Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0700 60200 21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia por la cual se condenará a Ricardo Ramón Miranda Ayma a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer, con la que mantuvo una relación de pareja en contexto de violencia de género y familiar (arts. 29 inc. 3ero, 45, 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11°, del Cód. Penal y 210, 373, 375 y 530 del CPP).
CN °: 0700-60200-21.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital , reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 0700-60200-21 seguida a Ricardo Ramón Miranda Ayma , por lesiones leves calificadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer, con la que mantuvo relación de pareja en contexto de violencia de género y familiar ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Little- Rojas.
Ricardo Ramón Miranda Ayma resultó absuelto libremente y sin costas por la señora Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°4 departamental del hecho que le fuera endilgado cuya calificación legal atribuida fuera la de amenazas. A su vez, fue condenado a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer, con la que mantuvo una relación de pareja en contexto de violencia de género y familiar (arts. 45, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11° del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por la señora defensora oficial, doctora Mariana Iacona, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera, el señor Juez doctor Little dijo:
Recurre la defensa la sentencia definitiva dictada respecto de su asistido Ricardo Ramón Miranda Ayma.
Denuncia la absurda valoración de la prueba por la cual se condenó a su defendido, considerando arbitrario el pronunciamiento dictado en autos ( arts. 18 y 19 de la C.N, 15, 24 y 29 de la C. Pcia. Bs. As.)
El recurso fue interpuesto en el plazo y formas previstos por los artículos 421, 429, 442 CPP y AC. 4040/21 razón por la que habrá de ser declarado admisible.
Sostiene que la resolución de la Juez de grado, ocasiona a su defendido un gravamen irreparable en cuanto no pueda darse por probado en forma apodíctica que “...la voluntad del agente demostrada en su accionar" estuviera dirigida a causar un daño en la humanidad de A. V.
Que al momento de reconstruir históricamente los hechos motivo de juzgamiento, la Sra. Juez acompañó a las partes, por imperio del art. 368 in fine del CPP, y resolvió absolver al nocente en relación al delito de amenazas por el que vino incriminado.
Indica que la Sra. Juez construyó el dolo de lesionar con los huérfanos dichos de la Sra. A., quien refirió una pelea con su hoy ex pareja dado a un olvido en el pedido de la comida para la cena.
Que ésta afirmó que su defendido le propinó un cachetazo en la cara y golpes en la cabeza, y lesiones producto de un accidente de tránsito sufrido más tarde.
Señala que su hijo a pesar de haberse encontrado en el lugar, en ningún momento indicó haber visto a su padre propinar un cachetazo a su madre, limitándose a señalar que éstos se tomaban de la ropa, habiéndolos separado escondiendo el arma reglamentaria de su padre, habiéndose comunicado con el servicio de emergencia telefónico dando cuenta del episodio.
Refirió situaciones previas de esa índole, dando cuenta que su madre se encuentra "medio bajón por haberse separado, que no le gustaba la situación y que su padre tenía un carácter bueno".
A partir de allí, concluye que el hecho ventilado se trató de una discusión subida de tono, pero sin el ánimo de lesión por parte de su defendido.
Precisa que el parte médico no aporta a determinar la del evento, sin que se encuentre acreditado que se haya explicado el significado de instar la acción a la nombrada.
Agrega que la relación entre el imputado y la mencionada resulta buena, aportando su defendido para los gastos del hogar.
Indica que los dichos de A. se encuentran cargados de subjetividad, sin que pueda demostrarse el ilícito únicamente a partir de éstos, vulnerándose el principio de legalidad, de culpabilidad (art. 18 CN) y el principio favor rei (art. 1º y 3º del CPP).
A partir de esa prédica, sostiene que el sentenciante no dio suficiente motivación (art.106, 210 del CPP), requiriendo se revoque la sentencia y se absuelva a Ricardo Ramón Miranda Ayma en orden al delito por el que resultó incriminado al no haberse determinado que su conducta quedara subsumida en tipo penal alguno, haciendo reserva de recurrir por la vía federal.
La sra. juez a quo tuvo por demostrado que "el día 12 de noviembre del año 2021, siendo aproximadamente las 23.40 hs., en el domicilio de la calle Boulogne Sur Mer N° 2.296 de la Localidad de Longchamps, Partido de Almirante Brown, Ricardo Ramón Miranda Ayma, con la clara finalidad de causar un daño en la salud a su pareja conviviente Viviana Mariela Acosta le propinó golpes en el rostro y cabeza, ocasionándole contusión en cuero cabelludo, lesiones estas que fueran certificadas por el galeno como de leve entidad puesto que demandarán para su curación un lapso menor a un mes...".
Tuvo por demostrado lo acontecido a partir del relato testimonial de V. M. A., quien indicó que el nocente, luego de insultarla le pegó con sus manos en el rostro.
Ponderó lo expuesto por el hijo de ambos, quien explicó que separó a sus padres en momentos en que su " papá que tenía agarrada a mi mamá de la ropa", oportunidad en la que su madre tomó el arma reglamentaria de su papá y la escondió por miedo a que la use, habiéndose comunicado con el servicio 911 dando cuenta de lo acontecido, aludiendo a dos episodios previos en los que acontecieron hechos similares.
También ponderó la certificación del galeno de fs. 14, precisando que la lesión constatada obedeció a la agresión del nocente, producto del cachetazo recibido en el pómulo, valorando que el examen fue practicado a la 1.30 hs. cuando el episodio tuvo lugar a las 23 a 23.30 hs. aproximadamente.
Luego ponderó los dichos de la policía Daniela Alejandra Borda, quien indicando haber concurrido al domicilio dio cuenta del conflicto de pareja, indicando que la mujer la anotició de episodios previos en la que había sido víctima de golpizas, en ocasión en la que lloraba, estaba nerviosa, manifestándoles que había escondido por temor el arma reglamentaria de su esposo.
También consideró el informe elaborado por el Centro de Atención a la Víctima elaborado el 07/12/21 por la licenciada Carla Villarrica, que dio cuenta de manera coincidente con lo depuesto en la oralidad tanto por la víctima como por el hijo de ambos que la Sra. A. padeció una cantidad de circunstancias previas de tal naturaleza, en las que posteriormente el agresor le prometía modificar su proceder y requiriéndole que no radicara la denuncia para evitar inconvenientes labores.
Que en la entrevista la víctima le refirió "...que fue agredida físicamente por el imputado, el cual además la amenazó de muerte, siendo asistida por su hijo menor, quien convocó a la policía, y que a él también le quiso pegar".
Precisó que la víctima se encontraba en una escala de predicción de riesgo ALTO de 14 PUNTOS.
Asimismo, identificó indicadores de riesgo de "....VIOLENCIA PSICOLÓGICA - FÍSICA - AMENAZAS DE MUERTE- UTILIZACIÓN DE OBJETOS PELIGROSOS (arma de fuego)- ANTECEDENTES DE CONDUCTAS VIOLENTAS HACIA TERCERAS PERSONAS - CONSUMO DE ALCOHOL - REPETICIÓN DEL CICLO DE VIOLENCIA- VIOLENCIA EN EL EMBARAZO - HIJOS TESTIGOS DE VIOLENCIA- ANTECEDENTES DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO".
También determinó en la nombrada, miedo y angustia, y repetición del ciclo de violencia, vulnerabilidad emocional, económica y en su salud. A la vez, factores que podrían aumentar el riesgo al que se encontraba expuesta, tales como la naturalización de las conductas de violencia ejercidas por su agresor, el aislamiento vincular, escasa red familiar y social, repetición del ciclo de la violencia, antecedentes de denuncia por violencia de género, la dependencia económica, la cercanía geográfica entre el domicilio en el que habitaría el imputado y la vivienda de la víctima (tres cuadras de distancia aproximadamente).
Respecto del cuestionamiento acerca de la falta promoción de la acción penal, la señora juez a quo expuso que pese a no ser instado por la víctima en la audiencia oral, cuestiones de orden público hacían proseguir incluso contra su voluntad o falta de instancia del proceso, a la luz de una interpretación armónica de las convenciones en materia de género que permiten asimilar el caso a cuestiones de interés público ante las cuales el Estado toma las riendas de su persecución; siendo entonces imperioso escuchar las manifestaciones de la víctima.
Para ello ponderó, la situación especial de vulnerabilidad emocional y dependencia económica, advertida en la entrevista.
Citó la Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer (CEDAW) (arts. 2c, 3 y 15) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) que en su art. 7 insta a los Estados parte a actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres (inc. b); a adoptar las medidas jurídicas necesarias para que el agresor se abstenga de realizar cualquier conducta que ponga en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad (inc. d); a establecer procedimientos legales, justos y eficaces para las mujeres que hayan padecido violencia que incluyan, entre otros, medidas de protección, juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (inc f); a establecer mecanismos judiciales y administrativos que aseguren el acceso efectivo de la mujer a resarcimiento y reparaciones (inc. g).
La ponderación adecuada de los elementos de la encuesta permite confirmar que e l a quo no ha evaluado únicamente el testimonio de la víctima, sino cuanto minuciosamente analizó a fin de arribar a la conclusión cuestionada, junto a un debido análisis de la normativa internacional sobre la materia y un desarrollo jurisprudencial acorde, lo que llevará a confirmar íntegramente el decisorio en crisis.
Respecto de la sanción a imponer, la sra. juez a quo también hizo una adecuada referencia sobre la normativa aplicable, señalando que el suceso endilgado al encausado debe encuadrarse en la normativa del artículo 89, 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal, constituyendo el delito de "LESIONES LEVES CALIFICADAS por ser cometidas por un hombre contra una mujer, con la que mantuvo relación de pareja en contexto de violencia de género y familiar", siéndole atribuido en calidad de autor, de conformidad con lo prescripto por el artículo 45 del mismo Cuerpo Legal.
A la vez y sobre el punto específico controvertido de que los elementos colectados en autos, permiten afirmar que la voluntad del agente demostrada en su accionar, estuvo en la acción dolosa de causar un daño en la humanidad de V. A. y que teniendo en cuenta la naturaleza y características de la agresión y la condición de vulnerabilidad de la mujer, traducía un desprecio de género que aumenta la cuantía del injusto y de la culpabilidad con cita de la Convención de Belém do Para (aprobada por Ley 24632).
También citó lo expuesto en el voto de la Dra. Highton de Nolasco en el precedente “Leiva”, en cuanto expresara que “la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – “Convención de Belém do Pará” (aprobada a través de la ley 24.632), en su preámbulo sostiene que la violencia contra la mujer constituye “… una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales…”, “…una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres…”. Asimismo, al referirse a cuáles son los derechos que se pretende proteger a través del instrumento, menciona en primer término que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 3° y 4°). Que por otra parte, la ley 26.485 de “Protección Integral de la Mujer" (reglamentada mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de orden público (artículo 1°) y define los diversos tipos de violencia a la que puede ser sometida una mujer así como también las distintas modalidades en que suele ser ejercida (artículos 5° y 6°); pone en cabeza de los poderes del estado la obligación de adoptar políticas y generar los medios necesarios para lograr los fines perseguidos por la norma (artículo 7°); y finalmente establece un principio de amplitud probatoria “…para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos…”, tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31) “L.421.XLIV, Leiva Maria Cecilia s/ homicidio simple”.
Acertadamente impuso al nocente en razón de lo normado por el artículo 27 bis del Código Penal, por el término de DOS AÑOS, la obligación de: a) Fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato, b) Abstenerse del uso indebido de estupefacientes y/o de la ingesta abusiva de bebidas alcohólicas, c) Abstenerse de relacionarse en forma agresiva con la víctima o cualquier integrante del grupo familiar, sea en el ámbito de su domicilio real o laboral, d) Concurrir a programas de asistencia para el abordaje terapéutico de la violencia masculina y familiar y e) Acreditar por ante el Juzgado de Ejecución Penal Departamental que por turno corresponda, una vez firme la presente, su presentación por ante el Patronato de Liberados Provincial, lo que se aprecia por demás adecuado con la temática y particularidades ventiladas en la presente.
Las razones expuestas llevarán a confirmar el decisorio en la medida de los agravios traídos (Artículos 1, 5, 26, 27 bis, 29 inciso 3º, 40, 41, 45, 89, 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal, 210, 371, 373, 375 inciso 2º, 376, 399, 530, 531, 533 y concordantes del Código de Procedimiento Penal, y 80 de la Ley Impositiva 15.391).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Rojas adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda, el señor Juez doctor Little dijo:
Corresponde dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, confirmar la sentencia por la cual se condenará a Ricardo Ramón Miranda Ayma a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer, con la que mantuvo una relación de pareja en contexto de violencia de género y familiar (arts. 29 inc. 3ero, 45, 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11°, del Cód. Penal y 210, 373, 375 y 530 del CPP.).
El señor Juez doctor Rojas, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora, ... fecha firma digital.-
Por la votación brindada a las cuestiones anteriores, este Tribunal resuelve: CONFIRMAR la sentencia por la cual se condenará a Ricardo Ramón Miranda Ayma a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer, con la que mantuvo una relación de pareja en contexto de violencia de género y familiar (arts. 29 inc. 3ero, 45, 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1° y 11°, del Cód. Penal y 210, 373, 375 y 530 del CPP).
Regístrese. Notifíquese al señor fiscal general y a la señora defensora oficial. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia