Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 36897
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez componente del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental, Alfredo José Deleonadis, mediante el cual resolvió declarar que no se verifica en el presente caso el acuerdo conjunto del Fiscal, la persona imputada y su Defensa, para la aplicación del procedimiento abreviado, debiendo por ello la causa continuar conforme el trámite ordinario. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación el Sr. Defensor particular del encausado, letrado Horacio Mariano Ayesa. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 395, 396, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 36897. "BISBAL JUAN MANUEL S/ LESIONES LEVES CALIFICADAS".
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 36897, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez componente del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental, Alfredo José Deleonadis, resolvió declarar que no se verifica -a la fecha- en el presente caso el acuerdo conjunto del Fiscal, la persona imputada y su Defensa, para la aplicación del procedimiento abreviado, debiendo por ello la causa continuar conforme el trámite ordinario.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Defensor particular del encausado, letrado Horacio Mariano Ayesa.
Detalla el trámite de autos, haciendo especial hincapié en las distintas diligencias realizadas que llevaron a que el Ministerio Público Fiscal desestimara que la menor fuera víctima de un hecho que pudiera tipificarse como abuso sexual. Toda esa actividad concluyó en la definición del objeto procesal que se describó en autos, circunscribiendo la materialidad en el ámbito de las lesiones graves de índole corporal (que incluso en audiencia jurisdiccional de fecha 7 de noviembre del año 2023 estableció que no constituían un concurso de delitos).
Marca que desde la etapa de instrucción penal preparatoria se delineó el esquema de una solución alternativa al conflicto. Indica todas las actividades que el encausado comenzó a realizar en procura de esa resolución del presente caso.
Señala que cuando el expediente ingresa al Tribunal en lo Criminal a quo y el Señor Agente Fiscal puso en conocimiento que se había arribado a una solución alternativa al conflicto penal. También lo hizo la parte que representa. Luego, el a quo requirió al Sr. Agente Fiscal que acompaña la opinión de la víctima de autos; extremo que se cumplió oportunamente dando cuenta el informe actuarial, de fecha 19 de setiembre del año 2023, la conformidad del acuerdo de la misma.
En el contexto reseñado indica que no emerge de lo obrado motivo alguno que justifique el retiro del consentimiento del Señor Agente Fiscal.
Critica en el sentido señalado la intervención que le cupo en autos a la titular de la Asesoría de Incapaces nº 1 Departamental, Silvia E. Fernández; marcando que esa labor luce desconectada de las concretas constancias colectadas en autos que ya habían determinado, en la labor pesquisitiva fiscal, que no emergían en el caso delito sexuales.
Detalla, además, los distintos expediente que tramitan ante el Fuero de Familia, relevando que ellos tampoco fueron compulsados por la representante de la Asesoría.
Afirma que ninguna de las circunstancias acontecidas en el marco de la audiencia desarrollada en la instancia fueron novedosas para el Señor Agente Fiscal. Ergo, concluye que el retiro del consentimiento por parte del Señor Agente Fiscal carece de basamento fáctico, fue emotivo e infringe la manda legal de aplicar un criterio objetivo; agrega sólo tendría base en que la actual y transitoria gardadora de la niña cambió de opinión, no con el monto de pena sino en la pretensión que la sanción no fuera de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo. Resalta que la victima en autos no detenta rol de particular damnificado, luego la expuesta es una opinión que no vincula la decisión del estado acusador público.
Con todo solicita que se haga lugar al recurso interpuesto debiendo ordenarse que el a quo resuelva el acuerdo presentado.
Todos estos argumentos fueron informados oralmente ante este Tribunal mediante la audiencia que se halla protocolizada en autos.
Que independientemente de los vaivenes procesales que tuvo el trámite dado al presente expediente, cierto es que en el concreto momento de exponer el acuerdo para implementar en el caso la modalidad de juzgamiento abreviada, el Ministerio Público Fiscal expresó que no acordaba tal procedimiento abreviado.
Que en el sentido indicado se impone puntualizar que la renuncia a la realización del debate - tal la única finalidad que posee el procedimiento abreviado- no connota disposición de la acción penal; consecuentemente la opinión vertida por el Sr. Agente Fiscal en la última oportunidad que fue convocado para que la exprese se torna válida, incluso si, como en el caso de autos, resulta diametralmente opuesta a la que expuso con antelación. En efecto, si bien en la situación planteada, claramente, surge una primigenia solicitud de abreviar el procedimiento (CPP, 395), también prístinamente emerge que no se arribó a un acuerdo conjunto sobre se extremo en la etapa procesal pertinente, tal como lo exige el artículo 396 del CPP. Ergo, respecto al tópico en cuestión no resulta aplicable la doctrina relacionada con el control de legalidad de los actos del órgano requirente estatal.
Que en el señalado contexto, en definitiva, se advierte que se carece de la anuencia del Ministerio Público Fiscal para la prosecución abreviada del presente proceso. Consecuentemente, no existe un acuerdo formalizado respecto del cual el a quo deba proceder a analizar del modo que ordena el artículo 398 del CPP.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez componente del Tribunal en lo Criminal n° 4 departamental, Alfredo José Deleonadis, mediante el cual resolvió declarar que no se verifica en el presente caso el acuerdo conjunto del Fiscal, la persona imputada y su Defensa, para la aplicación del procedimiento abreviado, debiendo por ello la causa continuar conforme el trámite ordinario. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación el Sr. Defensor particular del encausado, letrado Horacio Mariano Ayesa. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 395, 396, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2023 09:32:36 - VIÑAS Esteban Ignacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 10:08:33 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 10:10:30 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 26/12/2023 10:11:04 hs. bajo el número RR-862-2023 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia