Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 22804-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del T.F.N. en cuanto a la admisión del error excusable, confirmándose en consecuencia, la sanción de multa impuesta en la resolución impugnada;
2Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida, en atención a lo expuesto en el considerando VIII.- del presente decisorio y
3Modificar los honorarios y regular los de alzada de conformidad a lo expresado en el Considerando IX).-
Expte. N° 03520/2023.-
///nos Aires,11 de julio de 2023.- JMVC/RDS Y VISTOS, estos autos caratulados: “Liggin’s S.A. -TF 22804-I c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que con fecha 24 de mayo de 2022 (ver fs. 17/19 del documento digitalizado) -y aclaratoria de fecha 8/08/2022- (ver fs. 25 del documento digitalizado), el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar parcialmente la resolución N° 449/2003, en cuanto a la determinación de oficio del Impuesto a las ganancias del período fiscal 1997, que arrojó un saldo a ingresar de $ 1166,31, con más intereses resarcitorios y, asimismo, revocó la sanción de multa impuesta por omisión en los términos del art. 45 de la L.P.T., por la suma de $ 933,05, por aplicación de la figura del error excusable.
Distribuyó las costas según sus respectivos vencimientos y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por las partes.
II. Que, para decidir del modo indicado –en cuanto aquí interesa por ser materia de apelación- el Tribunal Jurisdiccional Administrativo sostuvo que, con relación a la sanción de omisión aplicada en la resolución impugnada, el criterio del recurrente pudo eventualmente obedecer a un error excusable en su conducta, supuesto que precisamente prevé el último párrafo del art. 45 de la L.P.T. para eximirlo excepcionalmente de su responsabilidad infraccional.
III. Que, contra lo decidido respecto de la multa, el Fisco Nacional interpuso apelación en fecha 5/09/2022, habiendo presentado su memorial en forma tempestiva (ver fs. 29 y fs. 31/40 del documento digitalizado, respectivamente). Asimismo, la regulación de honorarios fue apelada (ver fs. 23 del documento digitalizado) por el Fisco Nacional por altos y por bajos.
La parte actora contestó el traslado oportunamente conferido respecto de la apelación de la contraria (ver 1° parte -fs. 3/7-; 2° parte y 3° parte).
IV. Que, el Fisco Nacional sostuvo en su memorial, tras reseñar los antecedentes de la causa y lo resuelto por el Tribunal a quo, que resulta improcedente lo decidido en punto a la aplicación de la figura del error excusable, toda vez que, no sólo debe invocarse, sino que debe ser acreditado por quien pretende ser exento de sanción por tal motivo.
Así, destacó que la contribuyente en este caso -tal como lo refiere la propia sentencia recurrida- no acreditó el interés de la empresa en la realización de las operaciones con la empresa vinculada “Company & Company S.A.” con los bienes (locales) de su titularidad y, sin embargo, luego se la exime de sanción lo cual -en su criterio- no se ajusta a derecho.
A continuación, citó y transcribió párrafos correspondientes a pronunciamientos jurisprudenciales que consideró aplicables al sub examine, y reflexionó acerca de que la prueba del error excusable está a cargo de quien la invoca, toda vez que se trata de un eximente de la responsabilidad, de igual modo que el error de hecho esencial, el error de derecho, el caso fortuito o la fuerza mayor.
Por ser ello así, entendió que no basta para la admisión del error excusable: “…la mera conjetura de que la omisión ‘pudo eventualmente obedecer a un error excusable en su conducta’”.
Agregó que del modo en el que el Tribunal de instancia anterior utilizó el término: “pudo eventualmente obedecer”, importa una circunstancia de realización incierta o conjetural, siendo que la excusa para ser admitida válidamente debe ser concreta y razonada.
En tal sentido, señaló que con lo así resuelto se está privando al Fisco Nacional de la aplicación de su poder punitivo sin que la contribuyente haya probado acabadamente el error excusable eximente de responsabilidad.
En definitiva, postuló que en el caso las declaraciones juradas fueron confeccionadas con datos y conceptos improcedentes y el importe tributario, según esos conceptos improcedentes, quedó disminuido.
Concluyó diciendo que la actora no ha desactivado la presunción de culpabilidad que se puso en marcha al verificarse el aspecto objetivo del tipo sancionatorio (omisión de impuestos) por lo que, según su comprensión, no cabe otra solución que la confirmación de la sanción aplicada; lo que así solicitó, con expresa imposición de costas.
V. Que, cabe señalar que la decisión adoptada por la instancia anterior dista considerablemente de dar cabal y acabado cumplimiento a la manda legal que expresamente establece que las decisiones deben contener un fundamento suficiente, bajo pena de nulidad (cfr. art. 34, inc. 4° del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
Ello, no obstante, toda vez que tal cuestión no fue planteada por la partes, este Tribunal se limita al señalamiento de dicho aspecto.
VI. Que, sentado lo anterior, cabe recordar que el art. 45, primer párrafo de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif.- establece que: “[e]l que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas la presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del 11/07/2023 Como puede apreciarse, la norma transcripta sanciona a quien omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, siempre que no corresponda la aplicación de la figura dolosa y en la medida en que no concurra una causal de exculpación. Sobre el punto, en lo concerniente a la caracterización del ilícito y en cuestiones de índole sancionatoria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (cfr. Fallos: 271:297, entre otros).
Ello, no obstante, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que se subsume en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema legal vigente (cfr. Fallos: 278:266, entre otros y esta Sala, in re, “Conarsa S.A. c/D.G.I. s/R.D.O.E.”, Expte. Nº 9722/2015, del 11/06/2015).
VII. Que, asimismo, corresponde señalar que para que proceda el error excusable en la presentación de la declaración jurada -que de ser verificado importaría una causal eximente de la sanción a tenor de los términos en que viene redactado el art. 45 de la ley 11.683 (t.v.)-, dicho error debe ser invocado en forma específica (no genérica) y además probado, lo cual no ocurrió en el sub examine. En efecto, la norma referida tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la imprudencia o negligencia del contribuyente y contempla expresamente como causal de absolución la de un error excusable, el que debe ser valorado de acuerdo a las características de cada caso, las que especialmente se aprecian por la representación de un comportamiento normal y razonable del contribuyente frente al evento en que se halló, si aquél procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión (cfr. Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., "Procedimiento Tributario", Bs. As., Ed. Depalma, 5ta. Edición, 1993, pp. 299/300 y esta Sala, in re, “Siat S.A. (TF 22133-
I. c/D.G.I.”, Expte. N° 42.985/2011, sentencia del 22/03/2012, entre otros). Bajo tales parámetros, no puede sostenerse la verificación de un error excusable con virtualidad para eximir al infractor, en la medida en que no se ha demostrado qué circunstancias ajenas a su voluntad, motivaron las diferencias observadas en el ajuste fiscal (cfr. esta Sala, in re, “Serial, Amílcar Nelson c/D.G.I.”, Expte. N° 17.152/2012, del 7/06/2012, entre otros).
Asimismo, conviene recordar que, si el contribuyente declaró e ingresó tributos en menos, incurrió en la omisión del impuesto descripta en el art. 45 de la L.P.T.; y si bien las infracciones deben ser imputables tanto objetiva como subjetivamente para justificar la imposición de una sanción, la norma glosada no exige una intención dolosa, sino que resulta suficientemente la culpa del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales (cfr. Fallos: 303:1548; 322:519, entre otros).
En efecto, la norma de referencia sanciona la mera culpa o negligencia por parte del responsable en el cumplimiento de sus deberes tributarios, por lo que no requiere la verificación del dolo en la conducta, sino que basta que se configure la omisión de impuesto por no haber presentado las declaraciones juradas o porque la presentada resulta inexacta, tal como ocurrió en el caso (cfr. esta Sala, in re, “Serial, Amílcar Nelson”, citado y sus citas).
Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar a los agravios del Fisco Nacional y revocar la resolución recurrida, en cuanto dejó sin efecto la sanción de multa impuesta en los términos del art. 45 de la L.P.T., por considerar aplicable la figura del error excusable.
VIII. Que, corresponde expedirse en punto a las costas de ambas instancias respecto a lo decidido con relación a la sanción de multa (cfr. art. 279 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por vía del art. 197 de la L.P.T.). En tales condiciones, en atención a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las de ambas instancias a la contribuyente que resulta sustancialmente vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por vía del art. 197 de la ley 11.683, t.o. 1998 y modif.).
IX. Que a fin de tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios; en primer término, cabe señalar que a fin de tratar el recurso se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N.
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11/07/2023 “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más);
Y, recientemente en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos:341:1063), sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons. 3° y 4° del voto mayoritario). Cabe señalar que el tratamiento del recurso se lleva a cabo abordando la regulación según la ley aplicable a cada lapso de actuación profesional cumplida, siguiendo las pautas interpretativas fijadas por el Alto Tribunal en el mencionado precedente, por lo que corresponde modificar la regulación de fecha 24/05/2022 – punto 2º)-, elevando los emolumentos allí fijados.
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucradosconf. fs. 1 (F4), lo resuelto con fecha 24/05/2022 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante las dos etapas del pleito cumplidas, corresponde modificar los honorarios fijados en el punto 2°) de la regulación de fecha 24/05/2022, fijando en la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 9.669) –equivalente a 0,50 UMA, por la terecera etapa- los emolumentos de la representación fiscal; los que se encuentran a cargo de la actora (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y arts. 16, 19, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.835,50) -equivalente a 0,25 UMA- ; los emolumentos en favor de la dirección letrada y representación de la demandada; los que se encuentran a cargo de la actora (arts. 19, 20, 21, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
Asimismo no corresponde tratar el recurso interpuesto por la representación fiscal contra los emolumentos regulados en favor de los letrados de la actora en el punto 3º) de la resolución de fecha 24/05/2022, toda vez que se admite la apelación contra la sanción de multa impugnada.
El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re "Beccar Varela Emilio-Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento del T.F.N. en cuanto a la admisión del error excusable, confirmándose en consecuencia, la sanción de multa impuesta en la resolución impugnada; 2°) las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida, en atención a lo expuesto en el considerando VIII.- del presente decisorio y 3°) modificar los honorarios y regular los de alzada de conformidad a lo expresado en el Considerando IX).-
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia