Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-45631383-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N° RESOL-2022-2087-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto rechazó la impugnación deducida por LEURU S.A. y confirmó el Cargo N° 968/2015 por los rubros IVA y Derecho Específico, vinculados con la destinación de importación N° 10 073 IC04 189691 X, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, conforme las pautas de liquidación establecidas en la Resolución General AFIP N° 3271/12, con costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-62480881-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 24 de Junio de 2026 apelación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos: “LEURU S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, EX-2022-45631383- -APN- SGASAD#TFN.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. La firma LEURU S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 2087/2022, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 12206-985-2011, el día 11/03/2022. Mediante tal resolución se resolvió, en primer lugar CONDONAR EL RUBRO MULTA AUTOMÁTICA DEL Cargo N° 968/2015, de conformidad con lo establecido por el Régimen de Regularización Excepcional estatuído por la Ley 27.260 y las Resoluciones Generales Nros. 3919, 3920, 4007-E, concordantes y modificatorias. Asimismo se RECHAZÓ la impugnación impetrada por la actora, y por ende CONFIRMÓ el cargo N° 968/2015, formulado con relación a la destinación 10073 IC04 189691 X, por el importe de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (U$S 20.866,67), en concepto de IVA y DERECHO ESPECÍFICO (SIM), más los intereses resarcitorios del art. 794 del C.A., aplicando las pautas de liquidación previstas en la Res Gral. AFIP N° 3271/12 y arts. 1053 inc. a) y 1065 y cc. del C.A. Y, por último, DEJÓ SIN EFECTO el Cargo 968/2015, respecto de los rubros PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS e IVA ADICIONAL.
Explica que al momento de oficializar el Despacho de Importación N° 10 073 IC04 189691 X, la actora no contaba con el certificado de origen debidamente legalizado que acreditara el origen de la mercadería importada en los términos del art. 2, inc. b) de la Resolución Nº 763/1996, por lo que se procedió a garantizar el mismo según disposiciones de la Resolución Nº 2793/2010. Y que la garantía que se constituyó, lo fue de conformidad al artículo 453, inc. f) del Código Aduanero, por el importe correspondiente a multa automática, derecho específico, impuesto al valor agregado y percepciones de IVA e impuesto a las ganancias.
Alega que la Sección Operativa y Registral de Importación, luego de analizar la documentación aportada por esta parte, concluyó que el C.O. no resultaba de aplicación atento a que (i) el número de la factura declarada no era coincidente con la que se certifica y además agregó que (ii) el C.O. no se ajustó a lo dispuesto por la Res. 763/96 MEYOSP, art. 9 y Res. 381/96 MEYOSP, art. 3, toda vez que en lugar de la correspondiente legalización del Certificado de Origen efectuada por el Consulado, se cuenta con una Visación indicando que el documento fue “visto”. Por ello procedió a ejecutar la Garantía N° 10073016929U y a generar el Cargo N° 968/2015, por la suma de U$S 63.833,97, el que se notificó el 10/07/2015, como consecuencia de lo cual se impugnó el cargo, oportunamente.
Expresa que la mercadería resultaba originaria de México y luego fue vendida al proveedor de Estados Unidos de nuestra representada, quien le remitió a la empresa la misma con copia del C.O. de reexportación EEUU, conjuntamente con el C.O. de México, así como también la factura comercial, aclarando que estas constancias, lucen debidamente agregadas en las actuaciones administrativas.
Que, adicionalmente, se aportó la declaración jurada de fecha 13/09/2010, prevista en la Instrucción General 53/2002 prevista para los casos que el país de procedencia sea diferente al del origen de la mercadería. Agrega que en el C.O. de México por error se indicó “invoice ref EPT-223/2010” en cuanto a la factura vinculada, pero ese número se trataba del número de envío, siendo que la factura vinculada era la H32514, que también luce agregada en las actuaciones. Hace notar que el C.O. de México se refiere a los mismos productos (código 00501-0651) que fueran declarados en el despacho aduanero, lo que sin lugar a dudas demuestra que ese C.O. también coincide con la mercadería importada y resulta plenamente aplicable. Y enfatiza que los C.O., resultan aptos para probar el origen invocado y así debe ser resuelto.
Aduce que, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en sostener que el incumplimiento de determinados requisitos meramente formales, no resultan idóneos para tornar inaplicable el régimen de origen alegado. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos.
Impugna liquidación, en cuanto a la moneda en base a la cual la Aduana efectúa su liquidación y respecto del momento en el que se deben convertir las sumas a pesos, toda vez lo estatuido en la Ley Nº 23.928 (B.O. 28/03/1991), modificada por la Ley 25.561 (B.O. 7/01/2002), que así lo establece en su artículo 7 y 10, los que transcribe.
Acusa que la Aduana reclama tributos en dólares amparándose en la Resolución General AFIP Nº 3271/12 (B.O. 10/02/2012), lo cual resulta improcedente. Cita jurisprudencia y doctrina.
Remarca que el cómputo de los intereses que deben adicionarse sobre los tributos aduaneros, debiera comenzar a liquidarse, desde el vencimiento del plazo para impugnar el Cargo N° 968/2015 y no desde la fecha de oficialización del despacho, por lo cual solicita que así lo deje asentado este Tribunal al momento de resolver. Por último, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas. se dicte sentencia disponiendo revocar la Resolución N° RESOL-2022-2087-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto confirma el Cargo N° 968/2015, por el importe de USD 20.866,67, más los intereses del art. 794 del C.A., con expresa imposición de costas al Fisco.
II. Previo emplazamiento, el Fisco a través del IF-2022-95660499-APN-DTD#JGM se presenta y contesta el traslado del recurso de apelación y adjunta las actuaciones administrativas correspondiente a la causa. Primeramente realiza la negativa de rigor y relata los hechos del caso. Señala que el certificado de origen presentado por la actora, no resultaba de aplicación, toda vez que el mismo no se ajusta a lo dispuesto por la Resolución N° 381/1996 MEYOSP, artículo 5° (modificatoria de la Resolución N° 763/1996 MEYOSP), atento a que el número de la factura declarada no es coincidente con la que se certifica y que, en lugar de la correspondiente legalización del C.O., en el mismo se cuenta con una Visación indicando que el documento fue ‘visto’, pese a lo establecido en el artículo 5 de dicha norma, que replica. Transcribe las previsiones del art. 9 la Resolución 763, supra citada y lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 381, acerca del particular, por todo lo cual afirma que habiéndose garantizado la “falta de certificado de origen textil” y constatado el incumplimiento de la actora con respecto a las previsiones del ordenamiento jurídico aduanero detallado, el Cargo formulado se ajusta a derecho.
En relación al planteo tendiente a cuestionar que se la haya intimado al pago de los tributos en dólares con más los intereses del artículo 794 del C.A., solicita que la totalidad de los agravios expresados en el acápite IV. DESARROLLO punto titulado “Impugna liquidación” de su recurso sean desestimados por extemporáneos, por cuanto al impugnar el Cargo, la actora sólo cuestionó la moneda en la que se habían liquidado las percepciones de IVA Adicional y Ganancias. Por lo tanto, el agravio relativo a la Resolución General N° 3271/2012, como los cuestionamientos al artículo 20 de la ley 23.905 y la tasa de interés aplicable a la totalidad de los tributos aduaneros no han sido introducidos por la impugnante en el momento procesal oportuno, conforme lo establecido en el artículo 1053 y ss. del C.A. y especialmente lo previsto en los artículos 1054, 1055 y 1057 del referido Código.
En referencia a la limitación establecida en el artículo 1164 del C.A., acusa que no le asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que la exigencia de derechos aduaneros liquidados en dólares transgrede la prohibición de actualización o repotenciación de la deuda establecida en la ley 23.928.
Recuerda lo establecido en los artículos 641 y 734 del Código Aduanero, que prevén que los derechos de importación y exportación, consisten en un porcentaje o alícuota aplicada sobre la mercadería importada cuyo valor en aduana está fijado en moneda extranjera; por lo que tales derechos constituyen obligaciones de pagar la cantidad resultante en esa misma especie de moneda (o, de acuerdo con los artículos 660 y 752 del Código Aduanero, en obligaciones de pagar una cantidad fija de la moneda que se indique por unidad de medida). Es decir, no se trata de obligaciones de pagar moneda nacional sujeta a cláusulas de ajuste.
Por ello, la determinación en dólares estadounidenses de los tributos que gravan a las operaciones de importación y de exportación y su conversión a pesos al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, no implican necesariamente una repotenciación de la deuda. Destaca lo establecido en la Resolución General AFIP N° 3271/2012, artículo 1° y alega que la Resolución citada siempre refiere a la conversión del capital adeudado a pesos al momento del efectivo pago, y en ningún momento menciona una conversión distinta (al tipo de cambio histórico) como propone la actora. Y por último, acerca de la tasa de interés aplicable alude a lo indicado en los artículos 794, 795 y 796 del C.A., desprendiéndose de la normativa señalada que, una vez vencido el plazo de diez días desde la notificación del acto por el cual se liquidaron los tributos, el deudor debe pagar, juntamente con aquellos, un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, y dicha tasa de interés, que se devenga desde la fecha que señalada el artículo 794, es la que ha fijado la Secretaría de Hacienda. Respecto de la fecha de inicio de los intereses y lo que la firma sostiene que estos debían correr a partir de los 10 días de notificado el Cargo mediante SICNEA, destaca que la liquidación tributaria reclamada en las presentes actuaciones resulta ser ORIGINARIA y no suplementaria, al haber sido liquidada la deuda al momento de la oficialización del Despacho.
Que la resolución AFIP Nº 196/98, que modificó la resolución ANA 2203/82, estableció un plazo de quince días contados a partir del registro de la solicitud de destinación para presentación del certificado de origen y entonces tratándose en el caso de un cargo originario, los intereses deben computarse a partir de los quince días desde la fecha de constitución de la garantía, por falta de presentación del certificado dentro del plazo establecido por la referida resolución AFIP Nº 196/98 e inaplicabilidad del certificado de origen, hasta la fecha del efectivo pago”. Por último, acompaña como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme en su totalidad la Resolución N° RESOL-2022-2087-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
III. A través de la providencia PV-2022-97822509-APN-VOCXV#TFN de fecha 15/09/2022, se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas, las que lucen agregadas mediante IF- 2022-95660328-APN-DTD#JGM.
IV. Mediante providencia PV-2026-58799349-APN-VOCXV#TFN de fecha 12 de junio de 2026, se elevan los autos a la Sala “E”, y, en la misma fecha, a través de la providencia IF-2026-58865032-APN-VOCXV#TFN, se dicta llamado de autos a sentencia.
V. Las actuaciones SIGEA 12206-985-2011 se inician a fs. 1, con la presentación de la firma LEURU S.A., de fecha 20/01/2011, solicitando la liberación de la garantía 10073016929U, a la que adjuntó de fs. 2 a 15, certificado de origen y de reexportación original, copia del Despacho de Importación N° 10 073 IC04 189691 X e impresión de pantalla de la garantía referenciada. A fs. 16, mediante Nota N° 2599/15 (SE OPRE), la Sección Operativa y Registral, informa que el certificado de origen NO RESULTA DE APLICACIÓN, por no ajustarse a lo dispuesto por la Res 381/96 MEYOSP, modificatoria de la Res 763/96 MYOSP y que asimismo el mismo fue presentado fuera de término, según Res 581/99. A fs. 17 luce agregado el Cargo N° 968/2015, notificado el 10/07/2015 conforme cédula de fs. 18. A fs. 30 se tuvo por presentada a la impugnante y por deducida la impugnación. A fs. 31/34, luce agregada la Resolución DE PRLA 2087/2022, apelada en autos. A fs. 35/36 obran cédulas de notificación del fallo aduanero de fecha 21/04/2022.
VI. Que corresponde resolver si la Resolución N° RESOL-2022-2087-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto rechazó la impugnación deducida por LEURU S.A. y confirmó el Cargo N° 968/2015 por los rubros tributarios subsistentes, se ajusta a derecho.
Mediante la destinación de importación N° 10 073 IC04 189691 X, oficializada el 05/10/2010 ante la Aduana de Ezeiza, LEURU S.A. documentó la importación para consumo de mercadería textil originaria de México y procedente de los Estados Unidos de América.
En dicha operación, al momento de la oficialización, la importadora no contaba con el certificado de origen debidamente legalizado. Por ello, constituyó la garantía N° 10073016929U, en los términos del art. 453, inc. f), del Código Aduanero.
Con posterioridad, el 20/01/2011, la firma solicitó la liberación de la garantía y acompañó documentación destinada a acreditar el origen invocado. Entre esas constancias se agregaron documentación comercial, certificado de reexportación, certificado de origen, declaración jurada vinculada con la divergencia entre país de procedencia y país de origen, y demás documentación complementaria.
La Sección Operativa y Registral de la Aduana de Ezeiza informó, mediante Nota N° 2599/15, que el certificado de origen no resultaba de aplicación. Fundó tal conclusión, sustancialmente, en que el número de la factura declarada no coincidía con el consignado en el certificado; en que, en lugar de la legalización consular exigida por la normativa aplicable, obraba una visación que indicaba que el documento había sido “visto”; y en que la documentación había sido presentada fuera de término.
Sobre esa base, se formuló el Cargo N° 968/2015. La resolución apelada condonó el rubro multa automática, dejó sin efecto los rubros percepción del impuesto a las ganancias e IVA adicional, y confirmó el cargo por la suma de dólares estadounidenses veinte mil ochocientos sesenta y seis con sesenta y siete centavos (U$S 20.866,67), integrada por IVA y Derecho Específico (SIM), con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero.
VII. Que la cuestión central consiste en determinar si la documentación acompañada por la actora resultaba formalmente hábil para acreditar el origen declarado y, en consecuencia, para obtener la liberación de la garantía oportunamente constituida.
La Resolución MEyOSP N° 763/96 estableció el régimen aplicable a los certificados de origen no preferencial. En lo que aquí interesa, su art. 2°, inc. b), prevé la exigencia de certificado de origen cuando la mercadería se encuentre sujeta a la aplicación de derechos antidumping, compensatorios, específicos o medidas de salvaguardia, o cuando resulten aplicables distintos niveles de gravamen según el país de origen.
El art. 9° de esa resolución dispone que el certificado de origen debe ser legalizado por el consulado argentino con jurisdicción en el país de origen de las mercaderías, y que dicha legalización no puede ser sustituida por cualquier intervención de organismos públicos o privados en la República Argentina.
A su vez, el art. 3° de la Resolución MEyOSP N° 381/96 precisó el alcance de esa legalización consular. Allí se estableció que la legalización no supone intervención ni autorización de la importación, sino una comparación de la firma e identificación que la entidad certificante colocó en la declaración de origen con el correspondiente registro obrante en la oficina consular, necesaria al efecto de otorgar validez al certificado de origen. La misma norma dispone expresamente que la legalización no puede sustituirse por una visación que indique que el documento fue “visto”.
De ello se desprende que la legalización consular no constituye una formalidad indiferente. Cumple una función específica dentro del régimen de origen: otorgar validez al certificado mediante el cotejo de la firma de la entidad certificante con los registros consulares correspondientes.
VIII. Que, en el caso, la documentación acompañada por la actora no cumplió ese recaudo.
En efecto, de las constancias administrativas surge que las intervenciones consulares acompañadas fueron extendidas bajo la fórmula “VISTO”, con la aclaración expresa de que la intervención no autentica la firma obrante en el documento.
Tal intervención no puede ser equiparada a la legalización exigida por las Resoluciones MEyOSP Nros. 763/96 y 381/96. La propia normativa aplicable distingue ambos actos y excluye expresamente la posibilidad de sustituir la legalización consular por una mera visación.
La diferencia no es meramente nominal. En la legalización consular propiamente dicha, la intervención consular deja constancia de que la firma inserta en el documento se corresponde con la obrante en los registros de la representación consular, y sobre esa base legaliza la firma de quien actúa por la entidad certificante. En cambio, en la documentación acompañada en autos la fórmula utilizada fue “VISTO” y se dejó expresamente aclarado que dicha intervención no autenticaba la firma obrante en el documento. Precisamente para evitar esa sustitución, el art. 3° de la Resolución MEyOSP N° 381/96 dispone que “la legalización no podrá sustituirse por una visación que indique que el documento fue ‘visto’ en la Representación Consular correspondiente”. De allí que la intervención agregada no satisface la finalidad específica de la legalización consular exigida por el régimen, cual es otorgar validez al certificado mediante el cotejo de la firma de la entidad certificante con el registro consular pertinente.
La cuestión no radica en un mero error material o en una inconsistencia menor susceptible de ser superada por la confrontación de documentos comerciales. La observación recae sobre un requisito expresamente previsto para otorgar validez al certificado de origen: la legalización consular de la firma de la entidad certificante.
IX. Que, además, la documentación destinada a obtener la liberación de la garantía fue presentada fuera del plazo aplicable.
La garantía FCTX N° 10073016929U fue constituida el 04/10/2010 y la destinación N° 10 073 IC04 189691 X fue oficializada el 05/10/2010. La solicitud de liberación de la garantía y la documentación acompañada, en cambio, fueron presentadas recién el 20/01/2011, conforme surge de la carátula de la Actuación N° 12206-985- 2011, y de la Nota obrante a fs. 1.
En este punto corresponde recordar que el art. 17 de la Resolución MEyOSP N° 763/96, para los supuestos de falta de presentación en forma del certificado de origen, dispone que sólo procederá el libramiento de la mercadería previa constitución de garantía en los términos del art. 453, inc. f), del Código Aduanero, “fijándose un plazo de DIEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante”. A su vez, en las actuaciones administrativas la Aduana invocó la Resolución N° 581/99, Anexo I, punto 5.1.b, (Nota N° 2599/15 SE OPRE, del 15/06/2015, obrante a fs. 16 de las actuaciones administrativas) y señaló que el certificado había sido presentado fuera del término previsto en dicha normativa (15 días).
Aun si se tomara el plazo operativo más amplio de quince días computado desde el registro de la destinación - criterio también invocado por la demandada al contestar el recurso-, la presentación efectuada el 20/01/2011 resulta manifiestamente extemporánea respecto de la destinación oficializada el 05/10/2010.
Este dato resulta relevante, pues la garantía fue constituida precisamente por la falta transitoria de documentación válida al momento de la oficialización. Vencido el plazo previsto sin que se presentara en forma un certificado de origen legalmente hábil, la posterior agregación de documentación no permite tener por cumplida oportunamente la carga documental exigida por el régimen aplicable, ni impide la exigibilidad de los tributos garantizados.
X. Que en el presente caso no se trata de defectos subsanables en el Certificado de Origen o dudas que pueden ser aclaradas mediante los procedimientos de consulta previstos por la normativa aplicable. Aquí la actora no acompañó ni en término ni tampoco en forma (falta la legalización) el certificado de origen en los términos exigidos por el art. 9° de la Resolución MEyOSP N° 763/96 y por el art. 3° de la Resolución MEyOSP N° 381/96.
Por ello, no se advierte que la Aduana haya incurrido en un exceso ritual al exigir el cumplimiento de un requisito expresamente previsto por la normativa aplicable. Tampoco puede sostenerse que la consulta prevista en el art. 20 de la Resolución MEyOSP N° 763/96 tenga por objeto sustituir la carga del importador de presentar, en término, un certificado de origen formalmente hábil.
XI. Que tampoco resulta suficiente la invocación de la documentación comercial agregada por la actora. La factura comercial, el certificado de reexportación, la declaración jurada y las demás constancias acompañadas pueden resultar útiles para individualizar la operación y la mercadería. Sin embargo, no sustituyen el certificado de origen legalizado exigido por el régimen específico.
El certificado de origen es el instrumento previsto por la normativa aplicable para acreditar el origen en estos supuestos. Si dicho instrumento no fue presentado en término y, además, carece de la legalización consular requerida para su validez, la documentación complementaria no puede suplir íntegramente esa deficiencia. En consecuencia, corresponde concluir que la firma actora no acreditó el origen invocado en la forma exigida por la normativa vigente al momento de los hechos.
XII. Que, en tales condiciones, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto mantuvo el Cargo N° 968/2015 por los rubros tributarios subsistentes, esto es, IVA y Derecho Específico (SIM), vinculados con la destinación de importación N° 10 073 IC04 189691 X.
XIII. Que corresponde tratar, asimismo, los agravios subsidiarios vinculados con la moneda de liquidación, el tipo de cambio aplicable, la Resolución General AFIP N° 3271/12 y el cómputo de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero.
En cuanto a la moneda de determinación de los tributos aduaneros, cabe recordar que el art. 20 de la Ley N° 23.905 dispone que los derechos de importación, los derechos de exportación y demás tributos que gravaren las importaciones y exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses, y que, cuando deban pagarse en moneda de curso legal, la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago.
En ese marco, la determinación en dólares de la obligación tributaria aduanera y su conversión a pesos al tipo de cambio previsto por la norma no importa, por sí misma, una actualización monetaria prohibida, sino la aplicación del régimen legal específico previsto para los tributos aduaneros.
La Resolución General AFIP N° 3271/12 reglamenta esa modalidad de ingreso para las obligaciones tributarias aduaneras expresadas en dólares estadounidenses, originarias o suplementarias, cuando se cancelen en moneda de curso legal. En consecuencia, no se advierte ilegitimidad en la aplicación de las pautas allí previstas para la liquidación del cargo confirmado.
XIV. Que tampoco corresponde hacer lugar al agravio relativo al cómputo de los intereses.
El art. 794 del Código Aduanero establece que, vencido el plazo de diez días contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar, juntamente con los tributos, un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo.
A su vez, el art. 795 del mismo cuerpo legal dispone que el curso de los intereses no se suspende por la impugnación de la liquidación ni por la interposición de recurso alguno contra ella. Por su parte, el art. 796 prevé los supuestos en los que cesa su devengamiento.
En autos, la obligación tributaria se encontraba garantizada por la falta de presentación en forma del certificado de origen. Vencido el plazo conferido para acompañar la documentación faltante sin que se hubiera presentado oportunamente un certificado formalmente hábil, correspondía exigir los tributos garantizados con los intereses previstos en el régimen aduanero.
Por ello, corresponde rechazar los agravios dirigidos contra la liquidación del cargo y contra la aplicación de los intereses del art. 794 del Código Aduanero.
XV. Que las costas deben imponerse a la actora vencida, conforme el principio general de la derrota (art. 1163 del Código Aduanero).
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución N° RESOL-2022-2087-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto rechazó la impugnación deducida por LEURU S.A. y confirmó el Cargo N° 968/2015 por los rubros IVA y Derecho Específico, vinculados con la destinación de importación N° 10 073 IC04 189691 X, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, conforme las pautas de liquidación establecidas en la Resolución General AFIP N° 3271/12, con costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° RESOL-2022-2087-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, en cuanto rechazó la impugnación deducida por LEURU S.A. y confirmó el Cargo N° 968/2015 por los rubros IVA y Derecho Específico, vinculados con la destinación de importación N° 10 073 IC04 189691 X, con más los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, conforme las pautas de liquidación establecidas en la Resolución General AFIP N° 3271/12, con costas a la actora (art. 1163 del Código Aduanero).
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez y el Dr. Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación– cfme. art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2026.06.24 16:22:06 ART Date: 2026.06.24 18:47:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.24 18:48:06 -03:00
Fin de la sentencia