Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 37896
DLO. Causa n° 37.896: "CARRILLO, Nelson Iván s/ Lesiones Culposas".
Mar del Plata, febrero de 2025.-
AUTOS, VISTOS:
I. Que se encuentra abierta la jurisdicción revisora de esta Alzada en mérito a la interposición de la apelación deducida por el abogado defensor del imputado, Dr. Agustín Robbio, contra la resolución dictada el 07/10/2024 por el titular del Juzgado de Garantías N° 1, Dr. Daniel A. De Marco, que rechazó el pedido de sobreseimiento y, consecuentemente elevó la causa a juicio respecto de Nelson Iván Carrillo, en orden al delito de lesiones culposas gravísimas por la conducción de un automotor, con graves faltas de tránsito (art. 94 bis -segundo párrafo- del C.P.), respecto del hecho ocurrido el 30/11/2020 en la ciudad de Mar del Plata, que tuviera como víctima a Braian Alejandro Giordano.
II. Que en su expresión de agravios el Dr. Robbio afirmó que debió haberse hecho lugar a la absolución anticipada en virtud de que la acción penal se encuentra extinguida por reparación integral en los términos del art. 59 inc. 6° CP.
Argumentó que la reparación es un mecanismo legal para dar por concluida la acción penal y que en la especie el daño fue efectivamente indemnizado y la víctima prestó conformidad con ello.
Sostuvo que las actuales perspectivas del derecho penal restaurativo priorizan la armonía social y que no cabe limitar la reparación integral del daño causado a un mero atenuante al momento de fijarse la pena (CP: 40/41) -como considera el a quo - sino, antes bien, como una causal autónoma de extinción de la acción penal.
Agregó que el daño verificado en autos fue exclusivamente patrimonial y que la afectación al bien jurídico fue insignificante, habiéndose arribado entre la compañía de seguros Sancor (en nombre del imputado) y la víctima Brian Alejandro Giordano en el expediente MP 24645/2021 N° mediación 2012360973, a un acuerdo con fecha 16/06/2021, mediante el cual se le abonó a éste una determinada suma de dinero en concepto de reparación integral de los daños producidos, surgiendo de la cláusula cuarta de dicho convenio el consentimiento del damnificado para que se aplique el
artículo 59 inc 6° Código Penal (extinción de la acción por conciliación), por lo que la Defensa solicita que se revoque el fallo recurrido, formulando reserva del caso federal en caso de decisión adversa.
III. Que, por su parte, el Sr. Fiscal General, Dr. Fabián U. Fernández Garello, contestó la vista el 17/10/2024 propiciando el rechazo del remedio intentado, en el entendimiento de que no existe agravio irreparable que torne procedente la vía recursiva.
Sostuvo que aún existiendo reparación integral a la víctima, nos hallaríamos ante un supuesto de disponibilidad de la acción penal, por lo que se requiere la participación y consentimiento de quien promueve y ejerce la acción penal pública y actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad.
Indicó que el Sr. Agente Fiscal Pablo Cistoldi efectuó un dictamen fundado sobre la improcedencia del sobreseimiento, expresando que se afectó con singular intensidad la seguridad pública y el bien jurídico integridad física, y repasando que el imputado es un conductor profesional que incurrió en el hecho circulando a exceso de velocidad por una de las vías principales de la ciudad y cruzando un semáforo en rojo, causándole lesiones gravísimas al damnificado.
Concidió con el Fiscal de grado en que, en este contexto, el acuerdo patrimonial arribado es inoponible de cara a justificar la extinción de la acción penal.
Asimismo, refirió que, si bien el art. 59 inc. 6° CP estipula la reparación integral como causal extintiva de la acción pública, el precepto remite a las leyes procesales para su materialización y que, conforme el diseño constitucional, el dictado de las normas de forma es una potestad no delegada por las autoridades provinciales.
Así las cosas, entendió que una salida procesal anticipada y diferente al juicio dentro de un esquema de enjuiciamiento acusatorio inexorablemente debe contar con la participación y anuencia del MPF.
I. La reparación integral del perjuicio supedita la extinción de la acción penal a la aplicación de criterios de oportunidad.-
La jurisdicción de este Tribunal se abre a fin de resolver si concurre o no en autos la causal de extinción de la acción penal pública introducida al Código Penal por ley 27.147 (B.O. 18/6/2015) para los casos en que se verifique la reparación integral del perjuicio (art. 59 inciso 6°).
Esta causal responde a las nuevas tendencias orientadas hacia una justicia restaurativa, que tiene especialmente en cuenta la voluntad de la víctima del hecho, propendiendo a la solución del conflicto a través de mecanismos alternativos que plantean una reparación (juicio de composición) en lugar del tradicional juicio de conocimiento, de carácter retributivo, que finaliza con la imposición de una pena al culpable, posibilitando que casos de menor gravedad se resuelvan a través de vías alternativas, con menor afectación de recursos y tiempos procesales más acotados
Pero no puede dejar de repararse en que estos institutos, además de priorizar los intereses de los protagonistas del conflicto, han sido contemplados por las legislaciones procesales teniendo en cuenta la eficiencia del sistema de administración de justicia, asumiendo la imposibilidad de reclamar una pena en todos los casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público Fiscal, por lo que es indispensable "una selección orientada por razones de eficiencia de la política criminal" (Binder, A.: "Derecho Procesal Penal", Ad-Hoc, Bs.As., 2014, T.II, pág. 423 y sgtes.).
El Código Penal, al establecer la causal de extinción de la acción por reparación integral del perjuicio formuló una expresa remisión a esas normas de carácter instrumental, al establecer que esa causal operará "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes" .
En la provincia de Buenos Aires, lo previsto en las leyes procesales a este respecto se encuentra primeramente en el art. 56 del CPPBA , que le impone al Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio de la acción penal pública que le confiere su art. 6, como criterio de actuación procurar racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones pudiendo aplicar criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso, especialmente a través de aquellos institutos que propiciaren la reparación de la víctima .
Al mismo tiempo, en el artículo 56 bis el mismo código fija las pautas para aplicar a esa selección de casos a la que alude Binder, estableciendo los "Criterios Especiales de Archivo", que otorga al Ministerio Público Fiscal, en el ejercicio de la acción penal pública, en los supuestos específicos allí explicitados, la facultad de disponer el archivo de las actuaciones, resaltando que para aplicar estos criterios a un imputado se considerará especialmente la composición con la víctima. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo .
A su vez, el art. 86 del mismo digesto le impone al Fiscal tener en cuenta, lo atinente a la situación de la víctima, y, en especial, la reparación voluntaria del daño, el arrepentimiento activo de quien aparece como autor y la solución o morigeración del conflicto o la conciliación, tanto al momento de ser ejercida la acción penal (inc. 1°), como de seleccionar la coerción penal (inc. 2°), individualizar la pena en sentencia (inc. 3°) y hasta de modificar en su medida o modo de cumplimiento, la pena en la etapa de sentencia (inc. 4°).
Ahora bien, el procedimiento específicamente previsto para la " reparación integral del perjuicio" -más allá de las normas antes citadas- se encuentra en la ley 13.433 que, desde el año 2005, instituye el "Régimen de Resolución Alternativa de Conflictos Penales" , dentro del cual regula los mecanismos de la mediación y la conciliación "a los fines de pacificar el conflicto, procurar la reconciliación entre las partes, posibilitar la reparación voluntaria del daño causado , evitar la revictimización, promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales, neutralizando a su vez los perjuicios derivados del proceso penal" (art. 2°).
Este procedimiento especial establece los principios que lo rigen (voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad y neutralidad o imparcialidad de los mediadores -art. 3-), los casos en los que procede (causas correccionales -art.6-), así como el órgano encargado de llevarlo a cabo (Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos Departamentales, dependiente del Ministerio Público Fiscal -art.4-) , pudiendo el Sr. Agente Fiscal interviniente en la IPP requerir su aplicación de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes o de la víctima (art. 7) .
En cuanto a los "efectos sobre el proceso" del acuerdo al que pudiera arribarse a través de este procedimiento especial, el art. 20 de la ley 13.433 establece que cuando las partes hayan dado por enteramente satisfechas sus pretensiones el Agente Fiscal procederá al archivo de las actuaciones, que podrá sujetarse a condiciones en caso de pactarse alguna obligación entre las partes que, de ser incumplida, provocará el desarchivo de la investigación y la continuación de su trámite mientras que, verificado su cumplimiento, se prevé que se transforme el archivo en sobreseimiento , de conformidad con lo establecido en el art. 323 inc. 7° y último párrafo, del CPPBA y, con la incorporación al Código Penal de la causal del art. 59 inc. 6°, también del inciso 1° del mismo artículo (... cuando ... la acción penal se ha extinguido ).
Entonces, en la provincia de Buenos Aires, de conformidad con las leyes procesales a las que expresamente remite el art. 59 inc. 6° del Código Penal, para declarar la extinción de la acción por reparación integral del perjuicio resulta un presupuesto formal - en principio - la intervención del Fiscal requiriendo su aplicación o, al menos, otorgando su consentimiento para la aplicación del procedimiento especial previsto por la ley 13.433 (arts. 6, 56, 56 bis y 86 CPPBA; arts. 7 y 8 Ley 13.433).
Esta postura atiende a lo prescripto por la doctrina legal sentada por la CSJN en cuanto sostiene que la tarea de interpretación de la ley comprende la armonización de sus preceptos y su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico, evitando darles a las leyes un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como criterio verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (entre muchos otros: fallo del 21/10/2021, Id SAIJ: SUA0083676, voto del juez Rosatti).
Ello de modo alguno supone que el Fiscal subrogue ni contraríe los intereses ni la voluntad de la víctima , sino que esta voluntad debe canalizarse a través del procedimiento especial expresamente previsto para promover la autocomposición en un marco jurisdiccional y con pleno respeto de las garantías constitucionales (art. 2° ley 13.433), a fin de resguardar los intereses de la sociedad y la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales, para lo cual la ley le otorga legitimación plena al Fiscal (art. 1° ley 14.442), lo que también obliga a éste, en caso que entienda que el hecho atribuido no encuadra en una figura legal o medie causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria, a no dar curso a la solicitud reparatoria de la víctima y a instar la resolución del caso por el trámite propio de la investigación (art. 8 in fine ley 13.433).
III. Los acuerdos alcanzados por las partes por fuera del procedimiento especial previsto para la resolución alternativa del conflicto. Requisitos para que puedan dar lugar a la extinción de la acción penal.-
Ahora bien, lo consignado precedentemente no significa negar que las partes puedan arribar a un acuerdo por fuera del procedimiento composicional previsto por la ley 13.433 como alternativa al proceso de conocimiento, como lo sería recurriendo por ejemplo a una acción de daños y perjuicios derivados de un delito (CPCCBA: art. 320 inc. "k"), que también regula acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez, los cuales, una vez homologados por éste, adquieren autoridad de cosa juzgada (art. 309), o bien a través de la Mediación Prejudicial Obligatoria incorporada en la provincia por la ley 13.951 (t.o. leyes 15.078 y 15.182), como método alternativo de resolución de conflictos judiciales.
Esto es lo que se verifica en la presente causa, como ya se consignara, en la que el Dr. Robbio informó que el daño verificado en autos fue exclusivamente patrimonial y que se arribó entre la compañía de seguros Sancor (en nombre del imputado) y la víctima Brian Alejandro Giordano, en el expediente MP 24645/2021, N° mediación 2012360973, a un acuerdo con fecha 16/06/2021, mediante el cual se le abonó a éste una determinada suma de dinero en concepto de reparación integral de los daños producidos, surgiendo de la cláusula cuarta de dicho convenio el consentimiento del damnificado para que se aplique el artículo 59 inc 6° Código Penal (extinción de la acción por conciliación).
Entiendo que para estos casos cobra aplicación lo establecido por el art. 87 del CPPBA, titulado "Acuerdos patrimoniales" al prever que "Todos los acuerdos dirigidos al más rápido resarcimiento del perjuicio invocado por la víctima o damnificado, deberán ser puestos en conocimiento de los órganos intervinientes a los fines que corresponda" .
La doctrina entiende al respecto que, de existir un acuerdo entre la víctima y el imputado, deberán hacerlo saber a los organismos competentes a sus efectos, en particular al Fiscal, dado que es el Magistrado que se encuentra a cargo del ejercicio de la acción penal pública (art. 6 CPP) y, por ende, de su disponibilidad, máxime que debe velar por la resolución del conflicto primario, es decir, propiciar la utilización de los mecanismos de mediación y conciliación que permitan la solución pacífica de los conflictos (art. 52 ley 14.442).
Para que este supuesto opere como causal de extinción de la acción penal en los términos del art. 59 del CP debe estar sujeto a los requisitos y pautas que establece la ley de mediación penal provincial -ley 13.433- o, en su caso, los criterios de oportunidad del art. 56 bis del CPP, así como aquellos vinculados a la suspensión del juicio a prueba -art. 404- (ver: Torres, S.- Basílico, R.: "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Análisis doctrinal y jurisprudencial", Depalma Editor, Bs. As, 2022, Tomo I, comentario al art. 87 -Basilico-Renaud-, pág. 329).
Por ello, aún cuando en estos casos pueda prescindirse del procedimiento previsto para alcanzar el acuerdo de reparación integral del perjuicio entre las partes por los arts. 7 a 19 de la ley 13.433, igualmente se requerirá que el Fiscal disponga el archivo de las actuaciones, en los términos ya referidos (art. 20, sujeto o no a condiciones, que podrá transformarse -en su caso- en sobreseimiento, CP: 59 inc. 6°; CPP: 323 inc. 7° y último párrafo) previo otorgar su consentimiento para la aplicación del procedimiento especial.
IV. El consentimiento del Fiscal para la aplicación de criterios de oportunidad.-
La anuencia del Fiscal es, en principio, necesaria en todos los supuestos en que se aplican criterios de oportunidad.
Es doctrina del Tribunal de Casación provincial, a través de varias de sus Salas y en distintas causas que "Así como el Juez no puede archivar una investigación en virtud del art. 56 bis del CPP, porque dicha prerrogativa está en manos del Agente Fiscal, no surge de la ley 13.433 que los magistrados puedan suplir al Agente Fiscal en la aplicación de la misma. Además, teniendo en cuenta el rol que institucionalmente tiene el MPF en el sistema procesal vigente, parece lógico que esté bajo sus atribuciones la aplicación de la resolución alternativa de conflictos penales, toda vez que la acción penal de manera mediata puede, por esa vía, llegar a extinguirse..." "... Por último, es dable recordar aquí que el procedimiento de resolución alternativa de conflictos, previsto en la ley 13.433, es competencia exclusiva reservada al Ministerio Público y a las distintas Oficinas específicas que funcionan dentro" (cfr. Sala IV , c. 121.166, resol. del 9/2/2023; en igual sentido c. 120.395, resol. del 21/3/2023, Sala I , c. 121.161, resol. del 14/12/2022; Sala V , c. 114.503, resol. del 14/6/2022 y c. 119.421, resol. del 14/6/2022, entre otras).
En tal inteligencia, se entiende que en la aplicación de los criterios de oportunidad que debería hacerse en la presente para poder tener por extinguida la acción penal resulta preponderante la actuación del Fiscal, pues él es quien decide, luego de un amplio análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas emanadas del caso concreto, si presta o no su consentimiento para ello.
Queda claro que si ese dictamen no se encontrara debidamente fundado o revelara irrazonabilidad manifiesta, le permitiría al Tribunal descalificarlo como tal, en cumplimiento de la función que le compete, que es la de controlar la logicidad de la postura del órgano acusador, ya que de lo contrario nos hallaríamos frente a un área reservada al arbitrio de una de las partes, situación que se estima insostenible en nuestro ordenamiento legal.
Como contrapartida, resultaría igualmente arbitrario otorgar pleno poder a la magistratura para soslayar el dictamen fiscal (cuando éste se encuentre debidamente motivado y con un razonamiento que obedezca a la lógica), toda vez que ello importaría sin más vedar a la vindicta pública llevar adelante su cometido.
En la presente causa, la motivación expresada por el Ministerio Público Fiscal tanto en primera como en segunda instancia - se comparta o no -, impide reputar de irrazonable el dictamen de los Fiscales que niegan su consentimiento para hacer cesar la acción penal por reparación del perjuicio alegando que el hecho imputado se atribuye a la conducción negligente e imprudente por parte de quien resulta ser un conductor profesional, que circulaba en un camión Scania por la avenida Luro, embistiendo a la moto en la que lo hacía la víctima al cruzar a exceso de velocidad (no menor a 70 km/h) la avenida Arturo Alió con el semáforo en rojo, arrastrándola hasta su posición final, provocándole así las lesiones gravísimas que fueran descriptas (traumatismo encéfalo craneano, excoriaciones múltiples, traumatismo cerrado de tórax bilateral con colocación de tubo de avenamiento pleural bilateral, trauma cerrado de abdomen con resolución quirúrgica inmediata), estimando que no obstante el acuerdo económico arribado entre la compañía aseguradora y la víctima, la conducta desplegada por el imputado, en las circunstancias antes indicadas, afectó con singular intensidad la seguridad del tránsito y el bien jurídico integridad física, por lo que ningún acuerdo patrimonial resulta oponible con la pretensión que de ese modo se extinga la acción penal pública, por los valores implicados, correspondiendo avanzar con el trámite de la causa, a fin de resguardar y proteger los intereses legítimos de la sociedad (art.71 del CP, art.6° del CPPBA, art.1°de la ley14.442).
Destacó además el Fiscal General que dentro del diseño acusatorio que rige nuestro procedimiento penal provincial, al Ministerio Público Fiscal le corresponde el diseño de la política criminal, en función de la cual se aplican los criterios de oportunidad, en los casos expresamente previstos por la ley, entendiendo que la indemnización que pueda obtener la víctima a título de reparación del daño no lleva a concluir que el Estado pierda interés en la persecusión penal por el delito en curso, sino que la misma habrá de ser tenida en cuenta por el Fiscal en los momentos
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