la causa, entiendo que obran en autos suficientes elementos probatorios como para considerar, en este juicio de probabilidad delictual, que E.C.Y. habría cometido el hecho que se le enrostró, y cuya víctima fuera A.B.M.G., razón por la que adelanto desde ya que confirmaré -por ser justo y adecuado a derecho- la resolución dictada por el Sr. Magistrado.- La defensa argumentó que el auto dictado no se ajustaba a derecho, era arbitrario, atentaba contra el debido proceso, la defensa en juicio y no estaba debidamente fundado. Yerra la apelante en este punto, dado que en el auto apelado, se analizó la totalidad de las probanzas colectadas a la luz de la sana crítica racional, arribándose acertadamente a un provisorio juicio de valor, de tipo incriminante, en lo que se refiere a la situación procesal del encartado.- La resolución dictada por el Sr.
Juez se encuentra debidamente motivada, habiéndose efectuado una concreta y detallada intimación de los hechos -en sus circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona-; se valoró todo el espectro probatorio recabado y se argumentó sobre la adopción de la calificación jurídica asignada al hecho como constitutiva del delito de “Lesiones Leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género”, dándose cumplimiento a las normas reguladas en los Arts. 115, 116 y 291 del C.P.P. en cuanto a la forma y el contenido que debe tener un procesamiento -siendo aquel un acto jurisdiccional válido- y permitiéndole al A Quo tener por acreditada -con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa del proceso- tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad que se le atribuye al encartado.- En tal sentido, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta.
Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…” (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).- El Sr. Magistrado analizó todo el plexo probatorio para arribar al auto de procesamiento de C.: el informe de inicio de actuados, la denuncia radicada por ante la División Comisaría de la Mujer de M.G.A.B.; y el certificado médico policial.-
Respecto de la prueba recabada, es pertinente dejar asentado que M.G.A.B. -fs. 02/03 y vta.-, dio sendos detalles del ilícito investigado, manteniendo un relato coherente y pormenorizado; a su vez, fue analizado por el magistrado de manera interrelacionada con el certificado médico policial -fs. 04- suscripto por el Dr. S.J.L. -médico policial-, quien indicó: "...LESIONES: Sí, DESCRIPCION: Contusión edematosa nasal. Eritema con equimosis palpepral superior derecho..."; "CARACTER DE LAS LESIONES: Leves; TIEMPO DE CURACION: 5 a 7 días aproximadamente..." siendo el testimonio de la víctima coincidente con el contenido del instrumento mencionado.- Que la damnificada habría sindicado al imputado como autor responsable de las mismas.-
A tal fin cabe recordar que los delitos de violencia de género no suelen cometerse en presencia de testigos, razón por la que en la generalidad de los casos, el testimonio que preste la damnificada -junto a otros indicios- será de especial gravitación.-
Así pues, esta Alzada -en reiteradas oportunidades-, dejó asentado que el testimonio de la víctima de violencia tiene en sí mismo valor de prueba para enervar la presunción de inocencia, siempre que se efectúe con las debidas garantías, de manera tal que el involucrado pueda desvirtuar el relato de la misma, si lo estima pertinente, y esto no debilita o flexibiliza las garantías constitucionales a las que se subordina todo proceso penal (A modo de ejemplo se citan las Apelaciones Nº 7599/22 y 8273/23).- Más aún, no podemos soslayar que del contenido de estos autos y el tenor del hecho atribuído al encartado, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.-
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).- Por esta razón, no podemos coincidir con el argumento del recurrente, quien habría indicado que la aplicación de dicha perspectiva se aparta de los lineamientos establecidos para valorar el material probatorio.-
A mayor abundamiento, un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia, dijo: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...” (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).-
Otros juzgados nacionales tienen dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado..." (Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014).- En este sentido, considero que se ha llevado a cabo un trabajo de análisis integral en el auto en crisis, y que se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir la responsabilidad del imputado con el grado de probabilidad que la instancia requiere.-
Asimismo, pretender por parte de la defensa que se cuente con testigos presenciales de los hechos de violencia intrafamiliar, así como la realización de una pericia psicológica a la denunciante para determinar si su relato es fiable (a la luz de las constancias obrantes), podría dejar entrever una visión que tiende a reproducir visiones rígidas estereotipadas, muy frecuentes en los casos de violencia de género como el que nos ocupa. Y este problema se potencia cuando el Poder Judicial, en lugar de cumplir su compromiso de desarrollar y aplicar la normativa para desterrar las conductas violentas, adopta decisiones que dan la espalda a estos mandatos y consolida los estereotipos que fortalecen la discriminación; es decir, cuando la violencia de género se nutre de violencias institucionales. Las prácticas propias de estos espacios destinados orgánicamente a investigar la violencia contra las mujeres, a instar mecanismos de protección de su integridad, a proporcionarles un juicio oportuno, a determinar las responsabilidades de sus agresores, a encuadrar las conductas en delitos tipificados cuando es posible, a reivindicar a las denunciantes, a repararles los daños cuando proceda y, en general, a revertir parte de esa subordinación que coloca estructuralmente en el lugar de víctimas a las mujeres, son las mismas prácticas administrativas/judiciales que terminan por disuadir a las víctimas y desactivar estos procesos a través de la reproducción de los mismos mitos, estereotipos e ideologías que dan sostén a estas violencias. Con lo cual, debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar al instructor en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P..-
Es por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, que considero que tanto la materialidad del hecho -tal como fuera descripto en la indagatoria y en el auto de procesamiento apelado por la defensa- y la autoría del procesado en él, estarían suficientemente acreditadas, siendo las probanzas reunidas -por el momento- suficientes para atravesar esta instancia procesal, con lo cual confirmaré el procesamiento del encartado.- Con lo dicho supra queda descartada la petición de la defensa de que se sobresea “o” se dicte la falta de mérito de su ahijado procesal.-
II. Por último, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que el A Quo dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto de la medida cautelar en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado).- En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1).- Por otro lado, la defensa no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez, razón por la cual rechazaré este planteo.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web..-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 30/33 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected]
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.- GP Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia