Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36728
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los argumentos expuestos, confirmar, lo decidido por el Dr. Jorge Luis Rodríguez, titular del Juzgado en lo Correccional N° 3 Departamental, en causa N° 17.316 del registro de dicho órgano de juicio, ello en cuanto rechazó la solicitud de que se conceda a Luis Esteban Guaraz la suspensión del proceso a prueba (CP 76 bis tercer párrafo a contrario); lo que fue recurrido por el Defensor Oficial Ricardo Luis Mendoza (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Cámara de Apelación y Garantías
Sala III
CN° 36728 - "GUARAZ, Luis Esteban y otro s/lesiones culposas"
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 36728 caratulados "GUARAZ LUIS ESTEBAN AGUIRRE ANGEL DAMIAN S/LESIONES CULPOSAS GRAVES", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Pablo Martín Poggetto y Alfredo José Deleonardis.
El Dr. Jorge Luis Rodríguez, titular del Juzgado en lo Correccional N° 3 Departamental, en causa N° 17.316 del registro de dicho órgano de juicio, resolvió "Rechazar la solicitud de que se conceda a Luis Esteban GUARAZ la suspensión del proceso a prueba (CP 76 bis tercer párrafo a contrario)" y ello fue recurrido por el Defensor Oficial Ricardo Luis Mendoza, lo que se relaciona con la razonabilidad de la oposición fiscal, asociado a su vez a la suma ofrecida en reparación del daño.
Cabe señalar, en la medida en que hemos de adentrarnos en un aspecto particular de las consideraciones de la decisión, cuyo análisis precede incluso al de racionalidad del ofrecimiento económico, que entre sus consideraciones el Magistrado expuso: "Como es sabido, el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal establece que "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación".
"Al respecto estimo pertinente señalar que comparto el criterio de que esta limitación debe restringirse en su aplicación, puesto que en los amplios términos en los que está formulada podría generar una contradicción axiológica, esto es, una situación en la que la solución que el sistema jurídico atribuye a un caso indica, de acuerdo con ciertas pautas valorativas, que otro caso debería tener una solución diferente de la legalmente prevista (cf. Carlos S. Nino, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 1984, 278) o de incoherencia en la implementación normativa de ciertos valores (cf. Lars Lindhal, "Conflicts in Systems of Legal Norms: A Logical Point of View", en B. Brouwer et al. (eds.), Coherence and Conflict in Law, Proceedings of the 3rd Benelux-Scandinavian Symposium on Legal Theory, Amsterdam-Deventer-Boston: Kluwer, 1991, 39-64), y ello porque implicaría la posibilidad de aplicar este instituto, que concede un beneficio al imputado, en casos en los que se prevé una pena más grave y, en cambio, no poder aplicarlo en casos en los que se prevé, una pena más leve. Por ello, he considerado que esta limitación debe interpretarse restrictivamente y, en tal sentido, circunscribir sus alcances a aquellos delitos que solo tienen prevista pena de inhabilitación".
Tal extracto de la decisión forma parte de la línea argumentativa con la que el a quo respondió a uno de los motivos sobre los que el particular damnificado fundó la oposición a la suspensión de juicio a prueba durante el curso de la audiencia en la que se sometió a consideración de los acusadores público y privado la petición de tal forma alternativa de terminación del proceso.
El decisorio fue recurrido por el Defensor Oficial del causante, Dr. Ricardo Luis Mendoza, quien centró su crítica en la razonabilidad del dictamen fiscal que, como se adelantó, deriva del análisis que realizó el representante de la vindicta pública a la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el Juez Pablo Martín Poggetto dijo:
1. Que he tenido oportunidad de pronunciarme en relación a este tema en otros precedentes de esta Alzada, pero ésta se trata de la primer causa en la que he de abordar en tema con la integración del Dr. Alfredo José Deleonardis, lo que me obliga, aun con remisiones a precedentes, a exponer mi decisión y las razones que la fundan.
En el antecedente más recientes, asimilable al presente en atención a las particularidades de la causa, a saber, la N° 36611 del registro de esta Alzada, caratulada "PILI, Roberto D. s/homicidio culposo doblemente calificado", en la que intervine junto al Juez Esteban Ignacio Viñas, sostuve lo siguiente: "I- Hemos de invertir el orden en que se tratan los agravios y, aun cuando a la fecha no se decidió que se suspenda el juicio a prueba, dado que la discusión que plantean las partes versa sobre el alcance del consentimiento y la improcedencia del instituto en el caso de autos, comenzaremos por este segundo aspecto".
"Tal como postulan los particulares damnificados, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a partir del precedente "Peña de De Vicente" (causa p 125.430 del registro del Alto Tribunal), el acuerdo sobre el que se cuestiona la validez del consentimiento del Agente Fiscal no cumple uno de los requisitos de procedencia del instituto de la suspensión de juicio a prueba, por lo que carece de sentido adentrarse en el análisis de la actividad que tuvo el Dr. Cistoldi antes de la audiencia del 404 del CPP y durante el desarrollo del acto y la posible existencia de vicios al momento de acordar la solución alternativa del conflicto".
"La normativa vigente dispone que no procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, tales los términos del octavo párrafo del art. 76 bis del CP y la interpretación que sobre el alcance de dicha norma realizó el Alto Tribunal Bonaerense en el precedente citado, puso fin a la discusión sobre la procedencia del instituto en casos de delitos culposos".
"Corresponde traer a colación algunos argumentos expuestos en el fallo. En lo que atañe a la hermenéutica de la norma se ha dicho que "no parece razonable diferenciar por vía interpretrativa los delitos según que la sanción de inhabilitación que prevén sea única, conjunta o alternativa para establecer que sólo los primeros quedasen alcanzados por la prescripción legal", dado que "ello implicaría tanto como sustituir al legislador en su tareas, aspecto vedado a los tribunales (Fallos 273:418)... De lo contrario, el tribunal distinguiría donde el precepto no lo hace, lo cual, se sabe, no es pertinente (Fallos 304:226 y 330:971, entre muchos), y que de haberse concebido por el legislador habría sido especificado".
"En lo que respecta al análisis de la exposición de motivos de la ley 24.316 (que incorporó el art. 76 bis del CP ) sostuvo la SCBA que, entre los distintos proyectos parlamentarios puestos a estudio de los legisladores y que dieron origen al texto legal bajo examen, "prevaleció finalmente... el propuesto por el diputado Manny por la improcedencia del instituto 'respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación', frente a otros que, o bien habilitaban su otorgamiento, se reducía la inoperancia del instituto únicamente para los de inhabilitación absoluta o contemplaban reglas particulares para los delitos que prevén conjuntamente pena de prisión e inhabilitación" (ambos extractos corresponden al voto del Ministro Soria)".
"Las razones del legislador fueron expuestas en el debate parlamentario, y tal como señala el Dr. Soria en el precedente en cuestión, los delitos que prevén pena de inhabilitación fueron excluidos de la posibilidad de acceder a la suspensión de juicio a prueba "porque en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" (debate parlamentario en Diputados) y, en dichos del Senador por Entre Ríos Augusto Alasino "tampoco procede en el caso de que el delito tenga pena excluyente o secundaria de inhabilitación. Esto también es entendible porque, indudablemente, todas estas penas están vinculadas con una actitud profesional o una cualidad que la gente eventualmente debía tener para cometerlo".
"En lo que respecta a la interpretación sistémica y a posibles violaciones a la igualdad ante la ley en atención al monto de pena con que se conmina a la figura escogida, se lee en el voto del Ministro Soria que el legislador no sólo apuntó a la gravedad del delito sino que "...también ponderó la situación de aquellos que con penas privativas de libertad de similar magnitud merecían una consideración adicional: la autorización estatal para la actividad reglada acerca de la cual da lugar el delito reprochado"".
Al igual que en aquella oportunidad, aun cuando el análisis de la razonabilidad del dictamen Fiscal transitó un camino distinto, pues se trataba de un retraimiento en la audiencia que se llevó adelante en los términos del art. 404 del CPP, con el ánimo de evitar dispendios jurisidiccionales innecesarios, entiendo adecuado adelantar el análisis en la posibilidad misma de brindar tal consentimiento en delitos que prevén pena de inhabilitación, ello en la medida en que se trata de uno de los motivos que expuso el particular damnificado, en la audiencia que se llevó adelante en la instancia y en el marco de este proceso, para oponerse y fue abordado liminarmente por el a quo, quien desestimó el pedido de suspensión de juicio a prueba por una razón diferente.
Así las cosas, hago propios los restantes argumentos del precedente de la SCBA citado en el antecedente "Pili" de esta Alzada y entiendo que la primera respuesta que cabe a la incidencia puesta a consideración de los suscriptos es que la suspensión de juicio a prueba resulta improcedente, ello en la medida en que el delito que se imputa a los incusos prevé pena de inhabilitación como accesoria a la de prisión.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se confime, por estos fundamentos, la sentencia en su totalidad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Deleonardis dijo:
Integrando como Juez subrogante el Tribunal en lo Criminal N° 3 Departamental (años 2005/2006) expresé mi criterio favorable a la concesión de la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos amenazados con pena de inhabilitación "en forma conjunta o alternativa con la de prisión", limitando los supuestos de improcedencia a aquellos para los cuales dicha inhabilitación se hallaba contemplada como pena exclusiva, pretendiendo de este modo desentrañar el alcance que cabía asignarse al último párrafo del art. 76 bis del Código Penal ("...Tampoco procederá la suspensión a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación...").
Para ello recurrí a los distintos métodos de interpretación de la ley, partiendo por el literal o gramatical, que revelaba una incompletitud sintáctica, pues la oración se limita a mencionar la especie de pena (inhabilitación) sin hacer mención a la modalidad con que la misma puede hallarse amenazada en los distintos tipos, por lo que se acudió al método de interpretación sistemática o lógica, que lleva a relacionar cada regla con las demás vigentes en un orden jurídico, en pos de su coherencia, comenzando con la intra-sistemática del propio texto del art. 76 bis CP, en base a lo cual estimé lógico que en procesos por delitos para los que se prevé en forma conjunta pena de prisión y de inhabilitación se admita la suspensión, atendiendo a las razones que llevaron al legislador a establecer este derecho del imputado en consideración al eventual monto o modalidad de aplicación de la pena más grave (privativa de libertad) sin exclusiones ni distinciones de ninguna índole, reservando el supuesto de improcedencia contemplado en el último párrafo del art. 76 bis CP a aquellos casos en que se atribuyen delitos reprimidos exclusivamente con pena de inhabilitación.
Sin embargo, con posterioridad a ello la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el fallo "Peña de De Vicente" (causa P. 125.430) estableció el criterio contrario, desestimando los argumentos que fueran sostenidos por el suscripto, en base a la motivación que ha sido transcripta en el voto precedente.
Ello me lleva a la necesidad de revisar mi posición, en la inteligencia que corresponde acatar la doctrina legal sentada sobre el "thema decidendi" por el más alto Tribunal provincial por razones de economía procesal, que eviten innecesarios dispendios jurisdiccionales, teniendo en miras una administración de justicia eficiente, objetivo que se frustraría en caso de propugnar los tribunales de grado soluciones que irremisiblemente habrán de ser revocadas.
Claro que ello no impide que los jueces puedan fallar conforme a su propio criterio de interpretación de la ley. Pero las razones consignadas precedentemente y el diseño del sistema que habilita la vía recursiva extraordinaria, tornan necesario que al apartarse de una doctrina legal vigente se introduzcan nuevos argumentos sobrevinientes o no considerados anteriormente o bien se señalen en el caso bajo juzgamiento diferencias sustanciales con aquellos en los cuales tal doctrina legal fuera sentada.
Pues bien, no encuentro en el caso bajo juzgamiento argumentos sobrevinientes o diferencias sustanciales con el criterio sentado por el Superior, que me permitan apartarme de lo resuelto en el precedente "Peña de De Vicente".
Por lo expuesto hasta aquí y de conformidad a la normativa citada y a la doctrina legal sentada por la SCBA, rectificando el criterio que sostuviera anteriormente, habré de coincidir con el Juez Poggetto en cuanto entiende que la suspensión de juicio a prueba resulta improcedente, en la medida en que el delito que se imputa a los incusos prevé pena de inhabilitación como accesoria a la de prisión, propugnando la revocación de la sentencia en su totalidad.
Voto entonces en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: por los argumentos expuestos, CONFIRMAR, lo decidido por el Dr. Jorge Luis Rodríguez, titular del Juzgado en lo Correccional N° 3 Departamental, en causa N° 17.316 del registro de dicho órgano de juicio, ello en cuanto rechazó la solicitud de que se conceda a Luis Esteban Guaraz la suspensión del proceso a prueba (CP 76 bis tercer párrafo a contrario); lo que fue recurrido por el Defensor Oficial Ricardo Luis Mendoza (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 16/05/2025 10:56:15 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2025 11:06:01 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/05/2025 11:06:15 - DE LEON PRANDI Juan Manuel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 16/05/2025 12:07:03 hs. bajo el número RR-225-2025 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia