Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 33474 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la Defensa Oficial y;
2Confirmar la resolución dictada con fecha 14 de julio por el Juez de Ejecución, Ricardo G. Perdichizzi, que deniega el pedido de libertad condicional formulado en favor de Daniel Victor Iriarte. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-33474-1. "IRIARTE DANIEL VICTOR S/ LIBERTAD CONDICIONAL Y MODIFICACION DEL COMPUTO DE PENA".
Mar del Plata, 13 de Agosto de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-33474-1, y de cuyas constancias,
Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto en forma pauperis por el propio encausado, Daniel Víctor Iriarte, contra la resolución dictada con fecha 14 de julio por el Juez de Ejecución, Ricardo G. Perdichizzi, que deniega el pedido de libertad condicional formulado en favor del primero.
Informa que el Sr. Iriarte ha sido condenado en autos a la pena única de cuatro (4) años de prisión y multa de pesos dos mil ($2000), no fue declarado reincidente y según surge del cómputo de pena, dicha sanción pena,l se agotará el 01 de marzo de 2022, con lo cual el 01 de noviembre del 2020, se encontrará en condiciones temporales de acceder a su libertad condicional (CP., art. 13), por lo tanto el requisito temporal para acceder a la Libertad Asistida, se encuentra cumplido desde el 01 de mayo del corriente año (art.104 de la ley 12.256).
Advierte que el encartado registra conducta alfanumérica de Ejemplar Diez, concepto Bueno, ha utilizado favorablemente las herramientas tratamentales, ya que no solo realizó cursos de formación profesional, sino que además ha realizado tratamiento psicológico y por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, como así también cuenta con un domicilio en el cual será recibido en caso de egreso.
Critica que el dr. Perdichizzi resolvió no hacer lugar a la incorporación del causante en dicho instituto debido -principalmente a que encuentra impedido de acceder al mismo por el tipo de delito por el cual fue condenado (art. 14 del CP) y, a su vez, porque no cuenta con un informe de conveniencia por parte del SPBA.
Sostiene la inconstitucionalidad del art. 14 del CP, en tanto dicha norma configura una clara discriminación en lo que respecta a la entidad de ciertos ilícitos, en cuyo caso de comisión y posterior condenación tornan imposible el acceso de los internos al régimen de libertad condicional, importando ello una evidente transgresión al principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de nuestra Constitución Nacional.
Sobre este punto, y más allá de lo pudo haber resuelto la Corte Provincial en este sentido, entiende que el alcance de este principio en supuestos como el que nos ocupa ha quedado fijado claramente por la Corte Nacional cuando sostuvo que: "resulta atinente recordar que en el aludido caso "Nápoli" (Fallos: 321:3630) este Tribunal relevó lo afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica (Fallos: 318:514, considerando 11, segundo párrafo— en el caso "Suárez Rosero" (sentencia del 12 de noviembre de 1997), en el que se sostuvo que resulta violatoria del principio de igualdad una excepción que despoja a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental por la sola naturaleza del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados (conf. párrafo 98)." (CSJN, Fallo: V. 210. XLI., caratulado "Recurso de hecho deducido por Linda Cristina Veliz en la causa Veliz, Linda Cristina s/ causa n° 5640", rto. el 15 de junio de 2010).
En base a ello, no quedan dudas que las previsiones del art. 14 del Código Penal importan una clara violación del principio de igualdad ante la ley (CN., art. 16; D.U.D.H., 7) .
Aduce que la norma implica un cercenamiento automático de la posibilidad de acceder a la progresividad del régimen de ejecución de la pena y desnaturaliza todo el sistema que se encuentra previsto para lograr la adecuada reinserción social de los detenidos, por lo que resulta contrario a la finalidad misma de la pena, es decir la resocialización de los condenados (art. 18 CN; 5 inc. 6 CADH; 10 inc. 3 PIDCP.).
Recuerda que a partir de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 ha quedado incorporada la finalidad de "prevención especial" o "readaptación social" para la pena privativa de la libertad: arts. 75 inc. 22 Constitución nacional; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y con jerarquía superior a las leyes internas, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (regla 63 y siguientes). Y, resulta evidente que el fin de reinserción social que configura tanto la ley provincial como la nacional de ejecución penal (arts. 4 y 1 respectivamente), queda soslayado mediante la inserción de determinados ilícitos en un catálogo más o menos arbitrario de figuras, que determina que sus autores no podrán gozar de los institutos que se encuentran precisamente establecidos para garantizar que se logre ese objetivo constitucional.
Continúa afirmando que la norma aquí cuestionada también transgrede el principio de progresividad de la pena, previsto por el art. 6 de la Ley Nacional 24.660, que en su parte pertinente establece: “El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina”. Cita doctrina, normativa y jurisprudencia.
Alega que el análisis debe tener en cuenta la situación carcelaria actual.
Por todo ello, entiende que no resulta operativa la restricción que surgiría del art. 14 del CP.
Respecto del fondo de la cuestión, aduce que existen sobrados motivos para apartarse de las reservas informadas por las autoridades penitenciarias que fueron valoradas por el Juez de Ejecución ya que las mismas se encuentran vinculadas casi exclusivamente a cuestiones que tienen que ver con la personalidad y al devenir vital del sujeto, lo cual resulta inadmisible en un Estado que pretenda ser de derecho (CN., art. 19). Cita jurisprudencia y hace referencia a los principios de reserva y culpabilidad.
Concluye que el causante reúne todas las condiciones como para acceder al beneficio, debiendo tenerse en cuenta además el contexto actual de pandemia sumado a la situación de hacinamiento y crisis sanitaria de las cárceles
En primer lugar, corresponde expedirse respecto del planteo de inconstitucionalidad.
Iriarte cumple pena por resultar autor penalmente responsable de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia simple de estupefacientes, hechos cometidos el primero de ellos en la ciudad de Balcarce el 02/03/18 y los dos restantes en la ciudad de Mar del Plata el 21/10/17 y el 22/01/18.
Como bien señala el Juez de Ejecución, los hechos por los cuales ha sido condenado el causante han sucedido con posterioridad al dictado de la ley 27.375 (BO 28/7/2017), la cual impide a los sujetos condenados por ciertos delitos acceder al beneficio de libertad condicional, entre los que se encuentra en el inciso 10 del art. 14 del Código Penal -conforme la reforma citada- los delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace.
Sin perjuicio de que el planteo de inconstitucionalidad no se ha formulado en la instancia de origen, corresponde dar respuesta en esta instancia, toda vez que resulta una cuestión de orden público.
Según lo ha sostenido el Superior Tribunal federal, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo contrario, se desequilibraría el sistema constitucional de los tres poderes, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (CSJN Fallos: 226:688; 242:73; 285:369; 300:241, 1087; 314:424).
En dicha dirección recordó que en virtud de la facultad que le otorga el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (CSJN Fallos 11:405; 191:245; 275:89), y asimismo y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (CSJN Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341).
Ahora bien, el planteo que realiza la Defensa ya ha sido tratado por nuestro Superior Tribunal Provincial, habiendo rechazado planteos similares a los que aquí se formulan en el fallo ya citado por el Juez de la Instancia, como también en P. 131703 (Sent. del 18/12/2019) y en P. 129218 (Sent. del 06/06/2018). Allí, señaló que "En lo que atañe a la resocialización del penado, cabe mencionar aquí lo expresado por esta Corte en cuanto a que "la liberación anticipada sujeta a una serie de condiciones es una de las formas que eventualmente pueden ser útiles para la finalidad de la resocialización, pero también puede frustrarla. No es el único medio, ni necesariamente el adecuado en todos los casos. En particular, cuando se está frente a quien ha cometido un delito muy grave, no es arbitrario que el legislador limite el rango de las herramientas disponibles para la finalidad de la resocialización..." (conf. doctr. causas P. 126.187, sent. de 4-VIII-2016; P. 127.567, sent. de 7-II-2017 y P. 129.332, sent. de 21-XI-2018).
En igual sentido se expidió ante un planteo de inconstitucionalidad del art. 100 de la ley 12.256, en cuanto restringe la posibilidad de acceder al beneficio de salidas transitorias a condenados por ciertos delitos. Así, en P. 129.831, sostuvo "..que el legislador no ha seleccionado ningún grupo de personas por su condición, sino por lo que han hecho. Que la ley, de modo general, haga una distinción entre delitos más y menos graves, y que estos últimos tengan reglas más severas, limitadas por supuesto al término de la condena dictada con todas las garantías en el juicio correspondiente, no establece una diferencia que viole el art. 16 de la Constitución nacional".
Esta Alzada ha receptado tal criterio en relación al art. 14 del CP de la ley 12.256 en causa n° INC-28402-5, "Presentado", por lo que en base a esos fundamentos y los aquí expuestos, entendemos que Iriarte no se encuentra habilitado para acceder al beneficio solicitado.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: 1) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la Defensa Oficial y; 2) Confirmar la resolución dictada con fecha 14 de julio por el Juez de Ejecución, Ricardo G. Perdichizzi, que deniega el pedido de libertad condicional formulado en favor de Daniel Victor Iriarte. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia