Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a M. F. O., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso, como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género (dos hechos), daño (dos hechos), violación de domicilio (un hecho) y lesiones leves (un hecho), todos en concurso real entre sí, conforme los artículos 45, 55, 89, 92 en función de lo dispuesto por el art. 80 incs. 1 y 11, 150 y 183 del Código Penal, con más el pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3° del Código Penal).
2Imponer a M. F. O., por el término de dos (2) años, la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1° del Código Penal).
3Hacer SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a la regla de conducta impuesta, bajo apercibimiento de que su incumplimiento injustificado podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
4Disponer, una vez firme la presente sentencia, la inscripción de M. F. O. en el Registro Único de Personas Violentas - RUV- , conforme lo previsto por la Ley Provincial N° 3595.
5Hacer SABER a A. M., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas …
LIBRO: CIV REGISTRO: 3532 FOLIO: 032/040
Río Gallegos, 07 de octubre de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía titular del Dr. Jorge Daniel Yance y la vocalía por subrogancia legal del Dr. Gerardo Antonio Giménez, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: “M. F. O. S/LESIONES LEVES AGRAVADAS POR HABER MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA CON LA VÍCTIMA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y DAÑO Y LESIONES LEVES, TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. N° 9515/25, y resolver la situación procesal de M. F. O., de apellido materno G., hijo de C. E. y de M., argentino, nacido el **/**/1994 en esta ciudad, soltero, alfabeto, xxxxxxxx, con domicilio en xxxxxx N° *** de esta ciudad, titular del Documento Nacional de Identidad N° **.***.***, quien se encuentra asistido por su defensor particular, Dr. Gabriel Lucio Giordano, interviniendo por el Ministerio Público Fiscal la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. María Verónica Zuvic.
Y;
Que, como primer hecho constitutivo de ilicitud, en las presentes actuaciones se le imputa a M. F. O. que “...el día **/**/2023, siendo aproximadamente las 05:00 horas, en el inmueble sito en xxxxxx N° *** de esta ciudad, el cual compartía junto a su expareja A. M., habría agredido físicamente a la nombrada tomándola del cuello, apretándole fuertemente los brazos y propinándole puntapiés en piernas y abdomen, lesiones que fueron certificadas y calificadas como leves a fs. 08 y por las cuales A. M. instó la correspondiente acción penal. Luego de agredir a A. M., M. se habría retirado de la vivienda y, al observar la damnificada que el mismo subió al vehículo Ford Fiesta color blanco de su propiedad, procedió a trabar la puerta de ingreso. A los minutos, M. F. O. descendió del vehículo, se dirigió nuevamente a la vivienda y, al encontrarse con que la puerta de acceso se encontraba con pestillo, habría dañado la misma con patadas, ocasionando que el marco de la puerta se dañara”.
Como segundo suceso objeto de reproche, se le enrostra que “...en fecha **/**/2023, en horas de la madrugada, M. F. O. habría dañado la cerradura de la puerta de ingreso del inmueble habitado por su expareja A. M., sito en xxxxxx N° *** de esta ciudad, y los cristales de la ventana de la cocina. Siendo las 08:00 horas aproximadamente de ese mismo día **/**/2023, M. F. O. habría ingresado al domicilio de A. M. sin su consentimiento y la habría tomado del cabello y agredido físicamente, provocándole las lesiones certificadas a fs. 88 - lesiones en el dedo anular de la mano derecha, lesiones dentro del labio superior, hematomas en ambos brazos, cuello y cara- y por las cuales la nombrada instó la acción penal. En iguales circunstancias de tiempo y lugar habría dañado el celular de A. M., Motorola G 52 color gris oscuro, los cristales de la puerta de un pasillo, cristales de la ventana de la habitación, un calefactor ubicado en la habitación, puerta del baño, pared ubicada al lado de la puerta principal y bisagras del portón”.
Finalmente, se le atribuye que “...en fecha **/**/2023, siendo las 08:18 horas aproximadamente, y en el momento en que el Cabo 1° de Policía Claudio Germán Encina, con prestación de servicios en la División Comando Patrullas de esta ciudad, había acudido a un requerimiento en el inmueble sito en xxxxxx N° *** de esta ciudad junto a los agentes Castro y Ojeda, habría sido agredido físicamente por M. F. O., produciéndole las lesiones certificadas a fs. 63 y por las cuales instó la acción penal”
Que a fs. 185/187 se agregó la propuesta de omisión de debate en los términos del artículo 517 del Código Procesal Penal, en la que la representación del Ministerio Público Fiscal estimó que, conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden a los delitos de lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género, violación de domicilio, daño y lesiones leves, todo en concurso real, correspondería imponer un monto de pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del Código Penal), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3° del Código Penal).
Que a fs. 203 y 214/215, tanto el encartado como su defensor aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Fiscalía, por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Durante la celebración de la audiencia, el Dr. Giordano manifestó que dicha aceptación se circunscribía a la forma de tramitar el proceso, mas no a la responsabilidad por los hechos endilgados a su representado. Como fundamento de ello, señaló que la denunciante, actual pareja conviviente del imputado, se habría presentado en reiteradas oportunidades ante el Juzgado de Instrucción para clarificar los hechos, solicitud que - según indicó- le habría sido denegada.
Asimismo, invocó el valor que, a su criterio, debía asignarse a las manifestaciones de la víctima, el desistimiento de la acción, los avances del sistema acusatorio en el fuero federal y las normas que entendió aplicables respecto de testimonios prestados por fuera del órgano jurisdiccional. En ese marco, adjuntó un acta de declaración atribuida a la denunciante, a fin de que fuera valorada por el Tribunal al momento de resolver.
Por lo expuesto, concluyó que en las presentes no existen elementos probatorios que permitan arribar a un juicio de responsabilidad penal de su representado y, con motivo en los efectos hacia la propia víctima que podría conllevar el dictado de un fallo condenatorio por ser **/**/2023 el sustento del hogar, solicitó su absolución.
Cumplidos dichos actos procesales, quedan las presentes actuaciones en condiciones de analizar y resolver, en primer término, la admisibilidad de la omisión de debate y del límite de pena estimado por la Fiscalía de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado M. F.
O.. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara? Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la omisión de debate en el presente juicio, en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Fiscalía de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado.
Conforme a las características de los hechos atribuidos, a la entidad de los bienes jurídicos comprometidos y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Fiscalía de Cámara - para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Es por ello que este Tribunal, por unanimidad, resuelve en primer término declarar admisible la omisión de debate y proseguir con el estudio de las restantes cuestiones necesarias para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad de los hechos imputados, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que, a fines de mantener un relato coherente y ordenado, se analizarán en forma separada las constancias relativas a cada uno de los hechos objeto de pesquisa.
A tales fines, la instrucción del primero de ellos comenzó luego de la presentación espontánea de A. M. en la sede de la División Comisaría de la Mujer y la Familia local, a las 06:20 horas del **/**/2023, conforme surge de fs. 2 y del informe de inicio de actuaciones de fs. 9. En dicha ocasión denunció a quien hasta ese día había sido su pareja, M. F. O., con quien además tiene un hijo en común.
En concreto, refirió que esa noche se encontraba durmiendo en su domicilio -sito en xxxxx N° *** de esta ciudad-, hasta que aproximadamente a las 05:00 horas se despertó al escuchar llegar al imputado. A partir de allí comenzó una discusión por el estado etílico en que se encontraba, en cuyo marco M. F. O. le profirió “todo tipo de insultos y denigraciones”, la tomó del cuello, le apretó fuertemente los brazos y le propinó puntapiés en las piernas y abdomen. Luego, ambos forcejearon hasta que la damnificada logró sacarlo de la casa mediante un empujón, aunque él la llevó al exterior consigo. Acto seguido, ingresaron nuevamente al inmueble, el imputado buscó algunas pertenencias y se retiró de la vivienda. Ante ello, A. M. intentó asegurar la puerta con el pestillo mientras M. F. O. se dirigía a su vehículo.
Sin perjuicio de ello, inmediatamente después descendió del rodado, se acercó nuevamente a la vivienda y pateó la puerta, provocando daños en el marco y en la pintura, luego de lo cual se retiró del lugar.
Como primer aspecto del análisis, corresponde destacar que los eventos descriptos por la denunciante se inscriben en un supuesto de violencia de género, respecto de la cual el Estado argentino ha comprometido su responsabilidad internacional en aras de prevenirla, sancionarla y erradicarla. A tales fines, la Convención de Belém do Pará impone incorporar perspectiva de género como pauta de análisis integral del plexo probatorio, sin que ello implique modificar el estándar de certeza requerido para condenar ni invertir la carga de la prueba.
Resulta útil para la solución del caso evocar la definición de violencia contra las mujeres contenida en la Ley 26.485, cuyo artículo 4 la describe como toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y en el marco de una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer, como así también su seguridad personal.
A la luz de lo expuesto, adquiere relevancia el contexto relacional referido por la damnificada, quien señaló que no era la primera vez que sufría agresiones físicas por parte de M. F. O., aunque sí era la primera denuncia que radicaba al respecto.
Sus dichos fueron coincidentes con el certificado médico policial agregado a fs. 8, en el que la galena interviniente plasmó que A. M. presentaba una contusión con hematoma de 3 por 2 centímetros en la cara lateral izquierda del cuello, acompañada de algunas escoriaciones; otras dos lesiones de 5 por 3 centímetros en la parte superior del tórax; lesiones lineales; hematomas múltiples en ambos antebrazos; y otro hematoma de 3 por 3 centímetros en la pierna izquierda. Sin perjuicio del tiempo de curación estimado en aproximadamente cinco a siete días, dichas lesiones no derivaron en incapacidad laboral.
Sumado a ello, en la inspección ocular practicada en el domicilio (cuya acta se incorporó a fs. 6) se constató que el marco de la puerta principal de acceso a la vivienda estaba desprendido de la pared, al igual que parte de la pintura, aunque el pestillo se encontraba “en óptimas condiciones”. En dicha ocasión, la damnificada sostuvo sus dichos respecto de la autoría de los daños por parte del imputado.
Retomando su declaración en sede policial, A. M. también expresó que, luego de finalizada la agresión, se comunicó con su amiga S. A., quien concurrió al domicilio junto a su madre. La primera quedó a cargo del cuidado de su hijo en el lugar, mientras que la segunda, L. P., la acompañó a la Comisaría.
L. P. prestó declaración a fs. 4 y confirmó que recibió un mensaje vía WhatsApp de parte de A. M., amiga de su hija, que decía “Sol estás”, mensaje que no vio porque dormía. Momentos después recibió un llamado telefónico en el que la denunciante le manifestó que el progenitor de su hijo la había agredido y le solicitó que se presentara en su casa. Cuando llegó, vio que la joven estaba llorando, que le mostró sus heridas y que tenía “la mayor parte de su cuerpo” colorada y golpeada, entre ellas brazos, piernas, torso y cuello, motivo por el cual la acompañó a radicar la denuncia.
Así las cosas, entiende el Tribunal que el plexo probatorio reunido permite tener por acreditados, con el grado de certeza requerido en esta instancia, tanto la materialidad del primer hecho como la autoría en cabeza de M. F. O.. Esta conclusión no se basa únicamente en el relato de A. M. que, por otra parte, se mantuvo sustancialmente constante ante diversos interlocutores, sino que encontró respaldo objetivo en el certificado médico policial confeccionado inmediatamente después del episodio, en el que se constató la presencia de lesiones compatibles con la mecánica que describió en su denuncia. A ello se suma la declaración de L. P., quien acudió al domicilio momentos después del suceso y la halló en estado de llanto y con signos visibles de golpes en distintas partes del cuerpo.
En ese sentido, la proximidad temporal entre el acaecimiento del hecho, la comunicación posterior a L. P., la percepción directa de ésta, la denuncia y la constatación médica robustecen la credibilidad del relato de A. M. y descartan una explicación alternativa razonable que permita atribuir las lesiones a otro origen.
A igual conclusión se arriba respecto de los daños constatados en la vivienda. Si bien durante la inspección ocular se verificó que el pestillo de la puerta se encontraba en buenas condiciones, también se constató el desprendimiento del marco de la puerta principal y la afectación de su pintura, circunstancias que se corresponden sustancialmente con el tramo de la secuencia en el que A. M. refirió que el imputado pateó la puerta luego de haber salido del inmueble. La divergencia relativa al estado del pestillo constituye una imprecisión secundaria que no neutraliza la comprobación objetiva del daño ni afecta el núcleo de su versión.
Es por ello que, valorados tales elementos en forma conjunta, armónica y bajo la perspectiva de género que exige el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos, conforman un cuadro probatorio convergente y suficientemente sólido para atribuir al imputado la ejecución del primer hecho reprochado.
En cuanto al segundo hecho, su pesquisa tuvo origen en las actuaciones prevencionales de oficio plasmadas en el informe de inicio de fs. 72, iniciadas a las 08:35 horas del **/**/2023, con motivo de un requerimiento de presencia policial por “problemas conyugales” en el domicilio anteriormente consignado. Una vez allí, el personal uniformado de la Comisaría de la Mujer y la Familia local observó que en el lugar se encontraba un hombre “de forma alterada”, quien luego fue identificado como el imputado de autos y conducido a la sede de la División Comisaría Cuarta. También se entrevistaron con A. M., quien a simple vista evidenciaba lesiones y expresó que su pareja la había agredido y roto elementos de la vivienda.
En forma conteste, en el informe de novedad de fs. 52, labrado por personal de la División Comando Patrulla, cuyo personal también concurrió al lugar, se consignó que A. M., cuyo labio superior presentaba lesiones visibles, expresó que momentos antes había mantenido una discusión con M. F. O., que nuevamente la había agredido físicamente y que había dañado pertenencias de su casa.
Previa autorización de la damnificada para que los efectivos ingresaran, éstos advirtieron un desorden generalizado en distintos ambientes, como así también daños en un televisor y en el teléfono celular de A. M..
Al igual que fuera consignado en el informe agregado a fs. 54, a fs. 67 se plasmó la denuncia efectuada por A. M.. Allí manifestó que esa madrugada había concurrido junto a M. F. O., una amiga suya y la pareja de esta última al bar “Etiqueta Negra”, donde el imputado comenzó a celarla con otra persona y luego se agredió físicamente con la pareja de su amiga por motivos que ella desconocía. Luego de ello se retiraron hacia el domicilio de la denunciante. Una vez en el exterior del lugar, M. F. O. no quiso descender del vehículo porque quería ir a golpear a la pareja de su amiga, por lo que dieron unas vueltas hasta que retornaron al domicilio, donde los esperaba un amigo del encartado, quien lo bajó del rodado. En ese momento M. F. O. comenzó a insultarla, por lo que ella se retiró a circular sola en el vehículo. Una vez que volvió, advirtió la presencia de efectivos policiales en el lugar, por lo que estacionó en las cercanías hasta que se retiraron. Ya en su casa, vio que había daños en la cerradura de la puerta principal y en los cristales de la puerta de la cocina, por lo que limpió el desorden y se acostó a dormir hasta aproximadamente las 08:00 horas, oportunidad en la que M. F. O. ingresó sin autorización a la vivienda, la tomó del cabello y la agredió físicamente. Adujo que, como consecuencia del ataque, del que no recordó mayores detalles, sufrió lesiones en el dedo anular de su mano derecha, en la parte interna del labio superior, hematomas en ambos brazos, cuello y cara, además de dolor en el pie derecho.
En franca coincidencia con la secuencia relatada, la joven fue examinada por personal del Cuerpo Médico Forense de este Poder Judicial durante la tarde de ese mismo día. Del oficio agregado a fs. 88 surge que, además del dolor de cuero cabelludo que refirió, se constató la presencia de un edema inflamatorio postraumático en el dedo anular derecho, una excoriación en la cara anterior del tercio distal del brazo izquierdo, otra con refuerzo equimótico periférico de color azul localizada en el antepié derecho y una lesión contuso cortante en la región interna del labio superior izquierdo, todas ellas con una data “no mayor a las 24 horas” respecto del inicio del peritaje.
Como elemento productor de las lesiones, se consignó un “trauma romo y contundente como golpes de puño, patadas o similar”, a lo que se sumó la posibilidad de que el dolor en el cuero cabelludo fuera producto del arrastre corporal de la víctima desde su cabello.
Si bien no recordaba con precisión toda la secuencia porque “estaba como cegada”, destacó que durante la agresión M. F. O. “destrozó” un televisor que estaba en su habitación, su teléfono celular Motorola G 52 color gris oscuro, cristales de la puerta del pasillo, de la ventana de la habitación, un calefactor del mismo cuarto, la puerta del baño, las bisagras del portón y una pared contigua a la puerta principal.
Finalmente, recordó que el incidente terminó con el ingreso a la vivienda de personal policial, sin poder precisar quién había requerido su presencia, que se llevó a M. F. O. y la trasladó a radicar la denuncia.
Sus dichos encontraron respaldo en los resultados de la inspección ocular de fs. 59, realizada en el inmueble de calle xxxxx y transcripta a fs. 61, en la que se consignó una quebradura en la cerradura de la puerta de ingreso principal, un daño sobre la pared de material ligero del living, daños en el cristal y en la parte media e inferior de la puerta de acceso al pasillo que conducía al baño y a las habitaciones, desorden generalizado, daños en un teléfono celular “en dos partes” y desprendimientos en un mueble de madera en una de las habitaciones.
En igual sentido declararon J. J. O. y M. C., efectivos policiales que concurrieron al lugar y respectivamente declararon a fs. 58 y 97. Ambos fueron coincidentes en cuanto al desorden que imperaba en la vivienda al momento de su ingreso y las manifestaciones de A. M. respecto de las agresiones que había sufrido.
Por lo expuesto, entiende el Tribunal que, al igual que en el primer hecho investigado, las constancias recopiladas permiten acreditar tanto la materialidad de las lesiones sufridas por A. M. como su autoría en cabeza de M. F. O..
En efecto, el relato de la damnificada encontró respaldo objetivo en las propias constataciones efectuadas por el personal policial que arribó al domicilio, quienes advirtieron lesiones visibles en su rostro y recibieron de su parte un relato en el que sindicó a M. F. O. como su agresor. A ello se suma, con particular relevancia, el examen practicado por el Cuerpo Médico Forense durante la tarde de ese mismo día, en el que se verificó la presencia de lesiones cuya ubicación, antigüedad y forma de producción resultaron compatibles con la dinámica de su relato. Incluso el dolor en el cuero cabelludo resultó compatible con la maniobra de sujeción o arrastre desde el cabello que había referido.
Tales elementos no solamente corroboran objetivamente la existencia y contemporaneidad de las lesiones, sino también la mecánica del ataque oportunamente descripto por A. M.. A su vez, la atribución de su producción a M. F. O. se robustece por la inmediata identificación que efectuó ante los distintos efectivos intervinientes.
Todo ello resulta además compatible con la corroboración del desorden, los daños constatados en la vivienda y los testimonios de los agentes que acudieron al inmueble, sin que se adviertan otras constancias que permitan sostener una explicación alternativa razonable acerca del origen de tales daños ni de las lesiones verificadas.
En este punto, no pueden soslayarse las manifestaciones de A. M. en cuanto a que su relación con M. F. O., a quien caracterizó como celoso y agresivo, “siempre fue inestable” y que se habían separado en varias ocasiones, en una de las cuales, posteriormente a la primera denuncia que radicara, él decidió romper el vínculo con su hijo, lo que la perjudicó incluso económicamente, ya que si él no estaba junto al niño no tenía con quién dejarlo para concurrir a trabajar.
Dichas circunstancias resultan relevantes para comprender el contexto vincular en el que se produjeron los hechos denunciados, particularmente la existencia de una relación atravesada por celos, agresividad, rupturas y posteriores recomposiciones, así como condicionamientos económicos y de cuidado que incidían en la autonomía cotidiana de la damnificada.
En ese marco debe valorarse la posterior retractación de la víctima ofrecida por el letrado defensor al momento de la audiencia. Al respecto, se tiene dicho que “la valoración de la retractación de la víctima por parte del tribunal se rige por las mismas reglas que para cualquier otro elemento de prueba, esto es, de acuerdo con la sana crítica racional... todo el material probatorio incorporado deberá ser examinado conforme a dichas reglas, de modo conjunto… la racionalidad exigida no es más ni menos que incorporar una visión imparcial y sin discriminación de la prueba obtenida, libre de estereotipos prejuiciosos. Esto es juzgar con perspectiva de género...” (Ma. Valentina Risso Córdoba, “Valoración probatoria de la retractación de la víctima de violencia de género en el proceso penal”, Revista Argumentos, Núm. 19, 2024, pp. 65/79).
En ese sentido, y sin perjuicio de la formalidad bajo la cual fue presentada la entrevista a la que luego se hará referencia, lo aportado carece de entidad suficiente para desarticular el cuadro probatorio previamente conformado. A diferencia de aquella manifestación, producida a instancias de la defensa e incorporada al proceso por su letrado, la versión inicial de la denunciante fue brindada de manera espontánea y contemporánea a los episodios, fue reiterada ante distintos interlocutores y no presentó divergencias sustanciales respecto de la mecánica agresiva ni de la identidad de su autor.
Sus relatos encontraron, además, corroboración objetiva en elementos independientes de su sola palabra. Los efectivos que acudieron al domicilio observaron lesiones en la humanidad de A. M., quien sindicó en ambas oportunidades a M. F. O. como agresor; los exámenes médicos acreditaron múltiples lesiones coincidentes con su relato; y las inspecciones oculares, junto con los testimonios recabados, verificaron el estado del inmueble momentos después de los episodios y los daños producidos en la vivienda. Tampoco puede examinarse la posterior modificación de sus dichos de forma aislada de la dinámica relacional que la propia damnificada había descripto. La inestabilidad del vínculo, sus sucesivas rupturas y reconciliaciones, los episodios de celos y agresividad atribuidos al imputado y las consecuencias económicas que para ella aparejaba la interrupción de la relación constituyen circunstancias relevantes al momento de ponderar esa modificación posterior. En ese marco, la retractación no necesariamente constituye una rectificación espontánea de una imputación falsa, sino que puede presentarse como una manifestación propia de vínculos atravesados por ciclos de violencia, dependencia y recomposición de la pareja.
Así, mientras las versiones previas encuentran respaldo en diversas probanzas independientes, la retractación efectuada carece de entidad suficiente para sustentar una explicación alternativa capaz de generar una duda razonable que desarticule el cuadro probatorio conformado. En consecuencia, no obsta a tener por acreditadas las agresiones atribuidas a M. F. O..
Una consideración aparte merece la incorporación por parte de la defensa del acta de declaración agregada a fs. 213/214 vta. La cuestión no reside en desconocer el derecho de la defensa a procurar elementos de descargo, facultad inherente al ejercicio técnico de la defensa, sino en determinar qué valor probatorio corresponde asignar a un acto producido unilateralmente fuera del órgano jurisdiccional, sin intervención del Ministerio Público Fiscal ni control de contradicción.
En ese sentido, debe destacarse la particular forma en que fue obtenida e incorporada la declaración mediante la cual A. M. modificó sus anteriores manifestaciones, circunstancia que impone extremar los recaudos al momento de asignarle valor probatorio.
En primer término, las disposiciones invocadas por la defensa para justificar aquella diligencia resultan ajenas al supuesto bajo examen. La normativa citada no consagra una facultad general de los abogados para recibir declaraciones testimoniales extrajudiciales con aptitud equivalente a la de una declaración producida en el proceso penal bajo control jurisdiccional y de las partes.
Asimismo, el acto incorporado por la defensa no fue producido con arreglo a las previsiones del Código Procesal Penal que regulan la recepción de declaraciones testimoniales, ni surge que hubiera contado con intervención del órgano jurisdiccional, control del Ministerio Público Fiscal o posibilidad de contradicción.
Por ello, la declaración en crisis no puede ser equiparada a una declaración testimonial regularmente producida. Fue generada unilateralmente por quien ejercía la defensa técnica del imputado, sin intervención jurisdiccional ni control de la acusación pública, lo que impidió verificar el modo en que se desarrolló la entrevista, el contexto en que A. M. decidió prestarla, las preguntas eventualmente formuladas o la posible existencia de intervenciones previas capaces de incidir sobre sus respuestas. Su posterior presentación en el expediente no subsana esas deficiencias ni convierte retroactivamente el acto privado en prueba testimonial sometida a contradicción.
Esta cuestión adquiere mayor relevancia porque la persona entrevistada no era indiferente al objeto del proceso, sino precisamente quien había denunciado hechos de violencia por parte del asistido de quien recibió su posterior retractación. Ello no autoriza a descartar automáticamente sus manifestaciones ni permite presumir, sin más, que su voluntad haya sido anulada, pero sí exige ponderar el acto con especial prudencia, atendiendo a las reglas de valoración probatoria propias de casos atravesados por violencia de género.
Desde esa perspectiva, resulta objetable que una víctima inserta en un vínculo cuya dinámica evidenciaba indicadores de violencia cíclica y condicionamientos económicos haya sido nuevamente interrogada sobre los hechos por el abogado que representa los intereses de la persona a quien ella había señalado como agresor, fuera de un ámbito institucional y sin los resguardos propios de una intervención judicial.
Ello no permite presumir, por sí solo, que sus manifestaciones sean falsas ni autoriza a excluir materialmente el documento, pero sí priva al acto de aquellas garantías de neutralidad, espontaneidad y control que permitirían otorgarle un peso equivalente al de las declaraciones regularmente incorporadas al proceso.
En igual sentido, más allá de su negativa a ser evaluada por profesionales del Cuerpo Pericial de Psicología a fs. 156, no obra constancia suficiente de que la damnificada hubiera comparecido ante la dependencia instructora o ante estos estrados a fin de ampliar o modificar formalmente sus dichos, por lo que tal argumento defensista debe ser desestimado.
Existe, además, una diferencia cualitativa relevante entre las primeras manifestaciones de A. M. - efectuadas ante agentes estatales, en momentos próximos a los episodios investigados y bajo circunstancias cuya existencia puede reconstruirse a partir de las actuaciones- y la posterior declaración aportada por la defensa, producida fuera del proceso y bajo la exclusiva dirección de una parte interesada en obtener una versión favorable al imputado.
Como antes se dijo, ello no implica desconocer el derecho de la defensa a procurar elementos de descargo ni impedir que A. M. pudiera modificar libremente sus dichos. Lo que se descarta es la pretensión de equiparar una entrevista privada, realizada por el defensor del acusado y sin control de partes, con una declaración testimonial producida al amparo de las garantías del proceso.
En definitiva, las circunstancias apuntadas no determinan sin más la exclusión material del documento, pero sí inciden decisivamente sobre su fuerza convictiva. Su origen unilateral, la ausencia de contradicción y control judicial, la improcedencia de las normas utilizadas para justificar su recepción y las particulares cautelas que imponía la condición de Martínez obligan a valorarlo con especial prudencia. En ese contexto, lejos de poseer aptitud para neutralizar las manifestaciones anteriores de la damnificada - corroboradas por elementos objetivos e independientes- , aquella retractación constituye un elemento de menor calidad epistémica e insuficiente para introducir una hipótesis alternativa razonable o generar el estado de duda pretendido por la defensa.
Sentado ello, corresponde ahora dar tratamiento al tercer hecho objeto de reproche, consistente en la producción de lesiones por parte de M. F. O. respecto de uno de los efectivos intervinientes.
Así, en el informe policial acompañado se consignó que mientras los efectivos asistían a la denunciante durante la mañana del **/** se produjo un nuevo ingreso al domicilio por parte del encartado, quien adoptó una postura hostil ante los intentos de demorarlo. En ese marco dañó una pared de material ligero con un golpe, provocó “raspones superficiales” en la mano del Cabo 1° Claudio Germán Encina y se resistió hasta que lograron contenerlo y trasladarlo a la sede de la Comisaría Cuarta.
En igual sentido operan las declaraciones de Castro y Ojeda, de las que se desprende que minutos después de que ingresaran a la residencia de A. M., el imputado se presentó nuevamente e ingresó al domicilio en forma agresiva, ocasión en la que golpeó y dañó una pared de material ligero, por lo que Ojeda y Encina intentaron detenerlo. El primero de ellos destacó que, en su intento de resistencia, el encartado provocó lesiones en una mano a Encina. Conteste con ellos fue el testimonio de Claudio Encina de fs. 65, quien confirmó los golpes a la pared efectuados por el encartado, su posterior contención y las lesiones sufridas, que a fs. 63 fueron identificadas por el galeno policial como una “escoriación cutánea con costra hemática en dos nudillos de mano izquierda”, por las cuales instó la acción penal. Así, los dichos coincidentes de los efectivos intervinientes, corroborados por la constatación médica practicada a Encina, permiten tener por acreditada tanto la materialidad de las lesiones como su autoría en cabeza de M. F. O., producidas en el marco de la resistencia que opuso al intento de ser reducido. Completa el plexo probatorio el certificado médico policial labrado a fs. 64 respecto del encartado en sede policial luego de su aprehensión, en el que se plasmó la presencia de un “edema discreto perinasal, con eritema mínimo periocular derecho”, compatible con la secuencia reconstruida.
Por todo lo expuesto, y toda vez que en el transcurso del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable alguna causal de justificación o de exclusión de la culpabilidad prevista en el artículo 34 del Código Penal, ni excusa absolutoria alguna, corresponde atribuir a M. F. O. responsabilidad penal por los hechos imputados.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado?
En relación a la tercera cuestión, el Tribunal dijo:
Que el encuadre jurídico oportunamente efectuado por la Fiscalía al momento de requerir la elevación a juicio de los presentes actuados, y luego sostenido en esta instancia, resultó ser el de lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género, violación de domicilio, daño y lesiones leves, todo en concurso real, conforme los artículos 45, 55, 89 y 92 en función de lo dispuesto por el art. 80 incs. 1 y 11, 150 y 183 del Código Penal.
Ahora bien, llegado el momento de resolver al respecto, entiende el Tribunal que, a fines de ordenar las conclusiones, corresponde analizar los encuadres jurídicos en relación con los diferentes hechos reprochados a M. F. O.. En relación al primero de ellos, se encuentra acreditado que el día **/**/2023 el imputado agredió físicamente a A. M., quien era su expareja y madre de su hijo, tomándola del cuello, apretándole fuertemente los brazos y propinándole puntapiés en las piernas y en el abdomen, ocasionándole lesiones certificadas médicamente como de carácter leve.
Dicha conducta encuadra, en principio, en la figura de lesiones leves prevista en el artículo 89 del Código Penal. Sin embargo, corresponde aplicar las agravantes previstas en el artículo 92, en función del artículo 80 incisos 1 y 11 del mismo cuerpo legal, toda vez que las lesiones fueron cometidas contra una persona con quien el imputado había mantenido una relación de pareja y en un contexto de violencia de género.
En efecto, de las probanzas incorporadas surge que el hecho no constituyó un episodio aislado o desvinculado de la relación previa, sino que se produjo dentro de una dinámica atravesada por celos, agresividad, violencia física y desigualdad de poder, extremos que habilitan la aplicación de la agravante por mediar violencia de género.
Asimismo, en virtud de que el acta de inspección ocular permitió constatar daños en el marco de la puerta principal de acceso a la vivienda y en la pintura, y que dicha afectación se corresponde con la secuencia relatada por A. M. - esto es, que M. F. O. pateó la puerta luego de haber salido del inmueble- , tal conducta configura el delito de daño previsto en el artículo 183 del Código Penal.
Debe aclararse que, respecto de este primer hecho, no corresponde tener por configurado el delito de violación de domicilio, pues la plataforma fáctica acreditada no describe un ingreso ilegítimo a morada ajena contra la voluntad de quien tenía derecho de exclusión. Por el contrario, el hecho se desarrolló inicialmente dentro de una vivienda que las partes compartían y, luego de la salida del imputado, lo que se tuvo por probado fue el daño ocasionado en la puerta, mas no un nuevo ingreso típico en los términos del artículo 150 del Código Penal.
En relación al segundo suceso tenido por probado, ocurrido el día **/**/2023, se acreditó que M. F. O. ingresó sin autorización al domicilio habitado por A. M., sito en xxxxxx N° *** de esta ciudad, oportunidad en la que la tomó del cabello y la agredió físicamente.
Ese ingreso no consentido configura el delito de violación de domicilio previsto en el artículo 150 del Código Penal, en tanto afectó la esfera de intimidad domiciliaria y el derecho de exclusión de la damnificada. De igual manera que en el hecho anterior, las lesiones constatadas por personal del Cuerpo Médico Forense -con un tiempo de curación estimado en catorce días- deben ser calificadas como lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, conforme los arts. 89 y 92 en función de lo previsto por los incisos 1 y 11 del artículo 80 del Código Penal.
Además, las distintas afectaciones materiales constatadas en la segunda inspección ocular -que incluyeron mobiliario, accesos, paredes de la vivienda y el teléfono celular de la damnificada- constituyen otro hecho de daño, previsto en el artículo 183 del Código Penal.
En cuanto al tercer hecho objeto de pesquisa, consistente en las lesiones ocasionadas al Cabo 1° Claudio Germán Encina durante la intervención policial del día **/**/2023, corresponde subsumir la conducta en el delito de lesiones leves previsto en el artículo 89 del Código Penal. Ello así, en razón de la entidad de las lesiones certificadas y de la inexistencia de incapacidad laboral derivada de aquéllas.
Por otra parte, en razón de que nos encontramos ante varios hechos independientes, con afectación de diversos bienes jurídicos y ocurridos en secuencias diferenciables, corresponde aplicar las reglas del concurso real previstas en el artículo 55 del Código Penal.
De igual manera, no resulta controvertido que la intervención que le corresponde al imputado en la comisión de los hechos es la de autor, conforme el artículo 45 del Código Penal.
Es por ello que, en razón de todo lo analizado, este Tribunal entiende que el actuar llevado a cabo por M. F. O. resulta constitutivo de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género (dos hechos), daño (dos hechos), violación de domicilio (un hecho) y lesiones leves (un hecho), todos en concurso real entre sí, en calidad de autor penalmente responsable, conforme los artículos 45, 55, 89, 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 150 y 183 del Código Penal.
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar y qué pena corresponde imponer?
A la cuarta cuestión, el Tribunal dijo:
Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, de conformidad con las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
En el caso concreto, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la imposición de un (1) año y seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso, petición que constituye el límite máximo de la respuesta punitiva en razón del procedimiento previsto en el artículo 517 del Código Procesal Penal. Así, a los fines de determinar la pena, operan como agravantes la multiplicidad y reiteración de hechos cometidos, la afectación de diversos bienes jurídicos protegidos por la ley penal, la pluralidad de damnificados, la producción de hechos en el ámbito doméstico y respecto de quien era la madre de su hijo, así como la reiteración de conductas violentas y dañosas dirigidas contra A. M..
También corresponde ponderar la situación de condicionamiento económico y familiar que surgía del vínculo entre ambos, en tanto el cuidado del hijo en común y las rupturas y recomposiciones de la pareja incidían en la autonomía cotidiana de la damnificada. Asimismo, debe valorarse que el último hecho se produjo en perjuicio de un efectivo policial que intervino en el marco del procedimiento originado por el conflicto previamente denunciado.
Como atenuante, corresponde valorar la inexistencia de antecedentes penales en cabeza del encartado, informada a fs. 169 y 171.
De igual manera, deben tenerse en cuenta las resultas de los informes socioeconómico-ambientales y las demás constancias obrantes en autos, de los que surge que M. F. O. nació en esta ciudad hace treinta y dos años, no completó sus estudios primarios, trabaja en el mercado formal como empleado en xxxxxx y es padre de cinco hijos menores de edad a cuya manutención contribuye, cuatro de su anterior pareja y uno fruto de su relación con la damnificada de autos, con quien actualmente convive.
Así, la consideración conjunta de estas circunstancias permite concluir que la pena solicitada por la Fiscalía resulta proporcional a la gravedad de los hechos y se mantiene dentro del tramo inferior de la escala penal aplicable. En cuanto a su modalidad de cumplimiento, por tratarse de su primera condena y teniendo en cuenta sus condiciones personales, ante la ausencia de circunstancias que hagan necesaria la efectiva privación de libertad, corresponde dejar en suspenso la ejecución de la pena de conformidad con las previsiones del artículo 26 del Código Penal.
Por ello, evaluada la situación personal de M. F. O. en relación con el contexto fáctico y jurídico contenido en este proceso, y conforme a las pautas mensurativas previstas en el Código Penal, se considera apropiado imponer la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso, como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género (dos hechos), daño (dos hechos), violación de domicilio (un hecho) y lesiones leves (un hecho), todos en concurso real entre sí, conforme los artículos 45, 55, 89, 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 150 y 183 del Código Penal, con más el pago de las costas procesales de conformidad con los artículos 29 inciso 3° del Código Penal y 511 y 512 del Código Procesal Penal.
En consecuencia, y en virtud de la modalidad de cumplimiento de la pena que se impone, durante el plazo de dos (2) años el nombrado deberá fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados y Excarcelados, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento injustificado, podrá disponerse la revocación de la condicionalidad de la pena impuesta, conforme lo previsto por el último párrafo del artículo 27 bis del Código Penal. Asimismo, deberá disponerse que, una vez firme la presente sentencia, se libre oficio al Registro Único de Personas Violentas - RUV- a los fines de la inscripción de M. F. O., conforme lo previsto por la Ley Provincial N° 3595. Por otra parte, deberá hacerse saber a A. M. el estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos de los artículos 73 inciso “b” del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sin perjuicio de la notificación que corresponda cursar al damnificado Claudio Germán Encina respecto del pronunciamiento recaído.
Finalmente, y en razón de los fundamentos expuestos al tratar la segunda cuestión, corresponde remitir copia certificada de las partes pertinentes al Colegio Público de la Abogacía de la Provincia de Santa Cruz, a fin de que, en el marco de las atribuciones conferidas por los artículos 20 inciso b y 21 inciso a de la Ley Provincial N° 3913 - modificada por Ley N° 3942- , evalúe la actuación profesional del Dr. Gabriel Lucio Giordano, sin que ello implique la emisión de juicio de valor alguno por parte de esta judicatura sobre su eventual responsabilidad disciplinaria.
Por todo lo expuesto, en virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede, según lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. CONDENAR a M. F. O., de demás circunstancias personales de figuración en autos, a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión de cumplimiento en suspenso, como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género (dos hechos), daño (dos hechos), violación de domicilio (un hecho) y lesiones leves (un hecho), todos en concurso real entre sí, conforme los artículos 45, 55, 89, 92 en función de lo dispuesto por el art. 80 incs. 1 y 11, 150 y 183 del Código Penal, con más el pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3° del Código Penal).
2. IMPONER a M. F. O., por el término de dos (2) años, la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1° del Código Penal).
3. HACER SABER al encartado que deberá dar cumplimiento a la regla de conducta impuesta, bajo apercibimiento de que su incumplimiento injustificado podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
4. DISPONER, una vez firme la presente sentencia, la inscripción de M. F. O. en el Registro Único de Personas Violentas - RUV- , conforme lo previsto por la Ley Provincial N° 3595.
5. HACER SABER a A. M., víctima de autos, el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 inciso “i” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sin perjuicio de la notificación que corresponda cursar al damnificado Claudio Germán Encina respecto del pronunciamiento recaído.
6. REMITIR copia certificada de las partes pertinentes del presente trámite al Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, a fin de que, en el marco de su respectiva competencia y, en particular, de las facultades disciplinarias previstas por la Ley Provincial N° 3913 y sus modificatorias, evalúe la actuación profesional del Dr. Gabriel Lucio Giordano - T° X, F° 190 TSJSC, CUIT **-********-*- y determine lo que estime corresponder.
7. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- Dr. Gerardo Giménez - juez subrogante- ante la Dra. Gabriela Mansilla - secretaria-.
Fin de la sentencia