Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa L-2253/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 284/291 vta. y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 298 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: L-2253/18-TSJ Interlocutorio N°: 3481 Actor: LEVIN FRANCO EDUARDO Demandada: GONZALEZ PAOLA Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO Y/O TI- TULAR DEL COMERCIO 'GAUCHITO GIL' Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 10-04-2019 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3481 FOLIO Nº 5947/5951 PROT. ELECT. TSS1 023 I.191
Río Gallegos, 10 de abril de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “LEVIN FRANCO EDUAR- DO c/ GONZALEZ PAOLA Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO Y/O TI- TULAR DEL COMERCIO 'GAUCHITO GIL' s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº L-15. 727/14 (L-2253/18-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y:
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 284/291 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cáma-ra de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Cir-cunscripción Judicial obrante a fs. 275/280 vta. que confirmó parcialmente el pro- nunciamiento dictado en Primera Instancia que había hecho lugar parcialmente a la demanda laboral incoada (cfr. fs. 241/247 vta.).-
La recurrente afirma que: “Esta parte insiste nuevamente ya que este agravio no fue analizado correctamente su postura inicial de que el actor Levin, se colocó en situación de despido indirecto de manera incorrecta, por lo cual la sentencia mal puede reconocer como legítimos los créditos laborales derivados de ese despido incorrecto.” (cfr. foja 284). Al respecto agrega: “La pretensión de la parte ac- tora no puede tener andamiaje en derecho, pues el despido indirecto en que se colocó fue contra lo que disponen las normas específicas sobre el tema. En efecto si el actor intimó la regularización de la relación laboral debió esperar el plazo de treinta días que establece la Ley 24013 antes de proceder a colocarse en situación de despido indi- recto, por ende y en consecuencia de sustentarse su pretensión en una postura contra derecho su demanda no puede prosperar.” (cfr. foja 285).- Por otro lado, expresa que: “…esta parte se agravia de que la sentencia haya reconocido créditos laborales derivados de un despido indirecto justi- ficado, y le otorga las indemnizaciones que por ley corresponde pero sin tope y sin la declaración de inconstitucionalidad del art. 245 que hubiera justificado el otorgar in- demnizaciones sin tope que establece el art. 245 LCT, pues consideramos que no se han respetado los requisitos para llegar a esa declaración, siendo por ende la sentencia contra derecho pues no ha respetado las normas vigentes.” (cfr. foja 287).-
Respecto de la base de cálculo salarial alega: “…el tomar como base de cálculo la cifra que menciona el fallo recurrido, sin topes y sin distinción de rubros remunerativos y no remunerativos, y sin distinguir como lo establece la norma que regula la cuestión que establece que solo deben tomarse en cuenta los rubros normales y habituales, lo cual también desconoce el fallo y la base de cálculo que to- ma ...” (cfr. foja 290).-
Expresa que no resulta de aplicación lo establecido por el artí- culo 2 de la Ley Nº 25323, como concluye el fallo en crisis (cfr. foja 290 vta.).-
Por último se agravia de la admisión del reclamo de horas ex- tras (cfr. foja 291).-
A foja 290 vta./291 hace reserva del caso federal.-
A foja 298 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 312 pasen los presentes al Acuerdo.-
II. Corresponde en ésta oportunidad efectuar el examen preli- minar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que autoricen la admisibilidad del recurso intentado; teniendo en cuenta que -tal cual reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraor- dinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.- Sentado ello, sin perjuicio de advertir la identidad de los términos expuestos por la recurrente en el recurso de apelación (cfr. fs. 255/262 vta.) y en el recurso de casación (cfr. fs. 284/291 vta.) que denota una deficiente técnica re-cursiva; y analizados los mismos es posible concluir que sus cuestionamientos se dirigen a aspectos fácticos del decisorio: objeta la configuración de injuria laboral habilitante del despido indirecto, así como el cumplimiento de horas extras y rubros que componen la base utilizada para el cálculo de la indemnización; sin que se advierta a lo largo de su exposición, planteos de orden jurídico de fondo que autoricen la revisión de los argumentos que sostienen el fallo de Cámara.- Es decir, que los argumentos se circunscriben a cuestiones de hecho y prueba, no obstante que se invoquen para ello normas de fondo, las que se mencionan someramente.
“A los fines de fundar el Recurso de Casación es improce- dente el descontento de la empleadora accionada respecto de la valoración de la prue- ba por la cual el a quo tuvo por acreditada la relación laboral y categoría denunciada por la actora, ello así, dado que los cuestionamientos de esa índole se vinculan con la amplitud de las facultades de los jueces de instancia para seleccionar y valorar las pruebas rendidas ante ellos y atañen a aspectos que resultan gobernables por aquéllos y -por vía de principio- ajenos al carril extraordinario.” (cfr. sum. STJ Santiago del Estero, sala criminal, laboral y minas, “Reyes Patricia Karina c/ Obispado de Santiago del Estero s/ diferencia de indemnización por antigüedad, etc.- casación laboral”, del 15/10/2012, www.informaciónlegal.com.ar.
Cita online: AR/JUR/57557/2012). Asi-mismo “…cabe recordar que tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituye materia reservada a los jueces de mérito. El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige -art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo-...Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa…” (cfr.
SCBA, “N.R.O. c/ Aguas Bonaerenses S.A.”, del 06/03/ 2013, causa: L.101.011, www.informaciónlegal. com.ar. Cita online: AR/JUR/6602/2013).- Reiteradamente ha dicho este Tribunal Superior de Justicia que las cuestiones de hecho y prueba son ajenas al ámbito de la casación: se advierte que los planteos de la recurrente remiten a cuestiones fácticas, ajenas al ámbito casa- torio. En efecto, la impugnación está estructurada en torno a circunstancias extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial. Las impugnacio- nes sólo evidencian discrepancias con los fundamentos del decisorio pero no logran demostrar la sin razón de aquellos (cfr. Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305).
En éste contexto es que el recurso, como se apuntara, carece del con- tenido necesario para abrir la vía intentada. Este Alto Cuerpo ha señalado, reiterada- mente, que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que esta conduzca a un apartamiento palmario de la solución ju- rídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En la especie, los agravios remiten a materias propias de los jueces de la causa y aje- nas a la instancia casatoria (cfr. Interlocutorio, Tomos VI, Reg. 893, Folio 1044/ 1046; XI, Reg. 1462, Folio 2044/ 2045 entre otros).
En estos casos la cuestión no pue- de sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Jus- ticia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de cuestiones de hecho y prueba, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han vio- lado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. Interlocutorio, Tomos XXI, Reg. 2685, Folio 4097/4099; XXI, Reg. 2661, Folio 4030/4032; XXII, Reg. 2767, Folio 4301/4305), circunstancias, estas últimas que no acontecen en el sub lite.- En este orden, conviene recordar que el absurdo hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o un grosero error material en la interpreta- ción de la prueba producida.
No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo. Es necesario, en cambio, que se demuestre un importante desarreglo en la base del pen- samiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (cfr. SCBA, “Vivas José A. c/ Oreans S.A”, del 03/09/2008. www.informaciónlegal. com.ar. Cita publicación: 70055333; ídem TSJ Santa Cruz, Sentencias, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394; Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- De modo que las quejas del recurrente han sido puntualizadas a fin de encaminar sus agravios para lograr un nuevo examen de los hechos, lo que re- sulta desechable en esta instancia por resultar ajeno al marco en que se desenvuelve este recurso.-
Así pues, el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apela- ción derivado del análisis de los hechos relatados por las partes y de acuerdo a la pos- tura asumida por cada una de ellas, no puede ser objeto de censura en la instancia ex- traordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o viola- ción de la ley, circunstancia esta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia ata- cada, se encuentra debidamente fundada, y constituye un acto jurisdiccional válido, más allá del acuerdo, o no, que se pueda tener con el criterio sustentado (cfr. TSJ San- ta Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito por- tador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquella que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, de- terminaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En términos generales, este Alto Tribunal ha sostenido que: “…la crítica concreta y razonada que se exige como requisito de la fundamentación de la senda recursiva debe apuntar a demostrar la incorrecta demarcación de la base fáctica (incorrecta valoración de la prueba y de la limitación de la situación y relacio- nes jurídicas) o la incorrecta calificación legal de la misma, esto es, la deficiente co- nexión de los hechos con el ordenamiento. Es decir, que si el recurrente ataca uno, o todos los elementos del silogismo utilizado por el magistrado para arribar a su conclu- sión, esto es, la base fáctica, la base normativa o la base resolutiva, la fundamentación del recurso debe consistir en una operación lógica, que apunte a demostrar la falsedad de la premisa mayor, de la menor o de la conclusión.” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273).- Y en lo que atañe específicamente al motivo contemplado en el artículo 3°, inciso a) del régimen de casación se ha indicado que: “…la impugnación debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los he- chos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate de la recurrente se dirige a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2663, Folio 4034/4039).” (cfr. fallo cit.).- El cotejo de estas premisas con los argumentos desplegados en la pieza impugnativa de fs. 284/291 vta., permite advertir que esta última no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
En efecto, la primera tarea que debe emprender la recurrente cuando se propone emplear esta vía extraordinaria, es la recta interpretación del pro- nunciamiento que se dispone a impugnar; si defecciona en esta labor, es decir, si de- sinterpreta el fallo, dirigiendo la crítica a premisas o conclusiones que no constituyen la verdadera motivación de la sentencia, el recurso será insuficiente.-
En el caso bajo estudio, la recurrente erige sus cuestionamien- tos en base a una pretendida violación al artículo 11 de la Ley Nº 24013, enfatizando que el actor no cumplió con el plazo de 30 días que establece dicha norma.-
Ahora bien, estos argumentos denotan únicamente un embate parcial contra los fundamentos expuestos en el acto sentencial, puesto que sobre di- versos puntos de la motivación expuesta por los jueces de la Cámara no recayó ataque alguno.-
En este sentido, es dable advertir que la propia sentencia en cri- sis concluye que: “...En el caso en particular, el empleador guardó silencio frente a la intimación de regularización del trabajador y según el principio de buena fe debió contestarla dentro de los dos días hábiles a fin de evitar que se presuma cierto lo afir- mado por el trabajador en su misiva, sin perjuicio de contar con el resto del plazo para dar cumplimiento a la registración o rechazar el pedido...” (cfr. foja 277 vta.).-
Nada de esto ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la recurrente, quien centra sus fundamentos exclusivamente en que el trabajador debía esperar 30 días para considerarse despedido, sin importar cuál fuera la actitud de la empleadora.-
Para que la pieza recursiva asuma su condición de suficiente- mente fundada es menester que los fundamentos de la sentencia sean objeto de efecti- va impugnación en su integridad, pues, de lo contrario, aquellos de los cuales no se haya hecho cargo la recurrente y que por sí solos sirven para sustentar en derecho la decisión, provocan la firmeza de ésta. Siguiendo esta línea, este Alto Cuerpo ha soste- nido que: ' “...es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, puesto que la insuficien- cia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestio- namiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal…” ' (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3344, Folio 5580/5584).- Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cá- mara que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que esta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
El mismo criterio de la sentencia en crisis ha sido receptado por antecedentes jurisprudenciales, entre los cuales podemos citar: “Resulta evidente en- tonces que Rindecar SRL contaba con el plazo legal de 48 horas para contestar si re- gularizaba o no la relación laboral de acuerdo con los datos denunciados y, en caso afirmativo, contaba con un plazo de 30 días para hacerlo (cfr. art. 11 de la ley 24.013). Por las razones expuestas, considero que el despido decidido por el actor con motivo de la actitud adoptada por su ex empleadora frente a sus reclamos, se encuentra justificado, en los términos del art. 242 de la LCT…” (cfr. CNTrab., sala I, “V., M. A. c/ Rindecar S.R.L.”, del 15/08/2011, www.informaciónlegal.com.ar.
Cita Online: AR/JUR/49190/2011).- Aún reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por si sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento sufi- ciente para agraviarse por violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal Superior de Justicia, al decir que: “Cuando existen distintas visiones sobre el 'thema decidendum', como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Interlo- cutorio, Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/ 4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- La recurrente se agravia también de la base utilizada para el cálculo de la indemnización, respecto de lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que: “Tiene dicho esta Corte que la determi- nación del haber remuneratorio percibido por el trabajador con la finalidad de estable- cer la base para el cálculo del resarcimiento correspondiente, constituye una típica cuestión de hecho y prueba que, como tal, se encuentra privativamente reservada al tribunal de la causa y detraída del ámbito de la excepcional vía de la casación, salvo el supuesto de absurdo (conf.
L. 88.330, 'Calderón', sent. del 31-VIII-2007), vicio que no logra acreditar el impugnante en su queja, quien, para más, no ataca el razona- miento explicitado por el a quo para arribar al importe cuestionado.” (cfr. SCBA, “López, Juan Ismael Osvaldo c/ ARDAPEZ S.A. s/ Despido”, del 22/02/2012, causa LP L 99.688). Lo que resulta completamente aplicable al presente, por lo que corres- ponde desestimar el presente agravio.- Igual temperamento ha de sostenerse con relación al trabajo en horas extras reconocidas a la actora, que la accionada niega, puesto que este Alto Cuerpo ha sostenido que: “ '…Determinar si el dependiente laboró, o no, en jornada extraordinaria configura una típica cuestión de hecho que deriva de la valoración de la prueba pertinente que, como tal, se encuentra reservada a la instancia ordinaria, y marginada de la casación salvo la eficaz demostración de absurdo…' (confr.
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires…) extremo que no pudo ser acreditado en el caso, toda vez que los argumentos opuestos se agotaron en un mero intento de sustituir el criterio del juzgador por el propio.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- En virtud de lo expresado, considero que la recurrente no ha logrado fundar adecuadamente su recurso, correspondiendo declararlo mal conce- dido.-
III. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por la demandada a fs. 284/291 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declarar-lo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cá- mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Cir- cunscripción Judicial obrante a foja 298 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casa- ción- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presen- te la reserva del caso federal. Así lo voto.- Voto de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
Si bien comparto y adhiero al pronunciamiento de mis distin-guidos colegas preopinantes en relación a la solución arribada en autos, estimo pertinente realizar algunas consideraciones:
I. Se observa que los fundamentos del recurso de casación constituyen una reproducción prácticamente exacta de los agravios esbozados en el recurso de apelación (cfr. fs. 255/262 vta.), lo que denota una deficiente técnica recursiva. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que: “...resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reproduce similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, que ya fueron analizados y resueltos por la Cámara actuante y se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante sin lograr demostrar el error jurídico que justifique la tarea casatoria de esta Suprema Corte...” (cfr. “Alvarez Sosa María c/ Valero Daniel y otros s/ Simulación” y su acumulada “Alvarez Sosa María Esther c/ Valero Daniel Félix y otros s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (exc. Estado)”, causa C. 119.753).-
II. Ante la comprobación de que el recurso de casación bajo estudio reproduce casi en su totalidad el texto contenido en el escrito portador de su recurso de apelación, lo que denota la inexcusable ligereza con la que el letrado patrocinante de la parte demandada encaró su actuación ante esta instancia extraordinaria, corresponde -a tenor de la facultad conferida por el art. 18 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz y el art. 35, inc. 3 del CPC y C, aplicable a los procesos laborales en virtud de lo dispuesto por el art. 121 de la ley 1444- formular un severo llamado de atención al Dr. Alberto Luciani para que en lo sucesivo ajuste su labor profesional a la alta función que tiene encomendada.-
III. Tampoco resulta de recibo el agravio relativo a la imposi-ción de la sanción contenida en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323, a tenor de las consideraciones vertidas anteriormente. En efecto, al resolver su procedencia los jueces de la Cámara expusieron los fundamentos en virtud de los cuales hicieron lugar al rubro aqui impugnado, a saber: que la demandada incurrió en mora en el pago de las indemnizaciones por preaviso, integración del mes de despido y antigüedad; que el trabajador lo intimó fehacientemente a cumplir con el pago de las indemnizaciones referenciadas otorgándoles un plazo para hacerlo y, ante su incumplimiento, promovió acción judicial (cfr. foja 279). Nuevamente nos hallamos ante una cuestión fáctica, circunstancia que impone la misma suerte adversa para la impugnante (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3079, Folio 5013/5016), en tanto la recurrente debió denunciar y evidenciar la existencia del vicio del absurdo, y no limitarse a plantear con una técnica por demás objetable en forma manifiestamente subjetiva su desacuerdo con la decisión de grado. Así lo voto.- Los Sres Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 284/291 vta. y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 298 y vta.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1023I.191 Tomo: XXX Interlocutorio: 3481 Folio N°: 5947/5951 Secretaría: 1
Fin de la sentencia