Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 38399
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el pronunciamiento del Juez de Ejecución Ricardo G. Perdichizzi en cuanto resolviera imponer al penado Nicolás Guillermo Spadafora una medida cautelar. Todo en cuanto fue materia de recurso por la Defensora Fabiana Danti, a quien se le encomienda la notificación a su asistido de lo aquí resuelto, así como que continúa sometido a las reglas de conducta oportunamente impuestas en sentencia. Rigen arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 25, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes., 500 del CPP.
c. 38399. "SPADAFORA NICOLAS GUILLERMO S/LESIONES LEVES CALIFICADAS".
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, registrados bajo el n° 38399, y de cuyas constancias,
I. Que en los presentes obrados la Sra. Juez en lo Correccional Dra. Ana María Fernández, resolvió condenar a Nicolás Guillermo Spadafora a la pena de seis (6) meses de prisión en suspenso, por resultar autor jurídicamente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo (art. 89 en función del art. 98 y 80 inc. 1 del C.P.) perpetrado el día 3 de septiembre de 2023 en la ciudad de Mar del Plata.
Además, en razón de la condicionalidad de la pena aplicada, la Sra. Jueza de grado le impuso al causante las siguientes reglas de conducta, por el término de dos (2) años: a) fijar domicilio, b) someterse al Patronato de Liberados, c) realizar un tratamiento para el consumo problemático al alcohol por el tiempo que indiquen los profesionales, y d) prohibición absoluta de contacto con la víctima de autos y con su progenitor (arts. 40 y 41 del CP y 395 del CPP) con más las costas del proceso (CP, 29 inc. 3; CPP, 531).
II. Que ante la firmeza de ese pronunciamiento condenatorio, al serle otorgada competencia en los presentes obrados, una vez radicada la causa ante el Juzgado de Ejecución Penal 1 Departamental, el Juez Ricardo G. Perdichizzi, en su primera intervención, con fecha 25 de marzo del cte. año, entendió verificada una situación de alto riesgo que tornaba necesaria -en atención al deber de diligencia reforzada en los casos de violencia intrafamiliar- la adopción de medidas urgentes, con cita de la ley 12.569 (modif. por ley 14.509) y del art. 22 de la ley 26485, estimando que si bien el Juzgado de origen impuso al causante como regla de conducta en la sentencia una restricción de acercamiento respecto de la víctima, el magistrado entendió insuficiente la misma, en cuanto no dispuso la distancia de dicha restricción para el resguardo de su integridad física.
Por tales fundamentos, resolvió imponer al penado Nicolás Guillermo Spadafora una medida cautelar, en los siguientes términos : "I. Imponer cautelarmente a Nicolás Guillermo Spadafora restricción de contacto y de cualquier otro medio (telefónico, epistolar, redes sociales, interpósita persona, etc.) respecto de la víctima, su progenitor David Fernando Spadafora, así como prohibición de acercamiento a menos de mil metros de la misma, sus domicilios real y/o laboral, medidas que se mantendrán mientras dure el cumplimiento de las reglas de conducta aquí fijadas a tenor del art. 27 bis CP".
III. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial Fabiana A. Danti, quien se agravió por el hecho que el Juez a cargo de la Ejecución Penal modificara las reglas de conductas impuestas por sentencia firme a su defendido, ampliándolas y afectando de tal modo la cosa juzgada consolidada en este proceso, sin razones suficientes para ello.
Resaltó que la imposición de estas nuevas reglas tienen como fundamento la plataforma ya evaluada en la instancia de sentencia, por lo que el pronunciamiento recurrido implica una revisión del fallo condenatorio, a la fecha firme y consentido, atribución que excede de manera evidente la competencia del Juez de Ejecución y afecta la cosa juzgada que se alcanzara en el caso, por lo que solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, dejando sin efecto las reglas impuestas por el sentenciante de ejecución, debiendo mantenerse las oportunamente dispuestas por la jueza que dictara la condena.
I. Que lo primero que corresponde diferenciar son las distintas clases de coerción estatal y los distintos momentos del proceso en los que se ejercen. Así, la coerción penal se aplica una vez que la sentencia condenatoria ha adquirido firmeza, por lo que recae sobre una persona que ya es jurídicamente culpable. Mientras que la coerción procesal se aplica desde el inicio del mismo (y aun antes, en casos excepcionales) y puede subsistir sólo mientras dure su tramitación, recayendo sobre quien aún resulta amparado por el estado jurídico de inocencia, perdiendo toda razón de ser una "cautela" a partir del momento en que la sentencia se reputa firme y en condiciones de ser ejecutada (CN: 18; CPPBA: 1, 3, 144/200, 500 y sgtes.)
II. Que, por ello, en esta etapa de ejecución de la pena no es admisible la imposición de medidas cautelares que se basen en el hecho materia del fallo condenatorio, toda vez que la pena aplicada resulta ser la única respuesta estatal admisible para el declarado culpable por el delito cometido, no siendo legítimo establecer otras restricciones a los derechos del causante que no se encuentren comprendidas en la sanción penal que ha adquirido firmeza.
III. Que tampoco ha sido alegada por la Fiscalía, ni por la propia víctima, la situación de alto riesgo que cree advertir el Sr. Juez de Ejecución Penal, que podría dar lugar a una solicitud de aquéllos de modificación de las reglas de conducta oportunamente impuestas en la sentencia firme (CP: 27 bis, segundo párrafo) o bien -si se alegaren nuevos hechos no alcanzados por ella- a la adopción de medidas preventivas o protectoras urgentes por parte del Sr. Juez de Garantías "... en el marco de una investigación penal preparatoria respecto a la posible comisión de delitos de violencia familiar o de genero en el ámbito doméstico..." (conf. punto IV. I del Anexo de la Acordada 4099/23 de la SCJBA).
En razón de lo expuesto, el planteo de la Defensa debe prosperar.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: revocar el pronunciamiento del Juez de Ejecución Ricardo G. Perdichizzi en cuanto resolviera imponer al penado Nicolás Guillermo Spadafora una medida cautelar. Todo en cuanto fue materia de recurso por la Defensora Fabiana Danti, a quien se le encomienda la notificación a su asistido de lo aquí resuelto, así como que continúa sometido a las reglas de conducta oportunamente impuestas en sentencia. Rigen arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 25, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes., 500 del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 04/08/2025 11:49:24 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2025 11:49:47 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2025 11:55:04 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 04/08/2025 13:08:01 hs. bajo el número RR-390-2025 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia