Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33747
Lo que resolvió el tribunal
Confirmar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez en lo Correccional Leonardo César Celsi, en cuanto no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba requerida por las partes en favor Braian Martín Loza, ordenando que la causa continúe según su estado. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la Sra. Defensora Oficial María Carla Auad. Rigen los arts. 76 bis CP; 106, 125, 210, 404 a contrario, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Téngase presente la reserva del caso federal planteada (art. 14 ley 48).
c. 33747. "LOZA BRIAN MARTIN S/ LESIONES CULPOSAS (RECURSO DE APELACION)".
Mar del Plata, de noviembre 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 33747, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez en lo Correccional Leonardo César Celsi no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba requerida en autos por las partes en favor Braian Martín Loza, ordenando que la causa continúe según su estado.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial María Carla Auad.
En primer lugar, con cita expresa del fallo "Ginepro" del Tribunal ad quem, alega la defensa respecto a la procedencia formal de la apelación impetrada. Concluye que el remedio plantado debe ser tratado por esta Alzada.
Luego, ingresando a la crítica del pronunciamiento de la instancia, releva que las partes solicitaron la homologación de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, bajo las condiciones y pautas compromisorias establecidas en las pertinentes presentaciones; petición que fue rechazada por el a quo entendiendo que la misma resultaba inadmisible, ello dado que la pena en expectativa emergente del delito que en autos se le imputa a Loza incluye, en modo conjunto, también una sanción de inhabilitación.
Interpreta que el caso de autos debe apartarse del precedente que cita el a quo de Suprema Corte de Justicia provincial en la causa "Peña de Vicente".
Señala, con el análisis que realiza, que en ese precedente la Corte no tuvo en cuenta el texto expreso de la ley de fondo que estaba vigente desde hacía más de un año, ni el criterio emergente de la regulación procesal federal, que databa desde hacía casi dos años.
Además puntualiza que nuestra legislación provincial no prescribe una única salida para los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, ya sea individual o conjunta. Ni la mediación penal (ley 13.433) ni el archivo especial (art. 56 bis del CPP) están vedados para dicha clase de delitos.
Asimismo releva que, desde una perspectiva orientada a procurar resultados tangibles, no hay evidencia empírica sólida que avale la opción por respuestas más intensas que la que aquí se propone, pero tardías e inciertas (como las que podría implicar la tramitación de un juicio oral y de dilatadas vías recursivas). Ello, con la evidente afectación que la demora en la resolución del caso implica para el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, máxime teniendo en cuenta la naturaleza y escasa complejidad del delito que se le atribuye a Loza.
En otro orden, manifiesta que resulta un verdadero dislate que se niegue al causante una suspensión de juicio a prueba en estos autos por el simple motivo de que su accionar fue meramente negligente, ello por cuanto si las lesiones que se le endilgan hubieran sido dolosas -amén de tener prevista una pena menor (ver art. 89 CP) lo que en sí mismo constituye un despropósito- habilitaría el otorgamiento del instituto. La clara transgresión al principio de racionalidad de los actos de gobierno (art. 1 CN) y de igualdad (art. 16 CN) resulta evidente. Acompaña doctrina que entiende ajustada al caso.
Enfatiza, con el análisis que realiza, que la posición del Congreso de la Nación es clara respecto a priorizar la solución de los conflictos penales; y apuntando la diferencia entre el presente caso y el fallo "Peña de Vicente" del Máximo Tribunal provincial, concluye que en autos las partes arribaron a un acuerdo que satisfactoriamente contempla los intereses del acusado, de la víctima y de la sociedad.
Entiende que, cuando no quedan afuera los legítimos intereses sociales ni individuales, los acuerdos alternativos al juicio no son cuestión judiciable; de lo contrario, pueden atentar contra el restablecimiento de la armonía y la paz social, forzando artificialmente la prolongación de una controversia. Trae la cita del fallo "Martines, Jorge s/ lesiones graves" (CSJN, 22/05/2018).
Con lo apuntado, sintetiza que la resolución apelada afecta de manera directa e inmediata las garantías de defensa en juicio y debido proceso, el principio acusatorio, la garantía de imparcialidad del juzgador; extremos que habilitan a descalificarla como acto jurisdiccional válido.
Manifiesta, con cita de doctrina que analiza la cuestión, que en los precedentes "Norverto" y "Acosta" de la Excma. CSJN, la restricción respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación no fue abordada en forma directa; mas allá de traslucir una línea de interpretación que sólo resultaba consistente con lo que se viene afirmando por la tesis amplia en este punto. Lo que la Corte fija como premisa, en las carátulas de cita, es que las imperfecciones técnicas deben "por los jueces (...) ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que le se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484)" y, además, que "...la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal" (considerando 6). Lo que la Corte concluye es que la tesis restrictiva constituye "...una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante".
En función de lo expresado, considera que no resultan convincentes los argumentos esgrimidos por la Corte Provincial para propugnar una interpretación restrictiva de la viabilidad del instituto, que va en contra de la "tesis amplia" ampliamente defendida por el Máximo Tribunal Superior de la Nación en "Acosta" y "Noberto".
En otro orden, le genera agravio el argumento del a quo relacionado a que el Ministerio Público Fiscal puede, en el caso de entenderlo pertinente, aplicar criterios de oportunidad. Ello dado que se dejaría la suerte del acusado en exclusivas manos de sus contradictores procesales, criterio que contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido expresamente por el art. 25 de la CADH.
Para concluir indica que los precedentes judiciales no son "sentencias" más que en los casos individuales en que fueron dictados. La doctrina que de allí puede extraerse ( doctrina legal) siempre está sujeta a la comparación analógica y a la crítica racional. Y, en el supuesto de autos emergen razones fácticas y jurídicas que merecen ser atendidas: la normativa nacional y provincial no considerada en el precedente; la disímil calificación legal de los delitos observable entre el fallo "Peña de Vicente" y el que nos ocupa, con las consecuentes diferencias en las escalas de la pena de inhabilitación; el contexto no controversial (y, por tanto, no judiciable) de este caso, que difiere enormemente del precedente de Corte; el análisis de adecuación entre el criterio interpretativo y las finalidades invocadas (racionalización, economía, eficacia); y el derecho a un trato igualitario de los justiciables.
Con todo lo señalado requiere que este Tribunal revoque el decisorio impugnado y disponga la suspensión del juicio a prueba a favor de Loza en los términos pactados. Y, en caso de ser contraria a su pretensión la resolución adoptada, hace expresa reserva del caso federal que entiende emergente.
1. Que el análisis que impone el caso traído conlleva, en primer término, a examinar si los ilícitos por los que se formuló requisitoria de elevación a juicio respecto del imputado Brian Martín Loza, permiten la aplicación del instituto incorporado a la legislación nacional por el artículo 76 bis del Código Penal.
La respuesta es negativa. Como es sabido, el párrafo octavo del precepto antes señalado establece que "tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación".
Dicha formulación dio lugar a un extenso debate doctrinario y jurisprudencial, al que, al menos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, puso fin nuestra Suprema Corte en causa P. 125.430, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" y "Peña de Vicente, Claudia S. -particular damnificada-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
Dicho precedente tuvo como eje el alcance del impedimento indicado previamente. Para dirimir la cuestión, y desde la hermenéutica, se señaló que "no parece razonable diferenciar por vía interpretrativa los delitos según que la sanción de inhabilitación que prevén sea única, conjunta o alternativa para establecer que sólo los primeros quedasen alcanzados por la prescripción legal", dado que "ello implicaría tanto como sustituir al legislador en su tareas, aspecto vedado a los tribunales (Fallos 273:418)".
A mayor abundamiento, la sentencia de la Corte aborda la exégesis de la norma también desde la perspectiva de las posturas receptadas en la exposición de motivos de la ley 24.316, concluyendo en que "de los distintos proyectos parlamentarios..., que dieron origen al texto legal bajo examen, prevaleció finalmente... el propuesto por el diputado Manny por la improcedencia del instituto 'respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación', frente a otros que, o bien habilitaban su otorgamiento, se reducía la inoperancia del instituto únicamente para los de inhabilitación absoluta o contemplaban reglas particulares para los delitos que prevén conjuntamente pena de prisión e inhabilitación". Asimismo, a idéntica conclusión condujo el análisis desde la perspectiva del método de interpretación sistemático.
En lo que respecto a los precedentes jurisprudenciales de nuestro Superior Tribunal Nacional, analizados por la Defensora Oficial recurrente, es la propia Corte provincial la que se encarga de precisar que "en 'Acosta' la Corte no se expidió sobre la inteligencia dada al acápite del precepto que alude a las penas de inhabilitación porque el caso no la preveía", motivo por el cual, "el caso 'Norverto' carece de las consecuencias que pretenden derivarse en punto a la viabilidad del instituto en delitos con penas de inhabilitación". De modo tal que el fallo en examen de ninguna manera implica un apartamiento de la doctrina de la Corte de la Nación.
Más aún, de no resolverse de esta forma se incurriría en alzamiento, tal como expresamente sostuvo el Señor Juez Doctor Pettigiani en su voto: "Tiene dicho esta Corte que corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento impugnado si el mismo implica un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso... pues se prescindió sin razón valedera de la letra de la ley incurriendo en arbitrariedad (conf. P. 117.818; sent. del 5/XI/2014)".
2. Que en lo restante, se evidencia en los agravios de la apelante una crítica direccionada a los argumentos que llevaron al Superior Tribunal provincial a resolver el precedente "Peña de Vicente"; tópico que excede la intervención de esta Alzada.
Luego, tal la doctrina legal que surge del señalado precedente que resulta de análisis liminar, el caso bajo estudio no ingresa legalmente en el instituto normado en el artículo 76 bis del CP. Consecuentemente, no halla asidero el agravio relacionado a que cuando, como en el caso de autos, defensor, imputado y fiscal presentan una propuesta de solución "los acuerdos alternativos al juicio no son cuestión judiciable".
Por último, las restantes cuestiones plantadas por la Sra. Defensora, devienen abstractas en el contexto aquí expuesto (arg. art. 488 segundo párrafo CPP).
En razón de todo lo expuesto, este Tribunal resuelve: confirmar
el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez en lo Correccional Leonardo César Celsi, en cuanto no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba requerida por las partes en favor Braian Martín Loza, ordenando que la causa continúe según su estado. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte de la Sra. Defensora Oficial María Carla Auad. Rigen los arts. 76 bis CP; 106, 125, 210, 404 a contrario, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Téngase presente la reserva del caso federal planteada (art. 14 ley 48). Notifíquese. Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 27/11/2020 12:08:01 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2020 12:08:39 - POGGETTO Pablo Martin
Fin de la sentencia