Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul · Causa 51899-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, y confirmar el auto que dispuso denegar la libertad condicional en favor de Luciana Yesica Sánchez.
En la ciudad de Azul, se reúnen en acuerdo los Jueces que integran la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Doctores DAMIÁN PEDRO CINI, GUSTAVO AGUSTÍN ECHEVARRÍA, y CARLOS PAULINO PAGLIERE, a fin de resolver la causa digital Nº51.899, caratulada "SANCHEZ LUCIANA YESICA S/ LIBERTAD CONDICIONAL-UNIFICACIÓN DE PENAS- IPP NRO 01-01-560-14/00".
Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debe observarse el siguiente orden: ECHEVARRÍA-PAGLIERE-CINI.
Vistas las actuaciones de mención de las mismas surgen los siguientes:
Por auto obrante a fs.25 del presente incidente digital, la Jueza titular del Juzgado de Ejecución Nº1 Departamental, Dra. Silvia Araceli Torres, resolvió denegar la libertad condicional en favor de Luciana Yesica Sánchez.
Contra dicho pronunciamiento, presenta recurso de apelación, el Defensor particular, Dr. Guillermo Nicolas Villar -fs.29-.
El mismo fue concedido a fs.30.
En base a lo anteriormente expuesto y en razón de hallarse la causa en estado de resolver, la Cámara decidió plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA ÚNICA CUESTIÓN planteada el Juez, Doctor ECHEVARRÍA, dijo:
1.La defensa se agravia de la decisión puesta en crisis que no le hace lugar al beneficio de libertad condicional en favor de su defendido.
Manifiesta que la resolución impugnada selecciona los aspectos desfavorables de la pericia psicológica y omite ponderar, con el mismo alcance, las conclusiones que resultan relevantes para el análisis de la libertad condicional.
Señala que la Licenciada Cano no informó la existencia de un riesgo cierto e inminente que tornara improcedente el acceso de su asistida a un régimen de libertad. Por el contrario, dejó expresamente asentado que Sánchez se presentó predispuesta y colaboradora, que se encontraba vigil y orientada globalmente, que conservaba el criterio de realidad y que no presentaba alteraciones sensoperceptivas ni ideación delirante.
Sigue diciendo que la profesional indicó que las posibilidades de reinserción social debían ser consideradas a partir de la confluencia de diversos factores y mediante evaluaciones contextuales en términos de acompañamiento, aclarando que ese análisis excedía el ámbito específico de su evaluación. Es decir, la pericia no formuló una conclusión categórica de imposibilidad de reinserción ni estableció que la realización previa de un tratamiento psicoterapéutico constituyera una condición indispensable para acceder a la libertad condicional.
Entiende que la recomendación de realizar un abordaje psicoterapéutico fue formulada para trabajar aspectos de la personalidad que podrían resultar conflictivos o limitantes y favorecer una mayor apertura vincular. Se trata, entonces, de una indicación de tratamiento y acompañamiento, no de una declaración de incapacidad para vivir en libertad ni de una prognosis negativa absoluta.
Considera que la jueza convirtió una recomendación terapéutica en un impedimento jurídico. Ese razonamiento importa un salto lógico que no se encuentra justificado en la pericia ni en los restantes elementos del incidente. La necesidad de tratamiento psicológico no puede ser utilizada automáticamente para prolongar el encierro cuando la propia profesional no constato riesgo cierto e inminente, y señaló que el abordaje podía desarrollarse en un marco contextual de acompañamiento.
Dice que la decisión tampoco explica por qué la recomendación terapéutica debería cumplirse necesariamente antes de la concesión del beneficio, ni por qué no podría canalizarse en el medio libre como regla de conducta. La jueza omite en su resolución que la defensa había solicitado, en la vista conferida previo a resolver, que el tratamiento psicoterapéutico fuera instrumentado en ese marco, conforme la posibilidad contemplada por el artículo 13, inciso 6, del Código Penal.
Cita jurisprudencia para reforzar su postura.
Alega que la resolución recurrida no demuestra que las observaciones psicológicas invocadas sean incompatibles con la incorporación de Sánchez al régimen de libertad condicional. Se limita a reproducir categorías contenidas en la pericia, tales como naturalización del accionar transgresor, proyección de responsabilidad, mecanismos de escisión, aislamiento, proyección y omnipotencia, pero no explica de qué manera concreta cada una de ellas impediría el cumplimiento de las reglas propias del beneficio.
Sigue diciendo que tampoco se identifica una conclusión pericial que establezca que su asistida no pueda cumplir obligaciones en libertad, ni que exista un pronóstico cierto de incumplimiento futuro. La reproducción de conceptos técnicos, sin explicar su incidencia concreta en la procedencia del beneficio, no satisface el deber de fundamentación de una decisión que restringe la libertad de una persona condenada.
Destaca que Sánchez se encuentra desde hace más de 7 años con prisión domiciliaria, cumpliendo los requisitos establecidos en la misma, y siempre presento los correspondientes certificados cuando se solito por urgencias los pedidos de salida extraordinaria; por lo que se encuentra con creces reuniendo los requisitos favorables para solicitar el pedido del beneficio en cuestión.
Entiende que la decisión no identifica cuál sería la norma que exige a la persona condenada exteriorizar arrepentimiento, angustia, culpa o remordimiento como presupuesto autónomo para acceder al beneficio. Tampoco explica por qué la modalidad discursiva observada por la perito, quien consignó que Sánchez describió su implicación "sin angustia y con gran naturalidad" , permitiría concluir que no se encuentra en condiciones de cumplir el régimen de libertad condicional.
Sostiene que la ausencia de una determinada expresión emocional no equivale a la inexistencia de evolución personal ni permite deducir, por sí sola, un pronóstico negativo de reinserción. Mucho menos puede adicionarse como una exigencia no prevista legalmente, pues ello implicaría incorporar un requisito subjetivo suplementario y ampliar el ámbito de la sanción más allá de los presupuestos normativos aplicables.
Expresa que la resolución apelada, al otorgar relevancia decisiva a esa supuesta falta de reflexión, incorpora un plus de exigencia que no surge de la ley ni de las conclusiones categóricas de la pericia. De ese modo, se aparta del principio de legalidad y transforma una valoración subjetiva en una condición adicional para el acceso a la libertad condicional.
Cuestiono la valoración de la pericia psicológica, puesto que la resolución impugnada omitió considerar el enfoque de interseccionalidad propuesto por la profesional y transformó los factores de vulnerabilidad social, económica y de género de la asistida en argumentos en su contra. Asimismo, se señaló que el resolutorio no dio respuesta al planteo defensivo relativo a la imposibilidad material de acceder a un tratamiento psicológico por la escasez de efectores públicos y la falta de recursos económicos, desconociendo que dicha atención podía imponerse como regla de conducta y no como un obstáculo para el egreso.
Critico la ponderación defectuosa y genérica de los supuestos incumplimientos del monitoreo electrónico. Al respecto, destacó que el tribunal tuvo por acreditadas fallas de comunicación de manera global, sin individualizar fechas ni valorar las justificaciones oportunamente acreditadas por motivos de salud, urgencias médicas y desperfectos técnicos del dispositivo. Además, se remarcó la contradicción institucional de asignarles a dichos episodios entidad suficiente para denegar la libertad condicional cuando, en su momento, ni siquiera motivaron la revocación de la prisión domiciliaria, incumpliendo así el deber de control judicial sobre los informes administrativos.
Denuncio la omisión de realizar una valoración integral de la prueba, dado que la decisión reconoció elementos francamente favorables -tales como el cumplimiento del requisito temporal, la ausencia de reincidencia y de prohibiciones legales, el buen concepto vecinal, la inexistencia de causas abiertas y la conservación del criterio de realidad-, pero concentró su análisis únicamente en aspectos negativos aislados sin explicar por qué aquellos quedaban neutralizados.
Finalmente, alegó la errónea aplicación de la ley sustantiva, toda vez que se denegó el instituto mediante la creación de requisitos extralegales no previstos en el artículo 13 del Código Penal, tales como la exigencia de arrepentimiento, una determinada elaboración subjetiva o un tratamiento terapéutico previo. En ese sentido, concluyó que la imposibilidad de contar con informes penitenciarios tradicionales -derivada de la modalidad de arresto domiciliario- no puede operar automáticamente en perjuicio de la condenada, máxime cuando cualquier necesidad de seguimiento puede encauzarse mediante la fijación de reglas de conducta específicas.
Solicita se revoque la resolución impugnada, y se conceda a Luciana Yesica Sánchez la libertad condicional, bajo las reglas de conducta que correspondan.
2. Analizado el recurso interpuesto, juntamente con el resolutorio atacado y las constancias obrantes en autos, adelanto que la impugnación intentada no debe tener favorable acogida en esta instancia.
En forma preliminar, cabe señalar que los requisitos que el Código Penal exige para la obtención de la libertad condicional, son los siguientes: el cumplimiento del tiempo de pena que establece el art. 13; que el delito objeto de condena no se encuentre dentro de los contemplados por el art. 14; no ser reincidente; la observancia regular de los reglamentos carcelarios; y la existencia de un pronóstico en forma individualizada y favorable de reinserción social.
En cuanto al cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios; este Órgano de Alzada ha dicho: ".en consonancia con lo sostenido por el Tribunal de Casación Penal, esta Alzada entiende que '...la observación regular de los reglamentos carcelarios, como presupuesto para la libertad condicional no exige que su cumplimiento sea en grado absoluto sino "regular", lo que no es sinónimo de "óptimo" o "ejemplar", sino "algo que no sea justamente su antónimo' (Causa 21.705, Sala I y 22.645 - Sala I), debiendo, por tanto, examinarse las sanciones impuestas y valorarlas con relación a su gravedad y frecuencia en forma cualitativa y cuantitativa" -causa N°26.749 de este Tribunal, entre otras-.
El requisito exigido por el art. 13 primer párrafo in fine del CP, consiste en contar con un informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social del penado.
Lo expuesto tiene relación con el fin de la ejecución de las penas privativas de la libertad, el cual ha sido expresado -a través de los arts. 18 de la CN; 10, ap. 3 del PIDCP; y 5 apartado 6 de la CADH- bajo la fórmula de "readaptación social". La misma es reconocida en el art. 1 de la ley 24660, el cual establece que la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El criterio consagrado por nuestra legislación es el de un sistema de readaptación social mínimo, en donde la ejecución debe orientarse sólo a lograr que el delincuente adecue su comportamiento externo al marco de la ley, conociendo opciones diferentes al delito, para que, a través de las mismas, opte por configurar el mundo haciendo uso de su libertad sin dañar a los demás (conf. Gustavo A. Arocenca, "Principios básicos de la ejecución de la pena privativa de la libertad", ed. Hammurabi, ps. 72 y 77). De acuerdo a lo expuesto, el Juzgador deberá analizar si se ha avanzado suficientemente en la readaptación social del interno. Ello se logrará a través de una evaluación del desarrollo de la vida carcelaria del penado -v. gr. registro de sanciones disciplinarias, conducta, concepto, relación con los demás internos y personal penitenciario, etc.-, como así también de la valoración de un informe psicológico serio y fundado.
En base a lo especificado es que corresponde efectuar el examen del caso en estudio.
En primer término, se observa que ha cumplido con la exigencia temporal dado que fue condenado a la pena de 12 años y 8 meses de prisión que comprende la pena única de 11 años de prisión que a su vez comprende la pena de 5 años de prisión por ser autora del delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, y la pena de 7 años y 6 meses de prisión por resultar autora del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y daño, y la pena de 1 año de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora del delito de tenencia ilegitima de estupefacientes; y su pena vence el 25/04/2028.
Además, no resulta reincidente, y los delitos objeto de condena no impiden la concesión del beneficio. Ello, de acuerdo a lo normado por la ley 24.660 y el art. 14 del CP, según ley vigente a la fecha de comisión de los hechos. (Conforme art. 18 de la C.N. y 2 del CP).
Por otra parte, estimo oportuno tener en cuenta que desde hace siete años goza de prisión domiciliaria, y que dicha modalidad se mantiene en la actualidad.
En razón de ello, y debido a que la causante no cuenta con legajo técnico criminológico, la cuestión a discernir es verificar si cumple con los requisitos del artículo 13 del Código Penal para la obtención del instituto en trato, más precisamente con el cumplimiento de los reglamentos carcelarios; por lo que, dada la situación de encierro excepcional, es necesario observar si cumplió con las pautas impuestas para la prisión domiciliaria.
En tal sentido, de los datos proporcionados por la Dirección de Monitoreo Electrónico surge que, si bien no ha quebrantado la medida de excepción al encierro carcelario, se observa una multiplicidad de eventos de omisión a responder los llamados telefónicos que se le efectuaron en horario no permitido, y salidas sin autorización judicial (las cuales la mayoría fueron justificadas con salidas al Hospital).
Por ello, al equiparar el abastecimiento de los reglamentos carcelarios al cumplimiento de las reglas para el goce de la prisión domiciliaria, advierto que el condenado ha cumplido de manera irregular con las medidas impuestas; con lo cual no se encuentra abastecido el requisito de cumplimiento de los reglamentos carcelarios, en los términos del 13 del CP.
Por otra parte, tampoco se avizora un pronóstico de reinserción social favorable. Arribo a tal conclusión luego de analizar la pericia psicológica confeccionada por la Lic. Patricia Analía Cano, Perito psicóloga de la Suprema Corte, en la Asesoría Pericial Departamental, de la cual se desprende que ".Respecto a sus características surge una personalidad con diversas vulnerabilidades que deben considerarse en su interseccionalidad (genero, condición socio-económica, contexto de marginalidad). Dependencia que se observa negada y minimizada. No obstante, se observa tendencia a hacer prevalecer su criterio por sobre el consenso social, naturalizando su accionar transgresor y proyectando responsabilidad en el otro. Se observa la utilización de mecanismos de escisión, aislamiento, proyección y omnipotencia. Hostilidad que deposita en el otro, y que la tornan evitativa. Aparece egodistonía respecto de su defensa omnipotente, resultando autocrítica en éste punto, sin lograr construir vínculos de confianza con otros. Escasos recursos simbólicos para el manejo de la afectividad.".
En razón de lo expuesto, considero que no se evidencia un cumplimiento regular de las condiciones de detención, como tampoco un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, tal como lo exige el art. 13 del C.P; por lo que deviene necesario que la pena impuesta deba seguir su curso sin que corresponda interrumpirla por una liberación anticipada como la que se pretende.
3. A raíz de lo analizado, propongo a mis colegas del acuerdo, rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, y confirmar el auto que dispuso denegar la libertad condicional en favor de Luciana Yesica Sánchez.
Así lo voto por ser esa mi sincera y razonada convicción (art. 210, CPP).
A LA MISMA CUESTIÓN planteada los Jueces, Doctores PAGLIERE y CINI , adhieren al voto que antecede por compartir sus fundamentos.
Con lo que terminó el acto, dictando la Excelentísima Cámara la siguiente:
POR LO EXPUESTO , disposiciones legales citadas y lo establecido en los arts. 13, 14, del C.P, 21 inc. 1º, 421, 433, 439 y sig. del Código Procesal Penal; SE RESUELVE:
RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, y CONFIRMAR el auto que dispuso denegar la libertad condicional en favor de Luciana Yesica Sánchez.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE al Fiscal General, Defensa particular, y Órgano de origen; y RADÍQUESE ; encomendando las notificaciones pertinentes -art. 126 del C.P.P.-, cumpliendo lo normado por la Ley 15232.
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Firmas
Funcionario firmante: CINI Damian Pedro - JUEZ
Funcionario firmante: PAGLIERE Carlos Paulino - JUEZ
Funcionario firmante: ECHEVARRIA Gustavo Agustin - JUEZ
Funcionario firmante: FURIO Lorena - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1653-2026
Fin de la sentencia