Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 39464
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la nulidad del dictamen emitido por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Paulo Cubas, con fecha 30 de marzo del cte. año, por el cual consintiera la aplicación al caso del instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, por resultar manifiestamente irrazonable y arbitrario (arts. 56, 201 y ccdtes. del CPP, y su doctrina).
II. Revocar el decisorio apelado, mediante el cual el Sr. Juez interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 4 Departamental, Dr, Leonardo César Celsi, resolvió suspender el juicio a prueba respecto de Ignacio Erenchun, debiendo remitirse a la instancia a los fines que se formule nuevo dictamen del Fiscal en relación a la procedencia de dicho instituto y se vuelva a emitir resolución al respecto (art. 76 bis CP y su doctrina; art. 404 CPP y su doctrina).
Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 39464. "ERENCHUN IGNACIO S/ LESIONES LEVES (HECHO I) AMENAZAS (HECHO II)" .
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, registrados bajo el n° 39464, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 4 Departamental, Dr, Leonardo César Celsi, resolvió suspender el juicio a prueba respecto de Ignacio Erenchun, por un (1) año y seis (6) meses, bajo las siguientes reglas de conducta, que se citan textualmente: 1) fijar domicilio; 2) someterse al contralor del Patronato de Liberados; 3) realizar consulta diagnóstica y, eventualmente, tratamiento psicológico para el manejo de la agresividad y reacciones violentas; 4) ofrecer sus sinceras disculpas al ofendido por el delito, en los términos formulados precedentemente. Respecto del ofrecimiento de reparación del daño, estése a la negativa fundada por el particular damnificado".
2. Que contra la referida resolución interpuso recurso de apelación el particular damnificado Humberto Omar Noel, con el patrocinio letrado del Abogado Fernando Maximiliano Orsini, sosteniendo que la resolución resulta arbitraria por no haber efectuado una valoración real y efectiva de la oposición efectuada por su parte.
Señala que el Magistrado se limitó a mencionar formalmente sus argumentos para luego descartarlos mediante afirmaciones genéricas, sin analizar concretamente la gravedad del hecho, el impacto sufrido, el temor persistente ni la afectación institucional alegada. Afirma que ello vulnera el art. 404 del CPPBA y los principios de tutela judicial efectiva y participación activa de la víctima reconocidos en las Leyes 27.372 y 15.232.
Asimismo, se agravia respecto de la falta de control de razonabilidad del acuerdo celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa. Refiere que el Juez de grado asumió un rol meramente homologador, omitiendo analizar si las condiciones de la suspensión del juicio a prueba resultaban proporcionales y adecuadas frente a las particularidades del caso. En tal sentido, sostiene que no existió un examen concreto sobre la entidad del daño, la gravedad institucional del hecho y la suficiencia de las reglas de conducta que fueron aplicadas.
Por otra parte, cuestiona que se haya tenido por cumplido el requisito de reparación del daño previsto en el art. 76 bis del Código Penal, poniendo de relieve que el ofrecimiento económico realizado por el imputado fue expresamente rechazado por insuficiente, sin que el Magistrado efectuara análisis alguno sobre su proporcionalidad, la capacidad económica del imputado o la entidad del perjuicio ocasionado.
Añade que tampoco existió una instancia genuina de recomposición del conflicto, reduciéndose la reparación a una propuesta meramente formal y simbólica.
Finalmente, destaca que la resolución omitió considerar la gravedad institucional del hecho, pese a haber sido expresamente planteada por la víctima. Sostiene que el caso excede un conflicto estrictamente individual, en tanto involucra una conducta con incidencia sobre el funcionamiento del sistema de justicia, por tratarse de una agresión vinculada al ejercicio de funciones jurisdiccionales.
En función de ello, concluye que la decisión recurrida presenta una fundamentación aparente y solicita su revocación, requiriendo la continuación del proceso hasta la celebración del juicio oral y público.
I. Que de los agravios expresados por el particular damnificado adquiere relevancia el que repara en la omisión por parte del Fiscal, al dictaminar otorgando su consentimiento para la aplicación del instituto, de toda consideración a la gravedad institucional de los hechos atribuidos al imputado, concluyendo que tal dictamen resulta manifiestamente irrazonable y arbitrario, señalado a su vez que el decisorio que hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba omitió efectuar el debido control de legalidad del acuerdo alcanzado entre las partes (CPP: 404).
II. Que tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (en "Acosta"), de la Cámara Nacional de Casación Penal (en "Kosuta") y de la Suprema Corte de Justicia provincial (en "Divito"), como los antecedentes doctrinarios del instituto en cuestión y el propio espíritu del legislador, puesto de manifiesto al promulgar la ley 24.316, llevan a afirmar que la actuación del Fiscal en la aplicación de la Suspensión del Juicio a Prueba resulta preponderante, pues él es quien decide, luego de un amplio análisis de las circunstancias fácticas y jurídicas emanadas del caso concreto, si presta o no su consentimiento a la concesión del beneficio, quedando por ende el órgano jurisdiccional supeditado al mismo, luego de efectuar su propio control de logicidad y fundamentación (TCPBA, Sala 4, sentencia del 14/4/2016, voto Juez Kohan, adhesión Juez Natiello).
Lo contrario supondría convalidar la existencia de un principio de discrecionalidad en la actuación del Fiscal, contrario no solo al deber funcional que le impone adecuar sus actos a un criterio objetivo (art. 56 CPP) sino a los principios de inderogabilidad de la jurisdicción penal y sujeción a la ley de toda función judicial sobre los que se asienta el sistema procesal.
III. Que, sentado ello, se advierte que en el presente caso el órgano jurisdiccional no efectuó ese control de legalidad del dictamen mediante el cual el Sr. Agente Fiscal, Dr. Pablo Cubas, otorgó su consentimiento para la suspensión del proceso, sin formular ninguna consideración a la gravedad institucional de los hechos atribuidos al imputado, la que había sido expresamente planteada por la víctima como la causa de su oposición.
Corresponde recordar que en la presente causa al imputado se le atribuyen los delitos de lesiones leves (CP: 89) y amenazas (CP: 149 bis), de acuerdo a la siguiente modalidad comisiva: El día 28 de abril de 2023, siendo aproximadamente las 19:00 horas, en las inmediaciones de las calles Alvear y Castelli de esta ciudad, Ignacio Erenchun abordó súbitamente a Humberto Omar Noel, lo tomó de un brazo y le propinó un golpe en el rostro con un elemento contundente causándole un hematoma en la mejilla izquierda, lesión ésta que no produjo un debilitamiento permanente de la salud, de un sentido, de un órgano o de un miembro, ni dificultad permanente en la palabra, ni puso en peligro su vida, ni le provocó inutilidad laboral mayor a un mes, ni le causó deformación permanente de rostro. A la par de ello le anunció que sufriría un mal inminente y grave al referirle "... que puto que sos ... me sacaste una sentencia en contra .. te voy a matar a trompadas ..." (sic), ello con el claro propósito de alarmarlo y/o amedrentarlo".
Asiste razón al recurrente en cuanto señala que el dictamen del Fiscal no se expidió concretamente respecto de un aspecto relevante que había sido puesto de manifiesto de manera expresa, como lo fue la alegación de la gravedad institucional del caso por tratarse de una agresión vinculada al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la víctima, aspecto sobre el cual el Fiscal, Dr. Paulo Cubas, se limitó a expresar que resultaba "atendible" pero que sin embargo desatendió, por entender que "no escapa al caso, a que todo imputado tiene derecho a esta alternativa, y en el caso la ausencia de antecedentes y la calificación le permiten acceder a la suspensión" (ver acta de la audiencia celebrada en la instancia el 30 de marzo del cte. año).
La postura del Fiscal, de limitar el análisis de procedencia del instituto a la consideración de la calificación legal de los delitos y la ausencia de antecedentes del imputado, desentendiéndose de las particularidades de los hechos que se atribuyen al imputado, incumple con su obligación funcional de analizar si concurren razones que -pese a ello- justifiquen la necesidad de mantener el ejercicio de la acción penal con miras a obtener una pretensión punitiva, en atención a razones de política de persecución criminal, dado que el Fiscal no puede ser obligado a cesar en el ejercicio de la acción penal pública sólo en razón de una petición del imputado en tal sentido.
En efecto, la propia Exposición de Motivos de la Ley 24.316, que introdujo al Código Penal el instituto en cuestión (art. 76 bis, ter y quater), deja en claro que el Fiscal mantiene la facultad de analizar las circunstancias particulares del o los sucesos penales (como pueden ser su gravedad institucional, modo comisivo, cualidad del sujeto activo o pasivo, calidad y extensión del perjuicio ocasionado, etc.) y en base a ello concluir que no se justifica la inclusión del caso en un modo de solución alternativa, optando por continuar el trámite común hacia el dictado de una sentencia.
IV. Que, de conformidad con tales pautas, el dictamen del Sr. Agente Fiscal, Dr. Paulo Cubas, expresado con fecha 30 de marzo del cte. año, por el cual consiente al aplicación al caso del instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, resulta manifiestamente irrazonable y arbitrario, por lo que corresponde que sea desconsiderado como acto procesal, mediante la declaración de su nulidad, de conformidad con lo prescripto por los arts. 56, 201 y ccdtes. del CPP, y su doctrina.
Este vicio procesal determina la revocación del decisorio impugnado, mediante la cual el Juez de grado resolviera suspender el juicio a prueba respecto de Ignacio Erenchun, debiendo remitirse a la instancia a los fines que se formule nuevo dictamen del Fiscal en relación a la procedencia de dicho instituto y se vuelva a emitir resolución al respecto.
Por todo ello, este Tribunal
I. declarar la nulidad del dictamen emitido por el Sr. Agente Fiscal, Dr. Paulo Cubas, con fecha 30 de marzo del cte. año, por el cual consintiera la aplicación al caso del instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, por resultar manifiestamente irrazonable y arbitrario (arts. 56, 201 y ccdtes. del CPP, y su doctrina).
II. revocar el decisorio apelado, mediante el cual el Sr. Juez interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 4 Departamental, Dr, Leonardo César Celsi, resolvió suspender el juicio a prueba respecto de Ignacio Erenchun, debiendo remitirse a la instancia a los fines que se formule nuevo dictamen del Fiscal en relación a la procedencia de dicho instituto y se vuelva a emitir resolución al respecto (art. 76 bis CP y su doctrina; art. 404 CPP y su doctrina).
Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 08/06/2026 13:26:08 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2026 13:27:05 - DELEONARDIS Alfredo Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2026 13:37:15 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 08/06/2026 13:49:03 hs. bajo el número RR-378-2026 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia