Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 29530 3
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el pedido de inconstitucionalidad del artículo 52 en función del artículo 80 ambos del CP;
2No hacer lugar a la solicitud de determinación temporal de finitud de la pena perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado que en autos cumple Juan Carlos Merlo;
3No hacer lugar a la incorporación del referido encausado al régimen de libertad previsto en el artículo 53 del CP. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del propio causante en modo pauperis y de la Defensa Oficial que lo asiste legalmente . Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 80.1, 52, 53 y cctes. CP; 1, 15, 21, 106, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-29530-3 "MERLO JUAN CARLOS S/ LIBERTAD CONDICIONAL - IPP. 36617/99".
En la ciudad de Mar del Plata, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° INC-29530-3 caratulados "MERLO JUAN CARLOS S/ LIBERTAD CONDICIONAL - IPP. 36617/99", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Raúl Alberto Paolini y Pablo Martín Poggetto.
1. Que el Sr. Juez de Ejecución Ricardo Gabriel Perdichizzi no hizo lugar a los pedidos defensitas de agotamiento de pena y subsidiario de libertad condicional solicitudes realizadas en favor del penado Juan Carlos Merlo.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recuso de apelación el propio Merlo en modo pauperis.
Concedido ese remedio, en cumplimento de la manda del artículo 3 de la ley 12256 y modif., el pasado 11 de mayo del corriente año se realizó la correspondiente audiencia. En atención a las peticiones de las partes efectuadas en ese contexto, la presente causa pasó a resolverse en modo escrito.
Tal lo expuesto y a fin de relevar los pedidos realizados debe recordarse que ante esta instancia la Sra. Defensora Oficial Fabiana A. Danti, en primer lugar, solicitó la inconstitucionalidad del artículo 52 del CP dado que el encausado fue condenado en autos a la pena de reclusión perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado ello en atención a lo previsto en los artículos 80 primer párrafo e inciso 1 en función del artículo 52 del CP. En segundo término entendió que la pena debe ser temporal y el encausado saber cuando se agota la sanción que cumple, criticando en este punto el criterio del a quo que fijó ese término en 37 años y 6 meses. Por último, peticionó el otorgamiento de la libertad condicional de su defendido en el entendimiento que reíne todos los requisitos legales para acceder a ese régimen.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo:
1. Que tal como obra en autos Juan Carlos Merlo fue condenado a la pena de reclusión perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado por resultar autor penalmente responsable del delito calificado como homicidio agravado por el vínculo, dos hechos en concurso real.
En el contexto de las peticiones formuladas debe dejarse constancia que Merlo permanece privado de libertad desde el día 19 de noviembre del año 1999.
Además, tal como obra en el oportuno informe de plazos de detención realizado en el legajo, en función que la sentencia condenatoria descripta quedó firme el día 26 de septiembre del año 2006, se estableció que debería computarse a la luz de la disposición contenida en el artículo 7 de la ley 24390 un plazo suplementario de cuatro años, diez meses y ocho días.
2. Que ingresando al pedido de inconstitucionalidad formulado, si bien es cierto que el mismo fue realizado ante esta instancia tal como lo marcó el Sr. Fiscal General Adjunto en la audiencia desarrollada en autos el pasado 11 de mayo del corriente, también lo es que esta Alzada al ingresar al tratamiento de la referida solicitud no violenta garantía alguna del encausado; máxime en atención a que el tema convocante es solicitado por la Defensa y que, a todo evento, en la estructura del procedimiento vigente existen mecanismos revisores a fin de garantir la adecuación a derecho del presente pronunciamiento.
Así, en el marco expuesto, debe señalarse que no se comparte el análisis que realiza la Defensa para fundar el pedido de incostitucionalidad que formula. En efecto, tal como lo expresó la CSJN en el conocido fallo "Gramajo" (G. 560. XL. Recurso de hecho "Gramajo, Marcelo Eduardo s/ robo en grado de tentativa causa N° 1573C", sentencia del 5 de septiembre del año 2006) y, más recientemente, en causa "Alvarez" (CCC 70150/2006/TO1/1/2/RH1 "Alvarez, Guillermo Antonio y otro. Robo con armas", sentencia del 22 de agosto del año 2019) la inconstitucionalidad decretada en el primer precedente de cita fue respecto a la accesoria por tiempo indeterminado prevista en el artículo 52 del CP para el caso de múltiples reincidentes. Así, teniendo en cuenta lo expuesto en la referida causa "Alvarez", donde expresamente se trató la reclusión por tiempo indeterminado impuesta a una pena accesoria del artículo 80 del CP -como el supuesto de autos - debe interpretarse que esa previsión legal resulta compatible con nuestra constitución; ello en atención a que allí el máximo Tribunal trazó la diferencia entre el multireincidente y el condenado a reclusión por tiempo indeterminado derivada de la manda del artículo 80 del CP.
Baste consignar que en "Alvarez" recordando el Superior que "... el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los jueces el poder prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de su posible injusticia o desacierto", concordó con lo dictaminado en esos autos por el Procurador Fiscal. Es precisamente en este dictamen, en tesitura que en el presente caso se comparte, donde se deja sentado que "... la adopción de la pena de prisión perpetua, tal como se encuentra regulada en el derecho nacional, esta dentro de las atribuciones de política criminal que la Constitucional Nacional reserva al Congreso y no hay nada en el derecho internacional de los derechos humanos que conduzca a negar de plano esa facultad".
Siendo así la reclusión por tiempo indeterminado prevista como una sanción accesoria a la pena perpetua conminada para los casos del artículo 80 del CP, situación dada en autos, no deviene inconstitucional tal como lo postula la Defensa.
3. Que sentado lo anterior, corresponde ingresar al pedido de previa determinación temporal de finitud de la pena que debe observar en autos Merlo.
En primer lugar se impone advertir que, en la dinámica de las previsiones del código penal, se establece un modo mediante el cual se logra la libertad definitiva en los casos de condena a reclusión perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado. Consecuentemente y teniendo en cuenta que en supuestos como el de autos se está haciendo alusión a los casos mas graves de disvalor de acción, el mandato de certeza se encuentra satisfecho; ello dado que cumpliendo con los recaudos legales el penado adquiere la finitud de la pena que debe observar.
Siendo así no puede convertirse una pena absoluta, como la impuesta al encausado Merlo, en una a plazo fijo previamente determinado, tal como lo dispuso el sentenciante de origen. La dinámica del código penal marca el sendero que debe transitar el encausado para adquirir la finitud de su pena y, cierto es que en ese camino interviene el nivel de resocialización que el penado vaya adquiriendo en el devenir de la sanción privativa de libertad que debe cumplir. Consecuentemente, la culminación de la pena no puede determinarse con anterioridad dado que depende de la progresividad en su ejecución que experimente el penado.
4. Que a tenor de lo hasta aquí expuesto se impone relevar que el artículo 53 del CP establece "... trascurridos cinco años del cumplimiento de la reclusión accesoria, el tribunal... estará facultado para otorgarle la libertad condicional..." .
En el caso se impone explicitar cuando se logra adquirir ese requisito temporal solicitado por el legislador. En este punto no se comparte el criterio del a quo respecto a que en la sistemática del CP aplicable al caso (CP; 2) la pena máxima prevista ascienda a 37 años y 6 meses (CP, 277 ter). Nótese que en el supuesto de autos no estamos frente a un caso de los previstos en los artículos 55 y 58 del CP (antes de las modificaciones de las leyes 25892 y 25928; a todo evento CSJN "Estévez", 8 junio 2010) sino ante la determinación del monto de pena que indique "el cumplimineto de la reclusión accesoria" (CP, 53) para a partir de allí efectuar la sumatoria de cinco años que marca el artículo 53 del CP a fin de acceder al requisito temporal que, unido a los demás recaudos que exige el citado artículo, permita al encausado el acceso al régimen de libertad allí previsto.
En este camino interpretativo la exégesis del código de fondo ajustada al caso de autos (CP, 2) marca que si en el caso de los condenados a prisión perpetua (antes de la sanción de las ya citadas leyes 25892 y 25928) era posible que accedan a la libertad condicional (CP, 13 ) cumplidos veinte años de privación de libertad y con cinco años de control de reglas de conducta se extinguía esa sanción, pues la máxima pena prevista en el CP efectivamente ascendía a 25 años de prisión.
Al caso de autos y teniendo en cuenta la norma del artículo 53 del CP a ese monto de pena máxima ( indicativo del "cumplimiento de la reclusión accesoria") deben añádírsele cinco años más de privación de libertad, tal como lo ordena el referido artículo. Consecuentemente el condenado a prisión perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado adquirirá el requisito temporal para acceder a un régimen de libertad observados 30 años de privación de libertad. Obtenida esa libertad (donde se deben verificar además los recaudos que específicamente ordena el artículo 53 del CP) y trascurridos cinco años de cumplimiento de obligaciones, con previa evaluación del este período de prueba, el condenado podrá solicitar la libertad definitiva.
5. Que a tenor de todo lo aquí considerado e ingresando al pedido de libertad condicional formulado, debe señalarse que Merlo aún no adquirió el requisito temporal para el acceso a la libertad que el artículo 53 del CP.
Nótese que el encausado fue privado de libertad en autos el día 19 de noviembre del año 1999. Y, aún contabilizando el plazo suplementario de cuatro años, diez meses y ocho días informado en autos y no cuestionado en esta instancia (Ley 24390 art. 7), a la fecha no reúne 30 años de privación de libertad.
Siendo así, la libertad solicitada en favor de Merlo no puede ser tratada.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal resuelve: 1) Rechazar el pedido de inconstitucionalidad del artículo 52 en función del artículo 80 ambos del CP; 2) No hacer lugar a la solicitud de determinación temporal de finitud de la pena perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado que en autos cumple Juan Carlos Merlo; 3) No hacer lugar a la incorporación del referido encausado al régimen de libertad previsto en el artículo 53 del CP. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del propio causante en modo pauperis y de la Defensa Oficial que lo asiste legalmente . Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 80.1, 52, 53 y cctes. CP; 1, 15, 21, 106, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 31/05/2023 15:03:46 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2023 15:03:56 - PAOLINI Raúl Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2023 15:04:05 - GERULA María Anastasia - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 31/05/2023 15:04:28 hs. bajo el número RS-37-2023 por GERULA MARIA ANASTASIA.
Fin de la sentencia