Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0701 7003 19/J
CN °: 0701-7003-19/J.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 0701-7003-19/J seguida a Raúl Edgardo Onorato, Raúl Alejandro Onorato y Jorge Luis Onorato , por LEY 14.346 (PROTECCION DE ANIMALES) ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
El señor Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°6 departamental resolvió condenar a Raúl Edgardo Onorato a la pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional más las costas del proceso, a Raúl Alejandro Onorato a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional más las costas del proceso y a Jorge Luis Onorato a la pena de 6 meses de prisión de ejecución condicional y costas del proceso por resultar coautores del delito de "Infracción al art. 2 inc.1ero en función del art. 1ro. de la Ley 14.346".
Apelado dicho fallo por el señor defensor particular, doctor Leonardo Carlos Barnabá, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez doctor Rojas dijo:
La asociación civil "Caballos de Quilmes", representada en la presente por la Sra. Karina Dotto, y el "C.R.R.E" (Centro de rescate y rehabilitación equino), constituidos en carácter de particular damnificado, con el patrocinio letrado del Dr. Leonardo Barnabá, apelan la sentencia emitida por el juzgado interviniente a raíz del acuerdo arribado de abreviar el tramite del proceso en los términos del art. 395 del C.P.P.
En la decisión que se interpela, el "a quo" dispuso condenar a Raul Edgardo Onorato a la pena de ocho meses de prisión y las costas del proceso, a Raul Alejandro Onorato a la pena de seis meses de prisión y las costas del proceso, y a Jorge Luis Onorato a seis meses de prisión de ejecución condicional y costas, por resultar coautores del delito de "infracción al artículo 2° inciso 1° en función del art. 1° de la ley 14.346"
Ahora bien, quien apela sostiene haber solicitado oportunamente se imponga a los condenados la pena de inhabilitación especial prevista por el art. 20 bis del Código Penal, por lo que, al no obtener respuesta favorable, insiste en esta instancia que se haga lugar a su pedido incluyéndose aquella dentro del pronunciamiento dictado, delimitando así, el contorno del agravio sobre el que reclama su atención.
En su presentación, expone que en el hecho en trato, los imputados llevaban adelante tareas de comercialización de animales, actividad que dice continúan desarrollando, dando cuenta de numerosas multas y llamados de atención.
Refiere que Raúl Edgardo Onorato desempeñaba junto a sus hijos una labor que requería autorización para su realización (ley 22939/83 - código rural de la provincia de Bs. As. - ley 10081/83) como también del SeNaSA para tener animales dentro de un predio (Res. 423/14) y, así, la habilitación para su funcionamiento.
Apunta que cualquier sujeto que pretenda personarse como propietario de un equino, debe contar con su marca registrada en la "oficina de guías" municipal (luego del año de vida -dice- es obligatorio el marcado de todos los equinos) así como con un establecimiento con inscripción (habilitación) en el RENSPA - Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios-, que sólo puede contener una cantidad de animales directamente proporcional a los inscriptos en dicho registro municipal de marcas.
Destaca que los condenados, con absoluto conocimiento y experiencia, realizaban aquellas tareas de la siguiente forma: Equinos mayores al año sin marca y equinos con marca de otros propietarios en directa violación de la ley 10081/83. Espacio donde se alojaban los equinos careciente de número de RENSPA en franca violación con la Res. SeNaSA 423/2014 y 617/2005. Campos interdictados por el Ministerio de Agroindustria debido a irregularidades en el predio y respecto de la propiedad de los equinos. Enorme Cantidad de Multas y hasta una sentencia condenatoria referida justamente al robo de equinos.
Menciona, por otra parte, que los condenados realizaban actividades que eran llevadas a cabo de forma inaudita y absolutamente desconsiderada, dejando a los animales sin alimento ni agua potable, circunstancia que evidenció un grado de maltrato en proporciones pocas veces vista en nuestro país, en violación no sólo de la ley 14.346 sino también de normas como el art. 28.1 y 28.3 de la Resolución 617/2005 de SeNaSa.
Enfatiza, que el 24 de noviembre de 2021, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria aplicó a Edgardo Raúl Onorato una nueva multa por hechos similares a los expresados, prohibiendo el ingreso de animales.
Concluye en que según su parecer, la situación descripta se enmarca en la letra y espíritu del art. 20 bis del código penal, al advertir un claro abuso por parte de los incusos en el desempeño de sus actividades, las que llevaron a más de cuatrocientos equinos a una tremenda y agonizante muerte, sin mencionar a todos aquellos que luego del hambre, la enfermedad y la absoluta falta de atención a la que fueron sometidos, fallecieron aún con la ayuda de las organizaciones que voluntariamente colaboraron.
Por tales razones, en atención a que la pena impuesta -dice- no logra desalentar verdaderamente el tipo de conductas que describiera, entiende que únicamente a través de la prohibición de llevar adelante actividades de esa índole es que podrá evitarse que vuelvan a ocurrir, por lo que solicita se incluya dentro de la pena estipulada la de inhabilitación especial por diez años para poder ejercer cualquier actividad referida al trato de animales (agraria, agroindustrial o de mero acopio) de las que son autorizadas y/o habilitadas tanto municipalmente, como por parte del SeNaSA o del Ministerio de Asuntos Agrarios Provincial. En subsidio, demanda se imponga dicha medida por el plazo de cuatro años como regla de conducta a los imputados.
Ceñido así el embate recursivo, corresponde reparar en los motivos que diera el "a quo" para denegar la petición realizada por el letrado apelante.
En tal sentido, el sentenciante entendió que no resultaba aplicable la inhabilitación especial prevista por el art. 20 bis del Código Penal, al no encontrar probada la realización de una actividad en cuyo ejercicio abusivo o incompetente tuvo lugar el delito, señalando que tales extremos no podían deducirse solamente de la ilicitud de una conducta, a la par de no observar "la necesaria relación que debe existir entre su ocurrencia y la incompetencia o abuso en el desempeño de la profesión de los causantes".
Pues bien, conforme a lo señalado he de adelantar que, a mi modo de ver, el rechazo de cuanto se pretende no ha sido objeto de una acabada justificación, puesto que el juzgador se ha limitado a exponer su parecer sin exteriorizar el razonamiento que lo condujera a no tener por probada ninguna de las exigencias del tipo (incompetencia o abuso), en tanto que tampoco embebió la decisión de un análisis concreto que permita evaluar aquello que tomara en cuenta para desechar la ausencia de relación entre la actividad sancionada y su ejercicio abusivo o incompetente; más aún, cuando una primera aproximación del caso permite entrever que lo aquí se reclama tiene por objeto impedir la renovación de una labor cuyo desempeño, en cuanto a modo y circunstancias, ha sido meritado y desvalorado -con notorios detalles que ilustran un escenario estrictamente vinculado con la actividad que se pretende inhabilitar- a lo largo de la sentencia y que sin más, ha llevado a tener por responsables a los aquí imputados.
En suma, si bien es cierto que lo que se solicita no tendría lugar únicamente a partir de la comprobación de la "ilicitud de una conducta", se advierte un déficit argumentativo en los motivos sobre los que se sustentara tal inferencia, por lo que adelanto, el recurso será atendido favorablemente.
Veamos el hecho que se tuvo por probado y el plano jurídico que conduce a determinar la procedencia de lo que se pide.
La acción típica que se tuvo por acreditada, consistió, conforme a la descripción de la materialidad ilícita, en que "desde fecha no determinada y hasta el día 21 de agosto de 2019, tres sujetos de sexo masculino mayores de edad le infligieron malos tratos a cuatrocientos cinco (405) animales de raza equina de distintos pelajes, sexo y edades, al no alimentarlos en cantidad y calidad suficiente, tratándose de animales cautivos respecto de alguno de los cuales detentaban su tenencia y de otros su propiedad, encontrándose alojados en el predio sito en la calle Paso de los Libres s/n entre las arterias Falucho y Ruta 52 de la localidad de Tristan Suarez, partido de Ezeiza, ocasionando dicha omisión la muerte de alguno de ellos y avanzado estado de desnutrición en los restantes".
La ley 14.346 -promulgada en el año 1954 y que hoy mantiene su texto original - en su artículo primero, sanciona con prisión de quince días a un año al que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, en tanto el inciso primero de su segundo artículo, prevé que serán considerados actos de maltrato "no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos"
Por su parte, el dispositivo legal cuya aplicación se pretende (art. 20 bis inc. 3ro. del C.P.), en lo que aquí interesa, establece que podrá imponerse inhabilitación especial aunque esa pena no este expresamente prevista, cuando el delito importe "incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público"
Como primer punto, corresponde destacar que la norma citada importa una previsión genérica por lo que puede ser aplicada a cualquier delito cuando la acción ilícita demuestre al mismo tiempo incompetencia o abuso de una profesión o actividad, y tiene, por su parte, una función asegurativa dirigida a evitar la renovación o continuidad de una actividad relativa a la comisión del delito.
Al respecto, se dice que esta "inhabilitación, que exhibe un marcado carácter preventivo especial, es de aplicación facultativa", por lo que el delito debe hallarse vinculado al ejercicio de una actividad reglamentada, y el hecho delictuoso debe denotar incompetencia o abuso - Omar Breglia Arias - Omar R. Gauna, Código Penal y Leyes Complementarias, Comentado, Anotado y Concordado, pág. 144 -
Por ello, el razonamiento debe canalizarse atendiendo a que la conducta típica consiste en la vinculación entre la comisión de un delito y el ejercicio de las actividades a las que se refiere el precepto en forma de incompetencia o abuso -Marcelo Alfredo Riquert, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Tomo I, pág.124-
Va de suyo, que la acción descripta en el caso, vendría a encontrar cobijo bajo la figura de "abuso", por cuanto a que como enseña Nuñez, la incompetencia alude a la falta de saber o aptitud para el desempeño de la actividad, en tanto que el abuso, como aquí lo entiendo, ha tenido lugar mediante un ejercicio contrario a los fines de la ley excediendo los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres -Ricardo Nuñez, Manual de Derecho Penal, Parte General, 4ta. Edición actualizada, Marcos Lerner, Córdoba, 1999, pag. 308-
Fontán Balestra nos enseña que "abusa" quien "a sabiendas, usa ilegítimamente las facultades, la capacidad, los conocimientos o los medios propios de la actividad que ejerce". Asimismo, debe tratarse de una actividad que se ejerza con intervención del poder público, entendiendo "por tal el Estado en sentido lato, nación, provincias, municipios, en la esfera de sus respectivas atribuciones" -Carlos Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, Tomo III, segunda edición, ed. Abeledo-Perrot, pag. 399/400-
Así también, se ha entendido por "abuso" tanto un exceso como el uso arbitrario de las facultades que otorga la autorización, licencia o habilitación, precisándose que comete abuso quien altera los fines de la actividad que realiza o las aplica para distintos fines de los que las mismas persiguen -Eugenio Raul Zaffaroni/ Alejandro Alagia/Alejandro Slokar, Derecho Penal, Parte General, pag. 983-
Desde esa perspectiva, entiendo que en lo que aquí ha acontecido, el abuso vendría dado en el desarrollo de una actividad llevada adelante al margen de todo registro y control de los entes estatales que la regulan, y en la cual, ilegalidad mediante, los encausados mantenían indefensamente a una gran cantidad de animales sometiéndolos al abandono y distintos tratos crueles, inhumanos y mortificantes, desconociendo sus derechos esenciales como seres sintientes y negándoseles sus necesidades básicas; tales como una alimentación suficiente y apropiada para mantener su salud, atención veterinaria, cuidado, bienestar, protección, desarrollo libre en un medio adecuado e indispensable, ajeno a todo padecimiento psíquico que les produzca miedo y estrés, así como también un entorno que incluya áreas de refugio y descanso, entre otros.
Tengo para mí, que cualquier decisión, en este caso de orden jurisdiccional, dirigida a evitar la continuidad o la reiteración de acciones como las que el caso revela, siempre que cuenten con una plataforma probatoria común que permita vincular el hecho ilícito materia de sentencia y la actividad a inhabilitar, debe ser especialmente tomada en cuenta, y a la vez, adecuadamente promovida y difundida desde una mirada preventivo especial de la sanción punitiva, sin que deba perderse de vista que, como es sabido, el art. 20 bis del C.P. viene a cubrir un espacio sancionatorio dejado de lado por algunos delitos que no tienen prevista a la inhabilitación como pena conjunta.
En tal sentido, debe colocarse el foco no sólo en la necesidad de la aplicación de esta pena complementaria o conjunta, sino también en los efectos disuasivos de su instrumentación, siendo éste un juicio valorativo que para su correcta determinación exige detener la mirada en el marco fáctico descripto por el juzgador a lo largo de la justificación convictiva que expusiera al decidir como lo hiciera.
Se erige así, el particular escenario que exhibe el material de cargo relevado por el juzgador, en el que prolifera el menosprecio por la vida y la dignidad de los animales a cuyo cargo tenían los imputados, cobrando especial relevancia el estado en el que fueron hallados y la consecuencia inevitable de ello que deparó en la muerte de varios ejemplares rescatados al inicio de la pesquisa.
A lo largo de la decisión interpelada, pueden advertirse varias referencias realizadas por el sentenciante que hacen alusión a la situación de maltrato a la que eran sometidos los animales, las que ilustrara como "pocas veces vista" y en una "situación de absoluto abandono y en un predio sin pasturas suficientes ni provisión de agua potable, lo que llevó a la muerte a algunos de ellos y a un estado de desnutrición avanzado", sin hallarse rastros de alimentos para contrarrestar la falta de pasto natural.
Congruentemente, recopiló como fueron encontrados animales siendo devorados vivos por fauna carroñera debido a que, ante el estado de desnutrición y deshidratación que presentaban no podían levantarse, hallándose improntas de "pedaleo" que indicaban la imposibilidad de incorporarse, evidencias del sufrimiento al que habían sido sometidos y que permitían abordar el panorama en que fueran hallados los equinos, cuyo inventario determinó un total de 384 ejemplares de los cuales 110 se encontraban con merma muscular y en distintos estados de debilidad, en tanto el resto, si bien presentaban mejores condiciones, era propio del caso que no sería así en un futuro inmediato dada la falta de atención y alimentación.
Concluyó el sentenciante, entre otros aspectos, afirmando que a los imputados, conocedores de la actividad en trato con animales, no podía pasarles por alto la situación en que se encontraban, lo que dijo entonces llevarlo a considerar que eran concebidos por aquellos como "meros objetos descartables, unidos por un denominador común: La desnutrición, la enfermedad, el hambre, la sed, el maltrato y el desprecio absoluto por su vida, así como un desconocimiento absurdo frente a su sufrimiento"; extremos que evaluados en su conjunto permiten contextualizar las acciones subyacentes a la sanción penal finalmente impuesta y dan pábulo suficiente para conmover lo decidido en el sentido propuesto.
Entiendo así, que la relación existente entre el delito comprobado y la actividad que abusivamente era llevada adelante por los imputados, proporciona el sustento necesario para su adecuación al marco normativo referenciado supra, y de esa forma, tener por configurados los recaudos típicos que hacen viable la implementación de la inhabilitación especial prevista por el art. 20 bis inc. 3ro. del C.P. en los términos que se solicita.
La solución propuesta responde a una demanda insatisfecha que exige un activismo judicial que por medio de sus sentencias priorice en lo específico la necesidad de asegurar el bienestar y protección de seres sensibles no humanos, y ello, desde una mirada interdisciplinaria que no puede ser ajena a la evolución legislativa y jurisprudencial que paulatinamente ha comenzado a afianzarse en la materia.
Ello así, en sintonía con aquel paradigma que identifica a los animales no humanos como sujetos de derecho, lo que significa acompañar las nuevas demandas de justicia de una sociedad en la que conviven personas humanas con diversas especies de animales, bajo el estándar de seres sintientes.
La protección de los animales o sujetos de derechos no humanos se encuentra prevista como una aspiración para los Estados también en el ordenamiento internacional. En tal sentido, en 1977 se sancionó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada al año siguiente y posteriormente aprobada por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la cual algunas provincias argentinas adhieren mediante sus legislaciones. La misma, proclama en el art. 2 que todo animal tiene derecho al respeto -inc. "a" -, "que el hombre "no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o de explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales" -inc. "b"-, a la vez que "tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre" -inc. "c"-. Con mayor justeza al caso de autos, el art. 3ro. específicamente establece que "Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles".
Por su parte, la Sociedad Mundial para la Protección Animal, ha propuesto la "Declaración Universal sobre Bienestar Animal" (DUBA), con la finalidad de reconocer que los animales son seres capaces de sentir y sufrir, promoviendo el bienestar, respecto y exterminación de actos de crueldad.
Si bien no existe duda científica al respecto de que los animales no son objetos inanimados, siendo la ley 14.346 certera en este punto al haber otorgado el legislador el carácter de víctima al animal vulnerado en sus derechos subjetivos, pero a sabiendas de que la legislación mayoritariamente les atribuye en rasgos generales la asimilación a cosas, semovientes u objetos, respondiendo aún a una lógica determinada por el pensamiento cartesiano, existe en el plano jurisprudencial una tendencia a adecuarse a la realidad fáctica, brindando otro marco más acorde, para resguardar a los animales no humanos de los abusos de la sociedad actual. Por ello, todos los animales gozan de una más estimada consideración, que deriva en un i
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