Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Morón · Causa MO-3224-2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por DANIEL MARIO LICO contra PECADI S.A., OSCAR RUBEN VILLARES y MARCELO MARTIÍN VILLARES y condenar a los demandados en forma solidaria (cfr. art. 59 y 274 Ley 19.550) a pagar a la parte actora, la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.262.099,58.-), en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso omitido, SAC sobre preaviso, integración mes de despido, días laborados mes de despido, salarios impagos, SAC y vacaciones proporcionales 2018, indemnización arts. 15 ley 24.013 e indemnización art. 2 ley 25.323.
2Rechazar la acción incoada entre las mismas partes, por la cual se pretendiera el cobro de horas extras, sanción conminatoria art. 132 bis LCT, multa art. 80 LCT e indemnización art. 10 ley 24.013 (art. 726 CCC).
3Imponer las costas de la acción que prospera en forma solidaria a cargo de los demandados vencidos (cfr. art. 24 de la ley 15.057).
4Disponer que el monto por el que procede la acción devengará intereses conforme lo normado por el art. 55 ley 27.802 desde que cada rubro fue devengado, a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente. …
%8/èNp;ƒ>R6S
En Morón, en la fecha y hora indicados en las referencias de firma digital aquí insertas reunidos los Señores Jueces, integrantes del Tribunal del Trabajo N° 1 de Morón, para dictar SENTENCIA (cfr. art. 57 ley 15.057) en los autos caratulados: LICO DANIEL MARIO C/ PECADI SA Y OTROS S/ DESPIDO - N°7 Exp. nro.: MO-3224-2019 , que tramitaron por ante estos Estrados, con los siguientes:
I. ANTECEDENTES: Se presenta el Dr. Nicolás Marcelo Quadrini en representación del Sr. Daniel Mario Lico e inicia demanda por despido contra PECADI S.A., Oscar Ruben Villares y Marcelo Martín Villares. Relata que ingresó a trabajar el 2/1/96 como chofer de transporte de pasajeros en la empresa Pecadi S.A. sita en Leones 1967 de El Palomar, Prov Bs. As., empresa de servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, transporte automotor turístico de pasajeros y de cargas.
Relata que Lico prestó sus servicios como conductor de las unidades de transporte pertenecientes a su empleador, siendo en su caso ómnibus de corta y larga distancia, siempre trasladando pasajeros de un punto de origen a uno de destino. El itinerario realizado por el accionante en los últimos años de la relación laboral era el trayecto entre "Puente Saavedra" y la empresa "CONUAR FAE" sita en la localidad de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, trasladando a los empleados de esta empresa desde un punto común de salida (el referido "Puente Saavedra") hacia el lugar de trabajo de ellos y viceversa al culminar la jornada laboral de los referidos trabajadores de CONUAR FAE.
Refiere que trabajaba de lunes a viernes de 6 a 19 hs y que percibía una remuneración de $ 26.000.- mensuales, de los cuales solo $ 12.000.- se encontraban registrados ya que $ 14.000.- le eran abonados fuera de recibo de ley.
Sostiene que el 2/5/18 la persona jurídica cambio de autoridades y comenzaron a circular rumores de potencial cierre de la empresa, venta o transferencia del comercio, liquidación de la planta automotor y despido de empleados, versiones que emanaban de las propias autoridades ante los persistentes reclamos de los trabajadores en virtud de las incesantes demoras en el pago de las remuneraciones y el pedido por registrar debidamente la relación laboral.
Es en dicho contexto que el accionante da inicio al intercambio telegráfico remitiendo a Pecadi S.A. colacionado con el fin de que aclararan su situación laboral, registraran debidamente el contrato laboral y abonaran el salario de marzo, abril y mayo adeudados. En la misma fecha refiere haber remitido copia de la intimación a AFIP. Sostiene el accionante que ante el silencio del demandado se considera despedido mediante misiva remitida el 22/6/18, procediendo asimismo a intimar el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y la entrega del certificado de trabajo.
El 28/6/18 recibe carta documento del demandado PECADI S.A. firmada por el Sr. Oscar Ruben Villares en calidad de Presidente de la persona jurídica, por medio de la cual se comunica su despido directo por falta de trabajo no imputable en los terminos del art. 247 LCT.
Reclama se extienda responsabilidad por lo adeudado al trabajador, a las personas fisicas co-demandadas Oscar Ruben Villares y Marcelo Martín Villares con fundamento en los artículos 225 y 226 de la Ley de Contrato de Trabajo y en los arts. 54, 59, 272 y 274 de la Ley General de Sociedades (n° 19.550).
Practica liquidación, reclama la sanción conminatoria del art. 132 bis LCT, así como la entrega de los certificados de trabajo; y solicita se actualicen los créditos declarando la inconstitucionalidad de la ley 25.561, funda en derecho, ofrece prueba, pide se declare temeraria y maliciosa la conducta del demandada, se homologue el pacto de cuota litis denunciado y que se haga lugar a la demanda con costas..
El 14/7/19 se presenta la Dra. Silvana Soledad Llanes en representación del Sr. Marcelo Martín Villares a contestar demanda. Formula negativa pormenorizada de los hechos descriptos en la demanda. Reconoce ser director suplente de la persona jurídica demandada PECADI S.A.. Refiere que en el mes de Mayo del año 2018, la empresa PECADI S.A., al realizar un cambio de administración intentó por todos los medios mantener la fuerza de trabajo, lo cual resulto materialmente imposible debido a la crisis económica y la falta de trabajo. Impugna liquidación. Rechaza la pretensión de extensión de condena en su contra. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se rechace la demanda con costas.
El 30/8/19 se tiene al demandado Oscar Rubén Villares por presentado y por evacuado en forma extemporánea el traslado de la demanda, dándose por incontestada la misma y por perdido el derecho a ofrecer prueba.
En la misma fecha, se decreta la rebeldía de PECADI S.A. y se le da por perdido el derecho de contestar demanda y ofrecer prueba. El 29/11/19 se presentan a estar a derecho en reresentación de la persona jurídica sus apoderados Dres. Damascos Martín Alejandro, y Llanes Silvana Soledad, cesando su rebeldía en autos por proveido del 18/12/19.
El 18/6/21 la causa fue abierta a prueba, ordenándose la producción de los medios probatorios ofrecidos por las partes y dando por recepcionados por Pecadi S.A los telegramas CD N°887894125, CD N°887894111, CD N°887893972; CD N°887993969 y CD N°922413842 y por reconocidos por aquélla los recibos de sueldo de fs. 11/23; así como por reconocida por el co-demandado Oscar Ruben Villares la carta documento de fs.24.-
Concluida la producción de los medios probatorios escritos, se fijó audiencia de vista de causa para el 2/9/25 oportunidad en la cual la actora desistió de su prueba testimonial, acusó rebeldía en posiciones a las demandadas y prestó el juramento del art. 48 de la ley 15.057.
El Tribunal confirió a las partes el derecho de alegar por escrito sobre el mérito de la prueba y dentro de igual término, que se expidieran en torno de la sanción de ley de Bases y la Ley 27.802 de Modernización Laboral; pasando los autos al acuerdo al dictado de sentencia el 11/11/25.
El 15/12/25 el Tribunal dispuso una MEDIDA PARA MEJOR PROVEER en mérito al estado falencial de la accionada, habiéndose incorporado la respuesta del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2 el 10/11/26, dando cuenta que la quiebra de PECADI S.A. CUIT 30-66103251-7 fue decretada el 23.3.21 y la sindicatura, desempeñada por el Cdor. Mario Rafael Cabrosi, con domicilio constituido en la calle Crámer 2111, piso 9 "B", CABA y tel. 4706-2442, así como que con fecha 2/6/25 se decretó la conclusión de las referidas actuaciones en los términos del art. 231 in de la LCQ, auto que se encuentra firme, consentido y comunicado.
El 10/11/26 se declaró innecesaria la citación al síndico de la fallida cuya posible intervención ha cesado a la fecha, y vistas las constancias del proceso volvieron los autos al acuerdo a fin de dictar Sentencia, en los plazos establecidos en el art. 54 inc. "d" de la ley 15.057.-
Verificado el pertinente sorteo por Secretaría pasan las Sras. Juezas a votar por separado siguiendo el orden de sorteo practicado por Secretaría.
LA SRA. JUEZA DRA MARIA GABRIELA ALCOLUMBRE DIJO:
II. CUESTIONES DE HECHO QUE SE TIENEN POR PROBADAS : II.1) Atendiendo a la desfavorable situación procesal en que quedó incursa la co-demandada PECADI S.A., he de tener a ambas partes por contestes en torno a la existencia de un contrato de trabajo regido por la LCT, ello en función de la presunción que dimana del art. 33 de la ley 15.057, que dispone que en estos supuestos se deberán tener por ciertos los hechos lícitos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario.
Ello se vé corroborado mediante la confesión ficta a la primera, segunda, tercera y cuarta posiciones contenidas en el pliego de posiciones confeccionado por la parte actora que obra en el cuerpo de la demanda que dan por implicita la eistencia del contrato de trabajo alegado (art. 41 ley 15057).
De igual modo corroboran dichas presunciones las constancias emergentes de los recibos de sueldo que obran adjuntos a la demanda emitidos por la demandada PECADI S.A. (art. 375 CPCC).
II.2. Respecto de la fecha de ingreso denunciada, habré de tener a la misma como cierta, pues la demandada no puso a disposición del tribunal los libros contables y el libro especial del art. 52 LCT, cobrando virtualidad la presunción que dimana del art. 55 LCT (T.O. ley 25877 vigente a la fecha de vigencia del contrato)- el cual permite tener por probado en autos que el actor ingresó a prestar servicios el 2/1/96, tal como adujo al demandar.
II.3. En lo que respecta a la categoría profesional, habré de tener por cierto por imperio de la presunción derivada de la inconstestación de la demanda por PECADI S.A. que la parte actora se desempeñó como chofer (art. 33 ley 15057).
II.4. En lo que respecta a la extensión de la jornada de trabajo (sostuvo haber laborado de 6 a 19 hs de lunes a viernes), siendo que el accionante no ha aportado al proceso elementos de prueba suficientes que permitan tener por acreditados los extremos alegados (memoro que no produjo prueba testimonial referida a este extremo fáctico extraordinario en ocasión de la vista de causa celebrada), he de tener por cierto que su jornada se ajustaba a lo normado por el art. 1° de la ley 11.544 (art. 375 CPCC y art. 33 in fine de la ley 15.057).
Dable es destacar que la parte actora no ha producido elemento de prueba alguno tendiente a acreditar el hecho extraordinario alegado de haber laborado en horario suplementario ni en horarios nocturnos en forma habitual (art. 375 CPCC).
II.5. En lo que hace a la remuneración del trabajador, y considerando el juramento prestado por aquél en los términos del art. 48 del ritual, ante la ausencia de puesta a disposición de libros contables al correrse el traslado de demanda, habré de tener por cierto que su remuneración ascendió a la suma mensual de $ 26.000.-
II.6. En ausencia de exhibición del libro especial de art. 52 LCT, he de colegir que la contratación no fue debidamente registrada conforme las normas vigentes a lo largo de la duración del contrato de trabajo de marras ya que el salario bruto informado a AFIP no refleja lo aquí probado según surge del informe de dicha entidad glosado al proceso en fecha 15/2/22 (art. 375 CPCC y art. 7 ley 24.013).
II.7. Atendiendo al intercambio epistolar descripto en la demanda y del cual dan cuenta las piezas glosadas al escrito liminar - instrumental cuya recepción quedó reconocida por la accionada PECADI S.A. -, habré de tener por probado que el distracto operó en forma indirecta por volutad del trabajador el 22/6/18 mediante pieza postal remitida por el accionante.
Se encuentra probado que la parte actora intimó previamente al principal el 11/6/18 para que procediera a aclarar su situación laboral ante negativa de tareas y abonara los salarios de marzo, abril y mayo de 2018 adeudados y registrara el contrato de trabajo en debida forma, interpelación frente a la cual la accionada decidió guardar silencio (art. 375 CPCC).
La parte actora invocó como injuria el silencio de la empleadora, injuria que habré de tener por probada dado que la accionada rebelde no ha invocado y menos aun ha quedado probado mediante las constancias de autos, que hubiere dado respuesta en término a la intimación cursada, de modo de tener por desvirtuada la figura del silencio que entiendo configurada en los términos del art. 57 de la LCT al haber transcurrido más de dos días sin respuesta del principal desde la interpelación cursada.
II.8. A la luz del reclamo impetrado con fundamento en el art. 80 tercer párrafo de la LCT T.O. ley 25.345, he de tener por probado que la parte actora intimó al empleador la entrega de los certificados de trabajo y servicios mediante la misiva rescisoria remitida el 22/6/18; sin embargo, entiendo que no está comprobado que la misma hubiere cumplido los recaudos temporales establecidos por el art. 3° del Dec. 146/01 (art. 375 CPCC).
En tanto que a la luz del reclamo fundado en el art. 132 bis LCT cabe señalar que tampoco ha acreditado el accioante haber interpelado en forma fehaciente al principal a los fines de que ingresara los aportes indebidamente retenidos a lo largo de la relación laboral en los términos del art. 1° Dec. 146/01 (art. 375 CPCC).
II.9. A la luz del reclamo impetrado con fundamento en el art. 10 de la ley 24.013, y considerando la prueba informativa de AFIP glosada al proceso el 15/2/22 así como la instrumental glosada a la demanda que se tuviera por recepcionada por la demandada PECADI S.A., he de tener por probado que la actora intimó el debido registro del contrato de trabajo por considerar indebidamente denunciado el salario mensual realmente percibido (ver colacionado de fecha 11/6/18).
Sin embargo, a la luz de lo informado por Correo Argentino S.A. en fecha 18/11/21, no habré de tener por probado que la parte actora hubiere remitido en fecha 11/6/18 misiva a AFIP cumpliendo con la carga de notificar al órgano de contralor dentro del término legal conforme indicara el art. 11 incs. b) de la ley 24.013 (art. 375 CPCC).
II.10. No existen en autos elementos de prueba que acrediten que la empleadora PECADI S.A. haya procedido a cancelar los rubros reclamados en la liquidación de la demanda, ni que hubiere hecho entrega en término al operar el cese, del certificado de trabajo y servicios (art. 375 CPCC).
II.11. Dado que la parte actora ha co-demandado a dos personas físicas pretendiendo se les extienda responsabilidad en forma solidaria en los términos de los arts. 54, 59 y 274 de la Ley de Sociedades y art. 225 y 226 LCT, entiendo que pesaba sobre la primera la carga de acreditar los presupuestos fácticos inherentes (art. 375 CPCC).
Con la prueba informativa de IGJ glosada al proceso en fecha 17/5/23, he de tener por probado en autos que los co-demandados Osar Rubén Villares y Marcelo Martín Villares fueron Presidente y Director suplente respectivamente, de la persona jurídica PECADI S.A. entre el 2/5/18 y el 2/10/19 período que abarca el distracto de marras (art. 375 CPCC).
A la luz de ello, cabe abordar en este estadio el análisis del desempeño del administrador de la sociedad anónima (Presidente) que ha sido co-demandado en autos - Oscar Rubén Villares-, a la luz de lo normado por el art. 59 de la Ley de Sociedades, norma invocada por el trabajador en su escrito de demanda.
Una lectura de las cláusulas del contrato societario aportado por el informe de IGJ al proceso y de las autoridades inscriptas por ante dicha autoridad de contralor, me lleva a tener por probado que el directorio funcionaba con un Presidente titular y un Director Suplente, con mandato de tres años de duración.
A la luz de lo analizado y no habiendo los demandados puesto a disposición del tribunal el libro de actas de la sociedad demandada pese a la obligación procesal que sobre ellos pesaba conforme la teoría de las pruebas dinámicas, he de tener para mí que los co-demandado Oscar Rubén Villares y Marcelo Martín Villares fueron participes necesarios en la administración y representación de la sociedad co-accionada en el último tramo de la vigencia del vínculo laboral de marras, cuando dió inicio al intercambio telegráfico sostenido por las partes.
Determinada la participación de dichos co-demandados en la administración y representación de la sociedad, cabe analizar si los mismos han incurrido a lo largo de la prestación de servicios del trabajador de marras en incumplimientos de obligaciones legales y si tales conductas generaron un perjuicio, así como la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado.
Tal como surge de lo analizado precedentemente, ha quedado probado en autos que los administradores de la sociedad, como encargados de practicar la inscripción del trabajador, omitieron registrar en debida forma el contrato en el libro especial del art. 52 de la L.C.T y ante la autoridad de contralo consignando el real salario bruto percibido, incumpliendo con la obligación legal; en efecto, dicha conducta se encuentra reñida con lo expresamente previsto por el art. 52 de la ley 20.744, con el art. 7º de la ley 24.013 y con el art. 1º de la ley 25.323, normas todas ellas que se han publicado en el B.O. y que consecuentemente son obligatorias y se reputan conocidas por el mencionado administrador (cfr. arts. 1º y 2º del Código Civil).
Al incumplimiento de la obligación legal señalada por parte de los administradores demandados, ha de sumarse otro, cual es el haber omitido el pago de haberes cuya pago les fuera intimado extrajudicialmente e indemnizaciones derivadas de la ruptura, dentro del término de ley (art. 128 y 255 bis LCT).
Lo expuesto hasta el presente me permite afirmar que se halla en mi opinión probado el mal desempeño de Oscar Rubén Villares y Marcelo Martín Villares como administradores de la S.A. demandada en los términos del art. 59 de la ley 19.550, dado que ha quedado en evidencia que no han obrado con la lealtad y la diligencia que se espera de un buen hombre de negocios en su proyección hacia terceros, en el caso, el trabajador.
La falta de lealtad y diligencia resulta en mi opinión en el caso de marras, del simple conocimiento del administrador demandado del carácter abusivo de los actos que aquí se juzgan sin que haya intentado adoptar medidas necesarias para su impedimento (ver en tal sentido Alberto Víctor Veron, Sociedades Comerciales, Tomo 1, pág. 453 y sgtes.).
Dicho ello, he de referirme en este estadio a la existencia y prueba del daño ocasionado con la conducta antijurídica de los demandados, señalando que analizada la totalidad de la prueba colectada en autos he de tener asimismo por probado (cfr. art. 375 CPCC y 53 de la ley 15057) el daño generado al trabajador por los demandados ante la falta de pago de rubros de naturaleza alimentaria, en su calidad de administradores.
Cabe señalar que los daños "ut supra" referenciados son la consecuencia inmediata de las conductas antijurídicas de los administradores co-demandados quienes debieron prever que con su obrar ocasionarían tales daños al tercero, que en el caso es el trabajador
Cabe resaltar que la contumacia de Oscar Ruben Villares, ilustra que nunca alegó haberse opuesto a la materialización de las conductas antijurídicas adoptadas en forma conjunta por la gerencia, no habiendo alegado en consecuencia exención de responsabilidad alguna y tampoco probado en autos circunstancias atenuantes de su responsabilidad por los hechos propios llevados a cabo con culpa (cfr. art. 512 del Código Civil).
II.12. No encuentro probado en autos que los mencionados demandados hubieren sido accionistas de la persona jurídica co-demandada (art. 375 CPCC); y analizados conforme sana crítica los elementos probatorios aportados a la causa he de colegir que el trabajador no ha aportado a la causa pese a la carga procesal que sobre él pesara (cfr. art. 375 C.P.C.C.), elementos probatorios suficientes que permitan colegir que los socios de la persona jurídica demandada hubieren utilizado a la sociedad como un instrumento para la comisión de irregularidades o a modo de una máscara fraudulentamente interpuesta entre ellos y los acreedores que surgieren con motivo de la actividad desplegada y de la cual ellos hubieren sido los verdaderos gestores.
Digo ello toda vez que surge de las constancias probatorias señaladas que nos hallamos en el caso de marras frente a una sociedad anónima regularmente constituida, con auténticos fines - a los cuales coadyuvaba el propio actor -, no mediando en autos elementos de prueba que permitan colegir que sus socios hayan utilizado a la sociedad como un instrumento para la comisión de irregularidades.
En tanto que, analizado el relato fáctico de la demanda y la prueba colectada en autos, tampoco encuentro probado que el caso de marras hubiere quedado subsumido en un supuesto de transferencia de establecimiento por cualquier título en favor de las personas físicas co-demandadas según fuera invocado por el accionante al fundar su reclamo en el art. 225 LCT (art. 375 CPCC).
III. CUESTIONES DE DERECHO : En mérito a lo analizado precedentemente y toda vez que he tenido por probado que el Sr. Lico se desempeñó bajo relación de dependencia de la demandada PECADI S.A. desde el 2/1/96 en calidad de chofer de transporte de pasajeros hasta el 22/6/18, corresponde analizar en este estadio la procedencia de los rubros indemnizatorios y remuneratorios reclamados en la demanda con fundamento en la ley 20.744.
III.1. Atendiendo a lo que se tuviera por probado en torno a la forma como operó el distracto, y considerando la antigüedad en el puesto de trabajo y remuneración que se tuvieron por probadas, habré de proponer se haga lugar al reclamo indemnizatorio incoado con sustento en el art. 245 LCT T.O. ley 25.877, difiriendo a condena por dicho concepto la suma reclamada de $ 797.333,18. - calculada sobre la base del haber que se tuviera por probado con más la doceava parte del SAC aplicable conforme doctrina legal de la SCBA ({$ 26.000 + 8.666,66} x 23 periodos).
III.2. Dado que la demandada no probó haber cancelado los rubros indemnización sustitutiva de preaviso, SAC sobre preaviso omitido, integración mes de despido, días trabajados junio 2018, salarios adeudados de Mayo 2018 y marzo y abril 2018 (estos últimos solo por las sumas que se dicen adeudadas), SAC proporcional 2018 y Vacaciones proporcionales 2018 habré de proponer se haga lugar a dichos reclamos indemnizatorios por las sumas de $ 52.000 .- ($ 26.000 x 2); $ 4.333,33.- ,$ 6.933,33.- ($ 26.000 % 30 x 8) , $ 19.066,66.- ($ 26.000 % 30 x 22) , $ 26.000.-, $ 2.000.-, $ 2000.-, $ 13.000 y $ 48.533,32.- ({$ 26.000 + 8.666,66} % 25 X 35), respectivamente, de conformidad con lo normado por los arts. 121, 156, 231a 233 de la L.C.T..
III.3. El reclamo de horas extras impetrado no habrá de progresar toda vez que el accionante no logró probar haber laborado en horarios suplementario, lo cual torna inexistente la causa fuente de la obligación reclamada (art. 726 CCC).
III.4. El reclamo que persigue el cobro de una multa por la omisión de entrega de los certificados de trabajo, no habrá de prosperar en mi opinión, pues el accionante no probó haber interpelado dentro del término indicado por el art. 3° del Dec. 146/01 reglamentario del tercer párrafo del art. 80 de la LCT. Por el contrario, se encuentra acreditado que la misma no respeto la condición temporal establecida por el legislador, lo cual obsta a su procedencia (art. 726 CCC).
III.5. La indemnización reclamada con sustento en el art. 10 de la ley 24.013, no habrá de prosperar en mi opinión pues no quedó probado en autos que el accionante hubiere cumplido con la carga impuesta por el art. 11 inc. b) de la ley 24.013 de notificar en término ala AFIP tras interpelar el empleador en los términos del inc. a) de la referida norma (CSJN "Di Mauro José Santos C/Ferrocarriles Metropolitanos S.A. E.L S/Despido 31/5/05).
III.6. Distinta suerte habrá de correr en mi opinión el reclamo indemnizatorio fundado en el art. 15 de la ley de Empleo, dado que habiéndose acreditado que a la fecha del distracto se mantenía la indebida registración del contrato y obraba cumplida la carga impuesta al trabajador por el art. 11 inc. a) de la ley 24.013 T.O. ley 25.345, corresponde acoger favorablemente el rubro pretendido difiriendo a condena la suma de $ 860.599,84.- ($ 797.333,18 + $ 52.000 + $ 4.333,33 + $ 6.933,33).
III.6. La indemnización agravada reclamada con sustento en el art. 2° de la ley 25.323 habrá de progresar pues la parte actora probó haber intimado el pago al principal una vez producido el distracto tal como indica la norma, correspondiendo diferir a condena la suma adicional de $ 430.299,92.- ([$ 797.333,18 + $ 52.000 + $ 4.333,33 + $ 6.933,33] x 50%). III.7) El reclamo de sanción en los términos del art. 132 bis LCT no habrá de progresar en mi opinión toda vez que no cumplió el accionante con la carga impuesta por la referida norma en su decreto reglamentario (art. 1° Dec. 146/01) de interpelar fehacientemente al empleador otorgando un plazo de 30 días para regularizar el depósito de las sumas indebidamente retenidas; obstando ello al progreso de la sanción conminatoria pretendida.
III.8. El reclamo de condena por temeridad y malicia que formulara la parte actora en su demanda, no habrá de ser favorablemente receptado en mi opinión, toda vez que para determinar si se ha configurado una conducta maliciosa o temeraria a la que alude el art. 275 L.C.T. es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al sólo hecho de que las acciones y defensas hayan sido desestimadas finalmente, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar las garantías constitucionales de defensa en juicio.
Sólo resulta justificado en mi opinión imponer una sanción de ese tipo cuando se tiene conciencia real de la sinrazón, o se advierte un accionar doloso tendiente a burlar los derechos del oponente, circunstancias que no hallo configuradas en el sub lite.
III.9. El pacto de cuota litis denunciado en la demanda no habrá de merecer judicial homologación en mi opinión toda vez que el accioante no concurrió personalmente ante el órganos jurisdiccional a ratificar el mismo tal como eige el art. 277 de la LCT, carga que al ser incumplida obsta a su homologación (art. 726 CCC)
III.10. Finalmente, corresponde en este estadio abordar el tratamiento de la condena solidaria pretendida por el accionante contra los co-demandados Oscar Rubén Villares y Marcelo Martín Villares en los términos de los arts. 54 último párrafo, art. 59 y 274 de la Ley de Sociedades, normas éstas en las que fundara su pretensión la parte accionante.
Cabe señalar en primer término y tal como se adelantara ya en el análisis de las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas, que la pretensión fundada en el tercer párrafo del art. 54 de la ley 19.550 no ha de prosperar toda vez que el accionante no aportó a la causa elementos probatorios suficientes para tener por acreditado que los co-demandados hubieren sido socios de la persona jurídica y menos aun que éstos hubieren empleado la figura de la persona jurídica como un instrumento para la comisión de irregularidades.
El accionante ha pretendido la aplicación al caso de la teoría del "disregard of the legal entity", mas no ha brindado elementos probatorios suficientes que justifiquen descorrer la personalidad jurídica de la sociedad regularmente constituída, cual es el caso de Pecadi S.A.
Cabe memorar en el presente, que la S.C.B.A. ha sentado doctrina en el tema que nos ocupa con el pronunciamiento dictado el 31/8/05 in re "Avila, Carlos Alberto C/Benjamín Gurfein S.A. y otros S/Despido" (L. 81550), en el que enrolándose en la doctrina de la C.S.J.N. dictada in re "Palomeque C/Benemeth S.A. y Otro", tuvo oportunidad de sostener que ha de inhibirse la aplicación indiscriminada de la desestimación de la personalidad jurídica del ente societario, en aquellos casos en que sólo se comprueba vgr: la irregular registración de los datos relativos al empleo.
Cabe agregar que nuestro Superior Tribunal ha adoptado de tal forma la tesis restrictiva de interpretación del art. 54 de la ley de sociedades que consagrara a través de su tercer párrafo la teoría "del disregard of the legal entity" tras la reforma que se efectuara a la norma a través de la ley 22.903 en 1983; apartándose de la dirección que venían adoptando en forma generalizada en el ámbito nacional los pronunciamientos judiciales desde 1997 a partir del Dictamen del Fiscal General de la C.N.A.T. y fallo de la Sala III recaídos in re "Delgadillo Linares, Adela C/Shatell S.A. y otros S/Despido" (TySS, 99-667) que fueron receptados en el ámbito provincial a través de algunos pronunciamientos registrados (ver Osvaldo Maddaloni, Aspectos laborales en la extensión de responsabilidad a los socios, controlantes y directivos de sociedades comerciales en TySS, 29/2002).
La doctrina legal sentada por la S.C.B.A. que resulta de obligatorio acatamiento para los Tribunales de Trabajo de la Provincia de Bs. As., no deja cerrada la vía para la condena en los términos del art. 54 de la L.S., mas extrema las exigencias probatorias que han de recaer en el acreedor reclamante (cfr. art. 375 C.P.C.C.) quien ha de alegar y probar acabadamente que el socio cuya condena pretende, ha utilizado a la persona jurídica como una verdadera máscara fraudulentamente interpuesta entre él y los acreedores que van surgiendo con motivo de la actividad que los nucléa y de la cual él es el verdadero gestor.
Entre los doctrinarios que sostienen una postura restrictiva no se encuentra una uniformidad de interpretación de la norma pues se advierten distintos matices en la definición e implicancias que le otorgan a "la actuación de la sociedad que encubra fines extrasocietarios" y que "constituya un mero recurso para violar la ley ...", sin embargo soy de opinión que quien haya de analizar y decidir si la conducta imputada a los socios o controlantes encuadra dentro de la previsión de la norma ha de valorar en conjunto la realidad económica por encima de las estructuras jurídicas empleadas, escudriñando toda la actividad desplegada por la sociedad controlada y por la controlante, así como por sus socios a fin de determinar si la sociedad ha perseguido con su accionar desviarse de su fin social hacia el de los socios o controlantes o si ha mediado simulación ilícita enmascarada bajo la tipología societaria con el claro fin de vulnerar regímenes patrimoniales o derechos de terceros, siguiendo así los lineamientos que la C.S.J.N. estableciera al admitir el descorrimiento del velo societario en el emblemático caso "Cia. Swift de La Plata" en el que extendió la quiebra a Deltec International Limited en 1973 (ver en tal sentido Trib.Trab. Nº 4 de Morón in re "Rodríguez, Jorge Osvaldo C/Trenton International S.A. y Otro S/Despido" SD del 10/5/01 precedente en el que se hace lugar al descorrimiento del velo societario por aplicación del art. 14 de la L.C.T.).
La evolución jurisprudencial ilustra que si bien cabe reconocer fines saneadores del sistema a la corriente que admite la extensión de responsabilidad a los socios y controlantes con la simple violación de la ley, el orden público, la buena fe o la frustración de derechos de terceros, tales incumplimientos no bastan por sí mismos para admitir el descorrimiento del velo societario, sanción que debe reservarse para los casos en que se acredite fehacientemente que la sociedad ha sido empleada como un mero recurso.
Resulta importante destacar asimismo en mi opinión que, el fallo de la S.C.B.A. ha avanzado un paso más allá en el tema "sub examine" al dedicarse en una primera parte del análisis a diferenciar claramente los supuestos en los que se pretende responsabilizar a los socios o controlantes a través del "descorrimiento del velo societario" con fundamento en el art. 54 de la Ley de Sociedades, de aquéllos otros en los que la postulación está dirigida contra los directores y administradores con fundamento en el art. 274 de la norma citada, habiendo señalado la clara dicotomía existente entre ambos supuestos que dice, no deben ser confundidos.
Entiendo que este avance sobre el tema no es menor, pues determina claramente una divisoria de aguas que ha de orientar en el análisis de la cuestión debatida desalentando de ese modo cualquier pretensión que por vía del art. 274 de la L.S. buscare aplicar la teoría del "disregard of the legal entity", tal como sucediera en el ámbito nacional en el precedente "Duquelsy, Silvia C/Fuar S.A. y Otro" de la Sala III de la C.N.A.T., SD del 19/2/98 (TySS, 99-675) cuando resultara condenada solidariamente la presidente del directorio con los mismos fundamentos expuestos in re "Delgadillo".
Tan distintos son los supuestos y hechos a acreditarse en los casos de los arts. 54 y 274 de la L.S., que debe tenerse en claro que en el caso de pretender la condena de directores y administradores debe probarse el mal desempeño en el cargo para que opere la solidaridad (cfr. S.C.B.A. "Delhec S.R.L. C/Loureiro, Deldor y Otros S/Acción de Responsabilidad" Ac. 60.659 del 10/3/98) y es en dicho entendimiento que he de abordar a continuación el tratamiento de la cuestión desde la óptica del art. 59 de la ley de sociedades.
El art. 59 de la ley 19.550 establece en general el deber de actuar con lealtad para todos los administradores de sociedades comerciales, hallándose específicamente tratado en el caso de los gerentes de sociedades de responsabilidad limitada en el art. 157 de la L.S. que establece que son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores, cuando la gerencia fuere colegiada, remitiendo de tal forma a lo normado por el art. 274 de la L.S.
El deber de lealtad radica fundamentalmente en la prohibición de realizar actos en contra del interés social, de su objeto y de la actividad necesaria para cumplirlo y ha de ir acompañado de la diligencia de un buen hombre de negocios, expresión esta última que fija un standard de conducta y que sumada a la lealtad de su obrar, exige al administrador de la persona jurídica que cuide en cada caso concreto, de obrar con lealtad profesional y con la diligencia que tendría un ordenado comerciante.
A la luz de lo expuesto y visto que el accionante ha acreditado que las personas humanas aquí co-demandadas se desempeñaron en el cargo de administradores de la S.A. empleadora, como directores, y que los mencionados participaron necesariamente en la administración y representación de la S.A. demandada como encargados de ordenar la debida registración del contrato de trabajo y el pago de los rubros salariales e indemnizatorios adeudados al trabajador; y siendo que aquéllos omitieron efectivizar el cumplimiento de las obligaciones legales en término sin esgrimir causa justificada alguna, he de colegir que se encuentra debidamente probada en la causa la conducta antijurídica asumida por los demandados Villares, violatoria de las normas consagradas por la LCT la ley 24.013, razón por la cual voto por hacer lugar al reclamo y extender solidariamente la condena en su contra (art. 59 y 274 L.S.).
La pretensión de extender la condena en forma solidaria con fundamento en los arts. 225 y 226 de la LCT no ha de ser favorablemente acogida desde que no se configuraron en el caso los supuestos fácticos para su procedencia, al no haberse acreditado ninguna transferencia del establecimiento por cualquier título (art. 726 CCC).
IV. MONTO TOTAL DE CONDENA- 1) El monto total de condena que he dejado propuesto asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.262.099,58.-).
2. ACTUALIZACION MONETARIA E INTERESES DESDE EL DEVENGAMIENTO DEL CREDITO Y HASTA EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO : El cálculo de actualización monetaria del capital de condena previa declaración de inconstitucionalidad de la ley 23.928 y 25.561 que fuera pretendido por el accionante, se ha tornado en mi opinión inoficioso en virtud de la operatividad de la ley 27.802 de Modernización Laboral, en tanto establece taxativamente los criterios en materia de ajuste de créditos aplicables a las causas laborales sin sentencia definitiva firme (CSJN en autos "Cabana Opanasiuk, Leonardo C/Unir S.A. y otro S/Despido" 5/11/26, CNT 27766/2020/CS1 y OTROS).
A la luz de ello estimo que corresponderá disponer el devengamiento de intereses que habrán de ser calculados conforme lo normado por el art. 55 de la ley 27.802 desde que cada rubro fue devengado, a través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente.
En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del artículo 55 de la ley 27.802, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual.
En tanto que, el valor resultante tampoco podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) de la mencionada norma.
Lo así resuelto por aplicación de lo dispuesto por el art. 55 de la ley 27.802, entiendo que no colisiona con lo normado por el art. 276 LCT T.O. DNU 70/23 por el período en que esa última norma de emergencia ha de entenderse aplicable, ya que la sucesión normativa operada por la ley 27.802 no colisiona en mi opinión con las pautas establecidas por el legislador de la emergencia quien también puso como tope para el cálculo de intereses el empleo del IPC más 3% anual.
3. EN CASO DE MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA : A partir del presente pronunciamiento el capital histórico (sin intereses), en caso de mora en el cumplimiento de la sentencia, habrá de ser actualizado mediante el empleo de Indices de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) y devengará un interés puro calculado a la tasa del 3 % anual conforme lo indicado expresamente por art. 276 LCT (T.O. ley 27.802).
4. ANATOCISMO : Toda vez que en el caso que nos ocupa el monto del crédito del actor se encontraba controvertido a la fecha de traba de la litis, vale decir, que resultaba litigioso y por ende, sólo se torna exigible desde el presente pronunciamiento, corresponde en mi opinión aplicar al caso las pautas establecidas por el art. 770 inc. c) del CCC.
V. COSTAS : Las costas de la acción que prospera propongo se impongan en forma solidaria a cargo de los co-demandados vencidos (art. 24 ley 15.057).
VI. Encomiéndose a Secretaría a la apertura de una cuenta bancaria a nombre del Tribunal y como perteneciente a estos obrados en el Banco Prov. de Buenos Aires Sucursal Tribunales.
ASI LO VOTO.
LA SRA JUEZA DRA. VERONICA LUJAN SANCHEZ DIJO:
Por compartir los fundamentos, voto en igual sentido que el voto emitido en primer término.
ASI LO VOTO.
LA SRA. JUEZA DRA. MARÍA ALEJANDRA AMAYA DIJO:
Adhiero al voto de mi distinguida colega preopinante en cuanto a la solución sobre el fondo y a la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802 para la determinación del capital actualizado hasta el dictado de este pronunciamiento.
Disiento únicamente respecto de los intereses aplicables en caso de mora en el cumplimiento de la condena. Conforme el criterio que vengo sosteniendo en precedentes anteriores del tribunal, una vez firme la liquidación y vencido el plazo otorgado para el pago, el capital consolidado devengará hasta su efectiva cancelación la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) publicada por el Banco Central de la República Argentina, en los términos del artículo 768 inciso c) del Código Civil y Comercial de la Nación. Entiendo que dicha tasa refleja adecuadamente el costo del incumplimiento en la etapa de ejecución y desalienta maniobras dilatorias sin incurrir en desproporciones.
ASI LO VOTO
POR ELLO:
EL TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 4 DE MORON
1. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda incoada por DANIEL MARIO LICO contra PECADI S.A., OSCAR RUBEN VILLARES y MARCELO MARTIÍN VILLARES y condenar a los demandados en forma solidaria (cfr. art. 59 y 274 Ley 19.550) a pagar a la parte actora, la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.262.099,58.-), en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso omitido, SAC sobre preaviso, integración mes de despido, días laborados mes de despido, salarios impagos, SAC y vacaciones proporcionales 2018, indemnización arts. 15 ley 24.013 e indemnización art. 2 ley 25.323.
2. Rechazar la acción incoada entre las mismas partes, por la cual se pretendiera el cobro de horas extras, sanción conminatoria art. 132 bis LCT, multa art. 80 LCT e indemnización art. 10 ley 24.013 (art. 726 CCC).
3. Imponer las costas de la acción que prospera en forma solidaria a cargo de los demandados vencidos (cfr. art. 24 de la ley 15.057).
4. DISPONER que el monto por el que procede la acción devengará intereses conforme lo normado por el art. 55 ley 27.802 desde que cada rubro fue devengado, a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente. En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del artículo 55 de la ley 27.802, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual. En tanto que, el valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) de la mencionada norma.
5. EN CASO DE MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA -POR MAYORÍA-: A partir del presente pronunciamiento el capital histórico (sin intereses) así como el determinado a valores actuales, en caso de mora en el cumplimiento de la sentencia, habrá de ser actualizado mediante el empleo de Indices de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) y devengará un interés puro calculado a la tasa del 3 % anual conforme lo indicado expresamente por art. 276 LCT (T.O. ley 27.802).
6. PLAZO DE CUMPLIMIENTO: El capital, intereses y costas deberán depositarse dentro de los diez días de notificada la presente bajo apercibimiento de ejecución.
7. EL DEPÓSITO DEL CAPITAL DE CONDENA deberá efectivizarse en la cuenta sueldo del trabajador, creada en virtud de lo establecido en la ley 26.590 y su normativa complementaria y siempre que aquella se encuentre disponible. Excepcionalmente y sólo en caso de ausencia de la primera, deberá efectivizarse en autos a la orden del Tribunal interviniente (cfr. art. 277 LCT T.O. ley 27.802).
8. EL DEPOSITO DE LAS COSTAS podrá efectuarse en la cuenta judicial abierta a tales fines por el organismo o bien extrajudicialmente en la cuenta de titularidad del profesional auxiliar de justicia que se acredite en autos con anterioridad al vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia y sin que esto último modifique el plazo a partir del cual haya de considerarse incurso en mora el obligado al pago.
9. Encomiéndase a Secretaría la apertura de una cuenta bancaria judicial en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Tribunales Moron a nombre del Tribunal y como perteneciente a los presentes obrados.
10. Practíquese liquidación por Secretaría y fecha vuelvan los autos al Acuerdo a los fines arancelarios.
11. NO HOMOLOGAR EL PACTO DE CUOTA LITIS (ART. 277 LCT).
12. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE y oportunamente, previa vista al Sr. Agente Fiscal, ARCHIVENSE.
Firmas
Funcionario firmante: ALCOLUMBRE Maria Gabriela - JUEZ
Funcionario firmante: SANCHEZ Veronica Lujan - JUEZA
Funcionario firmante: AMAYA Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: PEREZ Evelyn Soledad - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 446-2026
Fin de la sentencia