Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 115272208-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la decisión apelada. Las costas de Alzada se imponen al Fisco, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, segundo párr., CPCCN).
2En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificada a la parte demandada el 9/2/26, sin que aquélla cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
935/2026 “LG PALOPOLI ARGENTINA SA (TF 115272208-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 23 de abril de 2026.
VISTA: La elevación del expediente TF 115272208-A (v. DEOX del 6/2/26) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 06/08/2025 (v. IF- 2025-85913765-APN-DTD#JGM) concedido el 09/09/2025 (v. PV-2025-100185261- APN- VOCXVIII#TFN), contra la sentencia dictada el 27/05/2025, en cuanto declara la nulidad del Art. 2° de la Resolución RESOL-2024-2409-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, con costas al fisco nacional (v. IF2025-56562720-APN-VOCXVIII#TFN). Por su parte, la actora contestó el traslado corrido en la PV2025-100185261-APN-VOCXVIII#TFN el 30/09/2025 (v. IF-2025-108585436-APN-DTD#JGM)” (v. pág. 557 del expediente electrónico); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación admitió el planteo de LG Palopoli Argentina SA y declaró la nulidad del artículo 2º de la resolución RESOL-2024-2409-E- AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en el expediente SIGEA 12196-1423-2014, en cuanto la había intimado al pago de tributos con relación a la destinación de importación 14 001 IC04 017266Y. Impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, recordó que: (i) la actuación tenía origen en una denuncia por la supuesta inaplicabilidad del certificado de origen relativo a la mercadería importada, debido al incumplimiento de los requisitos previstos en la resolución MEOySP 763/96; (ii) con posterioridad, se liquidaron los tributos resultantes de la falta de acreditación del origen de la mercadería y se dispuso la apertura de un sumario en los términos del artículo 1090, inciso c, del Código Aduanero, por la presunta comisión de la infracción prevista en el inciso a, del artículo 954; (iii) finalmente, se dictó la resolución aquí apelada, por la que se absolvió a la actora en el aspecto infraccional, pero se la intimó al pago de la diferencia de tributos.
Precisó que el servicio aduanero consideró apropiada la absolución con respecto a la imputación por declaración inexacta. No obstante, sin dar previa intervención a la sumariada, reclamó por un presunto perjuicio fiscal que, en rigor, no se había constatado. Hizo énfasis en que la apertura del sumario y la liquidación tributaria no habían sido comunicadas a la recurrente, dado que se omitió correr la vista prevista por el artículo 1101 del código, y que aquélla se anotició directamente de la decisión absolutoria; de la que, no obstante, se desprendían consecuencias tributarias.
Remarcó que los tributos reclamados a la recurrente presuponían el perjuicio fiscal a que hace referencia la figura del artículo 954, inciso a, del Código Aduanero; por la que se había instruido el sumario. En esas condiciones, y al no habérsele corrido vista, tuvo por incumplidos los más mínimos recaudos que hacen al derecho de defensa del imputado. También indicó que se trataba de una omisión no subsanable en esa instancia, toda vez que conllevó la violación del debido proceso, de raigambre constitucional.
2. Que, en la expresión de agravios, el Fisco Nacional cuestionó la interpretación rígida que el Tribunal Fiscal de la Nación realizó respecto del artículo 1094 del Código Aduanero, al sostener –a su entender- que todos sus incisos debían cumplirse en un mismo acto. Señaló que tal postura carecía de sustento lógico-jurídico, pues la apertura de sumario que omite ciertos incisos, pero ordena su cumplimiento, igualmente produce efectos suspensivos e interruptivos de la prescripción, al haber identificado los hechos constitutivos de la infracción y dispuesto las medidas pertinentes. Insistió en que se debía evitar una aplicación “automatizada” de esa norma.
Por otro lado, destacó la arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de las pruebas. Destacó que la mercadería importada estaba sujeta a derechos antidumping y, para eximirse de ellos, el importador debía acreditar su origen distinto al país investigado. Sin embargo, el certificado de origen presentado no cumplía con los requisitos de la resolución 763/96, lo que derivó en un perjuicio fiscal y en la denuncia correspondiente. La infracción prevista en el artículo 954, inciso a, se consideró configurada “prima facie”, aunque el juez administrativo absolvió a la actora por existir un estado de duda respecto de la sanción. Finalmente, subrayó que, pese a la absolución en sede infraccional, se mantuvo la formulación del cargo por los tributos omitidos, en virtud del principio de indisponibilidad de los créditos fiscales. Y aclaró que la clausura de la investigación no obedeció a una CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 935/2026 “LG PALOPOLI ARGENTINA SA (TF 115272208-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
falencia del sumariante, sino a una decisión razonada de la autoridad administrativa, que reconoció la falta de aplicación del certificado exigido y resolvió en consecuencia.
3. Que esta Sala interpreta que el reclamo tributario contenido en el artículo 2º de la resolución en cuestión debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones, que culminó con una resolución absolutoria (v. esp. auto de instrucción sumarial y considerandos de la resolución, en las págs. 266 y 270-273 del expte. cit.). A su vez, no es materia de controversia que se arribó a tal solución por aplicación del principio que obliga a resolver los casos de duda en favor del imputado, pero sin dar previa intervención al incriminado para que acreditase los hechos que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban el reclamo de la diferencia tributaria. Debe repararse en que la resolución impugnada se dictó sin que se hubiera corrido vista del sumario a la parte actora. En esas condiciones, deviene aplicable el criterio adoptado por esta Sala en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, resol. del 9/2/12 y 56691/15 “Ramirez, Horacio Omar c/ DGA”, resol. del 5/4/16, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes.
4. Que, sólo a mayor abundamiento, si se interpretase que se está ante una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en este caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de una diferencia de gravámenes (arg. arts 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente a la fecha de emisión del acto).
Nótese que, en los considerandos de la propia resolución aduanera se consigna que, en el caso, no fue posible “determinar fehacientemente si […] dicha mercadería resulta o no ser del origen invocado” (v. p. 271, expte. cit.). Es decir, que no fue posible determinar el verdadero origen del bien y, por consiguiente, si correspondía o no el nivel de derechos declarado y abonado por la importadora.
Esa circunstancia impedía que se configurase el efecto lesivo del tipo infraccional del artículo 954, inciso a, del Código Aduanero, pero también el presupuesto de hecho que legitima el reclamo de los tributos que se habrían dejado de pagar. Así es que, ante la ausencia de elementos que permitiesen tener por acreditada la improcedencia de la preferencia arancelaria, el Fisco debió resignar también la pretensión tributaria (en igual sentido, cfr. esta Sala causa 46837/22 “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sent. del 13/9/22, y sus citas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la decisión apelada. Las costas de Alzada se imponen al Fisco, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (art. 68, segundo párr., CPCCN).
2. En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificada a la parte demandada el 9/2/26, sin que aquélla cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicar astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
El juez de Cámara Jorge Eduardo Morán no suscribe por hallarse de licencia (art.
109, RJN).
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión ordenada.
MARCELO DANIEL DUFFY ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia