Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33725
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución dictada con fecha con fecha 28 de septiembre de 2020 por la Juez de Garantías, Lucrecia M. Bustos, en cuanto sobreseyó a Cristian Hernán Juan de Dios por la comisión del delito de lesiones agravadas por el vínculo. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Ministerio Público Fiscal (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 323, 421, 434, 439 y cctes.).
C. 33725 "JUAN DE DIOS CRISTIAN HERNAN S/LESIONES AGRAVADAS".
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de Febrero de 2021, se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 33725 caratulados "JUAN DE DIOS CRISTIAN HERNAN S/LESIONES AGRAVADAS", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces POGGETTO-PAOLINI (CPP, 440).
1. Con fecha 28 de septiembre de 2020 la Juez de Garantías, Lucrecia M. Bustos, resuelve sobreseer a Cristian Hernán Juan de Dios por la comisión del delito de lesiones agravadas por el vínculo, perpetrado en esta ciudad, con fecha 13 de marzo de 2019, en el que resultara víctima la niña Delfina Juan de Dios.
2. Contra ello interpone recurso de apelación la fiscal Graciela Trill.
Recuerda el hecho por el cual se requirió la elevación de la causa a juicio, resumiendo la oposición de la Defensa y los argumentos del Juez para disponer el sobreseimiento.
Distingue entre los roles de la justicia penal y la de familia, siendo que la intervención de la segunda no obsta a la actuación en sede penal. Hace referencia a los derechos del niño y las obligaciones del Estado.
Entiende que en un supuesto como el que se ha ventilado en esta encuesta preliminar, la tutela efectiva del sujeto vulnerable no resulta debidamente cumplida, máxime cuando la magistrada actuante ha admitido que se han acreditado la materialidad delictiva y autoría penalmente responsable.
Analiza la revinculación entre el padre y la hija, surgiendo de autos que la violencia no fue única ni involuntaria y que tampoco ha habido un cese en el maltrato, por lo que considera que la intervención del derecho penal resulta ajustada a derecho atento haberse configurado un delito en los términos de los arts. 89 y 92 en función del 80 inc. 1° del CP. Sostiene que surge el interés público de la CIDN, ley nacional 26.061 y ley provincial n° 13.298, que implica la protección jurídica, habilitando la actuación de oficio cuando el delito fuera cometido incluso por un miembro de la familia y a pesar de que la representante legal (progenitora) no instara dicha acción, atento la posible existencia de intereses contrapuestos que vayan en desmedro del interés superior del niño.
Entiende que la manifestación de la denunciante en los términos de que "...sólo desea dejar asentado lo sucedido por el momento..." cede ante la legislación especializada ya referenciada y exige la intervención administrativa y judicial que tienda a la protección de los derechos de ésta franja etárea considerada de alta vulnerabilidad social.
Finalmente, destaca que el caso se ha desarrollado en una realidad compleja y enmarcada en un contexto de violencia familiar y de género, y ejercer la acción penal resulta una obligación ya que no sólo es la forma que el Estado tiene de garantizar el acceso efectivo a la justicia de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que deviene imprescindible a efectos del cumplimiento de las convenciones internacionales que revisten raigambre constitucional.
Peticiona se revoque la resolución y se disponga la elevación a juicio de la presente causa respecto de Cristian Hernán Juan de Dios por el hecho aquí investigado.
El recurso es sostenido en la instancia por el Fiscal General Adjunto, Marcos R. Pagella.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Poggetto dijo:
Luego de efectuado un minucioso análisis de las constancias de autos entiendo que la resolución debe confirmarse.
Aún cuando apareciera "prima facie" acreditada la materialidad delictiva imputada, el análisis no debe concluir allí sin más, y por ello habilitar la celebración del debate.
En efecto, en un todo de acuerdo al hecho de marras, no puede dejar de señalarse que la normativa superior busca resguardar las instituciones primarias, siendo la familia la primera de ellas. Así se establece en los Tratados incorporados en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22, art. 16.3 de la DUDDHH, art. 17 del PIDCyP, art. 10 del PIDESyC).
Históricamente en nuestro derecho civil, la patria potestad incluía en su contenido el derecho de corrección de los padres hacia los hijos. Obviamente, esto debía ejercerse moderadamente, quedando excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.
Cierto es que el nuevo Código Civil y Comercial deroga directamente este poder o derecho de corrección de los padres hacia los hijos en sentido práctico, a través de una tajante prohibición de malos tratos, incluso en su faz moderada.
En el caso de autos, no puede perderse de vista que se habría tratado de un hecho aislado, que no se ha repetido en lo sucesivo, mostrándose el padre arrepentido de su conducta.
Además, surge que la menor habría tenido consultas con una profesional en psicología a raíz de ello, y se tomaron medidas para reparar el vínculo entre padre e hija. Por su parte, el fuero específico tomó intervención, e incluso surge que la familia habría recompuesto su relación, planificando mudarse a otro país en busca de de nuevos horizontes de futuro laboral y familiar. Así fue expresado en audiencia virtual llevada a cabo ante esta sede en la que participó el imputado, su defensa, y María Ayelén García, denunciante y madre de Delfina Juan de Dios.
De todo ello, surge que la afectación al bien jurídico protegido ha sido nimia. No se desconoce la necesidad de proteger a la víctima, más aún tratándose de una niña menor de edad, pero surge que la madre ha sido quien formuló denuncia sin instar la acción penal, y luego reconoce que en la actualidad no existe conflicto alguno. Debe recordarse la función subsidiaria del derecho penal por lo que su intervención procede una vez que hayan fracasado los controles formales e informales menos gravosos tendientes a resolver el conflicto.
Emergía en forma prístina que el MPF tuvo herramientas y oportunidad para encausar la problemática en una solución alternativa a través de un archivo condicionado o incluso, aún decidiendo el ejercicio de la acción penal ofrecer la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba. Así podría someterse al imputado ante una seria de reglas de conducta y de esta manera lograr un doble abordaje judicial de la cuestión a través de los fueros penal y de familia.
Tampoco pueden perderse de vista los principios de derecho penal mínimo y los fines del derecho penal, no advirtiéndose aquí que la búsqueda de la realización de un juicio oral y la imposición de una pena redunde en beneficio alguno, tanto para el imputado (pues aparecería como con fines solamente retributivos), como para la víctima y para la familia toda.
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo se confirme la sentencia en su totalidad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Paolini dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución dictada con fecha con fecha 28 de septiembre de 2020 por la Juez de Garantías, Lucrecia M. Bustos, en cuanto sobreseyó a Cristian Hernán Juan de Dios por la comisión del delito de lesiones agravadas por el vínculo. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por el Ministerio Público Fiscal (CN, 18 y 75 inc. 22; Constit. de la Pcia. de Bs. As., 168 y 171; CPP, 21, 106, 210, 323, 421, 434, 439 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia