Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 17145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución de origen obrante a fs. 336 mediante la cual el Sr. Juez de Garantías Saúl Roberto Errandonea resolvió no hacer lugar, por el momento, a la petición de medida cautelar real consistente en la inhibición general de bienes de los imputados en autos, Fernanda Valenzuela, Liliana Raquel Menna, Luis Pablo Pellizoni y Claudio Eduardo Yamahachi, tal como fue requerida por la parte particular damnificada en autos a fs. 334 y vta.; todo ello en la medida que fue materia de recurso de apelación a fs. 350/1 vta. por ésta última con el patrocinio letrado del abogado Marcelo Lacabanne. rigen los artículos 79 inc. 2, 146, 197, 199, 200, 421, 434, 439 y cctes. CPP.
c. 17.145 Valenzuela, Fernanda y otros. Lesiones culposas.
Mar del Plata, de abril de 2010.
La presente causa n° 17.145 caratulada "Valenzuela, Fernanda y otros. Lesiones culposas." (ver fs. 263 vta.), de trámite por ante esta Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala Tercera.
1. Que a fs. 336 el Sr. Juez de Garantías Saúl Roberto Errandonea resolvió no hacer lugar, por el momento, a la petición de medida cautelar real consistente en la inhibición general de bienes de los imputados en autos, Fernanda Valenzuela, Liliana Raquel Menna, Luis Pablo Pellizoni y Claudio Eduardo Yamahachi, tal como fue requerido por la parte particular damnificada en autos a fs. 334 y vta.
2. Que contra ese auto interpone a fs. 350/1 vta. recurso de apelación el Sr. Gerardo Ferreyra, precisamente en su carácter de particular damnificado en autos (ver fs. 36), con el patrocinio letrado del abogado Marcelo Lacabanne.
Entiende el recurrente que para la procedencia de la cautelar peticionada basta la sola manifestación del requirente en el sentido que se desconocen la existencia de bienes a embargar en cabeza de los imputados, citando en tal sentido jurisprudencia y criterios doctrinarios que apoyan su postura.
Luego, considera que no resulta un requisito de procedencia para el decreto de la cautela requerida la constatación de que no existe un seguro de responsabilidad contratado por los imputados, tal como lo sostiene el a quo al momento de denegar la medida requerida. En este punto expresa el recurrente que se le impone la acreditación de un requisito no normado en la ley siendo que el mismo, por otro lado, resulta para su parte de imposible cumplimiento.
Con estos argumentos solicita que esta Alzada revoque la resolución recurrida y ordene la inhibición general de bienes, como medida cautelar, en cabeza de todos los imputados en autos.
1. Que liminarmente vale recordar que las medidas de coerción real requeridas dentro de la IPP deben ajustarse a los requisitos legales comunes a las cautelas y "Así, para su procedencia será indispensable que consten acreditadas las condiciones de "humo de buen derecho" (la apariencia de responsabilidad penal de la persona cuyo bien se va a afectar), el peligro en la demora de no tomarse la medida y la proporcionalidad entre ésta y el bien jurídico a tutelar con la misma. Cuando se trate de una petición en interés de alguna de las partes en el proceso penal, ya fuera de las partes penales o las civiles, se deberá dar por el beneficiario la contracautela suficiente..."(GRANILLO FERNANDEZ, Héctor M. y HERBEL, Gustavo A Código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires. Comentado y anotado Ed. La Ley, Bs. As. 2009, segunda edición, p. 572).
Y, precisamente, tal como lo manda el artículo 79 inc. 2 y 146 inc. 1, 2, y 3 del rito penal, se deben reunir la siguientes condiciones: "1. Apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar. 2. Verificación de peligro cierto de frustración de los fines del proceso, si no se adopta la medida. 3. Proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela. 4 Exigencia de contracautela en los casos de medidas solicitadas por el particular damnificado o el actor civil.
2. Que, entonces, en línea con lo sentado cabe relevar que a fs. 262/3 vta. la Sra. Agente Fiscal María Teresa Martínez Ruíz citó a los imputados Fernanda Valenzuela, Liliana Raquel Menna, Luis Pablo Pellizoni y Caludio Eduardo Yamahachi, todos filiado en autos y de profesión médicos, a declarar a tenor de lo normado en el artículo 308 del ritual por considerarlos co autores del delito que calificó como lesiones culposas (CP, 94) en perjuicio de la víctima de autos Carlos Maximiliano Ferreyra.
Así, respectivamente a fs. 288/ y vta. Liliana Raquel Menna (médica becaria); 289/92 Fernanda Valenzuela (médica concurrente); 309/11 Luis Pablo Pellizzoni(médico cirujano pediátrico); y 331/2 Claudio Eduardo Yamahachi (médico) se presentaron en la presente investigación en carácter de imputados y de acuerdo a la convocatoria realizada por la representante del Ministerio Público Fiscal.
En consecuencia el requisito que norma el artículo 197 del CPP se halla satisfecho en autos.
Y, en consonancia con las condiciones generales aludidas, en la instancia preliminar propia de la cautela, en este contexto se podría concluir que el requisito de apariencia de responsabilidad del titular del derecho a afectar se hallaría cumplido.
3. Que, el extremo de acreditación de peligro en la demora tiene como fundamento "Impedir que la sentencia definitiva pueda resultar de imposible cumplimiento, constituye uno de los fundamentos de las medidas cautelares... si bien el dictado de las medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien la solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican (CSJN, 16/07/96, LL, 1996 -E- 544)... la procedencia de las medidas cautelares importa un gravamen que no debe ser impuesto sin que medien motivos serios que lo justifiquen" (ver FENOCHIETTO, Carlos Eduardo Código procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires. Comentado, anotado y concordado, Ed. Astrea, Bs. As. 2006, octava edición, pp. 248/9).
Así es de notar que el particular damnificado en autos si bien expresa en su pedido de cautela que ella es "a los fines de asegurar el pago de la indemización civil y las costas - a tenor de lo normado por los arts. 77, 79 sig, y ccds. del CPP -" (ver fs. 334), nada refiere, siquiera indicativamente, en relación a la precisión del reclamo que pretende garantizar con la traba de la medida.
En efecto, ese extremo, no sólo resulta de importancia respecto a acreditar la proporcionalidad de la medida requerida (CPP, 79 inc. 2 y 146 inc. 3), sino en lo atinente a la naturaleza y mensuración de la contracautela correspondiente que exige la especie.
Y, ello es así, sin perjuicio de la etapa normada en el artículo 66 del ritual, instancia a la que aún no arribó la presente investigación.
4. Que la remisión que el artículo 199 del CPP efectúa al CPCyC tornan aplicable, por ejemplo, las previsiones contenidas en el artículo 197 del último cuerpo citado a fin de que el peticionante logre reunir los extremos necesarios para la traba de la medida que en definitiva resulte pertinente.
Así, en razón de los argumentos aquí expuestos, y sin perjuicio de la carencia de fundamentación legal que presenta la resolución recurrida, el Tribunal resuelve: confirmar la resolución de origen obrante a fs. 336 mediante la cual el Sr. Juez de Garantías Saúl Roberto Errandonea resolvió no hacer lugar, por el momento, a la petición de medida cautelar real consistente en la inhibición general de bienes de los imputados en autos, Fernanda Valenzuela, Liliana Raquel Menna, Luis Pablo Pellizoni y Claudio Eduardo Yamahachi, tal como fue requerida por la parte particular damnificada en autos a fs. 334 y vta.; todo ello en la medida que fue materia de recurso de apelación a fs. 350/1 vta. por ésta última con el patrocinio letrado del abogado Marcelo Lacabanne. rigen los artículos 79 inc. 2, 146, 197, 199, 200, 421, 434, 439 y cctes. CPP.
Regístrese. Notifíquese. Líbrese cédula con habilitación y en forma urgente. Devuélvase.
Fin de la sentencia