Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 449/2003 en cuanto al impuesto y los intereses y revocar la sanción aplicada. Costas según los respectivos vencimientos.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $2.000 por la representación procesal y $5.000 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3Regular los honorarios de los Dres. Germán D. Baisburd y Leonardo J. Lew en la suma de $ 2.500 a cada uno, por su actuación en autos en el carácter de copatrocinantes de la recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional,teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-51654974-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Mayo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° 28.193-I caratulado: "LIGGINS S.A. s/apelación"
La Dra. O’Donnell dijo:
I. LIGGIN’S S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°449/2003, emitida el 19 de octubre de 2003 por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias del período fiscal 1997, que arrojó un saldo a ingresar de $1.166,31, más intereses resarcitorios. En dicho acto, además, se le aplicó una multa de omisión de $933,05, conforme a lo establecido por el art. 45 de la ley citada (t.v.).
Surge de sus Considerandos que los ajustes practicados son consecuencia de haberse aplicado los intereses previstos en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias (t.v.) a los fondos correspondientes a los contratos de locación de locales comerciales suscriptos con la firma Company & Company S.A.
Ante esta instancia, sostiene en primer término la nulidad de la Resolución porque la infracción por omisión que se le imputa no fue encuadrada jurídicamente. Sostiene así que no se menciona el inciso del art. 45 en que se hizo el encuadre de su conducta –la no presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias-, y que “la sola mención del artículo y la descripción de la conducta de omisión no autorizan de por si a instruir el sumario”. Califica también al error del juez administrativo como grosero.
En sus agravios respecto a la pretensión fiscal dice que: a) LIGGINS S.A. y Company & Company S.A. son sociedades distintas pero integradas exactamente por los mismos socios, son empresas netamente familiares; y b) LIGGINS S.A. puso a disposición de Company & Company S.A. los inmuebles sitos en Avda. Avellaneda 3057 y Martinez Castro 678, CABA, pero que ello no implicó una disposición de fondos, en los términos del art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias. Agrega que los contratos de locación fueron lisa y llanamente desconocidos y que la fiscalización le creyó a un vecino que dijo ser locatario, sin valerse de otras pruebas; dice también que el Fisco debe demostrar la invalidez de los contratos.
Se queja también de la multa aplicada y ofrece como prueba la informativa a la IGJ para que diga los integrantes de LIGGINS S.A. y de Compact & Company S.A. Por todo ello, pide que se deje sin efecto la Resolución.
II. A fs. 58/65 contesta el traslado del recurso el Fisco Nacional que solicita que se confirme su Resolución, con costas. A fs. 69, en el proveído del 11 de agosto de 2004, se dispuso la apertura a prueba librándose oficio a la IGJ que responde a fs. 79/110 adjuntando los estatutos de constitución de ambas sociedades.
A fs. 112, 23 de agosto de 2019, se hace saber a las partes que en virtud de los decretos N° 281/18 y N° 286/18 (B.O. 9/4/18), la Sala quedó integrada por los Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación) y, en atención al tiempo transcurrido, se clausura el período de prueba. En dicho auto también se elevan las actuaciones a consideración de la misma.
A fs. 118 se ponen los autos para alegar, obrando a fs. 121 el escrito presentado por la representación fiscal, y a fs. 124 quedan en estado de dictar la sentencia.
III. Corresponde expedirse sobre la validez y legitimidad de la determinación de oficio recurrida para lo cual debe estarse a la prueba rendida tanto en la instancia administrativa como ante este Tribunal. No se encuentra en discusión la vinculación entre la aquí recurrente y Company & Company S.A. ya que es admitida en el recurso de apelación al calificarse como un grupo o conjunto económico; tampoco que la primera era la titular de los locales comerciales que fueron utilizados entre 1997 y 2001 por Company & Company S.A. Lo que debe determinarse entonces aquí es si esa utilización implicó una disposición de fondos a favor de un tercero, acto generador de los intereses presuntos que establece el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias (t.v.).
La recurrente niega esa disposición porque dice que no es un tercero sino que es ella misma, debido a la integración societaria común de ambas sociedades y que los locales fueron cedidos para no mantener activos en desuso con el inminente deterioro que sufren las construcciones deshabitadas; agrega que Company & Company S.A., a su vez, los alquiló a otras dos personas. El Fisco Nacional, por su parte, alega que de las tareas de fiscalización surgió que quienes aparecen como locatarios negaron tener vinculación con dicha firma, en un caso, y en el otro, directamente no pudo ser localizado en su domicilio. Sostiene también que consultados los vecinos de los locales, manifestaron no conocer a la empresa y que, en definitiva, los contratos son falsos y que los inmuebles fueron cedidos dando origen al préstamo de los fondos del alquiler.
Los agravios de la recurrente no pueden prosperar por no tener respaldo en ninguna prueba más que sus meras afirmaciones, lo que claramente no es suficiente para dejar sin efecto un acto administrativo que goza de presunción de legitimidad y que se encuentra fundado en las constancias reunidas en ejercicio de las facultades de fiscalización. Es evidente que ambas empresas conformaban un conjunto económico de sociedades integrado por familiares; una, para el ejercicio de la actividad de venta de textiles y, la otra, era la titular de los inmuebles –locales- donde se llevaba a cabo tal actividad. Según sus estatutos de constitución, agregados a las actuaciones en la respuesta de la IGJ al oficio que se le librara, Gs. 79/109, que fue la única prueba rendida, ambas sociedades tenían por objeto el comercio textil. LIGGIN’S estaba conformada por Sami Carlos Furman, Ruth Furman y Claudio Furman, mientras que Company & Company, por Emilia Selem y Claudio Furman, es decir si bien se trata de sociedades familiares, su integración no es idéntica como sostiene la recurrente..
Ahora bien, el hecho de la existencia de operaciones propias en conjunto económico, que es lo único que probó la recurrente, no implica per se la exclusión del supuesto previsto en el art. 73 de la ley, ya que no altera que se trata, jurídica, societaria y tributariamente, de empresas diferentes, aunque sus integrantes se unan por lazos familiares.
Así lo interpretó la Corte Suprema de Justicia de la Nación al pronunciarse en la causa “Fiat Concord S.A.”, sentencia del 6 de marzo de 2010, en la que sostuvo que “…el hecho de que la disposición de fondos se efectúe -como ha ocurrido en el casoentre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria”.
Cualquiera hayan sido los motivos de LIGGIN’S para ceder los locales de su propiedad, y los intereses perseguidos con esa decisión, lo cierto es que fueron con un tercero en los términos de la normativa y la doctrina jurisprudencial ya citada. Dicho lo anterior, correspondía también a la aquí recurrente acreditar el interés de la empresa en la realización de tales operaciones, en el caso, las de la vinculada Company & Company S.A. con los bienes (locales) de su titularidad, prueba que tampoco rindió. En efecto, no ofreció ninguna prueba tendiente a demostrar la validez de los contratos de locación de los locales cedidos a la empresa vinculada que a su vez ésta alquiló a terceras personas, sino que solo se quejó de que el Fisco Nacional no hubiera acreditado su invalidez; sin embargo, éste sí demostró que de los supuestos locadores, uno directamente desconoció a Company & Company S.A. y, el otro, no pudo ser ubicado. De cualquier modo, tampoco LIGGIN’S explicó de qué manera la existencia de esos contratos podían variar la pretensión fiscal ya que lo que el art. 73 grava presuntivamente son las disposiciones de fondos o de bienes de una a otra empresa, en el caso los locales de su propiedad a Company & Company S.A., no de ésta última a otras empresas o personas.
En definitiva, recaía sobre la recurrente la obligación de probar en contra de la presunción legal aplicada por el juez administrativo prevista en el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias, pero no lo hizo, por lo que corresponde confirmar la Resolución N° 449/2003 tanto en cuanto al capital como los intereses intimados que acceden por imperio de la ley (art. 37, ley 11.683), con costas.
IV. Distinta en la solución a adoptar respecto de la sanción de omisión aplicada en el mismo acto, ya que se advierte que el criterio del recurrente pudo eventualmente obedecer a un error excusable en su conducta, supuesto que precisamente prevé el último párrafo del art. 45 de la ley 11.683 para eximirlo excepcionalmente de su responsabilidad infraccional. La Dra Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 449/2003 en cuanto al impuesto y los intereses y revocar la sanción aplicada. Costas según los respectivos vencimientos.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos en la suma de $2.000 por la representación procesal y $5.000 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios de los Dres. Germán D. Baisburd y Leonardo J. Lew en la suma de $ 2.500 a cada uno, por su actuación en autos en el carácter de copatrocinantes de la recurrente, los que quedan a cargo del Fisco Nacional,teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse de licencia el Vocal de la 12a. Nominación (conf. art. 184 de la ley Nº 11.683 - t.o. en 1998 y sus modificaciones- Regístrese, notifíquese, oportinamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.05.24 08:46:59 -03:00 Date: 2022.05.24 09:03:29 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.24 09:03:29 -03:00
Fin de la sentencia