Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala I · Causa 77761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada. Costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68 del CPCC). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad procesal (art. 31 ley arancelaria).
Causa N° 77.761 Reg. Int. nº I-
77761/ ld /J Paz 3 Feb.
“MEDICI NATALIA SOLEDAD C/ MIOLA MAXIMILIANO ALBERTO S/ LEY 12569"
General San Martín
El recurso de apelación interpuesto por el denunciado contra el resolutorio de fecha 15 de septiembre de 2020, donde se ordena la prohibición de ingreso y acercamiento en forma provisoria por el término de NOVENTA (90) días corridos, al Sr. MIOLA MAXIMILIANO ALBERTO, al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la Sra. MEDICI NATALIA SOLEDAD y su hijo JOAQUIN NAHUEL MIOLA de 4 años de edad, sito en la calle Rauch nro. 2379 Caseros, Pdo. de Tres de Febrero, fijando a tal efecto un perímetro de exclusión en forma provisoria de CINCO cuadras a la redonda para permanecer o circular por determinada zona, autorizándose al personal policial de la Comisaría de la jurisdicción en que se encuentre, a prestar el auxilio requerido para el fiel cumplimiento de la medida ordenada. Asimismo se insta al Sr. Miola Maximiliano Alberto, a cesar en todo tipo de agresiones o molestias sean fisicas o psicologicas y por el medio que pudieran ser provocadas y también de todo tipo de amenaza verbal, telefónica, por medio de mensaje de texto o por cualquier medio de comunicación. En caso que el supuesto agresor se niegue al cumplimiento de la medida precautoria, el personal policial se encuentra facultado para hacer uso de la fuerza publica. (art. 7 incs. a y b Ley 12569, su reglamentación Decreto 2875 y su Modificación Ley 14509) y en caso de que el denunciado no cumpla con la medida cautelar dictada en autos, se informa que se aplicaran las sanciones establecidas en el art. 7 bis de la Ley 12569 y se dará intervención a la Justicia Penal ante la posible comisión del delito de desobediencia. También se pone en conocimiento de la Sra. MEDICI NATALIA SOLEDAD, que las medidas dispuestas en la presente, rigen recíprocamente para ella respecto al domicilio y persona del denunciando bajo iguales apercibimientos.-
El recurrente presentó su apelación el día 08/10/2020, en recurso que fue concedido en relación y con efecto devolutivo el 14/10/2020, en la misma fecha se designó al Dr. ALEJANDRO H PAGLILLA, como Asesor de Incapaces, quien se presentó en autos el 16/10/2020.-
La expresión de agravios fue presentada el 22/10/2020, sin perjuicio de que el recurrente haya expuesto argumentos al momento de apelar -en contradicción a lo dispuesto por el art. 245 2do párrafo del CPCC-, lo cierto es que el memorial ha sido presentado en término del art. 246 del mismo cuerpo legal, y la omisión del Juzgado de desglosar y devolver el escrito no puede perjudicar al recurrente.-
A través del memorial acompañado en forma oportuna, el denunciado se orienta a señalar, en lo medular, la diferente versión de los hechos que fueran sustento para el dictado de la medida otorgada, cuyos pormenores se exponen y a los que brevitatis causae cabe remitirse, negando en consecuencia los actos de perturbación, intimidación y hostigamiento expuestos por la parte accionante. Señala la inexistencia de los presupuestos fácticos que dieron lugar a la medida implementada; expresa y reitera en diversos tramos que su intención sólo se orienta a establecer comunicación y contacto con su hijo, de lo que se considera impedido por conductas de la accionante; califica la medida dispuesta como injusta y que ha sido dictada por el Juez de Primera Instancia sólo con la declaración de la Sra. Miola con un relato totalmente faláz conforme los hechos que expone en el memorial.-
Destaca que, como la medida nunca le había sido notificada, ha dado lugar a la denuncia efectuada por la Sra. Medici -causa penal PP-15-00-034580-20/00 Medici, Natalia Soledad s/Desobediencia - Art.239 ( N° IPP: PP1500-34580-2000)- acusándolo por el delito desobencia, hecho que nunca sucedió atento que no se encontraba anoticiado de la medida impuesta, produciendo también que su parte denunciara el 17/7/2020 -ante la Cámara Criminal y Correcional de Capital Federal- a la Sra. MEDICI NATALIA SOLEDAD por impedimento de contacto, pues desde el cumpleaños de su hijo Joaquin Nahuel no tiene contacto con el mismo ni con la Sra. Medici atento que no lo deja vinculase con él.
Informa que la Sra. Medici en redes sociales amenaza, hostiga y maltrata a su actual pareja, por lo que envió carta documento a los fines que cese su conducta.
Alega que la accionante realizó la denuncia que dió inicio a los presentes autos el día 5 de septiembre por un hecho que supuestamente había ocurrido dos semanas antes de efectuar la misma, y que la conducta descripta por la denunciante resulta imposible toda vez que desde “marzo” no tiene contacto con ella ni con su hijo y, señala que ninguno de los hechos denunciados ha existido y hace su relato de los acontecimientos destacando que desde el 20 de marzo del corriente año se le impidió ver a su hijo ni comunicarse con él.
Reconoce haber visto a su hijo el 26 de abril a raiz de su cumpleaños cuando le llevó su regalo, y agrega que la aquí accionante persistió en su conducta obstruccionista, no dejándolo comunicarse ni telefónicamente con su hijo. Considera que tal postura pone en serio riesgo la relación paterno filial, e inclusive la identidad sexual del niño.
Insiste en que todas las denuncias fueron inventadas, y forman parte de una estrategia de la Sra. Medici con el objeto de impedir el contacto de Joaquín Nahuel con su padre y la familia paterna, trayendo aparejada la actuación del aparato represor estatal con las consecuencias perjudiciales que conlleva, manchando su honor, su tranquilidad, su salud, y especialmente en su trabajo después de 10 años de ejercicio en las fuerzas policiales.
Niega que haya existido violencia alguna de su parte, ni amenazas hacia la Sra. Medici y ni a su hijo, y, por el contrario, considera que es un padre que quiere revincularse con su hijo y que la medida vigente es un abuso de este instituto, mediante el cual se afectó el derecho de la defensa, provocándole el perjuicio –en esta ocasión irreparable- de impedirle ver a su hijo.
Señala que no se encuentran reunidos los requisitos que toda medida cautelar require, dado que –a su criterio- no existe verosimilitud en el derecho para que proceda la medida dispuesta atento que no hay certeza de verdad en el derecho o pretensión deducida en el marco del juicio, ya que todas las denuncias efectuadas por la Sra. Medici fueron falsas, maliciosas y carentes de fundamento.
Tampoco encuentra el peligro en la demora, para justificar la medida tomada, dado que un simple temor o aprehensión derivados de circunstancias subjetivas o personales del solicitante, no pueden ser apreciados como fundamento de la medida cautelar vigente.
Sostiene que los tribunales en sus fallos deben propiciar la comunicación lo más fluida posible entre padre e hijo, pues es casi redundante recordar que todo niño necesita mantener una estrecha relación con ambos padres para su adecuada y mejor formación. Los dos roles, el materno y el paterno, resultan fundamentales a lo largo de la vida del niño en la estructuración de su identidad, es por ello que considera que el fallo de grado viola el interés superior del niño, al prohibir el contacto con el padre no conviviente conforme denuncia penal acompañada en las presentes actuaciones.-
Cita doctrina y jurisprudencia.-
Concluye que la Sra. Medici utilizó vías judiciales para impedir el contacto con su hijo, alegando como causal un supuesto hecho de violencia y la violación de la medida cautelar y considera que no se aprecian elementos probatorios que permitan seguir admitiendo la falta de comunicación paterno-filial, por lo que no es posible acoger el absurdo denunciado (arg. arts. 279, 384, C.P.C.C.) y que es deber del juzgado poner todos los medios a su alcance para restablecer una adecuada relación, obrando con sumo cuidado y cautela y adoptando una conducta activa encaminada a la revinculación.
Solicita se revoquen las medidas apeladas y pueda revincularse con su hijo menor Joaquín Nahuel. Imponiéndose las costas a la contraria .Hace reserva del caso federal.-
En su conteste, la actora, en primer término señala irregularidades procesales que ya fueron tenidas en cuenta por este Tribunal en párrafos anteriores, como así también señala que en la redacción de los agravios se la cite como “Sra. MIOLA”, sin tener en cuenta lo dispuesto por el art. 62 del CCyC, pues, el hecho de que la referida sea una mujer casada, jamás podría implicar que se vea obligada a utilizar el apellido de su cónyuge, toda vez que al emplearlo en una causa tan delicada como lo es un proceso de violencia familiar, no sólo se estaría violando su derecho a la identidad, sino que también –en el contexto de violencia que ha sufrido- resulta una burla macabra hacia su persona.-
En cuanto a los agravios expuestos destaca que tiene dicho la jurisprudencia que, quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor, como así también que, cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias, tal como lo es la valoración de la prueba, es imprescindible demostrar, a más de denunciar fehacientemente, que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio con las circunstancias de la causa. Por lo tanto considera que los argumentos recursivos no conmueven la medida dispuesta en autos.-
Realiza un análisis punto por punto de lo expuesto por el apelante y controvierte cada uno de ellos ofreciendo prueba documental, informativa y testimonial para sustentar sus afirmaciones y refutar lo manifestado por el apelante.
Hace reserva del caso federal.
Solicita se tenga por ofrecida la prueba, se produzca la misma, y se decrete el rechazo del recurso esgrimido por su opositora con imposición de costas.-
Previo al análisis de la cuestión sometida a decisión por ante este Tribunal, cabe puntualizar, que en el marco de la concesión brindada al recurso (art. 241 del CPCC) y lo establecido por el art. 270 del CPCC en su 3º párr., no resulta posible la apertura a prueba por ante esta instancia y por lo tanto, en virtud del límite cognoscitivo impuesto a esta Alzada por los arts. 266 in fine y el 272 del CPCC, tanto aquella, como el requerimiento probatorio solicitado exceden el límite de conocimiento autorizado (art. 272 del CPCC). - Luego de esta aclaración y avocándonos al tema objeto de controversia, tanto de las circunstancias expuestas al incoarse la denuncia, lo informado actuarialmente con motivo de la comunicación telefónica establecida en fecha 15/9/2020, lo manifestado a través del memorial, y su contestación; sin perjuicio de las disimilitudes expresadas respecto de los motivos que originan el desarrollo de los acontecimientos aquí ventilados, en uno u otro caso, los distintos sujetos intervinientes coinciden, en la existencia de situaciones de tensión, desentendimiento incluso disputas que enmarcan la actualidad del intercambio vincular. Sitúan qué, prevalentemente, estas controversias se manifiestan en torno al establecimiento de comunicación y contacto respecto del hijo en común Joaquín Nahuel. - Expuestos brevemente los pormenores del conflicto, en relación a cuestiones como la aquí tratada, ha señalado esta Sala con anterioridad causas (60.315, 61.253, 61.677, 62.807, 63.388, 68.917), que el procedimiento especial implementado para el dictado de algunas de las medidas urgentes previstas en la ley 12.569 (modif por ley 14.509), a los efectos de amparar a las personas en situación de violencia familiar, no implica un decisorio de mérito, y de allí que, las denuncias realizadas en sustento de esta regulación, tienen por única finalidad, evitar una escalada de violencia, e independientemente del cauce procesal por el que deben transcurrir otros procesos entre las partes. Además, en función del carácter temporal y eminentemente cautelar que poseen este tipo de medidas, corresponde exhortar a las partes a la búsqueda y elaboración de una resolución definitiva del conflicto, máxime si se encuentra involucardo el Interés Superior de su hijo menor de edad.-
Corresponde destacar la premura con la cual la ley intenta abordar este tipo de conflictos, el art. 7 inc. n) de la ley 12.569 - manteniéndose con la reforma de la ley 14.509 – donde se establece, que, desde el conocimiento del hecho hasta la adopción de las medidas, el juez interviniente, no podrá exceder el término de las 48 horas. -
Del mismo modo, en comentario a la ley 24.417, dictada a los efectos de tutelar las mismas situaciones en el ámbito nacional y cuyos lineamientos son similares a la normativa imperante en el ámbito provincial (Kemelmajer de Carlucci, A., Dº Procesal de Familia-I, Revista de Dº Procesal, pág. 151/152, edit. Rubinzal-Culzoni. 2002), se ha consignado, que la “sospecha” de malos tratos autoriza al juez al dictado de medidas urgentes, destinadas a poner fin a la situación de riesgo denunciada, no pudiéndose exigir al denunciante que acredite la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y preste contracautela con el mismo rigor que se exige para el resto de las medidas cautelares en el Derecho de Familia y mucho menos con el que se exige para las medidas cautelares en general. Y que, por el contrario, frente a esa sospecha fundada, el tribunal debe flexibilizar las exigencias. - Sin perjuicio de lo reseñado, ciertamente, conforme a la normativa antes citada, y en función de lo preceptuado en sus arts. 8 y 9, no estarían agotadas las medidas prescriptas en orden a extraerse un cuadro más preciso de la situación de violencia, como tampoco ha tomado intervención el Equipo Técnico del Juzgado. De todas formas, puede extraerse, según antes se ha expuesto y es admitido por aquellos, que subyace una relación que distaría de ser la adecuada, la que es fuente probable de otros potenciales conflictos, como los que se habrían producido y con el riesgo inminente que continúen produciéndose, pues si bien en forma disímil, ambas partes reconocen la inadecuación en que se encuentra subsumida la trama vincular. - Asimismo y conforme a la situacion particular que enmarca los presentes ha de estarse a lo previsto por el art. 14 de la ley 12.569 (modif por ley 14.509) a los fines de un adecuado seguimiento de la situación.
Sobre el particular, cabe precisar también como pauta de valoración, que las medidas de seguridad previstas en la ley de protección contra la violencia familiar responden a las nuevas concepciones en la materia, que aconsejan más, la protección de la víctima que la sanción al agresor, pudiendo afirmarse que dicho principio es rector para el dictado de toda medida cautelar en este ámbito. Y, por otra parte, la ley acuerda a los jueces, un amplio margen de discrecionalidad para evaluar los hechos y el derecho en cada situación planteada (esta Sala en causa 65.313 y 66.166, 68.917). - Con estas directrices, puede concluirse entonces, que, sin perjuicio de la ausencia de mayores elementos de convicción, pero existiendo suficiente verosimilitud en el relato de las circunstancias fácticas aducidas por la parte accionante y en virtud de la índole eminentemente preventiva de las medidas que es necesario dictar, debe adoptarse algún recaudo, a los efectos de impedir cualquier situación disvaliosa. -
Lo expuesto no es óbice para destacar, la premura del iudex de grado para cumplimentar los recaudos pertinentes que establecen los arts. 8 y 9 de la ley 12.569 modif por ley 14.509 para permitir establecer, con mayor precisión, el grado de conflicto existente, puntualizándose también, que se deben extremar los cuidados a los efectos que medidas como las aquí recurridas, no constituyan instrumentos inadecuados a los fines pretendidos. máxime en casos como el de audos donde la medida incluye al hijo en común de las partes, este Tribunal considera como medida para mejor proveer, la intervención del equipo interdisciplinario, para así conocer con mayor amplitude el estado del niño involucrado.-
Respecto de la vigencia de las medidas cautelares en materia de Violencia Familiar, la presente se ha venido adecuando conforme las sucesivas resoluciones, ampliaciones y modificaciones-, dictadas por la SCBA, tal el caso de la Resolución SPL N° 30-20 y actualmente la Resolución SPL N°71-20 del 17/12/2020 que dispone la prórroga y/o ampliación del plazo de las medidas cautelares o de protección como la dictada en estos obrados hasta el 10 de febrero de 2021 inclusive.-
En virtud de los fundamentos desarrollados, el recurso interpuesto no puede prosperar. –
POR ELLO, con el alcance indicado, se confirma la resolución apelada. Costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68 del CPCC). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad procesal (art. 31 ley arancelaria). REGÍSTRESE. DEVÚELVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/12/2020 12:51:05 - LAMI Carlos Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 13:13:47 - PEREZ Maria Silvina
Funcionario Firmante: 29/12/2020 13:35:01 - DE SIMONE Osvaldo Horacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia