Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento dictado por el Sr. Juez en lo Correccional Leonardo César Celsi, en cuanto y en definitiva no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba requerida en autos en favor del encausado Martin Enrique Toquero. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la Sra. Defensora particular Sandra F. Pérez. Rigen los arts. 76 bis CP; 106, 125, 210, 404 a contrario, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 36214, y de cuyas constancias,
1. Que en lo que aquí importa el Sr. Juez en lo Correccional Leonardo Cesar Celsi no hizo lugar a la fijación de la audiencia normada en el artículo 404 del Código Procesal Penal para el tratamiento de la propuesta de suspensión de juicio a prueba efectuada por la Fiscalía y aceptada por la Defensa; ello en atención a que el delito atribuido en la requisitoria de elevación a juicio al encausado Martín Enrique Toquero tiene conminada en abstracto la pena de inhabilitación.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora particular que asiste al imputado, letrada Sandra Fabiana Pérez.
Critica los argumentos del sentenciante de origen entendiendo que la norma en la cual sustenta el a quo el rechazo de la petición de suspensión del juicio a prueba no se encuentra debidamente interpretada. Ello en atención a que el criterio normado en el ante último párrafo del artículo 76 bis del CP debe restringirse en su aplicación, dado que los amplios términos previstos allí podrían generar una contradicción axiológica o incoherencia en la implementación normativa de ciertos valores; señala que tal proceder implicaría la posibilidad de aplicar ese instituto, que concede un beneficio al imputado, en casos en los que se prevé una pena más grave y, en cambio, rechazarlo en supuestos de una pena más leve. Acompaña en apoyo el precedente de la SCJBA "Altuve", el fallo plenario del Tribunal de Casación ad quem sobre el tema y criterios doctrinarios que considera pertinentes.
Hace hincapié, con fundamento en lo expuesto, que la suspensión del juicio en el caso resulta legalmente admisible e, incluso, conveniente debido al carácter de primario del imputado y a la naturaleza del hecho investigado; ello en un contexto de fijación de adecuadas reglas de conducta.
Desde otroángulo de análisis señala que el damnificado expuso en autos que el daño fue indemnizado por la compañía de seguros del encausado; extremo que torna satisfecho el requisito de ofrecimiento de reparación del daño.
Con todo solicita que este Tribunal revoque el auto de origen, por causar agravio irreparable a la persona del encausado quien deberá concurrir a juicio cuando tiene la posibilidad de obtener el beneficio de suspensión del mismo a prueba.
1. Que al encartado se le endilga el hecho narrado del siguiente modo: "Que siendo aproximadamente las 21.20 horas del día 23 de febrero de 2017, Martin Enrique Toquero conducía su vehículo Fiat Siena dominio KOH274 por Av. Libertad, en sentido Av. Jara - Av. Independencia, y al arribar a la intersección no semaforizada con calle Chaco, intempestivamente giró hacia su izquierda para tomar la mencionada arteria y se interpuso en la línea de marcha de la motocicleta Brava Altino 180 dominio A011YWR comandada por Matías Ezequiel Cabral, que circulaba acompañado por Juan José Cabral, haciéndolo en sentido contrario de circulación, tornando inevitable la colisión. Que producto de ello, los dos jóvenes sufrieron lesiones de gravedad, a saber: Juan José Cabral Fractura expuesta de pierna izqueda de resolución quirúrgica con clavo endomedular y placa con tornillos de peroné, lesión en el nervio ciático popliteo externo de pierna izquierda con imposibilidad de dorsiflexión del pie, y por su parte Matias Cabral, fractura de fémur izquierdo que requirió tratamiento quirúrgico con clavo endomedular; lesiones que le provocaron a ambos una inutilidad laboral mayor al mes. El causante transgredió variadas normas de la ley de tránsito 24.449: el manejo cuidadoso y prevenido en atención a las circunstancias (art. 39 inc. b), la prohibición de realizar maniobras caprichosas o intempestivas, y la de obstruir el paso de otros vehículos (art. 48 incs. d y f); como asimismo la ordenanza municipal 20950/2012, que prohíbe el giro a la izquierda en avenidas. Esta conjunción de infracciones gravemente peligrosas fue causa directa del resultado lesivo".
Ese suceso es calificado como lesiones culposas cometidas por la conducción de vehículo automotor y agravadas por la conducción de vehículo automotor y por la pluralidad de víctimas (CP; 94 párrafo 2°)
2. Que bajo ese punto de partida el análisis que impone el caso traído conlleva, en primer término, examinar si el ilícito por el que se formuló requisitoria de elevación a juicio respecto del encausado permite la aplicación del instituto incorporado a la legislación nacional por el artículo 76 bis del Código Penal.
La respuesta es negativa. Como es sabido, el párrafo octavo del precepto antes señalado establece que "tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación".
Debe recordarse y traerse a colación que dicha formulación dio lugar a un extenso debate doctrinario y jurisprudencial, al que, al menos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, puso fin nuestra Suprema Corte en causa P. 125.430, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" y "Peña de Vicente, Claudia S. -particular damnificada-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
El precedente de cita tuvo como eje el alcance del impedimento indicado previamente. Para dirimir la cuestión y desde la hermenéutica, se señaló que "no parece razonable diferenciar por vía interpretrativa los delitos según que la sanción de inhabilitación que prevén sea única, conjunta o alternativa para establecer que sólo los primeros quedasen alcanzados por la prescripción legal", dado que "ello implicaría tanto como sustituir al legislador en su tareas, aspecto vedado a los tribunales (Fallos 273:418)".
A mayor abundamiento, la sentencia de la Corte aborda la exégesis de la norma también desde la perspectiva de las posturas receptadas en la exposición de motivos de la ley 24.316, concluyendo en que "de los distintos proyectos parlamentarios..., que dieron origen al texto legal bajo examen, prevaleció finalmente... el propuesto por el diputado Manny por la improcedencia del instituto 'respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación', frente a otros que, o bien habilitaban su otorgamiento, se reducía la inoperancia del instituto únicamente para los de inhabilitación absoluta o contemplaban reglas particulares para los delitos que prevén conjuntamente pena de prisión e inhabilitación". Asimismo, a idéntica conclusión condujo el análisis desde la perspectiva del método de interpretación sistemático.
En lo que respecta a los precedentes jurisprudenciales de nuestro Superior Tribunal Nacional es la propia Corte provincial la que se encarga de precisar que "en 'Acosta' la Corte no se expidió sobre la inteligencia dada al acápite del precepto que alude a las penas de inhabilitación porque el caso no la preveía", motivo por el cual, "el caso 'Norverto' carece de las consecuencias que pretenden derivarse en punto a la viabilidad del instituto en delitos con penas de inhabilitación".
Siendo así, el pronunciamiento de cita la SCJBA, de ninguna manera implica un apartamiento de la doctrina de la Corte de la Nación.
Más aún, como esta Sala lo tiene expuesto con anterioridad, de no resolverse de esta forma se incurriría en alzamiento, tal como expresamente sostuvo el Señor Juez Doctor Pettigiani en su voto: "Tiene dicho esta Corte que corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado si el mismo implica un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso... pues se prescindió sin razón valedera de la letra de la ley incurriendo en arbitrariedad (conf. P. 117.818; sent. del 5/XI/2014)".
3. Que en lo restante, se evidencia en los agravios de la apelante una puesta en tela de juicio de alguno de los argumentos que llevaron al Superior Tribunal provincial a resolver la citada causa "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" y "Peña de Vicente, Claudia S. -particular damnificada-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI"; tópico que excede la intervención de esta Alzada.
4. Que sentado lo anterior, tal la doctrina legal que surge del señalado precedente que resulta de análisis liminar, el caso bajo estudio no ingresa legalmente en el instituto normado en el artículo 76 bis del CP.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento dictado por el Sr. Juez en lo Correccional Leonardo César Celsi, en cuanto y en definitiva no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba requerida en autos en favor del encausado Martin Enrique Toquero. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la Sra. Defensora particular Sandra F. Pérez. Rigen los arts. 76 bis CP; 106, 125, 210, 404 a contrario, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 18/04/2023 09:46:36 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2023 09:46:49 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2023 09:47:00 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/04/2023 09:47:30 hs. bajo el número RR-258-2023 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia