Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 7189
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el presente acuerdo de juicio abreviado.
II. Condenar a Rodolfo César Robatto a la pena de cuatro (4) años y diez (10) meses de prisión, con más las accesorias legales, por resultar autor responsable del delito de hurto agravado.
III. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes como defensores particulares, hasta tanto todos ellos acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.
IV. Costas a la parte vencida.
Rigen los arts. 18, CN; 168 y 171, CBA; 5, 12, 40, 41, 45 y 163 inc. 1°, CP; 22, 106, 210, 396, 397, 398, 399, 530, 531, cits. y ccs., CPPBA.
AUTOS
En la ciudad de La Plata, designado por sorteo interno como el Juez a cargo de dictar el veredicto, conforme los arts. 399 y 371 del Código Procesal Penal, en causa nº 7189 (sorteo n° 339/8/2022, IPP 06-03-001892-09/00) seguida a ROBATTO RODOLFO CESAR por los delitos de asociación ilícita, estafa y hurto campestre; y al no tener sentido plantear la cuestión relativa a eximentes (art. 371 párr. antepenúltimo in fine, CPPBA), RESUELVE plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. La admisibilidad del acuerdo de juicio abreviado Que habiéndose formalizado el acuerdo de juicio abreviado y corroborado la aceptación libre por parte del imputado (v. acta que antecede), encontrándose ajustado a las disposiciones legales que lo regulan y no existiendo discrepancia insalvable con la calificación legal aplicada al mismo, (téngase presente el alcance del art. 398 inc. 1°: "...respetando el principio de congruencia"), corresponde declarar su admisibilidad (arts. 395 y ss., CPPBA).
2. El veredicto a. Con carácter previo conviene efectuar una breve descripción de los hechos imputados a Robatto en esta instancia de juicio.
De acuerdo a la requisitoria de elevación a juicio se imputaba a Robatto los hechos que, a continuación, paso a transcribir “En época previa -aún no precisada- al día 6 de octubre del año 2009, cuanto menos siete personas del sexo masculino -entre las cuales se encontraba un sujeto que por entonces desempeñaba el cargo público de Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Cañuelas con jurisdicción territorial en las localidad de Cañuelas y de San Miguel del Monte-, conformaron una organización que, de modo habitual y permanente, se vincularon con el propósito de perpetrar ilícitos indeterminados. Que dichos sujetos, con fecha 6 de octubre del año 2009, de manera coordinada y con distribución de roles, mediante la falsificación material e ideológica de un boleto de compra-venta y de otro documento por el cual se reconocía a BAEZ con prerrogativas posesorias que efectivamente no tenía sobre un inmueble de la localidad de San Miguel del Monte, habiendo formalizado este último una falsa denuncia previa de fecha 15 de septiembre del año 2009 por la comisión del delito de usurpación de inmueble -ello a los fines de dar legitimidad a futuras maniobras delictivas-, procedieron a despojar mediante la sustitución de las cadenas y candados que se encontraban colocados en resguardo del perímetro del lote en cuestión -a más del ardid empleado para mantenerse en él-, a la ciudadana Mirta Carmen García de la efectiva posesión del predio rural sito a la orilla del Río salado, ubicado entre las vías del tren y el puente Romero de la localidad de Videla Dorna -Partido de San Miguel del Monte-, apoderándose ilegítimamente -asimismo- de la totalidad de los bienes y ajuar que existía en su interior -entre ellos la plantación de avena que había sido previamente sembrada con anuencia y bajo acuerdo comercial de su propietaria, a más de su cosecha y el producido dinerario de ésta-, todo ello con el consecuente perjuicio patrimonial para la nombrada.
Que durante el transcurso de la ocupación ilegítima que duró -al menos- desde el día de comisión de los hechos hasta la fecha de restitución efectiva del predio a la damnificada -conforme obra en autos-, mediante la intervención de quien resultase el Agente Fiscal de la presente investigación -e integrante de la banda delictiva-, utilizando la documentación anteriormente falseada, el funcionario por entonces interviniente -en flagrante connivencia con los demás integrantes de la banda- y, abusando de su autoridad en contraposición con las funciones y competencias que el Código Provincial de Rito, la Ley del Ministerio Público Fiscal y la Constitución Provincial lo investían, procedió a la entrega del campo al mentado BAEZ, autorizándolo además a retirar parte de la avena cosechada y que fuera objeto de la previa siembra autorizada por la víctima de autos, apoderamiento ilegítimo -por cierto- que se efectivizó previo ‘trillado’ de la cosecha -movimiento materializado entre los últimos días del mes de diciembre del 2009 y primero días de enero del año 2010- y retiro del porcentaje acordado con la empresa cerealera ‘CEFA SRL’ -materializado en fechas 27/8/10, 6/9/10, 21/9/10 y 1/12/10-, operativizando mediante tales actos una negociación incompatible con su función -y en beneficio de la asociación ilícita que él mismo integraba-, denegando consecuentemente acción de justicia a la propia damnificada, en virtud de dejar de promover la persecución de los demás autores de los ilícitos atribuidos, sin haber operado justificación de existencia de inconveniente insuperable”. Respecto a la calificación legal, allí se sostuvo que los hechos descriptos constituían prima facie los delitos de asociación ilícita, falsa denuncia, falsificación material e ideológica de instrumento privado y público, uso de documento falso, usurpación de inmueble, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con función pública, denegatoria de justicia, hurto campestre y estafa -estos dos últimos en concurso ideal entre sí-, concurriendo todos los delitos de forma real, en los términos de lo prescripto por los arts. 54, 55, 163 inciso 1ro., 172, 181 inciso 1ro., 210 párrafo 1ro., 245, 248, 265, 274, 292, 293 1er. párrafo y 296 del Código Penal.
Asimismo, se señaló la imposibilidad de proseguir la acción sobre el imputado Robatto en relación al delito de denegatoria de justicia, en virtud de haberse dictado la extinción de la acción penal el 16/12/2019 (ver res. fs. 1658/1659), la cual quedó firme.
En relación a la participación de Robatto, se lo imputaba como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con función pública, denegatoria de justicia, y como partícipe necesario de los delitos de falsa denuncia, usurpación de inmueble, estafa y hurto campestre; reiterándose la imposibilidad de impulsar la acción en orden a la figura de denegatoria de justicia en virtud de la extinción de la acción dictada.
En el devenir del proceso, el Juez de Garantías, en el marco de la resolución a tenor del art. 337 CPPBA, resolvió sobreseer parcialmente a Cesar Robatto respecto del delito de negociaciones incompatibles con la función pública (res. del 20/09/2021 de fs. 2174/2180vta.), la que adquirió firmeza al no haber sido impugnada.
Por otro lado, este Tribunal al momento de dictar la resolución a tenor del art. 338 CPPBA, resolvió declarar extinguida por prescripción las acciones penales respecto de los delitos de falsa denuncia y abuso de autoridad (operando la prescripción de la acción penal el día 18 de octubre de 2015) y usurpación de propiedad (operando la prescripción de la acción penal el 18 de octubre de 2016), y consecuentemente, se dictó el sobreseimiento parcial y definitivo de Rodolfo Cesar Robatto en relación a los hechos que se le atribuyeran como cometidos hasta el día 09 de octubre de 2009 en perjuicio de la administración pública [falsa denuncia y abuso de autoridad] y de la propiedad [usurpación de propiedad] (cf. res. del 24/11/2024, confirmada por la Alzada el 04/04/2025 ante el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal). En el acuerdo, se reconduce la imputación a las acciones vigentes de la siguiente manera:
“HECHO: en época previa -aún no precisada- al día 6 de octubre del año 2009, cuanto menos siete personas del sexo masculino -entre las cuales se encontraba un sujeto que por entonces desempeñaba el cargo público de Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Cañuelas con jurisdicción territorial en las localidad de Cañuelas y de San Miguel del Monte-, conformaron una organización que, de modo habitual y permanente, se vincularon con el propósito de perpetrar ilícitos indeterminados. Que dichos sujetos, con fecha 6 de octubre del año 2009, de manera coordinada y con distribución de roles, mediante la falsificación material e ideológica de un boleto de compra-venta y de otro documento por el cual se reconocía a BAEZ con prerrogativas posesorias que efectivamente no tenía sobre un inmueble de la localidad de San Miguel del Monte, habiendo formalizado éste último una falsa denuncia previa de fecha 15 de septiembre del año 2009 por la comisión del delito de usurpación de inmueble -ello a los fines de dar legitimidad a futuras maniobras delictivas-, procedieron a despojar mediante la sustitución de las cadenas y candados que se encontraban colocados en resguardo del perímetro del lote en cuestión –a más del ardid empleado para mantenerse en él-, a la ciudadana Mirta Carmen García de la efectiva posesión del predio rural sito a la orilla del Río Salado, ubicado entre las vías del tren y el puente Romero de la localidad de Videla Dorna -Partido de San Miguel del Monte-, apoderándose ilegítimamente -asimismo- de la totalidad de los bienes y ajuar que existía en su interior -entre ellos la plantación de avena que había sido previamente sembrada con anuencia y bajo acuerdo comercial de su propietaria, a más de su cosecha y el producido dinerario de ésta-, todo ello con el consecuente perjuicio patrimonial para la nombrada.
Que durante el transcurso de la ocupación ilegítima que duró -al menos- desde el día de comisión de los hechos hasta la fecha de restitución efectiva del predio a la damnificada -conforme obra en autos-, mediante la intervención de quien resultase el Agente Fiscal de la presente investigación -e integrante de la banda delictiva-, utilizando la documentación anteriormente falseada, el funcionario por entonces interviniente -en flagrante connivencia con los demás integrantes de la banda- y, abusando de su autoridad en contraposición con las funciones y competencias que el Código Provincial de Rito, la Ley del Ministerio Público Fiscal y la Constitución Provincial lo investían, procedió a la entrega del campo al mentado BAEZ, autorizándolo además a retirar parte de la avena cosechada y que fuera objeto de la previa siembra autorizada por la víctima de autos, apoderamiento ilegítimo -por cierto- que se efectivizó previo ‘trillado’ de la cosecha -movimiento materializado entre los últimos días del mes de diciembre del 2009 y primero días de enero del año 2010- y retiro del porcentaje acordado con la empresa cerealera "CEFA SRL" -materializado en fechas 27/8/10, 6/9/10, 21/9/10 y 1/12/10-; obrando de esta manera en beneficio de la asociación ilícita que él mismo integraba”.
Se califican los hechos como asociación ilícita, hurto campestre y estafa -éstos en concurso ideal-, todos ellos en concurso real en los términos de los arts. 54, 55, 163 inc. 1°, 172 y 210 párrafo 1° del Código Penal, y se sostiene ahora que Rodolfo César Robatto resultar ser autor de esos hechos.
b. Para poder comprender acabadamente el razonamiento probatorio, haré una breve mención de los diferentes sujetos que intervinieron en el presente.
- Mirta Carmen García resulta ser propietaria del campo, formula la denuncia de usurpación ante Robatto el 22 de octubre de 2009.
- Rodolfo Cesar Robatto, agente fiscal, recibió las denuncias formuladas por Mirta Carmen García y Claudio Báez, autorizó el ingreso al predio y a la entrega del producido de la cosecha. Dispuso el archivo de la IPP.
- Angel Oscar Labría, supuesto comprador del campo de Mirta García, con boleto de compraventa de fecha 03/09/2009.
- Claudio Daniel Báez, compra a Ángel Oscar Labría por boleto de compraventa del 02/10/2009 firmado ante escribano Rivera Cano, e ingresa al campo. Presenta “denuncia” ante Robatto a fin de que lo autorice a ingresar.
- Daniel Marcelo Liguori, abogado de Báez, intervino en la compraventa entre este último y Labría, e ingresa al campo.
- Ignacio Enrique Sánchez, empleado de Claudio Báez y encargado del campo, ingresa al mismo.
- Diego Ignacio Sánchez, hijo del anterior, concurría al campo a realizar labores.
- Franco Rafael Torres, sobrino político de Ignacio Sánchez, trabajaba en el campo e ingresa al mismo.
c. Los hechos acaecidos en orden cronológico El 03 de septiembre de 2009 se celebra boleto de compraventa entre Mirta Carmen García y Oscar Labría (supuesto comprador). El boleto fue aportado originalmente por Oscar Labría al prestar declaración testimonial el 06 de agosto de 2010 (fs. 122/125); habiéndose dispuesto agregar copia al advertir faltantes de distintas piezas por parte del nuevo Agente Fiscal (fs. 473/474), encontrándose agregado a fs. 471.
El 15 de septiembre de 2009 Claudio Báez formula denuncia en la fiscalía, recibida por Robatto en su rol de agente fiscal, refiriendo en su presentación que la compra del campo se realizó en el mes de marzo de ese año y solicitando autorización para acceder al predio, lo que motivó la formación de la IPP 06-03-1663-09 (luego acumulada a la presente). Acompaña copia del boleto de compraventa celebrado entre él como comprador y Oscar Angel Labría como vendedor en fecha 02 de octubre de 2009, cuyas firmas estarían certificadas por escribano público Pablo A. Rivera Cano, mediante el cual Báez compra el campo (fs. 249/250) (nomenclatura catastral circunscripción V, parcela 28, partida n° 832). El 05 de octubre de 2009, Robatto firma un oficio en el marco de la IPP 06-03-1663-09 autorizando a Claudio Daniel Báez a tomar posesión del campo (agregado en copia a fs. 222). El oficio fue aportado por Aquín en marzo 2014, ex policía retirado y ex cuidador del campo; luego también a fs. 231 -sobre cuya declaración me expediré más adelante, fs. 228/230-. La orden no figura en el SIMP.
El ingreso al campo se produce posteriormente por parte de Liguori, Báez Enrique Sánchez, Franco Torres y el policía Aquín -sin ingresar este último-, con la orden expedida por Robatto.
Previo a ello, habían concurrido al campo Báez, Liguori y Enrique Sánchez, junto a otras personas, acompañados por el Oficial Aquín, conforme lo dispuesto por el Comisario Guarine -de acuerdo a lo declarado por Aquín con posterioridad -ver declaración de fecha 14/03/2014, fs. 228/230-; e ingresaron al predio sin Aquín, pasando por arriba de la tranquera.
El día 22 de octubre de 2009 se presenta en sede de la Fiscalía Mirta Carmen García, prestando declaración testifical tomada por el fiscal Robatto y el secretario Damonte -luego Fiscal-, refiriendo que posee un campo ubicado en la localidad de Villa Dorna, partido de San Miguel del Monte, a la orilla del Río Salado entre las vías del tren y el Puente Romero, que consta de 180 hectáreas; que fue trasmitido por una donación en vida de su padre Plácido García en el año 1987, acompañando a fs. 4/7 -125/128- y 24/37 documental que acredita la titularidad.
Relata que al campo se ingresa por otro campo perteneciente a Domingo y Agustín Carazo. Que el día 6 tomaron conocimiento por vecinos que un grupo de personas ingresó al campo y que el día 7 concurrieron al campo como lo hacen habitualmente, ya que tienen hacienda, pero que se encontraron con que había gente dentro del campo, y con otras cadenas y candados en la tranquera. Que habló con una persona que se encontraba allí, quien le refirió que había comprado y luego que su amigo había comprado. Que no vivía nadie en el campo ni había ninguna persona encargada, pero que ella y su hijo concurrían periódicamente. Que existe una casilla rural que utiliza para quedarse, una camioneta Dodge 1980, una casa deteriorada y dentro del baño herramientas.
Señala que en el campo hay animales vacunos y caballos de su propiedad, aportando la marca de éstos y que una parte fue sembrada por la dicente y otra por Darío Méndez, a porcentaje (ver fs. 1/2); habiéndose expedido en este sentido este último como así también Abel De Luca. Declaró nuevamente el 29 de abril de 2014, desconociendo el boleto de compraventa de fs. 124 - agregado nuevamente a fs 471- como así también las firmas obrantes al pie del mismo (ver declaración de fs. 257/258).
Sobre el acuerdo de siembra, Jorge Abel De Luca declaró el 22 de diciembre de 2009, refiriendo que junto con Méndez contrataron parte del campo para sembrarlo en el presente año, realizando la contratación con Hernán de palabra, quien es hijo de Mirta García, conociendo a esta última desde hace aproximadamente seis años, quien se presentó como la dueña del campo. Que fueron a hablar con los actuales ocupantes del inmueble y dieron su autorización para cosecharla al cambio del 25% de lo producido a favor del campo (ver declaración de fs. 60/vta).
En la misma fecha declaró Darío Luis Méndez, refiriendo que tiene una relación comercial con Mirta García desde hace dos años, para el sembrado del campo, habiendo sembrado en la actualidad en unas 63 hectáreas y que la misma no fue cosechada. Que no conocía a Mirta García y que siempre contrató con el hijo de la misma de nombre Hernán, quien le refería que su madre era la dueña, habiendo heredado el campo de su abuelo (ver declaración de fs. 61/62). Posteriormente prestó nuevamente declaración Méndez, el 14/03/2014, sobre la que volveremos más adelante a fin de mantener el correlato.
Ambos testigos coincidieron en haber sido consultados sobre si el campo estaba en venta, que tenían llaves del campo para ingresar y que no vivía nadie en el campo.
Por otro lado, el 28 de diciembre de 2009, prestaron declaración Domingo Martín Carazo y Agustín Santiago Carazo -dueños del campo vecino y por el cual se ingresa al campo de García-, refiriendo conocer a la denunciante y a su padre que compró el campo en 1948, que siempre tuvo los mismos dueños y que desde hace dos años el campo lo siembran Mendez y De Luca, el primer año con avena y el segundo con soja. Que hablaron con los actuales ocupantes del campo y estos le dijeron que habían comprado el campo (fs. 65/66).
Continuando con el relato en orden cronológico, el 26 de octubre de 2009 se acumula la IPP 06-03-001892-09, correspondiente a la denuncia efectuada por Báez (fs. 16) y se dispone constatación del campo por parte de Robatto, la cual se lleva a cabo el día 19 de noviembre de 2009, constatando que se encontraban Diego Ignacio Sánchez -quien se identifica como hijo de uno de los propietarios- y Franco Rafael Torres -quien refiere ser empleado del lugar-, como así también la existencia de una casilla de chapa y dos construcciones de material, una camioneta Dodge color blanca y celeste, unos 25 animales vacunos y 3 equinos, observando que el lugar se encuentra en orden y en buenas condiciones (fs. 18/vta).
El 05 de febrero de 2010, se presentan nuevamente Darío Méndez y Jorge De Luca en Fiscalía y entregan copia de las constancias de ingreso de siembra del período desde agosto de 2009 a enero de 2010. Surge del recibo que el 25% corresponde a Sánchez (fs. 84/85).
En fecha 06 de abril de 2010, Robatto autoriza a Báez la entrega del producido de la cosecha de avena realizada en el mes de diciembre (fs. 98), solicitado por Báez previamente (fs. 97). Los retiros del trillado, efectuado por la empresa CEFA, fueron llevados a cabo en las siguientes fechas y por las siguientes personas: el primero por Jorge De Luca el 25 de agosto de 2010, el segundo el 27 de agosto de 2010 por De Luca y Sánchez, el tercero el 06 de septiembre por De Luca y Sánchez, el cuarto el 21 de septiembre por De Luca y Sánchez y el quinto el 1° de diciembre sólo por Sánchez y firmando el mismo el remito. Ello de acuerdo a lo declarado por Horacio Marcelo Aramburú -gerente de CEFA- el 14 de marzo de 2014 (fs. 215/217) y los remitos agregados por éste a fs. 703/707 (aportados a fs. 210/211). El 10 de enero de 2011, se dispuso el archivo de la causa en los términos del art. 268 por no constituir delito alguno el hecho investigado, por parte de Robatto, fundado en que no se había podido acreditar de forma fehaciente la titularidad del bien en cuestión, que no se encuentra probado hasta el momento el delito de usurpación, que no había gente viviendo en el campo y en la falta de colaboración de la víctima, demostrando un desinterés por parte de ésta, debiendo dirimirse la cuestión en la vía civil correspondiente por tratarse de una cuestión de mejor derecho. El auto que dispone se encuentra agregado en copia a fs. 472/vta., al haber advertido el nuevo agente fiscal Lisandro Damonte el faltante de distintas piezas y ordenando consecuentemente se agreguen las mismas. La resolución no aclara si comprende a ambas IPP: 06-03-1892-09 (causa n° 7189) y 06-03-1663-09 (denuncia efectuada por Báez), que ya se encontraban acumuladas desde 26/10/2009 (fs. 16 de la última de ellas).
El 18 de octubre de 2013 Robatto es notificado, de manera personal, de la aceptación de su renuncia (fs. 731/733).
El 12 de marzo de 2014, se revoca el archivo por contrario imperio y se solicita a CEFA información en los registros respecto a la entrega efectuada en abril de 2010 de la avena depositada en el establecimiento a nombre de Méndez y De Luca (fs. 208); informando a fs. 210/vta., donde surge que se trasladaron 6 equipos entre el 03 y 13 de enero de 2010 desde el campo de San Miguel al establecimiento CEFA, aportando los remitos. El 14 de marzo de 2014 prestó nuevamente declaración Darío Luis Méndez, refiriendo que en mayo de 2009 realizó el sembrado de avena en el campo de Mirta García, que el trabajo lo pactó con ésta y sus hijos y que para septiembre el campo fue ocupado por otras personas. Que a los 15 o 20 días, cuando se encontraban junto a De Luca recorriendo el campo, los recibió Sánchez, mostrándoles un papel de la Fiscalía y refiriendo que era el nuevo dueño del predio. Que para fines del año 2009 las plantas estaban en condiciones de cosecharse, motivo por el cual el 27 de diciembre de 2009 fueron junto a De Luca a la Fiscalía de Cañuelas del fiscal Robatto quien los autorizó de palabra, al trillado del predio y dejar el porcentaje del 25% donde se entregara la semilla, acordando su realización con la empresa CEFA SRL, aclarando que el mismo se contactó Marcelo Aramburu de CEFA, en atención a que ningún establecimiento de acopio se quería hacer cargo ya que estaban enterados de que en ese campo había problemas. Que sabe que Sánchez retiró el 25% que había a resguardo de CEFA porque se lo dijo Marcelo Aramburu (ver declaración de fs. 212/214). Luego, en su nueva declaración, refirió que sólo tuvo contacto con Ignacio Sánchez. En la misma fecha declaró Horacio Marcelo Aramburú, expidiéndose en sentido análogo a lo referido por Méndez, refiriendo que las semillas fueron retiradas el campo en enero de 2010, permaneciendo resguardadas hasta agosto de 2010, informando las fechas y personas que realizaron los retiros tal como ya se reseñara y acompañando los remitos, señalando que a Sánchez le correspondía el 25%, equivalente a 25.177 kilos. Señaló que no conocía a Sánchez y refirió que se trata de un sujeto de unos 40 o 45 años.
Prestó declaración en la misma fecha Héctor Rodolfo Aquín, reconociendo su firma en el acta de constatación de fs. 18/20 y refiriendo que para esa época era teniente en el puesto de vigilancia de Videla Dorna, recordando que el comisario Guariné le encomendó acompañar a unas personas que eran amigas del fiscal Robatto a un campo que habían comprado y no sabían cómo llegar, haciéndose presentes los mismos en la comisaría, y quienes se identificaron como Claudio Báez, Daniel Liguori que dijo ser abogado y le entregó una tarjeta -cuya copia acompaña al presentey Enrique Sánchez, a quien le decían “Quique”. Que los acompañó hasta el campo y al llegar a la tranquera la pasaron por arriba, mientras que él se quedó en el móvil, permaneciendo allí por espacio de una hora.
Que a los dos días le entregaron un oficio de fecha 05 de octubre de 2009 que obra en las actuaciones y hace también entrega en el acto, ordenando poner en posesión del campo a Báez. Que luego, sin recordar la fecha, se presentaron en el destacamento Liguori, Sánchez, Báez y otras personas, a quienes acompañó hasta el campo y como no tenían cómo cortar los candados se fueron y regresaron al día siguiente, cortaron los candados e ingresaron al campo, permaneciendo el dicente fuera del mismo. Que cuando ingresan al campo dejaron adentro del mismo a dos o tres sujetos como cuidadores, de acuerdo a lo constatado en el acta de fs. 18/20. Refirió que luego fue contratado el hijo de su mujer como puestero del campo, y luego el dicente junto a su mujer, desde marzo de 2010 a agosto de 2013, tiempo durante el cual Báez se construyó una casa de seiscientos metros cuadrados; mientras que el dicente llevó animales de su propiedad y que no pudo recuperar cuando Báez llevó a una persona y lo dejó en la casa que él ocupaba.
Que a los quince días de que las personas ingresaran al campo, lo llamó Mirta García, a quien no conocía, refiriendo ser la dueña del campo, para luego presentarse en su domicilio, exhibiéndole el dicente el oficio. Que luego se enteró que la Sra. García tenía un trato con De Luca y Méndez para sembrar avena y que luego de ello Báez hizo trillar la avena e iba a porcentaje, para luego sembrar soja y trigo. Por último, refirió conocer a Mirta García y a los dos hijos, uno llamado Hernán, señalando que tenían dos campos, uno en Alegre, partido de General Alvear, y otro en San Miguel del Monte, habiendo realizado el resguardo de varias cosechas del campo de Alegre (ver declaración de fs. 228/230).
En ese mismo sentido se expidió su pareja Marta Cristina Medina, aportando fotografías de la casa construida, como así también del vehículo BMW negro de Baez (ver declaración de fs. 233/vta).
El 07 de julio de 2014 se ordena el desalojo, previa identificación de los ocupantes y contracautela (fs. 281/282vta. y aclaratoria de fs. 283/vta, firmada a fs. 295); presentándose Báez solicitando se suspenda el desalojo, no haciéndose lugar por no ser parte legitimada (fs. 360).
El 20 de septiembre de 2014 se procede al desalojo del campo, en presencia de Mirta Carmen García (fs. 319/320) y el 24 de septiembre se realiza el conteo de los animales (fs. 329/vta.). A fs. 334/337 pericia planimétrica y fotográfica. El cuidador del campo Romero Jorge Pilar al momento del desalojo refiere que fue contratado por Baez, que vivía solo en el lugar y, al realizase el conteo, informa que trabaja para Mirta García. d. Tras ese desarrollo descriptivo de los hechos sucedidos y de la prueba que respalda su acreditación, corresponde que analicemos si Robatto se comportó dentro de los márgenes del rol de fiscal o si, por el contrario, su actuación comportó la realización de un injusto contra la propiedad.
Más allá de que varias acciones se encuentren extintas, tal como fuera declarado en diversas oportunidades a lo largo del proceso, es necesario que nos refiramos a algunos de los hechos por los que Robatto fuera sobreseído, a lo fines de poder presentar metódicamente la justificación de la imputación por su intervención delictiva en el delito cometido contra los bienes de Mirta Carmen García.
Una primera afirmación: Robatto era parte del colectivo que se organizó a los efectos de, en primer término, usurpar el campo de la señora García; luego, esa planificación se extendió -y aquí lo relevante a los efectos de la imputación analizada- hacia el apoderamiento ilegítimo de cosas muebles allí habidas y de propiedad ajena.
Ahora la explicación.
La planificación y preparación tosca de la ejecución, sumado a las irregularidades observadas en el desempeño de la función de fiscal que realizó Robatto a lo largo de la investigación, permiten inferir y afirmar más allá de toda duda razonable su pertenencia a ese colectivo, léase al grupo de intervinientes formado para ejecutar esa planificación delictiva que empezó definida de una forma y que, luego, se extendió hacia otra. En primer lugar, porque se utilizó una maniobra comúnmente empleada para maquillar la legitimidad de la autorización que Robatto confirió a Báez y compañía para que pudieran ingresar al campo de la damnificada. Concretamente: se falsifica un primer boleto de compra-venta que luego permite encadenar otro boleto entre el supuesto primer adquirente (Labría) y una segunda persona (Báez), quien con ese instrumento se presenta en la fiscalía denunciando que para acceder al campo que había adquirido -léase con ese segundo boleto- y como era necesario pasar por una tranquera de un campo lindante (servidumbre de paso), a fin de “evitar daños innecesarios” solicitaba a la fiscalía “autorización” “para realizar o hacer efectiva dicha posesión”. Ese boleto, originado con motivo del primer boleto falso, otorgaba la excusa para aparentar el derecho a poseer el campo y, con ello, en connivencia con el fiscal, obtener la orden que los autorice a ingresar al campo que sólo en apariencia tenían derecho a poseer.
La primera secuencia de la maniobra puede graficarse así:
1er boleto falso ---> 2do boleto ---> denuncia ---> fiscal autoriza ingreso al campo propiedad de García Ese primer boleto creado en fecha 3/9/2009 y que cuenta con timbrado bancario en la misma fecha es definitivamente falso. Primero porque Mirta García -quien aparecía como vendedora en ese instrumentodesconoció la operación de compra y venta como también la firma allí inserta como suya (v. declaración de fs. 257/258); es más, la firma que obra en el boleto -y no hace falta ser un experto para afirmarlo- difiere sustancialmente de la firma que Mirta García utiliza en documentos indubitados (cfr. la firma obrante en el boleto de fs. 471 con la de su DNI cuya copia obra a fs. 3, esta última firma idéntica a la que hizo en su declaración de fs. 2). Segundo porque al presentarse la señora García en la fiscalía para denunciar que había intrusos en su campo, lo hizo muñida de documentación que acreditaba su legítima titularidad dominial sobre dicho inmueble; de hecho, no sólo llevó la escritura, sino también un informe actualizado de catastro de fecha 13/10/2009, siendo que ella se presentó el día 22/10/2009 en sede fiscal. Tercero porque ese primer boleto, que fue recién conocido cuando declaró Labría el 6/8/2010 (fs. 122/125), desapareció del expediente junto a la declaración del nombrado que lo aportara y tuvo que ser agregado por el nuevo fiscal que reemplazara a Robatto tras su renuncia (cfr. fs. 471 y 473/474).
Pero, además, lo tosco de la planificación delictiva surge a poco de observar que el 15/9/2009, esto es, 12 días después de la firma del primer boleto por el que Labría aparece adquiriendo el campo, cuando Báez se presentó en la fiscalía de Robatto a denunciar que había comprado un campo y pedir autorización para tomar posesión, dijo que la compra la hizo “en el mes de marzo de ese año”, es decir, cuando todavía no existía ese primer boleto que falsificaran y que le daba apariencia de comprador legítimo a Labría que luego vendería el campo a Báez. Tan es así que, en el contexto de esa denuncia, el propio Báez acompañó el -segundo- boleto de compraventa celebrado, el día 2/10/2009 ante escribano público, entre él (comprador) y Labría (vendedor), mediante el cual pretendía aparentar la adquisición del campo (Nm: Cir. V, Parc. 28, Part. 832); dicho tajantemente: Báez denunció un hecho inexistente porque en “marzo de ese año” todavía no habían creado ese primer boleto falso, incluso al momento de su presentación en la fiscalía de Robatto tampoco había pretendido simular la adquisición del bien, dado que el segundo boleto se firmó con posterioridad. Ahora bien, la denuncia de Báez y ese boleto de compra y venta que lo mostraba como adquirente, conllevaron como efecto que el 5/10/2009 Robatto firmara un oficio -en el marco de la IPP 06-03-1663-09- autorizando a Claudio Daniel Báez a tomar posesión del campo, lo que efectivamente hizo junto a Liguori, Enrique Sánchez y Franco Torres, momento en el cual cortaron cadenas y candados de seguridad allí existentes (v. declaración de Aquín, fs. 228/230), esto es, utilizando violencia (art. 181 inc. 1°, CP); ello, más allá que también lo habían hecho previamente saltando la tranquera (v. declaración cit.), es decir, ya habían invadido el inmueble clandestinamente (art. 181 inc. 1°, CP).
Bien es verdad que Báez aparece como comprador en el boleto que acompañó cuando pidió la autorización al fiscal Robatto para ingresar al campo y que, incluso, ese boleto tenía las firmas certificadas ante escribano, pero también lo es que, ya desde el propio relato que hiciera Báez aparecían serias inconsistencias con el hecho que el instrumento privado acreditaba; en otras palabras, el discurso de Báez no condecía con lo que surgía del boleto de compraventa acompañado, pues declaró que había comprado un campo y el boleto es posterior a su presentación en sede fiscal. Esa inconsistencia basal hubiese alertado a cualquier fiscal que ejerce el rol con suficiente fidelidad al Derecho, en la medida que -para la época- las normas de fondo y las leyes notariales aplicables no imponían expresamente al escribano la obligación de hacer “estudios de títulos” previo a la operación de compraventa por instrumento privado, más allá que la buena práctica notarial aconsejaba considerarla como una obligación tácita para que el adquirente pueda probar su buena fe en el marco de lo normado por el art. 1051 del Código Civil vigente para la época (cf. Convención Notarial de la Ciudad de Buenos Aires, 1969, Tema 1: Buena fe y título oneroso, “conclusiones”).
No es menor resaltar que el boleto instrumenta un contrato de compra y venta entre partes, pero no trasmite el dominio de la propiedad que se realiza únicamente mediante escritura pública. Entre otras obligaciones, el Código de Vélez determinaba que el vendedor debía entregar la cosa vendida libre de toda otra posesión (art. 1409, CC). Sin embargo, según surge de su denuncia, Báez habría comprado aquel campo sin tomar su posesión, lo cierto es que se presentó ante un fiscal para que le diera autorización para ingresar a un fundo ajeno y así poder tomar posesión del bien inmueble supuestamente adquirido, alegando una suerte de heredad cerrada (art. 3069, CC). Esa presentación y la posterior autorización emitida por Robatto (v. copia de oficio a fs. 222), indica que era parte del acuerdo espurio, en la medida que se utiliza como excusa el mecanismo de la “denuncia”, pero sin denunciar delito perseguible de oficio alguno. De hecho, se trajo una problemática propia del derecho privado que se solucionaba entre partes (arts. 2977, 3068 y ccs., CC), o bien acudiendo al fuero específico; dicho tajantemente: si la denuncia no contiene una hipótesis delictiva, sino un problema del derecho real, no es competencia del fiscal disponer autorizaciones para que personas ingresen a inmuebles, sea suyos o ajenos, existan o no servidumbres constituidas en su favor. Por cierto, Robatto no podría exonerarse invocando un error de prohibición, ya que su rol de fiscal y la ausencia de un motivo normativamente vinculante, lo tornaban en cualquier caso evitable (cfr. CÓRDOBA, Fernando J., La evitabilidad del error de prohibición, Marcial Pons, 2012, pp. 352 ss.). Robatto no sólo no se alertó por aquella inconsistencia entre la declaración de Báez y lo que surgía del boleto que acompañara, sino que, además, como decíamos, firmó un oficio autorizando a tomar posesión del campo sin tener competencia asignada para ello, lo cual evidentemente sabía, porque el oficio original desapareció y además no estaba cargado en el sistema informático del Ministerio Público (SIMP), de suerte que fue conocido una vez que Aquín aportara la copia al proceso en marzo del 2014. De todos modos, las irregularidades no terminan allí.
Luego de que ingresaran al campo Báez y compañía, tras la autorización emitida por Robatto, el 22/10/2009 se presentó también en esa fiscalía la señora García acreditando la titularidad dominial de aquel campo y denunciando que el día 7 de ese mes concurrió al campo y se encontró con que había personas allí dentro, y con otras cadenas y candados en la tranquera, es decir que, si había otras cadenas y candados es porque los originales fueron quitados mediante violencia, luego García trajo una denuncia de usurpación (v. fs. 1/2 y documentación agregada a fs. 3 y ss.). Claro que, el problema para García, era justamente que acudió a quien había autorizado en forma irregular el ingreso a su campo y que estaba precisamente involucrado en el delito.
Entonces, si uno se pregunta qué hizo Robatto luego de recibir la denuncia por usurpación de la titular dominial del campo, la respuesta es la que permite confirmar la inferencia sobre el vínculo delictivo entre Robatto, Báez y compañía, pues en lugar de buscar el instrumento que permitiera justificar el boleto traído por Báez, ya que Labría no figuraba en el registro como propietario de lo que estaba vendiendo y nadie puede vender algo ajeno (art. 1329, CC), procedió a requerirle a la titular dominial y denunciante del delito de usurpación una serie de documentación que no parecía como relevante frente al informe de catastro (v. fs. 16/vta.), a contramano de su conducta adoptada frente a la presentación de un sujeto que, sin denunciar delito algún, pidió que lo autoricen a ingresar a otro fundo para tomar posesión de un campo que decía suyo a partir de un simple boleto con firmas certificadas. Lo cierto es que, a posteriori, se consiguió la documentación que certificaba la titularidad que la señora García tenía sobre ese campo (v. fs. 23 y ss.).
Luego, el 26 de octubre del 2009, se acumulan las dos IPP -es decir, la que contenía una presentación de Báez pidiendo una autorización y la de García que denunciaba la usurpación de su inmueble- y se dispone una constatación del campo por parte de Robatto, pero sin pedirle a los ocupantes que justifiquen mediante los instrumentos respectivos su legitimación para poseer (v. acta de fs. 18/vta.).
En ese devenir, el 5/2/2010, se presentaron en fiscalía Méndez y De Luca para entregar las constancias de ingreso de la siembra correspondiente al período 8/2009 al 1/2010.
Un paréntesis para que se entienda: Méndez y De Luca tenían un acuerdo comercial con García y su hijo, mediante el cual ellos usaban la tierra del campo de la señora para sembrar y le pagaban con un porcentaje del producido (v. prueba detallada en el punto anterior).
Frente a ese panorama, con la denuncia de usurpación en trámite iniciada por la titular dominial y con la autorización irregular emitida, en lugar de profundizar la investigación, el 6/4/2010 Robatto efectuó una autorización sui generis para que Báez retire el producido de la cosecha que se encontraban almacenados por la empresa CEFA (fs. 98), lo que se efectivizó en distintas oportunidades (v. descripción efectuada en el punto anterior y la prueba allí analizada); lo cierto es que Robatto, al fin de cuentas, dejó pasar el tiempo y archivó la causa bajo la excusa de ser un problema del derecho privado, cuando ya había tomado partido confiriendo autorizaciones en desmedro del titular de los bienes.
Naturalmente, dado que García nunca vendió su campo, sino que se intentó maquillar esa operación para justificar el ingreso ilegal, actuando bajo el amparo del fiscal Robatto al facilitarles autorizaciones ilegales de diversa índole, los usurpadores luego se apoderaron ilegítimamente de varias cosas muebles allí habidas y de propiedad ajena.
En el caso, entonces, Robatto y compañía ejecutaron un hurto campestre (arts. 45 y 163 inc. 1°, CP).
Profundicemos la explicación.
Más allá de la discusión existente en punto a los productos minerales, hay consenso en que, cuando la ley agrava el hurto por tratarse de “productos separados del suelo”, incluye a los objetos que nacen de la tierra, sea por el trabajo del hombre o en forma silvestre, y que el Código de Vélez ya denominaba como “frutos” (cfr., por todos, DONNA, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial, t. II-B, 2da. ed., 2008, p. 60).
Hay que tener presente que, cuando Báez y compañía ingresan ilegalmente al campo, facilitados por la autorización ilegal emitida por Robatto que actuaba en connivencia con ellos, ese grupo que ocupó ilegalmente el inmueble se apoderó de parte de la plantación de avena ajena allí existente; concretamente, el apoderamiento se hizo sobre la parte que correspondía al pago por la locación de la tierra que Méndez y De Luca realizaron -según acuerdo comercial no formalizado por escrito- con García y su hijo (v. denuncia de fs. 1/2; declaraciones de De Luca y Méndez, fs. 60/vta. y 61/62).
A Méndez y De Luca, los explotadores económicos de la actividad agrícola, les dijeron que eran “los nuevos dueños” y, cuando aquéllos anoticiaron del acuerdo comercial preexistente con García, los ocupantes ilegales les dieron autorización para cosechar la producción a cambio del 25% del producido (cf. declaración de De Luca a fs. 60/vta., corroborada -en lo que interesa- por la información brindada por Méndez a fs. 212/214). La separación de la plantación del suelo y consecuente extracción de frutos, esto es, la cosecha del grano de avena se realizó por obra de un tercero de buena fe (al respecto, cfr. CREUS, Carlos y BUOMPADRE, Jorge Eduardo, Derecho penal. Parte especial, t. 1, 7ma ed., 2010, p. 435), la empresa CEFA contratada a tal fin. La buena fe de los explotadores agrícolas y de la empresa contratada para la separación del grano, surge al observar que Méndez declaró que Robatto los había autorizado “de palabra” a realizar el trillado del predio y “dejar el porcentaje del 25% donde se entregara la semilla” (cf. Méndez, fs. 212vta. in fine y sig.)
Aquella “autorización de palabra” -que resultaba obviamente ilegal, por fuera de sus competencias y dictada en connivencia con Báez y compañía- consiguió que, De Luca, Méndez y la empresa CEFA actuaran creyendo esa mentira y así separasen los granos de la planta de buena fe, lo que permitió el apoderamiento ilegítimo de los mismos, ya separados del suelo y todavía dejados en el campo (v. CREUS/BUOMPADRE, ob. cit., t. 1, p. 436), por parte de quienes ocupaban ilegalmente desde hace tiempo el inmueble, en el equivalente al 25% del producido y que, en rigor, le pertenecía a García y su familia por el acuerdo preexistente y como imputación del pago por la locación de su tierra.
En tanto ya se encontraba definido la parte que le correspondía a cada quien, una vez separado del suelo el fruto agrícola, ya marca la consumación formal del apoderamiento ilegítimo de ese 25% por parte de los ocupantes ilegales y que era de propiedad ajena. Por autorización de Méndez y De Luca, en su parte y como dueños de la cosa, y a consecuencia de la decisión del grupo que se hallaba ocupando ilegalmente el predio -que actuaba en conjunto con Robatto, quien había simulado una orden oral dictada bajo la esfera de su competencia-, sobre la parte ya apropiada ilegalmente (25% del producido), toda la mercadería fue retirada del campo por la empresa CEFA, en orden a la práctica propia de la actividad agrícola realizada, luego de lo cual, con la autorización que ya había efectuado Robatto en forma ilegal, Sánchez -el encargado del campo que Báez se decía dueño y que habían ocupado ilegalmente (v. constatación de fs. 18/vta. y declaración de fs. 212/214)- concurrió a retirar la mercadería del lugar donde fue almacenada -v. descripción detallada en el punto anterior-, justamente por decisión de quienes se habían previamente apoderado de ésta cuando estaba en el campo y separada del suelo por obra de un tercero de buena fe (cfr.
CREUS/BUOMPADRE, ob. cit., t. 1, pp. 435/436). De todas maneras, el tipo de hurto agravado viene configurado, incluso, por el apoderamiento ilegítimo que hicieron los ocupantes ilegales del campo de las herramientas e instrumentos de trabajo y demás objetos allí existentes que contempla la figura agravada (art. 163 inc. 1°, CP), si uno repara en el detalle de los objetos existentes realizado en la denuncia de García por usurpación (v. fs. 1vta.: “y dentro del baño quedaron herramientas”, agregando un inventario a mano alzada a fs. 15/vta. del que surge “1 morsa”, “2 marcas”, “1 disco”, “alambre de púas”, “2 baterías”, “1 tambor de 200 l.”, “1 grupo electrógeno”, “1 pala tijera”, “1 pala de punta”, “1 pala ancha”, “1 pala de giro”, “3 pistones”, “1 boyero de 12v.”, “1 pinza para caravana”, “1 lata de galletitas con productos veterinarios”, “1 sierra de mano”, “1 morsa grande”, “alambre dulce”, entre otros tantos instrumentos de trabajo y demás cosas allí detallados) y del inventario efectuado con motivo del desalojo producido casi 5 años más tarde de la usurpación (v. fs. 319/320, en la que no surge el hallazgo de esas herramientas y demás cosas detalladas).
En tal sentido, ha de tenerse presente que, el hurto campestre, también se configura frente al apoderamiento ilegitimo de “máquinas” -completas o en parte (cfr. CREU/BUOMPADRE, ob. cit. t. 1, p. 436; D’ALESSIO, Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, 2da. ed., t. II, 2011, pp. 578/579)-, “instrumentos de trabajo” y “productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares” (art. 163 inc. 1°, CP), siendo que aquéllos habían sido dejados en dicho campo (cfr. CREUS/BUOMPADRE, ob. cit., t. 1, p. 437), como así también cuando el apoderamiento sea de “alambres u otros elementos de los cercos” (art. 163 inc. 1°, CP).
Por lo demás, el hecho de que la ocupación ilegal haya durado casi 5 años revela que todas las cosas muebles existentes dentro del predio usurpado fueron objeto de un apoderamiento ilegítimo por parte de los usurpadores (algunas como objeto de protección de la figura agravada del art. 163 inc. 1°, CP), con independencia de si hayan o no querido luego de todo ese tiempo devolverles las cosas a sus verdaderos dueños (la familia García). En este sentido, bien se explica en doctrina la diferencia entre el “hurto de uso” del “hurto de uso impropio” que es el que se configura en autos: “aquél lo comete quien, teniendo la cosa legítimamente, la utiliza a pesar de que sus poderes de tenedor no lo autorizan a hacerlo; éste lo consuma quien se apodera de la cosa ajena -cuya tenencia no tiene- para usarla (aun con intención de devolverla; p. ej., el que toma una bicicleta para dar un paseo, un caballo para trasladarse a otra localidad) y es indudable que si la primera hipótesis no cabe en el art. 162, la segunda entra perfectamente en la descripción típica” (CREUS/BUOMPADRE, ob. cit., t. 1, p. 428).
e. El acuerdo de juicio abreviado, al igual que el requerimiento acusatorio, atribuye un único hecho delictivo contra los bienes de García y su familia, pero imputa dos figuras en concurso ideal: el hurto campestre y la defraudación.
Los tipos que contienen prohibiciones ancladas en diversas modalidades de ataques a la propiedad se desplazan entre sí, por vía de los principios que rigen el falso concurso o concurso aparente.
La prueba rendida no logra mostrar un supuesto de defraudación que conlleva a analizar cuál es la figura preponderante.
Una vez usurpado el campo, García perdió toda posibilidad de ingreso hasta que se produjo -recién casi 5 años más tarde- la expulsión de los ocupantes ilegales. Con ese estado de cosas, ya producida la usurpación y la consecuente pérdida de dominio sobre los bienes muebles de su propiedad existentes en el campo, queda configurado el apoderamiento ilegítimo de éstos por parte de los usurpadores. Es decir que, ese colectivo del que Robatto formaba parte, ya se había apoderado ilegítimamente -para el caso- de la plantación sembrada en el campo, habida cuenta que al ocuparlo ilegalmente lograron el apoderamiento de las cosas allí existentes. De esa plantación, surge el grano de avena, no hay un nuevo despojo ni una disposición patrimonial de un tercero que obra por engaño, de hecho, Méndez y De Luca -que actuaron de buena fe- no realizaron esa disposición patrimonial por engaño y perjudicando el patrimonio de García, pues la cosa ya estaba en poder -por un apoderamiento ilegítimo precedente y originado luego de la ocupación del inmueble- de los usurpadores y fueron ellos quienes decidieron -probablemente por conveniencia económica- mantener el mismo arreglo a cambio de un porcentaje que les exigieron; dicho en palabras del propio De Luca: “Que fueron a hablar con los actuales ocupantes del inmueble y hablaron en forma normal respecto de la avena, los cuales les dieron autorización para cosecharla pero que debían dejar el 25% de lo producido en favor del campo” (fs. 60vta.; v. declaración de Méndez a fs. 213 en conjunto con la denuncia de García, en cuanto corrobora que habían cambiado el candado del que tenía llave para ingresar y que le había entregado García).
Por lo demás, la simple mentira recibida por De Luca y Méndez, idónea para catalogarlos como actuantes de buena fe, no constituye el ardid exigido por el tipo penal de estafa, ya que el engaño -conforme lo exige el tipo- requiere de algún grado de sofisticación (art. 173, CP). Por cierto, no podría constituir un engaño típico aquella situación que ya resultaba sospechosa para quienes operaban en el rubro de esa ciudad (cfr. declaración Méndez, fs. 213).
f. En definitiva, en lo que respecta a toda la porción referida al delito contra la propiedad -y con la salvedad de que la denuncia de Báez no era por usurpación-, ha quedado corroborada más allá de toda duda razonable la imputación efectuada al acusado (v. descripción de la “materialidad ilícita” realizada en el acuerdo, a partir del párrafo segundo en adelante). El significado jurídico del hecho contra la propiedad aquí corroborado es el de hurto agravado (art. 163 inc. 1°, CP), del cual Robatto ha de responder como autor; dado que, si bien venía acusado de partícipe primario, véase que el acuerdo tiene la aceptación separada y expresa en punto a que debe responder como autor (cf. punto “VIII” del acuerdo cit.), con lo cual, habiendo acuerdo de partes, no podría oponerse el riesgo de afectación como óbice a su consideración.
El fiscal es parte de una institución que puede englobarse como administración de justicia y su posición viene dada cuando decidió autónomamente formar parte de ella. “El contenido de un deber positivo consiste en ocuparse de una institución y, con ello, de los destinatarios de esta. El deber se base en un estatus del obligado -estatus adquirido libremente o impuesto-, que amplía su relación con el beneficiario más allá de lo solo-negativo: El obligado tiene que garantizar que los cursos lesivos, sea donde fuere que estos tengan su origen, no tengan efectos en la esfera de organización del beneficiario o, incluso, que la situación de esta esfera mejore” (JAKOBS, Teoría de la intervención, Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 108 y nota al pie 5). Debido a ello: “El deber de ayudar se infringe de la manera más radical cuando el obligado lesiona activamente la organización del beneficiario; tal incursión no solamente infringe el deber negativo que atañe a todos -el obligado positivamente no se ha librado de este deber negativo- sino, además, el deber positivo, si se produce el daño en el ámbito de protección de dicho deber”; de modo que, “[e]l obligado positivamente realiza, mediante su conducta, un injusto propio separado del injusto de los demás, y no interviene en cuanto tal en la ejecución de otros: ya en el momento de la infracción de su deber concurre la tentativa de infligir un daño al beneficiario” (JAKOBS, ibid.). Por ello: “En el ámbito de los deberes positivos no hay intervención, sino solamente ejecución” (JAKOBS, ob. cit., p. 110, con referencias [destacado en el original]).
En conclusión, tal como se pactó por las partes, Robatto responde a título de autor por el delito de hurto agravado (arts. 45 y 163 inc. 1°, CP). De todas formas, si los fundamentos de la imputación acabados de exponer no fueren compartidos, esto es, responsabilidad institucional que engloba la responsabilidad por la arrogación de una organización ajena, el peso social de los aportes brindados por Robatto, medidos en términos cuantitativos, lo harían co-autor del hurto agravado; lisa y llanamente, estaríamos ante la misma medida de responsabilidad.
g. Respecto de la asociación ilícita, se sostiene en el acuerdo presentado lo siguiente:
“No menor es la introducción de elementos de convicción y de atribución de responsabilidad que se visibilizan a través del testimonio incorporado bajo la modalidad de reserva de identidad, bajo la modalidad de reserva de identidad, desde el cual quedase clara la existencia de una “asociación ilícita” existente entre los imputados ROBATTO y LIGUORI -ver fs. 263/vta.-, con despliegues y modalidad delictiva semejante a la aquí enrostrada.
Que, respecto a la existencia de una relación con fines ilícitos entre los mentados ROBATTO y LIGUORI, conjuntamente con el incuso BAEZ, da cuenta lo documentado a fs. 264/270vta. (declaración Guichón), piezas procesales correspondientes a la IPP 06-03-684-11 en las que se investigaran maniobras delictivas de similares características a la aquí pesquisada y, en la cual, existieran otros sujetos involucrados, donde se advierte la asociación ilícita entre Robatto y Liguori. Resguardesé a tales fines, la interacción temporal de parte de los integrantes de la asociación aquí enrostrada y, la sustitución y/o incorporación que estos realizaran de nuevos integrantes ello, a efectos de la perpetración de distintas maniobras delictivas -aunque- de similiar alcance-movimientos relacionados al mundo inmobiliario-.
Agrego a lo dicho, las IPP 06-03-684-11 y 06-03-3220-14 (v. fs. 1281/1286, 1313/1315, 1316/1319, 1320/1324), las informadas a la fs. 1337/1338 -y documentación agregada a fs. 1338/1361-, el resultado del allanamiento obrante a fs. 927/928. Y, los informes técnicos de fs. 1325/1326, 1327/vta. -fotos de fs 1328/1329-, 1330/1331vta. Y 1362/1460 y las incorporadas de las IPP 24639-16 (v.fs. 1792/1807) e IPP 08-01-3683 (v.fs. 1858/1875vta.) (que más adelante se valorará).
La copia obrante a fs. 402/403vta. que introduce un testimonio del sindicado LABRIA en sede de la Fiscalia de Cañuelas, pieza que no obra introducida debidamente al proceso ni existe en la causa original, denota su “complicidad” delictiva dentro de la asociación ilicita que integrara con los demás encausados y la clara intención del co-autor ROBATTO de incorporar al proceso una pieza y acto procesal invalido ello, a los findes de dar legitimidad al actuar de dicho sujeto en el acto de compra del predio rural que posteriormente cediera a su colega delictivo BAEZ mediante los actos jurídicos falseados (v.fs.401). Por otra parte y, a la luz de los testimonios de la propia damnificada, quedase corroborada la inexistencia de tratativas comerciales con LABRIA en relación al campo usurpado y, mucho menos entonces, la legitimidad de su rubrica impuesta en el boleto de compraventa reputado como falso.
Continuando con la responsabilidad en ilícita maniobra, puede advertirse a fs. 472 la incorporación de la copia de la pieza que originalmente fuera glosada a fs. 193, y por medio de la cual, se advierte la resolución de archivo de los presentes actuados rubricada por ROBATTO -al tiempo en que éste se desempeñaba como Agente Fiscal Titular de la dependencia ante la cual tramitaran los procesos aquí pesquisados-, aduciendo cuestiones procesales y de hecho que fueran reseñadas con la finalidad de restarle el tratamiento procesal correspondiente a derecho a la pieza judicial y, a la par, facilitar el despliegue delictivo de quien “apareciera” como contraparte en el litigio -BAEZ- mediante una falsa denuncia impulsada en la misma sede judicial que le permitiera introducir la documentación falseada con intención de “visu de verosimilitud” en el derecho reclamado.
Asimismo, las copias certificadas de los remitos de avena de CEFA S.R.L de fs, 703/707, documental que permitiera corroborar el retiro por parte -entre otro- del sindicado SANCHEZ de la cosecha de avena que fuera desapoderada ilegítimamente a la damnificada previo trillado del predio rural de su propiedad.
En otro norte, las constancias de titularidad de las líneas investigadas y que obran certificadas como pertenecientes a los sindicados, con mas los informes telefónicos y análisis del VAIC de fs. 550/555, 558/600, 604/630, 647/670 y 671/701 e informe de apertura de antenas en la localidad de San Miguel del Monte de fs. 719/725 correspondientes a las llamadas cruzadas analizadas conforme constancias del VAIC de fs. 550/555, 558/600, 604/630, 647/670 y 671/701, elementos desde los cuales quedase sobradamente corroborado el conocimiento preexistente entre las partes sindicadas ello, en virtud de la exorbitante cantidad de comunicaciones sostenidas de algunos de los sindicados entre sí y, la circunstancia de haber sido realizadas algunas de ellas desde la localidad de perpetración de los ilícitos endilgados, todo ello en el periodo concomitante al inicio de las presentes actuados y, a aquel en que se resolviera el desalojo del predio y restitución en favor de la damnificada, todo ello demostrando la permanencia necesaria de cada uno de los imputados para cometer delitos indeterminados.
También valoramos que el Sr. Liguori, fue el nexo entre Baez y Robatto, pese a que los mismos niegan que su trato era frecuente, en contraposición con lo declarado por Baez (v.fs.824/828).
Asimismo, como elemento indicatorio de la existente asociación ilícita, la “suspicacia” que genera el haberse procedido al secuestro en el estudio jurídico del co-imputado Liguori, letrado que resultase procesado penalmente en el marco de la IPP nro. 3220/14 por maniobras delictivas vinculadas -al menos indirectamente- al apoderamiento de un predio en la localidad de Cañuelas, en época en la cual otro de los imputados -Robattoaún se desempeñaba como Agente Fiscal en ese medio.
A este respecto y, al propio tiempo, la investigación mencionada tramitara -otrora- acumulada a la ya valorada causa nro. 684/11, pesquisa por medio de la cual -también- se advirtiera “flagrantemente” la ilícita asociación existente entre Robatto y Liguori. Resguárdese a tales fines, la interacción temporal de parte de los integrantes de la asociación aquí enrostrada y, la sustitución y/o incorporación que éstos realizaran de nuevos integrantes ello, a efectos de la perpetración de distintas maniobras delictivas -aunque- de similar alcance- movimientos relacionados al mundo inmobiliario.
En tal sentido, quedasen acreditadas las conexiones existentes entre los co-imputados, como así también la reiteración en la operatorio ilícita de estos -principalmente- en materia inmobiliaria.
Aún cuando alguna de dichas investigaciones se encuentren provisoriamente archivadas, en diferentes momentos y lugares, aparecieran sindicados como autores de delitos de contenido patrimonial, casi la totalidad de los imputados, actuando en forma mancomunada. Resguárdese a éste respecto que, muchos de los dichos aquí plasmados respecto a que los sindicados no poseían conocimiento, negocios o contactos con el resto de los incusos, se descarta “de plano” con dichas constancias las que -por otro lado-, permiten dejar entre-ver la permanencia de la organización en el tiempo, siempre con fines delictivos.-
Notorio es lo apelado, la tramitación de la IPP nro. 09-01-4782-10 -ver fs. 1351/1358-, en la que se vincula el correlato imputativo -por ejemplo y, cuanto menos- a los encausados LIGUORI, BAEZ y Robatto. En iguales términos, se vislumbra lo documentado en la IPP nro. 684/11 en la que se sindica como autores de la maniobra delictiva -similar a la aquí enrostrada-, a los imputados BAEZ y TORRES, los que habrían intervenido en connivencia con el ciudadano Aquino Gichón, persona que justamente -según propios dichos de Baez en su declaración del art. 317 del ritualreconociera como su amigo y, respecto de quien se llevara a cabo una operación inmobiliaria previo a concertar una reunión en la que tambien participaran -ademas de los mentados Aquino y BAEZ- los co-imputados ROBATTO y LIGUORI.-
Concluiría con contundencia la operatoria aquí sostenida, el resultado de la pericia de análisis telefónico del sistema UFED efectuada sobre el teléfono del co-imputado LABRIA -ver fs. 1325/1331 vta. Y 1362/1460-, labor a partir de la cual -al menos por ahora y, entre otros-, de la cual en la lista de contactos del aparato, aparece el abonado registrado como Rubén Raúl Pierresteguy, testigo ofrecido por Baez como aquel ciudadano que lo pusiera en contacto con Liguori y Labria para la compra del campo. Éste abonado telefónico aparece vinculado en comunicaciones con -al menos- los co-imputados Liguori, Robatto y Baez.
Por último, valoramos de las declaraciones del Sr. Robatto que: *Conoce a Liguori.
*Reconoció la firma y sello estampada en los oficios de fs. 222 y 462 como propios.
*Reconoció la firma y letra estampada en la denuncia inicial de la causa 1663/9 como propias.
*Desconoció el encuentro con Liguori, Báez y Aquino.
*Expresó que “se extiende oficio pero no con la finalidad de hacer una traslación de dominio ni dar una posesión de nada, ya que la misma estaba dada al momento de la certificación del boleto”, resultando que el oficio de fs. 222 reza “… no existe impedimento legal alguno, atento la documentación presentada, par que el Sr. Baez… tome posesión del campo…” .
*Respecto a la autorización de entrega de la avena, expresó haberla entregado porque Mendez y De Luca continuaron su contrato verbal con Baez. Esta circunstancia deviene falaz en razón de los dichos introducidos por los testigos Mendez y De Luca quienes, expresaron la autorización del “trillado” de la avena se las dio Robatto, además de expresarle Sanchez Enrique que debían dejar los porcentajes a él por ser el “nuevo” dueño. *En relación a la resolución de archivo, dejase planteado que el decisorio fuera en razón de advertir que la cuestión suscitada entre las partes era de mejor derecho para ser dilucidada en sede civil. A éste respecto resguárdese que el imputado -por entonces fiscal de la causa-, luego de la resolución de repusiera o revocada entrega alguna -ni la posesión del predio, ni la referente a la cosecha-, a la vez que tampoco solicitara al magistrado de la causa medida cautelar alguna en favor del resguardo de los bienes o derechos en juego hasta tanto se “dilucide” dicho litigio explicitado en su resolución de archivo.
* Desconoció haber confeccionado la denuncia inicial de la IPP 1663/9.”
h. A continuación, toda vez que no se lo especifica acabadamente, un detalle de las piezas citadas en los fundamentos acabados de transcribir: Fs. 264/270: copia de declaración de identidad reservada y de la declaración a tenor del art. 308 de Cristian Diego Aquino Guichón en el marco de la IPP 684-11.
Respecto de las IPP 06-03-684-11 Y 06-03-3220-14 Fs. 1281/1286: Extinción de la acción penal y sobreseimiento respecto de Jorge Mauricio Canullán, Franco Rafael Torres y Cristian Aquino Guichón en IPP 06-003684-11 y ac 06-03-1048-11, 06-03-724-11 Y 06-03-1146-11.
Fs. 1313/1315: Aud. 308 CPP de Antonio Javier Parma en IPP 06-03-684-11.
Fs. 1316/1319: Req. Elevación a juicio IPP 06-03-003220-14/00 respecto de Javier Antonio Parma.
Fs. 1320/1324: Aud. 308 CPP de Marcelo Hugo Oregioni.
Fs. 1337/vta.: informe del actuario de las IPP en trámite a nivel provincial respecto de Labría (IPP 15-00-03828-16 por estafa, 08-01-003683-14 s/denuncia, archivada), Liguori (IPP 13-00-034336-18 como abogado y 06-00-023152-15 como denunciante), Báez (IPP 06-024639-16 denuncia a Labría, archivada ver fs. 1793/1807), y Robatto (IPP 09-01-004782-10 en común respecto de Báez, Liguori y Robatto por el delito de usurpación).
Fs. 1338/1361: documentación en relación a las IPP en trámite y detalle de las IPP de cada uno de los imputados.
Fs. 927/928: resultado del allanamiento del estudio jurídico de Marcelo Daniel Liguori.
Informes técnicos de fs. 1325/1326 respecto de tarjeta de memoria tipo Micro SD marca “Maxell”, haciendo entrega a los instructores judiciales Dr. José Sánchez y Dr. Luis Fernando Galgano para el análisis de los datos extraídos. A fs. 1327/vta. obra el acta de apertura de sobres, junto con las fotografías de fs. 1328/1329.
Fs. 1330/1331vta.: informe de los instructores judiciales Dr. José Sánchez y Dr. Luis Fernando Galgano respecto de la actividad telefónica perteneciente a Angel Oscar Labría.
Fs. 1362/vta.: ampliación del informe por parte de los de los instructores judiciales Dr. José Sánchez y Dr. Luis Fernando Galgano, junto con imágenes de fs. 1363/1460.
Respecto de la IPP 24639-16 Fs. 1793/1807: correspondiente a la denuncia de Baez a Labría, en la cual el Fiscal resuelve proceder de acuerdo a lo normado por el art. 290 CPP.
Respecto de la IPP 08-01-3683-14 Fs. 1858/1875vta.: se dispuso el archivo provisorio (art. 268). Informes telefónicos y análisis del VAIC de fs. 550/555, de fechas 27/02/2019, 16/04/2019 y 06/05/2019, correspondientes a los registros de comunicación en el período comprendido desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2011.
De fs. 558/600: Respuesta a dos solicitudes: 1) En relación a la titularidad y las comunicaciones entrantes y salientes de la línea 11 41485733 periodo 2009/2010/2011 y titularidad de líneas respecto de José Ignacio Gálvez; 2) En relación a la titularidad y las comunicaciones entrantes y salientes de la líneas, como así también si Liguori, Robatto, Labría, Baez, Torres y Sánchez Diego poseen líneas telefónicas.
Fs. 604/630: nómina de titulares.
Fs. 647/670, en respuesta a 3 solicitudes: 1) Informe de comunicaciones de los abonados pertenecientes a Liguori, Robatto, Galvez, Labría, Báez, Torres y Sánchez entre el período comprendido entre agosto de 2009 y 31/12/2010 y entre el 10/07/2014 y 20/09/2014; 2) Analizar el entrecruzamiento de llamadas en los períodos aludidos; 3) Consignar respecto de cada uno de los sindicados las líneas que continúan activas. Fs. 671/689 Planas impresas del entrecruzamiento de llamadas desde el 01/08/2009 al 31/12/2010: fs. 672 llamadas de Baez a Cooperativa de Vivienda (Liguori); fs. 673 llamadas recíprocas entre Dorsay y Cooperativa de la vivienda; fs. 674 llamadas recíprocas entre Baez y Diego Sánchez; fs. 675 llamadas recíprocas entre Labría y Liguori; fs. 676/677 llamadas recíprocas entre Labría y Cooperativa de la Vivienda (Liguori); fs. 678 dos llamadas de Liguori a Robatto, del 17/09/2009 de 4 y 51; fs. 679 llamadas de Liguori a Labría; fs. 680/689 llamadas recíprocas entre Cooperativa de Vivienda (Liguori) y Robatto.
Fs. 690/692: Planas impresas del entrecruzamiento de llamadas desde el 10/07/2014 al 20/09/2014, llamadas entre Liguori y Agustina Camarotti.
Fs. 693/701: planas impresas del VAIC que surgen del entrecruzamiento de llamadas -correspondiente a fs. 16/17 (fs. 657/658)- (antenas de San Miguel del Monte).
Fs. 719/725: Informe de apertura de antenas, certificando con imagen y mapa la localización -ubicación- en relación a las constancias del VAIC de llamadas cruzadas.
Fs. 703/707: se corresponden con los remitos de retiro de la cosecha, corroborando el retiro de parte de ella por Sánchez.
Declaraciones de los Imputados a tenor del artículo 308 CPPBA: de fs. 809/810 de Claudio Daniel Báez -no declara-; 814/815 de Franco Rafael Torres -no declara-; de 819/820 de Ángel Oscar Labría -no declara-; 824/828 de Rodolfo Cesar Robatto -declara-; 862/865 de Daniel Marcelo Liguori -declara-; 1062/1064vta. de Diego Ignacio Sánchez; 1065/1070 de Ignacio Enrique Sánchez.
Declaraciones a tenor del artículo 317 del CPPBA de fs. 1156/1164 de Claudio Daniel Baez); 1172/1175 de Rodolfo Cesar Robatto.
i. Sobre el alcance de la figura de asociación ilícita, ya he tenido oportunidad de pronunciarme extensamente en el marco del precedente de causa 7212 “Ronco y Yalet s/ asociación ilícita y otros”, resuelta el 27 de octubre del 2022, como así también, en forma más acabada en causa “Ursino, Damian Omar y otros s/ asociación ilícita”, resuelta el 13 de mayo del 2025.
Tradicionalmente, se ha definido que los elementos del tipo penal de asociación ilícita eran los siguientes: a) tomar parte en una asociación; b) número mínimo de partícipes; c) propósito colectivo de delinquir (cfr. SOLER, DPA, t. IV, 4ta. ed., 1992, p. 710). Por asociación se entiende el acuerdo de varias personas –la figura exige tres o más– para dedicarse a determinada actividad (cfr. FONTÁN BALESTRA, PE, 17ª ed., 2008, p. 797; CREUS, PE, t. 2, 6ta. ed., § 1621); dicho pacto, por lo demás, puede ser expreso o tácito (cfr. CREUS, íd.; SOLER, ob. cit., p. 712). La doctrina está conteste respecto de que la asociación requiere cierto grado de organización –idea que tiene sustento en la propia ley cuando eleva el mínimo de la pena para los jefes u organizadores (cfr. DONNA, PE, t. II-C, 1era. ed., 2002, p. 301; FONTÁN BALESTRA, íd.)– y cierta o relativa permanencia (cfr. SOLER, ob. cit., ps. 711/712; FONTÁN BALESTRA, íd.; CREUS, ob. cit., § 1622; DONNA, ob. cit., p. 302; ZIFFER, Lineamientos básicos del delito de asociación ilícita, en Derecho Penal. Doctrinas esenciales [dir. E. A. DONNA], t. III, 1era. ed., La Ley, p. 36), aunque no es necesario que los integrantes de la asociación tengan trato personal entre ellos, que se conozcan, que habiten un mismo lugar, ni tampoco que se reúnan en un sitio determinado (cfr. SOLER, íd.; FONTÁN BALESTRA, íd.; DONNA, ob. cit., p. 302; ZIFFER, íd.). De modo tal que, las características reseñadas de organización y permanencia, permiten diferenciar esta figura del simple acuerdo criminal de los arts. 45 y 46 de la ley sustantiva.
Ahora bien, cabe aclarar que la acción típica consiste en tomar parte en una asociación o banda destinada a cometer delitos, de manera que no se trata aquí de castigar la participación en un delito, sino la participación en una asociación o banda destinada a comerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos (cfr. SOLER, ob. cit., p. 711; FONTÁN BALESTRA, ob. cit., p. 797; DONNA, ob. cit., p. 302; e/o.); dicho de otra forma: la idea de cometer delitos no debe concretarse en hechos delictivos en sí (DONNA, ob. cit., p. 307), al no requerir la existencia de otros delitos consumados ni principio de ejecución de los mismos (CSJN, in re “Stancanelli”, considerando 5° del voto mayoritario), con lo cual se trata de un delito de peligro autónomo y permanente, de allí que la responsabilidad por los delitos que pudieran cometer todos o algunos de sus miembros se rigen por las reglas generales de la participación (cfr.
SOLER, ob. cit., p. 717; FONTÁN BALESTRA, ob. cit., p. 797; CREUS, ob. cit., § 1628; DONNA, ob. cit., p. 312 ss.). Sin embargo, en mi opinión, lo expuesto no significa que el injusto esté apoyado solamente en el lado subjetivo del hecho, sin requerir un aspecto objetivamente perturbador (resumidamente, cfr. mi análisis y las citas en TC 1 LP, 3776/6039 y su acum., rta. el 03/08/2021; 2995/6845, rta. el 12/09/2022), de allí que, “tomar parte” significa participar de las actividades de la asociación, “por lo cual nunca podría ser suficiente el mero ‘pertenecer’ a la asociación si ello no se traduce, al menos, en alguna colaboración con la actividad de la asociación ilícita. El autor, por tanto, debe realizar algún aporte efectivo a la asociación, que se traduzca exteriormente como tal frente a los otros miembros, aun cuando se admita que éste consiste –bajo ciertas circunstancias y al igual que en la participación en delitos en particular–, en brindar soporte psicológico a los demás miembros (ZIFFER, El delito de asociación ilícita, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, p. 69, destacados en el original).
Obviamente que “el texto legal tiene por función poner de manifiesto el carácter autónomo de la figura, en el sentido de que, para la punibilidad, no es necesario que la asociación llegue a cometer ninguno de los delitos que constituyen el objeto de la asociación. Expresado en categorías de la participación criminal, se trata allí tan sólo de la ‘autonomía’ como opuesta a la accesoriedad en sentido ‘externo’, es decir, que el comienzo de ejecución de un delito determinado no es condición de la punibilidad, como sí lo es de la participación en general (arg. art. 47, in fine), sin que esto implique que el acto prohibido sea el mero ‘incorporarse a una sociedad ilícita’. Pero, además, el texto tiene dos efectos típicos propios que se añaden a la acción de tomar parte, a saber: a) darle un carácter de permanencia a la acción típica, y b) descartar la posible aplicación de las reglas del concurso de leyes, en particular, la consunción (ZIFFER, El delito de asociación ilícita… cit., pp. 69/70, destacados en el original).
Por lo tanto, “la participación como miembro presupone que el autor actúa de alguna forma en su calidad de tal”, es decir, “supone la realización de actividades con pretensión de permanencia, y que tales actividades tiendan a favorecer a la organización o que son típicas de la actividad social en alguna otra forma relevante, o bien, cuando, a través de un actuar repetido dirigido a la realización de las acciones antijurídicas planeadas por la asociación, es posible reconocer que el autor ha asumido como propios los fines del grupo” (cfr. ZIFFER, El delito de asociación ilícita… cit., pp. 70/71.); de allí que, “la participación como miembro implica orientarse a formar parte con sentido de permanencia en la vida de la sociedad, y ello no sólo debe exteriorizarse en alguna actividad, sino también en el compromiso de subordinarse a la voluntad de la asociación para el mantenimiento o fomento de su actividad”, “si bien no se requiere la aceptación de todas las decisiones y acciones de la asociación” y “[a]un cuando no sea necesaria la intervención en los delitos que constituyen el objeto de la asociación, sólo puede ser considerado ‘miembro’ quien se somete a sus reglas y cumple dentro de ella alguna función concreta” (ZIFFER, El delito de asociación ilícita… cit., p. 71).
Desde este esquema de interpretación, queda claro que el injusto del tipo analizado no queda circunscripto al lado subjetivo de la conducta, problema que no ha sabido ver la doctrina mayoritaria argentina, en la medida que asociarse constituye un acto neutral y por ello la materia de prohibición estaría asentada pura y exclusivamente en la finalidad delictiva no exteriorizada. Por ello, si se quiere evitar trastocar el principio del hecho, es necesario exigir un acto exteriorizado y objetivamente perturbador que no necesariamente tiene que constituir el principio de ejecución de otro delito. j. Sentada la interpretación del tipo, corresponde analizar los argumentos traídos en el acuerdo y por los que se pretende sostener la existencia de una asociación ilícita.
Se observa que, en rigor de verdad, la fiscalía esboza un razonamiento fundado sólo en apariencia incumpliendo con la carga debida (arts. 56 párr. 3ro., 335 y 397 párr. 1ro., CPPBA).
Comienza su explicación dando por cierto que la existencia de una asociación ilícita a partir de lo dicho por Guichón (fs. 264/270vta.). Sin embargo, se pierde de vista algo elemental que tiene que ver, por un lado, con la confiabilidad de esa evidencia, ya que el nombrado declaró primero como testigo de identidad reservada y luego como imputado de esa causa. Varias veces he resuelto no admitir las declaraciones de coimputados como prueba de cargo en un juicio en el que no se encontrarán presentes y disponibles (por todos, cfr. TC 1 LP, causa 6432, rta. el 10/11/2025), en función de la escasa/nula confiabilidad que presentan como fuente de información, partiendo de que se trata de declaraciones de personas que hicieron en calidad de imputados y que pudieron decir cosas verdaderas o falsas sin consecuencia relevante en el proceso (diferente es el instituto del arrepentido, cf. art. 276 bis CP). Por ello, no sirve como elemento de corroboración de la hipótesis que sostiene la parte, en tanto que la información de cargo debería auto-abastecerse para respaldar un veredicto de culpabilidad y, en caso contrario, sucedería que alguien termine condenado, porque otra persona, para defenderse o exonerarse de responsabilidad, le adjudique la responsabilidad en los hechos. Pero, además, la información que arroja Guichón es hearsay evidence y, lo que percibió con sus propios sentidos, irrelevante para sostener la afirmación que el fiscal extrae de sus manifestaciones.
Lo anterior, vale para la declaración de Antonio Javier Parma en el marco del art. 308 CPPBA en IPP 684-11 (fs. 1313/1315). En relación a Marcelo Hugo Oregioni, se observa que, incluso, no declaró durante la audiencia del art. 308 CPPBA en IPP 684-11 (fs. 1320/1324). Tampoco se entiende cómo pueden utilizarse como prueba de la asociación ilícita los descargos de los imputados en la causa cuya damnificada es García, dado que solamente se limita a mencionarlos.
Luego, se traen un conjunto de actos judiciales que no constituyen prueba, sino actos del proceso que impulsan la acción o desisten de ella en el marco de otro proceso (fs. 1281/1286).
Por otra parte, cuando se utiliza un informe actuarial que da cuenta de las investigaciones en trámite y se menciona la existencia de una formada contra Robatto, Báez y Liguori (IPP 4782-10), se omite actualizar la información, pese a que resultaba necesario dado que los datos invocados son de octubre del 2019 y el juicio abreviado se presentó en la víspera de finales del 2025. En tal sentido, el informe de fs. 1338/1361 es tan irrelevante que no se entiende cuál es el sentido de su invocación. Con ese mismo criterio de actuación, se traen a colación actos de investigación que no arrojan información que permita respaldar algún extremo de la imputación analizada (v. fs. 927/928, 1325/1326, 1327/vta., 1328/1329 y 1330/1331vta.).
Ahora bien, el informe ampliatorio de archivos almacenados en teléfonos, más allá de haber sido efectuado por abogados y no por peritos idóneos en evidencia digital, se trata de comunicaciones mantenidas entre Liguori y Labría, por un lado, y de Labría con un tal “el loco” -que no se explica quién sería- en las que solamente se pasan archivos que nada tienen que ver con Robatto y que no permiten extraer siquiera un mínimo elemento para realizar una inferencia de cargo (son impresiones de notificaciones judiciales ajenas a la actuación de Robatto y documentación relativa a un terreno en la que no se menciona a Robatto ni se explica su vinculación).
Asimismo, no se entiende qué aportaría para probar la asociación ilícita que haya habido una denuncia entre quienes -se supone- la fiscalía considera que son miembros y que se haya archivado (fs. 1793/1807); en rigor, se trata de la actuación en el marco del injusto contra García. Lo mismo vale, al no encontrarse un mínimo de relevancia, respecto a la pieza que contiene un archivo provisorio realizado por el fuero marplatense (fs. 1858/1875vta.).
Por otra parte, se hace mención de la actuación irregular de Robatto que diera origen a la imputación en la que resultara víctima García, pero se confunde el acuerdo de voluntades para cometer uno o varios delitos determinados, de la asociación ilícita como estructura permanente formada por tres o más miembros con un propósito colectivo de delinquir, en el sentido de no agotarse ante el cumplimiento de una o varias conductas delictivas determinadas. Está claro que, toda la actuación de Robatto, ya analizada en los puntos precedentes, revela su responsabilidad en el hurto campestre, pero esas mismas piezas no son idóneas para afirmar la existencia de una estructura permanente como es la asociación ilícita por fuera del acuerdo que formó el colectivo armado para quedarse con el campo de García y los bienes allí existentes.
Por fuera de ello, y ahora sí como un elemento de relevancia, se mencionan 2 comunicaciones entre Robatto y Liguori (v. fs. 678) y -especialmente- un total de 534 registros entre la Cooperativa de Vivienda (Liguori) y Robatto (v. fs. 680/689). En relación a estas últimas, si bien su cantidad ya resulta llamativa, no puede perderse de vista que se consumaron en un lapso de 1 año y 4 meses, esto es, entre el 3/8/2009 y el 27/12/2010. Más allá de la explicación que diera Robatto al respecto, al momento de efectuar sus descargos (v. fs. 824/828 y 1172/1175), en cuanto a que conoce a Liguori desde el 2006/2007 y que esas llamadas se explicarían porque compartieron varios asados y hasta jugaron al fútbol para el Colegio de Abogados, lo cierto es que el período en el que se mantuvieron esas comunicaciones coincide con el período en el que se ejecutó la maniobra delictiva en perjuicio de García y en la cual Robatto estaba definitivamente involucrado, como así también prima facie Liguori si reparamos en que también está imputado, aunque su situación no nos competía decidirla.
El problema de esas llamadas, claramente sospechosas por su cantidad, es que, al no conocerse el contenido de las conversaciones, en tanto no hubo interceptación de comunicaciones en tiempo real, no pueden respaldar -a esta altura- la imputación que refiere a la existencia de una asociación ilícita y la membresía de Robatto en ella.
Por ello, en el caso del delito contra el orden público (art. 210, CP), no es posible tener por corroborada, más allá de toda duda razonable, la imputación que contiene el acuerdo de juicio abreviado. La mayor parte de la información que la fiscalía menciona no es relevante para verificar la hipótesis acusatoria en ese sentido, tratándose de declaraciones de personas en calidad de imputados sin fiabilidad alguna, actos procesales de impulso o desistimiento, informes sin actualizar y de varios años atrás sobre otras causas en trámite, a lo sumo quedan varias conversaciones entre Robatto y Liguori, llamativas y sospechosas, pero al no saberse el contenido de la comunicación, correspondiendo al momento en que se ejecutaba la maniobra delictiva en perjuicio de la familia García y no habiendo la fiscalía falseado el descargo de Robatto al respecto, no alcanzan para conseguir el estándar de convicción más alto que exige el orden normativo para el dictado de un veredicto de condena, pues no es posible afirmar más allá de toda duda razonable que la asociación ilícita haya existido y que Robatto haya formado parte de ella, sino solamente puede probarse un acuerdo específico de voluntades con contenido determinado y referido a los bienes de García tal como ya explicamos precedentemente. Resta aclarar, obviedad mediante, que nuestro ordenamiento procesal al regular el procedimiento abreviado no exige la confesión del imputado, sino solamente su conformidad con la calificación y la pena, en modo alguno debe aceptar la prueba de los hechos porque no se exige ello (doct. arts. 396 y 399, CPPBA).
Que, conforme lo ya explicado en otras oportunidades, la asociación ilícita se enlaza vía efecto abrazadera con todos los delitos que cometan los miembros de la asociación, de modo que entre el delito permanente y el instantáneo cometido bajo esa asociación hay un concurso ideal (cfr. la explicación dada en TC LP 1 in re "Ronco y Yalet", sent. del 27/10/2022; "Moreno e Ybarra", sent. del 29/12/2022 [ambas con referencias]). Esto justifica la razón por la cual no debe dictarse un veredicto absolutorio, al no tratarse de un hecho independiente sino de un tipo que no concurre. k. En definitiva, corresponde dictar veredicto condenatorio para Rodolfo Cesar Robatto por resultar autor responsable del delito de hurto agravado (arts. 45 y 163 inc. 1°, CP).
3. Las consecuencias del veredicto condenatorio a. La trasgresión es, aquí, “voluntad particular” (HEGEL, Líneas Fundamentales de la Filosofía del Derecho [1820] [trad. Paredes Martín], § 99, en: el mismo, HEGEL II, Gredos, Madrid, p. 108.), dicho en términos modernos: manifestación que no permite anudar a ella la comunicación de modo permanente (JAKOBS, La pena estatal: significado y finalidad [2004] [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez], Universidad Autónoma de Madrid, p. 34); un esbozo de realidad que debe ser contradicho con la pena, caracterizando al delito como delito y afirmándose contrafácticamente la vigencia de la norma, de manera que el quebrantamiento se encuentra en un mundo equivocado y la propuesta de cambio –en el sentido de un acto evolutivo– no es aceptada, tal como quedó expresado en el veredicto condenatorio.
La pena, sin embargo, no se agota al simbolizar la contradicción del hecho (JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, Dritte Auflage, Duncker & Humblot, Berlin, 2011, p. 113). Dado que el infractor de la norma, a través de su conducta, no solo ha significado algo, sino que a la vez lo ha configurado en el mundo externo (JAKOBS, Sobre la teoría de la pena [1998] [trad. Cancio Meliá], en: el mismo, Moderna Dogmática Penal. Estudios Compilados, Porrúa, 2da. ed., 2006, ps. 651/652), se elige el “dolor” –en cuanto recorte más o menos intenso de la libertad– como símbolo de la manifestación externa de la contradicción: “también la reacción frente al hecho debe suponer una configuración definitiva, lo que significa que debe hacer imposible de modo efectivo que se anude una conducta a este, convirtiéndose de esta manera en permanente en el mundo externo” (JAKOBS, Ibíd.); brevemente: se trata de contraponer al quebrantamiento de la norma la realidad de la norma (JAKOBS, Ibíd.).
Ciertamente, puede que se vinculen a la pena determinadas consecuencias de psicología social o individual de muy variadas características, pero la pena ya significa algo con independencia de estas consecuencias: significa una autocomprobación (JAKOBS, Sociedad, Norma y Persona en una teoría de un Derecho Penal Funcional [trad. Cancio Meliá y Feijoo Sánchez, el título alemán distinto], en: el mismo, Moderna Dogmática… cit., p. 4).
Por consiguiente, la medida de la pena ha de regirse por el grado de perturbación social generada por el hecho (JAKOBS, La pena estatal… cit., p. 44), lo que, en concreto, alude principalmente al peso de la norma vulnerada y la medida de su vulneración, como a la responsabilidad del autor por su motivación para cometer el hecho, es decir, si esta es completamente asunto suyo, o, por el contrario, puede desgravárselo parcialmente al respecto.
Sentado lo anterior, debe partirse de la idea que el marco punitivo legal suministra una escala de gravedad continua, dentro del cual habrá de clasificarse el supuesto concreto que nos ocupa. Lógicamente, el marco comprende la universalidad de casos posibles, de modo que, el tercio inferior estará reservado para los de mínima gravedad, el superior para los de máxima gravedad y el tercio restante –ubicado entre los otros y construyendo el enlace– para los casos regulares definidos normativamente. b. No se valoran atenuantes y no encuentro oficiosamente circunstancias que jueguen en tal sentido.
Como agravantes se expuso “la pluralidad de delitos, la pluralidad de intervinientes y su condición de funcionario público al momento de cometer el hecho”
No hay pluralidad de delitos conforme el resultado del veredicto, por tanto, esa pauta resulta improcedente.
La pluralidad de intervinientes resulta procedente, en tanto Robatto actúo junto a otras personas conforme ya explicáramos, de modo que el injusto, visto en su dimensión cualitativa-cuantitativa externa (art. 41, CP), se agrava porque el reparto de tareas facilita ex ante el éxito de la empresa criminal.
La condición de funcionario público obviamente que agrava (art. 41, CP). Al involucrarse en el delito, Robatto quebrantó la institución a la cual se encontraba unido y lo hace merecedor de un reproche más intenso. Dicho en otros términos: “La autoridad o funcionario público, en efecto, ha sido elegido o nombrado de conformidad a la ley para el cumplimiento de su función; además, por su función institucional, se halla más protegido por el Derecho del Estado que el ciudadano medio. De ahí que los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo sean más graves: incorporan un elemento adicional de deslealtad, de traición”; razón por la cual, “respecto a los delitos relacionados con un determinado contexto institucional, los sujetos con vínculo especial deben recibir una pena tendencialmente más alta que los simples ciudadanos” (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal, Atelier, 2018, pp. 83/84). c. El punto de ingreso a la escala lo da el caso regular prototípico (un autor culpable sin antecedentes) y está circunscripto a la finalización del primer tercio y el comienzo del segundo, vista la escala abstracta de gravedad continua (arts. 45 y 163 inc. 1°, CP). En el caso, se ingresa en los 2 años y 8 meses.
Ahora bien, el peso relativo de la agravante referida a la pluralidad de intervinientes no puede infravalorarse, al tratarse de algo que facilita su comisión, en el caso, incluso, la ha determinado pues no hubiese sido posible la sola actuación aislada de Robatto; con lo cual, asignaré a esta pauta el valor de 8 meses, lo que ubica el caso en el punto medio exacto de la escala (3 años y 6 meses). Luego, la agravante por funcionario público, en función de la explicación ya dada, tiene un peso considerable para -desde allí- empujar el caso hacia el tercio que cubre los supuestos de máxima gravedad (el tercio final de la escala que va desde los 4 años y 4 meses a los 6 años) y, aplicando un sistema de aumento proporcional a la escala en abstracto como el que utiliza el legislador con las agravantes genéricas (v.gr. arts. 41 bis y 41 quáter, CP), elevarlo en una proporción equivalente a 1/2 del mínimo de la escala (si el mínimo es 1, serían 6 meses), lo que arroja un resultado final de 4 años y 10 meses de prisión, con más las accesorias legales (arts. 18, CN; 5, 12, 40, 41, 45 y 163 inc. 1°, CP).
d. Rige la prohibición de exceso jurisdiccional en cuanto a las penas genéricas y optativas de inhabilitación especial y multa (arts. 20 bis y 22 bis, CP), al no formar parte del acuerdo (art. 399, CPPBA).
e. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes como defensores particulares, hasta tanto todos ellos acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.
f. Costas a la parte vencida (arts. 530 y 531, CPPBA).
I. Declarar admisible el presente acuerdo de juicio abreviado.
II. Condenar a Rodolfo César Robatto a la pena de cuatro (4) años y diez (10) meses de prisión, con más las accesorias legales, por resultar autor responsable del delito de hurto agravado.
III. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes como defensores particulares, hasta tanto todos ellos acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.
IV. Costas a la parte vencida.
Rigen los arts. 18, CN; 168 y 171, CBA; 5, 12, 40, 41, 45 y 163 inc. 1°, CP; 22, 106, 210, 396, 397, 398, 399, 530, 531, cits. y ccs., CPPBA. Regístrese. Notifíquese a las partes y a la víctima. Oportunamente, cúmplase, comuníquese y archívese.
Fin de la sentencia