Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-2406/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar competente para continuar interviniendo en el presente incidente, al Juzgado de Paz de Río Gallegos.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2406/20-TSJ Interlocutorio N°: 3588 Actor: LEVILL GUERRA ALFREDO Objeto: PEDIDO DE INFORMACION SUMARIA (PENSION A LA VEJEZ) S/ INCIDENTE DE COBRO DE MULTA POR RETARDO BANCO ICBC S.A Fecha: 23-03-2021 Texto: TOMO XXXII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3588 FOLIO Nº 6211/6212 PROT. ELECT. TSS1 009 I.211
Río Gallegos, 23 de marzo de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “LEVILL GUERRA ALFREDO S/ PEDIDO DE INFORMACION SUMARIA (PENSION A LA VEJEZ) S/ INCIDENTE DE COBRO DE MULTA POR RETARDO BANCO ICBC S.A.” Expte. N° L-19.687/19 (L-2406/20), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan las actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a efectos de decidir el conflicto negativo de com-petencia suscitado entre el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 y el Juzgado de Paz, ambos con asiento en la ciudad de Río Gallegos. Los dos se consideran incompetentes para seguir actuando en los presentes autos.-
II. Ante el Juzgado de Paz de Río Gallegos tramita el expediente caratulado “Levill Guerra Alfredo s/ Pedido de Información Sumaria (Pensión a la vejez)”, en dichas actuaciones el Juez fijó una multa al Banco ICBC S.A. por retardo en contestar un oficio, por la suma de pesos treinta y cinco mil ($35.000) y se lo intimó para que deposite dicho monto en una cuenta correspondiente al Poder Judicial de la Provincia (cfr. fs. 11/12 vta.).- Ante el incumplimiento por parte de la entidad bancaria se procedió a formar el presente incidente de ejecución, todo ello en el Juzgado de Paz. Con posterioridad, la funcionaria a cargo de dicha dependencia se declara incompetente para llevar adelante la ejecución de la multa y remite el expediente a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia -Receptoría de Expedientes- y esta a su vez lo envía al Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de esta ciudad. Funda su decisión en que el valor de la multa excede al que la ley determina para la intervención de la justicia de paz y agrega que “…no corresponde que la suscripta inicie la etapa de ejecución…toda vez que recaería simultáneamente en la misma persona la calidad de parte y juez, afectando con ello el principio de imparcialidad…” (cfr. foja 29).- A su turno el Sr. Juez del Juzgado Provincial de Primera Instancia indicado precedentemente refuta la radicación de las actuaciones ante el Juzgado a su cargo, devolviéndolas a la Justicia de Paz (cfr. foja 30).-
Finalmente, y a efectos de dirimir la contienda de competencia, las actuaciones son elevadas a este Alto Cuerpo.-
A fs. 44 y vta. emitió su dictamen el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia quien sostuvo, por los fundamentos que allí esgrimió y a los cuales remitimos en honor a la brevedad que le asiste razón al Juez de Paz, motivo por el cual las actuaciones deberían quedar radicadas ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de esta ciudad.-
III. En el “sub lite” en el marco de un proceso principal que tramita en la Justicia de Paz (caratulado “Levill Guerra, Alfredo s/ Pedido de Información Sumaria (Pensión a la Vejez)”, Expte. Nº L-070/18, se fijó una multa a un Banco, en los términos del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial, por el retardo en contestar un pedido de informes. Llegado el momento de ejecutar dicha multa, se formó el respectivo incidente, donde se intimó al Banco deudor a pagar. Luego de ello y advirtiendo el Juzgado de Paz que el monto al que asciende la multa de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) excede el establecido en el artículo 67, inciso a) de la Ley Nº Uno -que le atribuye competencia para entender en acciones civiles y comerciales, siempre y cuando el valor cuestionado no exceda de determinada suma (al día de la fecha $ 25.000) (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo CCXXVI, Reg. 102, Folio 182)- se declara incompetente y remite los autos al Juzgado Pro-vincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de esta ciudad.-
IV. A fines de resolver el diferendo suscitado entre ambos magistrados, es preciso tener en cuenta que la ejecución de la multa es un incidente, accesorio, de un proceso principal y en este caso la regla es que tiene competencia para conocer en los incidentes el Juez que interviene en el proceso principal (cfr. art. 6°, inc. 1° del CPC y C).-
Es oportuno destacar que de acuerdo a la distribución de la competencia que prevé en este caso la Ley N° Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modifica-torias, es competente para entender en el juicio principal la Justicia de Paz y es allí donde éste último se encuentra radicado; en consecuencia la incidencia suscitada en dicho proceso debe también tramitar en dicho juzgado.- Desde otro ángulo, el Código Procesal Civil y Comercial en sus artículos 478 y 479 establece reglas claras para resolver este litigio. Prevé el artículo 478, inciso 2° que a la ejecución de multas procesales se le aplican las reglas previstas para la ejecución de sentencias en el artículo 477 y, más importante para este caso, el artículo 479 que, en lo que aquí importa, determina que será juez competente para la ejecución: inc. 1°: el que pronunció la sentencia; inciso 3°: el que haya intervenido en el proceso principal si mediara conexión directa entre causas sucesivas.- Además, el ordenamiento procesal contiene principios que son directivas u orientaciones generales en las que se inspiran las reglas normativas que contiene.
Dichos principios son pautas a la luz de las cuales deben interpretarse los artículos que conforman el Código adjetivo (cfr Palacio, Lino E. “Manual de Derecho Procesal Civil”, Vigésima Edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, pág. 52).- Entre los mentados principios se encuentra el de economía procesal, el cual es comprensivo de todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso. Constituyendo una variante de este principio, aparece el de concentración que apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad procesal en la menor cantidad de actos y a evitar por consiguiente la dispersión de dicha actividad; y el de celeridad que procura evitar la prolongación de los plazos y elimina trámites procesales superfluos (cfr. aut. y ob. cit., págs. 59/60).- Conteste con el criterio ut supra propugnado, jurisprudencial-mente se ha expresado: “Determinándose la competencia en razón del valor al momento de la presentación de la demanda, la circunstancia de que con posterioridad dicho monto variara por alguna razón, no modifica la competencia originariamente atribuida o fijada en virtud de la suma demandada.” y “El hecho de que a raíz de un convenio de pago efectuado con posterioridad a la iniciación de la acción ejecutiva, surja un monto mayor al accionado, excediendo el valor de competencia dispuesta para la Justicia de Paz, no modifica la competencia originalmente atribuida al Juzgado que entiende en la causa.” (cfr.
“Banco Provincia de Misiones vs. F. A. E. s. Ejecutivo - Rechazo de inhibición”, CCC Sala III, Posadas, Misiones; 22/02/1995; Boletín Judicial Publicación Oficial del STJ de Misiones; publicado en Rubinzal on line, cita: RC J 6759/07).-
V. Por último, el argumento para declinar la competencia del Juzgado de Paz, fundado en que el juez a cargo de dicha dependencia sería parte interesada en la ejecución no puede ser receptada. Porque teniendo en cuenta el destino previsto para los fondos que pudieran obtenerse (cfr. Ley Nº 2377), el impedimento alegado por la funcionaria subrogante del Juzgado de Paz sería común a todos los magistrados dependientes del Poder Judicial de la Provincia, careciendo dicho planteo de debida justificación.- En consecuencia, de acuerdo al análisis precedentemente efectuado, doctrina y jurisprudencia citadas, corresponde declarar competente para continuar interviniendo en el presente incidente, al Juzgado de Paz de Río Gallegos.-
VI. Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar competente para continuar interviniendo en el presente incidente, al Juzgado de Paz de Río Gallegos.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009I.211 Tomo: XXXII Interlocutorio: 3588 Folio N°: 6211/6212 Secretaría: 1
Fin de la sentencia