Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 2001 2890 23
MC C.N º 2001-2890-23; "VARELA DALMAO SEBASTIAN S/LESIONES LEVES AGRAVADAS Y AMENAZAS AGRAVADAS".-
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial, en el marco de esta causa nro. 20-01-2890-23 contra el auto de fecha 16/3/2023 mediante el cual se dispuso la prisión preventiva de Sebastián Varela Dalmao en orden a delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas agravadas por el empleo de arma, en trámite por ante el Juzgado de Garantías N° 4 de Avellaneda Lanús, y;
Que el auto mencionado viene apelado por el Sr. Defensor Oficial interviniente, quien expuso en su presentación electrónica los motivos de agravio y sus fundamentos.
Peticionó el recurrente, se revoque la medida de coerción dictada por la instancia de grado, alegando que su pupilo goza del estado de inocencia hasta tanto se pronuncie una sentencia definitiva de carácter condenatorio. También sentó que no se habían demostrado los peligros procesales de fuga ni entorpecimiento probatorio, a la vez que el análisis de las características de los hechos corresponde eventualmente al momento de determinar una pena, conf. arts. 40 y 41 del CP., resultando posible la aplicación de alguna medida cautelar de restricción de acercamiento sin necesidad de imponer la privación de libertad del causante.
Asimismo adunó, en resumidas cuentas, que su ahijado procesal se encontraba ebrio al momento del hecho, por lo que no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones, conf. art. 34 del CP. Agregó que sólo se cuenta con los dichos de la víctima y que la imputación contenida en contra de su mandante no resulta de ser supuesto de violencia de género al no contarse con denuncias anteriores.
Como primero, en el orden probatorio, de las constancias obrantes en autos y tal como fuera merituado y narrado por el Sr. Juez "A quo" , a cuyo contenido nos remitimos en honor de los principios de economía y celeridad procesal, la materialidad ilícita así como la participación del causante se encuentran demostrados con el grado de probabilidad que requiere la medida, no sólo con los testimonios de la víctima en sede policial y judicial como lo aputara el quejoso, sino que sus lesiones fueron corroboradas con el reconocimiento médico adunado, en el que se destacó la existencia de "...excoriación lineal horizontal de aprox 4 cm de longitud en región lateral derecha del cuello...herida contuso penetrante superficial de aprox 0.5 cm de diámetro en región lateral derecha del cuello, lesión de menos de 12 horas de evolución ...compatibles con roce con/contra elemento y/o superficie dura o áspera y elemento romo ...dotado de aristas...lesiones leves" . También debemos destacar el contenido del informe victimológico en lo que se determinó que el relato de la damnificada era compatible con una vícitma de violencia doméstica, física y psicológica, con indicadores de culpa y trastornos de sueño, estimando una situación de violencia de género de alto riesgo.
A ello corresponde adunar el contenido del acta de procedimiento y las contestes declaraciones efectuadas por el personal policial en lo que arribaron a la vivienda en la que habrían sucedido los hechos investigados instantes antes junto con la damnificada, que se había hecho presente en la comisaría, ya lesionada, constatando -en definitiva- la presencia del causante, aún dormido. Por último, completa el cuadro probatorio el secuestro en la morada de un cuchillo doblado que la víctima reconoció como el elemento con el cual había sido amedrentada y lesionada por el sujeto activo.
Cabe puntualizar que la denunciante hizo saber en comisaría que no era la primera vez que "le levanta la mano" y en sede fiscal que "no es la primera vez que me amenaza" .
Dicho ello, cabe traer a colación que el estado argentino asumió el compromiso internacional de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (arts. 4, inc. "g" , 7 incs. "b" y "f" y 9, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - "Convención de Belem do Pará" -, aprobada por la ley 24.632; conf. CSJN "Sanz, Alfredo Rafael y otro s/Estafa s/juicio s/casación" , sent. de 27-II-2020, por remisión al dictamen del señor Procurador).
Dichas obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina surgen a partir de la ratificación y jerarquización constitucional de ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22) – como la antes citada -, las cuales establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y la administración de justicia. Dentro de dicha normativa se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979). Esta Convención tiene el objetivo, ni más ni menos, de incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos, en palabras propias de su texto. Esta incorporación implica no solo la reafirmación de la igualdad de género frente a los derechos y, en consecuencia, el respeto de la dignidad humana, sino también la incorporación de medidas o planes de acción que los Estados deben llevar a cabo con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico. De estos fines normativos, de garantizar las obligaciones estatalmente asumidas, es de donde surge el concepto de “perspectiva de género”.
Lo propio surge de la invocada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará (1994), aprobada por Ley 24.632, de cuyo texto se infiere la necesidad de aplicar una perspectiva de género, a raíz del reconocimiento de que los patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado la violencia contra la mujer en todas sus formas (en ese sentido Sala VI Del Tribunal de casación Penal de la Provincia en Causa nº 58.758 “Rodriguez, Jorge Daniel s/ Recurso de Casación” del 29 de agosto de 2014). Así queda también expresamente establecida esta perspectiva en la legislación nacional a través de su incorporación expresa en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.
La perspectiva de género implica, entonces, “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la supervisión y la aplicación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros” (ONU Mujeres, 2016). Continúa afirmando la ONU que “la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias” (Ob. cit.). El análisis exhaustivo de la situación de desigualdad global de los géneros, ha concluido que la concepción androcéntrica de la humanidad dejó fuera a la mitad del género humano, es decir, a las mujeres. Y a pesar de existir en un mundo genéricamente desigual, las mujeres han sido realmente relevantes en cada uno de los aspectos propios de las distintas sociedades que se fueran desarrollando a lo largo de la historia. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde una perspectiva inclusiva de las mujeres.
Esta perspectiva reconoce, asimismo, la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, esta perspectiva plantea a su vez que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa y democrática requiere que mujeres y hombres (refiriéndonos puramente al sistema binario al solo efecto de clarificar conceptualmente para el presente caso) seamos diferentes de quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica (Larrauri, E., “Desigualdades sonoras, silenciosas y olvidadas: género y derecho penal.” Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 13, 2009, págs. 37-55).
El derecho y la administración de justicia no pueden ser ajenos a ello. Y en consecuencia, la perspectiva de género debe ser entendida como comprensiva también del derecho en general y del derecho penal en particular. (Conforme causas N° 69.965 y 69.966, caratuladas “Lopez, Susana Beatriz s/ Recurso de casación interpuesto por Particular Damnificado” y “Lopez, Susana Beatriz s/ Recurso de casación interpuesto por Agente Fiscal” Sala VI del Tribunal de Casación Penal entre otras).
Lo expuesto obviamente debe ser considerado a la hora de analizar los elementos de prueba colectados.
En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha establecido en la causa P 132.936 RC que: “En la materia, esta Suprema Corte tiene dicho que para determinar si el hecho imputado debe quedar comprendido o no en los términos de la <<Convención de Belem do Pará>>, el juzgador debe analizar y ponderar -necesariamente- el contexto fáctico y jurídico, esto es, circunstancias anteriores y concomitantes, al ilícito en juzgamiento (conf. causas P. 128.910, sent. de 16-VIII-2017; P. 128.468, sent. de 12-IV-2017; P. 130.580, resol. de 11-VII-2018; P. 125.687, sent. de 23-X-2019, e.o.)”.
“El juzgar con perspectiva de género propende a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y una tutela judicial efectiva, evitando la reproducción de estereotipos que dan por supuesto el modo en que deben comportarse las personas en función de su sexo o género (conf. causa P. 125.687, cit.), sin perder de vista que el principio de amplia libertad probatoria -arts. 16.1 y 31 de la ley 26.485- no implica una flexibilización de los estándares probatorios sino que "...está destinado, en primer lugar, a desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre la víctima o la persona acusada" (Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres -femicidios- de la Procuración General de la Nación, año 2018, pto. 4.2.2.).
Mientras que en el precedente P. 134.775-RC, "D., G. J. S/Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" la propia Corte Provincial sostuvo que: “Conforme tal precedente, un juzgamiento con perspectiva de género impone emplear una mirada contextualizada de los hechos, incluyendo cuál era la situación de la mujer en el círculo de la violencia […], para indagar los motivos que llevaron a la víctima a tener interés en desdecirse de las denuncias, en esa dinámica vincular que responde a criterios específicos (v. XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se describe el Ciclo de Violencia diseñado por Leonor Walker, en el Protocolo Judicial para casos de Violencia de Género contra las Mujeres, 2014, págs. 20/21). Sólo desde esa perspectiva podrían obtenerse conclusiones válidas sobre las distintas narraciones de la mujer”.
“Por lo demás, aquí se identificaron con claridad otros medios probatorios que reforzaron lo relatado originalmente por la víctima, contribuyendo a demostrar la verosimilitud de los dichos inicialmente vertidos. Se aclaró, además, que, de constatarse una personalidad violenta de la damnificada, no se excluye necesariamente que quedara atrapada en aquel círculo también como víctima”.
“El principio de amplia libertad probatoria que rige estos conflictos promueve que tenga entidad la ampliación argumentativa -contextualizar la discriminación y la desigualdad de las mujeres- para diversificar y potenciar con exhaustividad la búsqueda de elementos probatorios en torno a la violencia con estos criterios específicos -círculo de violencia, antecedentes, entre otros-. De ello se infiere que la vinculación entre el principio de amplitud probatoria, las presunciones que contribuyen a la demostración de los hechos y las obligaciones reforzadas que surgen a partir del deber de debida diligencia, deben funcionar de modo complementario al principio de la sana crítica como requiere el ordenamiento jurídico (arts. 210, CPP; 7 inc. "b", Convención de Belém do Pará y 16 inc. "i" y 31, ley 26.485)”.
"Más recientemente se reafirmó que, de conformidad con las pautas de la sana crítica (art. 210, CPP) y del principio de libertad probatoria, por regla todo se puede probar y por cualquier medio (arts. 109 y concs., CPP; 16 inc. "i" y 31, ley 26.485) -conforme causa P. 133.869, sentencia de 5-VII-2020” .
De este modo, la manifestación de no instar la acción efectuada por la víctima en sede policial, no causa efecto desde el punto de vista del impulso de la misma, pues interés público estatal descripto en los párrafos precedentes, impone tal obrar oficioso para el delito dependiente de instancia privada (arts. 71 y 72 del C.P.).
Por último, contestando al planteo defensista en lo que sostuvo que el causante no contaba con capacidad plena para comprender la criminalidad de sus actos, sostiene Soler que "la ingestión de bebidas alcohólicas no produce necesariamente un estado de inconsciencia y supresión de todos los frenos inhibitorios. Los efectos...no pueden ser determinados en general, pues dependen de la constitución, el hábito y el estado del sujeto..." (SOLER, Sebastián, "Derecho Penal Argentino" , T° II, primera impresión, Ed. Tea, Bs. As., 1992).
En la misma idea, "...se ha dicho que lo realmente importante es que la ebriedad revista...un verdadero estado de inconsciencia al punto que...impida al ebrio comprender la criminalidad de su hecho o la dirección de sus acciones" (SCJBA "Avellaneda, José..." , rta. 28/10/1997) y "...para que proceda la eximente de pena...del art. 34...se requiere que la ebriedad...haya tenido entidad suficiente como para anular su razón y su consciencia, privándolo de la posibilidad de comprensión y de voluntad en la realización del acto que se le atribuye..." (Cámara Nacional de Casación Penal , S. IV, "Ortiz, Miguel..." , rta.28/3/2003).
Cabe destacar entonces para el particular que su accionar mediante el cual entabló diálogo con la damnificada, la instó y obligó a manifestarse de acuerdo con su opinión, para luego volver a hablarle y golpearla en conforma consonante con el mal que había prometido, imponen concluir que no hubo ausencia de acción por inconsciencia ni tampoco falta de culpabilidad. Todo ello al menos con lo agregado por el momento y sin perjuicio de lo que deparen las pericias psicológicas y psiquiátricas que el caso amerita, cuya producción fue dispuesta por la Acusación el 17/2/2023.
En razón de lo expuesto es que entendemos que las pruebas que acreditan tanto la materialidad ilícita como la probable autoría penalmente responsable del enjuiciado, fueron claramente detalladas y valoradas por el A-quo, conforme las pautas del art. 210 del C.P.P., las que a criterio del Tribunal resultan suficientes e idóneas para abastecer los requisitos del art. 157 inciso 1° y 3° del mismo cuerpo legal.
Sin perjuicio de ello y en lo demás que fuera motivo de agravio, resulta oportuno recordar aquí que el principio de inocencia rige durante todo el proceso penal y se mantiene incólume hasta la existencia de una sentencia condenatoria que expresamente indique lo contrario. Tal principio fundamental está contemplado tanto en el art. 18 de la Constitución Nacional como en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Siendo ello así es claro que toda privación de la libertad anterior a dicha sentencia, deviene excepcional y lógicamente debe aplicarse con carácter restrictivo, pues de lo contrario se estaría aplicando una pena anticipada.
En el ámbito procesal el art. 144 del C.P.P. establece que el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos previstos en la ley para decidir lo contrario.
De lo dicho hasta aquí se desprende que durante el proceso la regla es la libertad, habiendo previsto el legislador excepciones a esa regla con el objeto de asegurar que el justiciable se someta efectivamente al proceso, para salvaguardar la prosecución y la finalidad que el mismo persigue que es la averiguación de la verdad real y la aplicación del derecho sustantivo.
En consecuencia el fundamento esencial para mantener el encarcelamiento preventivo del imputado durante el proceso, es la existencia de los llamados peligros procesales, es decir, si en el caso existe peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación.
Estos peligros procesales pueden inferirse de distintas circunstancias como las que enunciativamente enumera el art. 148 del C.P.P..
Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el legislador a través de las circunstancias mencionadas presume iuris tantum la peligrosidad procesal, también lo es que dicha sospecha puede ser neutralizada si concurren circunstancias singulares que demuestren con suficiencia que en el caso no existe un riesgo para la actuación de la ley si el imputado permanece en libertad. Obviamente debe tratarse de condiciones excepcionales cuya entidad permita efectuar dicha aseveración.
En el caso en concreto, se desprende que el Sr. Juez de Garantías dictó auto de prisión preventiva por considerar a Dalmao Sebastián Varela autor penalmente responsable del delito de amenazas agravadas por el empleo de arma en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (arts. 45, 89, 92 en función del 80 incs. 1° y 11° y 149 bis primer párrafo última parte del C.P.).
En la continuidad del análisis sobre los peligros procesales no pasa inadvertida la circunstancia arrimada por la propia damnificada al inicio de la pesquisa en relación a que el causante le había manifestado, tras expresarse aquélla en contra de los homosexuales y pedófilos por orden de éste "no lo dijiste con suficiente odio, te amo pero tenés que morir..." , tomando un cuchillo con punta doblada, colocándolo en su cuello apretándolo fuertemente y luego agarrando una remera con la que intentó ahorcarla. También se reitera que la víctima manifestó tanto en sede policial como judicial que el ataque no era el primero que ocurría entre ambos, dándose el mismo cuando el sujeto activo consumía alcohol.
En lo particular y contestando al agravio introducido en torno a que tal descripción implica una doble valoración, cabe recordar que si bien a los efectos de establecer una eventual condena corresponderá analizar la adecuación de las acciones en los arts. 40 y 41, no menos es que la normativa procesal también manda su estudio como características del hecho en la medida en que impliquen peligros procesales, y aquí nos encontramos, más allá de los delitos contra la persona y contra la libertad enrostrados en forma material, con manifestaciones avasallantes, mandantes, caprichosas y una posición de superioridad en la que el sujeto act
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