Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 7189
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar extinguida por prescripción las acciones penales respecto de los delitos de FALSA DENUNCIA y ABUSO DE AUTORIDAD (operando la prescripción de la acción penal el día 18 de octubre de 2015) y USURPACIÓN DE PROPIEDAD (operando la prescripción de la acción penal el 18 de octubre de 2016), y consecuentemente, dictar el SOBRESEIMIENTO PARCIAL Y DEFINITIVO de RODOLFO CESAR ROBATTO en relación a los hechos que se le atribuyeran como cometidos hasta el día 09 de octubre de 2009 en perjuicio de la administración pública (falsa denuncia y bbuso de autoridad) y de la propiedad (usurpación de propiedad).
2Admitir la totalidad de la prueba testimonial señalada en el ítem "B)", punto "II" del voto de la Dra. Sanucci.
3Admitir el ingreso definitivo de las piezas detalladas en el ítem "B)" , puntos "I.a" y "I.b" del voto de la Dra. Sanucci.
4No admitir el ingreso de las piezas detalladas en el ítem "B)", punto "I.c" del voto de la Dra. Sanucci.
5Disponer la realización de la INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA consignada en el ítem "B)", punto IV de los considerandos del voto de la Dra. Sanucci.
6Diferir hasta el dictado de la resolución definitiva en relación a la restitución de los efectos secuestrados (art. 522 y 523 CPPBA).
7De acuerdo a lo dispuesto por la S.G.A. DESIGNAR la audiencia de los días 14, 15 y 16 de abril de 2025 a las 10:00 hs. para el juzgamiento oral y público de RODOLFO CESAR ROBATTO en la presente causa (Registro SIGA N° 110.182).
7189 - LIGUORI DANIEL MARCELO, ROBATTO RODOLFO CESAR, SANCHEZ DIEGO IGNACIO, TORRES FRANCO RAFAEL, BAEZ CLAUDIO DANIEL, LABRIA ANGEL OSCAR S/ ASOCIACION ILICITA, FALSA DENUNCIA, FALSIFICACION O ADULTERACION DE DOCUMENTO PUBLICO, USO DE DOCUMENTO PUBLICO, USURPACION DE PROPIEDAD, HURTO, ESTAFA, DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA
La Plata.
Para resolver las cuestiones pertinentes del artículo 338 del Código Procesal Penal, en causa nº 7189 (sorteo n° 339/8/2022, IPP 06-03-001892-09/00) seguida a ROBATTO RODOLFO CESAR, y otros por delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, ABUSO DE AUTORIDAD, FALSA DENUNCIA, USURPACIÓN DE INMUEBLE, ESTAFA Y HURTO CAMPESTRE.; y,
VOTO DE LA DRA. CECILIA I. SANUCCI:
A) PLANTEO DE PRESCRIPCIÓN:
1. Solicitó el Sr. Defensor se dicte el Sobreseimiento Parcial, respecto de los delitos de Falsa denuncia, Abuso de autoridad y Usurpación de propiedad, que se imputan a Rodolfo César Robatto, por haberse extinguido la acción penal por el transcurso del tiempo.
Al respecto, manifiesta que la Falsa denuncia se encuentra tipificada en el artículo 245 del Código penal e impone una pena de dos meses a un año de prisión, por lo que operaría la prescripción de la acción penal a los dos años de cometido el hecho.
En lo que respecta a la Usurpación de inmueble, señala que el artículo 181 del Código Penal reprime al autor de dicho ilicito con una pena de seis meses a tres años de prisión y que en la figura de Abuso de autoridad la pena a imponer sería de un mes a dos años de prisión, conforme lo determina el artículo 248 del mismo código de fondo. Aduna que debe tenerse en cuenta que los hechos presuntamente cometidos por su asistido fueron ejecutados en octubre de 2009 y que, conforme surge de la presente investigación, fue aceptada la renuncia del imputado como Agente Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en el mes de octubre de 2013, fecha a partir de la cual debe contarse el plazo de prescripción. Expresa que, entonces, el primer acto interruptivo de esas acciones sería el llamado a prestar declaración en los términos del artículo 308 del C.P.P., lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2019, y que por todo ello todos los delitos mencionados se hallaban prescriptos al mes de octubre de 2016, por lo que solicita que se declare extinguida la acción penal por prescripción en los mismos (arts. 59 inc. 3, 62, 67 y conc. del Código Penal y art. 323 inc. 1 del C.P.P.).
Conferido el traslado a la Fiscalía, se expidió su titular, solicitando se rechace el planteo de prescripción, señalando que, de acuerdo a los lineamientos manifestados por el Juez de Garantías en la resolución de fs. 1933/195, no correspondería hacer lugar al pedido de prescripción porque conforme a lo normado por el artículo 67 segundo y último párrafo del Código Penal, el máximo de pena para aquellos delitos que concurren idealmente en autos resulta ser el de aquel tipo penal con máxima sanción. Refiere que el delito más grave imputado es el de Asociación Ilícita que tiene previsto un tope máximo de 10 años de prisión (Art. 210 CP).
En virtud de ello y en función de la renuncia del imputado Robatto al cargo público que es del día 9 de octubre de 2013, habiendo sido notificado el mismo de manera personal de la aceptación de la mismo el día 18 de ese mes y año, fecha desde la cual corre el periodo de prescripción, entiende que no se da por cumplido el tiempo necesario para poder declarar la prescripción teniendo en cuenta el primer acto interruptivo, esto es el llamado a prestar declaración a tenor del art. 308 del CPPBA del día 30 de septiembre del 2019.
2. Que tal como se señalara, se atribuye a Rodolfo Cesar Robatto la presunta comisión de los delitos de Falsa denuncia, Abuso de autoridad y Usurpación de propiedad tipificados en los arts. 245, 248 y 181 inc.1 del Código Penal respectivamente, cuyos topes máximos de pena según las pertinentes escalas penales aplicables son el un año de prisión respecto del delito de Falsa denuncia, de dos años de prisión respecto del delito de Abuso de autoridad, y de tres años de prisión respecto del delito de Usurpación de propiedad (cf. requerimiento de elevación a juicio, fs. 2031/2046vta. y res. fs. 2174/2180).
El art. 62 inc. 2º del Código Penal establece como plazo de prescripción de la acción para los delitos reprimidos con pena de reclusión o prisión, el transcurso del máximo de duración de la pena señalada para el ilícito, el que en ningún caso podrá exceder de doce años y ni bajar de dos. Por su parte el art. 67 del mentado ordenamiento establece que "...La prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público..."; situación que cesara en autos en relación a Rodolfo Cesar Robatto el día 09 de octubre de 2013 cuando fue aceptada su renuncia, habiéndose notificado de manera personal de la aceptación de la misma el día 18 de octubre de 2013, fecha a partir de la cual corresponde computar el inicio de la prescripción.
Por otro lado, dicho artículo establece en forma taxativa las causales de interrupción del curso de la prescripción, señalando con atingencia al caso "el primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado... " (letra "b"). Tal acto se cumplió el 30 de septiembre de 2019, habiendo transcurrido en consecuencia desde el 18 de octubre de 2013 hasta dicha fecha el plazo de prescripción en relación a los hechos antes aludidos.
Asimismo dicha normativa establece en su último párrafo que "... La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de los partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo...", motivo por el cual no resulta aplicable el criterio sostenido por la Fiscalía al evacuar la vista, remitiéndose a lo resuelto por el Sr. Juez de Garantías en fecha 16 de diciembre de 2019 (fs. 1658/1659) y confirmada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías el 11 de marzo de 2020.
De los informes producidos por el Registro Nacional de Reincidencia a fs. 2462/2465 y por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fs. 2450/2452vta., se constata que el nombrado no ha cometido nuevos delitos dentro del plazo de prescripción de la acción que se imputa en autos, por lo que se advierte la no concurrencia en el caso de la causal interruptiva de la prescripción de la acción penal prevista en la letra "a" del mentado artículo 67 del Código Penal.
En consecuencia de todo lo expuesto, el día 18 de octubre de 2015 operó la prescripción de la acción penal respecto de los delitos de Falsa denuncia y Abuso de autoridad, mientras que el 18 de octubre de 2016 operó la prescripción de la acción penal respecto del delito de Usurpación de propiedad, por lo que corresponde así declarar y dictar en consecuencia el sobreseimiento parcial y definitivo del imputado Rodolfo Cesar Robatto en relación a los hechos que se le atribuyeran como cometidos hasta el día 09 de octubre de 2009 en perjuicio de la administración pública (Falsa denuncia y Abuso de autoridad) y de la propiedad (Usurpación de propiedad).
Así lo voto por los fundamentos expuestos y por ser mi sincera convicción ( Art. 18 de la C.N., arts. 2, 45, 55, 59 inc. 3°, 62 inc. 2°, 67 primer, segundo, y sexto párrafo inc. a)- este último a contrario- , 181 inc.1, 245 y 248 del Codigo Penal, y 323 inc 1°, 341 y concs. del Código Procesal Penal).
B) CUESTIONES RELATIVAS AL ARTICULO 338 CPP:
En relación a las cuestiones traídas por las partes en sus respectivos ofrecimientos de prueba, corresponde resolver conforme se detalla a continuación:
I. INCORPORACION POR LECTURA (art. 366 CPP):
A las cuestiones planteadas la señora Jueza Dra. Cecilia I.
Sanucci, expresó:
Previo establecer aquellas piezas que se incorporarán por su lectura al debate oral, corresponde realizar la siguiente aclaración: I.a.) En cuanto a las piezas cuya incorporación por lectura fuera solicitada por la Fiscalía y respecto de las cuales no hay oposición expresa de la Defensa Oficial, corresponde su incorporación al debate oral, conforme la manda del último párrafo del art. 366 del C.P.P., de las siguientes piezas:
1. Documental en copia de fs. 03/15/vta; 24/43vta; 85/86;
89/90; 97/99; 116/118; 125/129; 132/136; 165/168; 222/223; 231/232; 239/vta; 249/250; 306/309; 340/342/vta; 359/367; 373/378; 402/403/vta; 405/408; 413/414; 433/434; 462; 466/468; 471/472/vta; 485/486/vta; 489; 509; 514; 703/707; 726/735/vta; 737/756; 1242/1324; 1338/1361;
1470/1476.
2. Croquis ilustrativo de fs. 20/vta.
3. Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 87;
4. Croquis ilustrativo de fs. 220;
5. Material fotográfico de fs. 234/238; 323/325; 336/337;
386; 501/502; 505/506; 508; 515/517; 529; 921; 923/925; 931/934; 941/942; 993/994; 1033; 2145/2148.
6. Informe en planimetría de fs. 335 y 385.
7. Informe vehicular de. fs. 507/vta. y 1464/vta.
8. Informe de la DAIC de fs. 604/701, 713/725 y 1155.
9. Declaración del Imputado a tenor del artículo 308 del código procesal penal Bonaerense de fs. 809/810 (Claudio Daniel Baez); 814/815 (Franco Rafael Torres); 819/820 (Angel Oscar Labría); 824/828 (Rodolfo Cesar Robatto); 862/865 (Daniel Marcelo Liguori); 1062/1064yvta (Diego Ignacio Sánchez); 1065/1070 (Ignacio Enrique Sánchez).
10. Declaración del Imputado a tenor del artículo 317 del código procesal penal Bonaerense de fs. 1156/1164 (Claudio Daniel Baez); 1172/1175 (Rodolfo Cesar Robatto).
11. Acta de apertura de fs. 1994/1996; 2144/vta;
2149/2151/vta.
I.b. Corresponde la incorporación de las referidas piezas procesales señaladas por la Fiscalía a pesar de la oposición de la defensa, por tratarse de prueba material de carácter documental y/o informativa, conforme el art. 366 C.P.P., por lo que ingresa como prueba directamente al juicio, la siguiente:
Croquis ilustrativo de fs. 20/vta.
I.c.) En lo tocante a las piezas cuya incorporación requiriera la Fiscalía con oposición de la Defensa, relativas a las siguientes:
1. Acta de procedimiento de fs. 18/vta; 210//vta; 221;
224/vta; 319/320; 329/vta; 1138.
2. Acta de transcripción de parte pertinente de la declaración prestada por el testigo de identidad reservada de fs. 263/vta.
3. Informe del DAIC la Sub DDI Brandsen de fs.. 550/600, remitiendo para su resguardo a la Secretaría de efectos los CD de fs. 551, 553 y 555, junto con el CD de fs. 710.
4. Acta de allanamiento y secuestro de fs. 908/909vta;
913/916; 927/928vta; 936/939; 945/947; 951/952vta.
5. Informe técnico del Gabinete Pericial Informático de la Dirección General de la Policía Judicial de fs. 1325/1331/vta. e Informe practicado por los Abogados Inspectores de la Procuración General de la S.C.J.B.A. de fs. 1362/1460.
6. Acta de entrega de fs 461.
7. Acta de presentación de fs. 1024/vta.
Todas ellas por no hallarse prevista tal forma de traer testimoniales, pericias y/o actas sin el acuerdo propio del párrafo noveno del artículo 366 de que se trata y por no darse ninguno de los supuestos del referido artículo, corresponde la no incorporación, sin perjuicio de su utilización como herramienta de litigación.
II. TESTIMONIAL:
A la ofrecida por el Sr. Agente Fiscal de Juicio y por el Sr. Defensor Particular, cítese a prestar declaración a la audiencia de debate que oportunamente se fijará a las siguientes personas:
TESTIGOS COMUNES A AMBAS PARTES:
1. Mirta Carmen GARCÍA 2.Esteban DE LUCA 3. Héctor AQUINO 4. Jorge Abel DE LUCA 5. Dario Luis MÉNDEZ 6. Carlos Gonzalo BONA 7. Domingo Martín CARAZO 8. Marcelo Manuel RODRIGUEZ 9. Juan José GARCÍA 10. Matias CONTRERAS 11. Horacio Marcelo ARAMBURU 12. Hector Rodolfo AQUIN 13. Marta Cristina MEDINA 14. Carlos German RODRIGUEZ 15. Cristian Diego AQUINO GUICHÓN 16. Cabrita Rodrigo Antonio DOS SANTOS 17 Juan Carlos SOSA 18. Griselda JAIME 19. Luis URQUÍA 20. Santiago Agustin CARAZO 21. Alberto ACOSTA 22. Jorge Pilar ROMERO 23. Hernán GARCÍA 24. Oscar DIEZ PEREZ 25.Juan Eduardo ARBIZU 26 Jose Ignacio GALVEZ 27.Alejandro Augusto MARCHIONI 28. Mario Alejandro DE LUCA.
29. Yago COMINI 30. Claudio Luis LÓPEZ 31. Jesús Gabriel ROMERO 32. Matias LUJÁN 33. Javier Alberto CELONI 34 Marcel Alexandra BALLERA REYES 35. Guillermo Fabian SILVESTRE 36. Castro Alina PALACIOS 37. Christopher Aaron ROMERO 38. Raul Ruben PIERRASTEGUI En relación al testigo de identidad reservada sindicado en el punto 15), requiérase por Secretaría al órgano correspondiente las actuaciones labradas respecto del deponente para el día en que se inicie el debate.
TESTIGO EXCLUSIVO DE LA DEFENSA:
III. DURACION DEL JUICIO:
Estímase en tres (3) jornadas el lapso de duración del juicio (Art. 338 sub "1" C.P.P.).
IV. INSTRUCCION SUPLEMENTARIA:
1. A lo peticionado por la Fiscalia en primer término, solicitando se remitan los sobres al efecto de citar a los testigos que han declarado bajo reserva de identidad reservada; aclarado que sea si son otros testigos distintos al ofrecido en tal carácter en el ofrecimiento de prueba, se proveerá.
En relación a lo peticionado en segundo lugar, esto es, se reserven en Secretaría los C.D. de fs. 551, 553, 555 y 710; estese a lo dispuesto en el punto I, ítem I.c), sub 3).
2. En cuanto a las medidas solicitadas por la Defensa, pese a la oposición de la Fiscalía y dado que podrían resultar "prima facie" útiles para la definición de la teoría del caso de la Defensa, en el entendimiento que solamente se permite a la parte obtener la documentación requerida, dado que una vez conseguida -y en la medida que pretenda su ingreso al cuadro probatorio- deberá justificar concretamente su relevancia en el marco de la audiencia oral y con sustanciacion mediante, se autoriza lo siguiente: a) Se libre oficio al CENTRO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA (Dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), sito en calle diagonal 78 n° 107 (entre 2 y 55) de la Ciudad de La Plata, a los fines que se sirva remitir copia certificada del legajo AP 9824/10 (DENUNCIANTE: MIRTA CARMEN GARCIA ONETTO)
con especial interés en las fs.1/13, 18/20, 27/29, 30/37, 60/66, 81, 89/90, 93, 122/126 y 154 de la IPP 06-03-1892/09 (copias certificadas de la causa que oportunamente fueron remitidas por el Fiscal a cargo de la investigación). b) Se libre oficie al diario “El Ciudadano” de Cañuelas a fin que informe todo lo que tuviere en su poder respecto de la labor periodística desarrollada en el año 2014 , a raíz de un procedimiento policial practicado en el Km 71 de la Ruta 3 de Cañuelas, en un predio en donde se constató el funcionamiento de un casino clandestino en el sótano de una vivienda ubicada en dicho predio, solicitando se adjunte toda la información periodística y copia de las notas que salieron en el diario de dicha época.- c) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a fin de requerir un informe de dominio actualizado del inmueble (campo) cuya usurpación se endilga en los presentes actuados y será materia de juicio.
d) Se libre oficio a la UFI 1 de Cañuelas a los fines que remita copia certificada de la causa caratulada “Caminnitti s/ Denuncia”.- Hágase saber que es carga de la parte gestionar el diligenciamiento y realización de las medidas de instrucción suplementaria que aquí se autorizan.
V. AUDIENCIA DE DEBATE:
De acuerdo a lo dispuesto por la S.G.A. desígnase la audiencia de los días 14, 15 y 16 de abril de 2025 a las 10:00 hs. para el juzgamiento oral y público de RODOLFO CESAR ROBATTO en la presente causa (Registro SIGA N° 110.182).
VI. DEVOLUCIÓN DE EFECTOS SECUESTRADOS:
Respecto a lo solicitado por la Defensa en relación a la devolución de los elementos secuestrados, corresponde diferir hasta el dictado de la resolución definitiva en relación a la restitución de los efectos secuestrados (art. 522 y 523 CPPBA).
VOTO DEL JUEZ DR. RAMIRO FERNÁNDEZ LORENZO:
A. PLANTEO DE PRESCRIPCIÓN
i. Que, conforme surge del requerimiento acusatorio de elevación a juicio (v. fs. 2031 y ss., especialmente puntos "II" y "III", del ppal.), la Fiscalía le efectuó a Rodolfo César Robatto la siguiente imputación: coautor del delito de asociación ilícita, en concurso real con abuso de autoridad en carácter de autor (arts. 45 y 248, CP), en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública en carácter de autor (arts. 45 y 265, CP), en concurso real con denegatoria de justicia en carácter de autor (arts. 45 y 274, CP), en concurso real con falsa denuncia en carácter de partícipe primario (arts. 45 y 245, CP), en concurso real con usurpación de inmueble en carácter de partícipe primario (arts. 45 y 181 inc. 1°, CP), en concurso real con hurto campestre en concurso ideal con estafa en carácter de partícipe primario (arts. 45, 163 inc 1° y 172, CP). Que, posteriormente y con motivo de una discusión sobre la coerción procesal, la Cámara Departamental confirmó la resolución de fs. 1658/1689vta., en cuanto dispusiera la extinción de la acción penal referida al delito de denegación de justicia y seguida a Robatto (v. fs. 378/vta., punto "I", del incidente de alternativa).
Que, tras ello y al momento de efectuar el control propio de la etapa intermedia, el Juez de Garantías dispuso el sobreseimiento parcial de Robatto en orden al delito de negociaciones incompatibles con la función pública (v. fs. 2174/2180, punto "II", del ppal.; téngase presente que el MPF no impugnó la decisión).
ii. Que, nuevamente, la defensa de Robatto solicita se declare la extinción de la acción referida a los delitos de falsa denuncia, abuso de autoridad y usurpación de propiedad (fs. 2347/2348 del ppal.). Que, por su parte, la Fiscalía, siguiendo el criterio adoptado por el Juez de Garantías, analiza la cuestión planteada a partir del máximo de la escala del delito de asociación ilícita, señalando que "el máximo de pena para aquellos delitos que concurren idealmente en autos a los fines de la prescripción, resulta ser el de aquel tipo penal con máxima sanción, esto es de 10 años de prisión (art. 210 CP)" (fs. 2354/vta. del ppal.).
iii. Que, en primer término y siguiendo al Superior Tribunal de la causa, cabe señalar que es un criterio consolidado que la prescripción puede y debe ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (cf. SCBA, P. 57.460, sent. de 29/12/2004; P. 83.722, sent. de 23/02/2005; P. 136.056, sent. de 24/08/2023; e.o.).
Que, a razón de esa doctrina y más allá del pronunciamiento dictado por la Cámara Departamental, corresponde abordar el planteo efectuado por la defensa de Robatto.
Que, desde antiguo, la Corte Federal impuso la solución del cómputo paralelo del plazo de prescripción aun cuando existiera concurso de delitos al establecer que la prescripción corre y se opera separadamente para cada hecho criminal (cfr. MARTÍNEZ, Marcela, Sobre la reforma al art. 67 CPen. Individualización de los actos del procedimiento que interrumpen la prescripción de la persecución penal y el triunfo de la tesis del paralelismo, TR LALEY AR/DOC/9114/2012, p. 5, con cita de CSJN, Fallos: 186:281; 201:63; 202:168; 212:324; 305:990; 312:1351; e.o.). Ciertamente, como dice la autora, la reforma operada por ley 25990 zanjó la vieja discusión doctrinaria en torno a la aplicación de la tesis del paralelismo (cfr. MARTÍNEZ, Sobre la reforma... cit., p. 6).
Desde este esquema, si se analiza la cuestión conforme la imputación que hizo la Fiscalía en el requerimiento acusatorio respectivo, en cuanto a que los delitos cuya acción se dice prescripta están enlazados bajo la forma del concurso real, no habría mayores discusiones en torno a la aplicación de la mencionada tesis del paralelismo que, ahora, viene impuesta legalmente (art. 67 párr. último, CP, al respecto, en el tema, cfr. SCBA, P. 131.139-RQ, sent. de 11/11/2020).
Sin perjuicio de ello, observo que el Fiscal de Juicio, al contestar la vista por esta incidencia, parece sostener que aquellos delitos (falsa denuncia, usurpación y abuso de autoridad) concurren ahora -y a contramano de lo sostenido por su par de la instancia al acusar- en forma ideal con la asociación ilícita, de modo que, implícitamente, se adscribe a la posición que descarta la aplicación de la tesis del paralelismo para esta forma de concurso.
Que, conforme lo ya explicado en otras oportunidades, la asociación ilícita se enlaza vía efecto abrazadera con todos los delitos que cometan los miembros de la asociación, de modo que entre el delito permanente y el instantáneo cometido bajo esa asociación hay un concurso ideal (cfr. la explicación dada en TC LP 1 in re "Ronco y Yalet", sent. del 27/10/2022; "Moreno e Ybarra", sent. del 29/12/2022 [ambas con referencias]).
Que, en línea con la autora otrora citada, entiendo que la reforma, "al no marcar diferencias", "también adscribió a esa solución para los casos de concurso ideal" (MARTÍNEZ, Sobre la reforma... cit., p. 6). En este sentido, cabría agregar que al momento de la reforma ya existía la discusión sobre la aplicación de aquella tesis también al concurso ideal, de allí que, si el legislador hubiese pretendido que la prescripción corra separadamente únicamente en casos de hechos diferentes (concurso real), así lo hubiese diferenciado al elaborar el nuevo texto legal. Dado que la ley no diferencia, no constituiría un método de interpretación válido discriminar los tipos de concursos porque el juez no puede atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste (CSJN, Fallos: 218:56; 299:167; 313:1007; 347:83).
Que, por lo demás, recientemente, se impuso en la Suprema Corte bonaerense, en su carácter de último intérprete de la ley sustantiva en la provincia vía recurso de inaplicabilidad de ley, la posición histórica del Ministro Soria sobre la aplicación, también al concurso ideal de delitos, de "la tesis del paralelismo", "solución que indudablemente", "ha sido receptada en la nueva formulación del quinto párrafo del art. 67 del Código Penal" (SCBA, P. 136.056, sent. de 24/08/2023, voto del Juez Soria adherido por los Jueces Genoud, Kogan y Natiello).
Que, la opinión contraria, según se puede ver en los votos disidentes del fallo invocado, se concentra en afirmar que en el concurso ideal, a diferencia del real, existe un único hecho que encuadra en varios tipos penales. Sin embargo, se pierde de vista que la quaestio facti y la quaestio iuris están inseparablemente unidas, por cuanto "el o los hechos objetos del proceso no pueden ser considerados aisladamente, dado que detrás aparece la declaración de la consecuencia jurídica derivada de un hecho acontecido determinado. El hecho se toma en consideración, en consecuencia, en tanto puede serle aplicado el derecho penal material, en tanto exista una unión entre ambos" (GOLDSCHMIDT, Principios generales del proceso, p. 56, citado y seguido por LEDESMA, Ángela, El derecho como objeto del litigio penal, 2016, p. 73). Una vez que nos desprendemos del naturalismo de épocas pasadas, puede fácilmente comprenderse que al derecho penal no le interesan los hechos per se, sino las infracciones a las expectativas normativas, en la medida en que la naturaleza causa desgracias, lo relevante es si alguna persona ha infringido alguna norma del derecho penal (JAKOBS, Moderna Dogmática Penal. Estudios compilados, Porrúa, 2006, pp. 8 ss. y la respuesta a Hirsch en nota n° 10), de suerte que, en el derecho procesal, se exige que la acusación comunique la calificación jurídica de los hechos y ello, naturalmente, forme parte de su pretensión (art. 335, CPPBA). Dado que "el concepto de acción no se busca antes de la sociedad, sino dentro de la sociedad" (JAKOBS, Moderna Dogmática... cit., p. 46), al derecho penal no le interesan los "hechos" separados de las normas, con lo cual, la cuestión no pasa por corroborar sucesos sino por atribuir delitos, es decir, comportamientos que cuestionan la validez de determinadas normas aseguradas penalmente, de modo que la pretensión procesal que contiene esa imputación tiene que estar referida a un delito determinado.
Por ello, con independencia de las reglas que el legislador asigna para la formación de escalas (arts. 54 y 55, CP) y el rendimiento que tiene la garantía que prohíbe el doble juzgamiento, la prescripción de la acción "corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes..." (art. 67 párr. último, CP). Nótese que, desde aquel esquema, con sólo modificar la valoración de la conducta atribuida y afirmar que en lugar de "varios hechos" existe "uno solo" -lo que aquí se verifica cuando el Ministerio Público cambia su postura sin argumento que lo respalde-, se podría mantener vigente la acción referida a determinado delito de menor gravedad que no está desplazado, pero cuya acción se la vuelve dependiente de otra referida a uno más grave, dependencia que sería inmediatamente abandonada al sostenerse el concurso ideal que impide el desplazamiento del tipo concurrente; dicho en otros términos: por un lado, se determina que la acción referida al delito de pena menor carece de autonomía porque su vigencia se encuentra atada a la acción del delito más grave con el que concurre, pero, por el otro, al no haber desplazamiento (concurso aparente o falso concurso), se sostiene que el delito menor tiene vida propia que incide en la individualización punitiva, en tanto la regla del art. 54 de la ley sustantiva solamente aporta la escala aplicable mas no impide la consideración de la múltiple infracción normativa en el proceso de mensuración judicial. Entiendo, por ello, que la posición contraria a la aquí sustentada -en línea con la doctrina más reciente de la Suprema Corte- confunde las reglas que el legislador ha delineado para formar las escalas para el caso de los concursos, con el régimen de las acciones al cual está atado la prescripción por resultar un supuesto que conlleva su extinción (art. 59 inc. 3°, CP).
Vista así la cuestión, no se encuentra discutido que la prescripción "comenzó a correr a partir del día 18 de octubre de 2013, fecha en la que fue notificada personalmente la aceptación de la renuncia presentada por Robatto por parte de quien era Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en ese entonces (v. fs. 731/733 de la principal)" (cf. auto de Cámara, fs. 363vta./364 del incidente cit.). Tampoco lo está que, "[d]esde esa fecha, el primer acto interruptor de la acción penal que se computa es el primer llamado a prestar declaración en los términos del artículo 308 CPP, de fecha 30 de septiembre de 2019 (v. fs. 806)" (cf. auto de Cámara, fs. 364 del incidente cit.). De este modo, entre uno y otro hito del proceso, ha transcurrido un plazo mayor a tres (3) años, de suerte que, careciendo Robatto de antecedentes condenatorios firmes en dicho lapso (v. informe de RNR, fs. 2463), corresponde dictar la extinción de las acciones penales referidas a los delitos de usurpación, falsa denuncia y abuso de autoridad, por encontrarse prescriptas, y consecuentemente, disponer el sobreseimiento parcial y definitivo del nombrado.
B. TRATAMIENTO DE LA EVIDENCIA OFRECIDA
Una primera regla: el principio de libertad probatoria (art. 209, CPPBA) no es absoluto, la prueba debe ser pertinente y útil a la teoría del caso del proponente. Esto es algo indiscutible.
Estoy convencido que, una mirada aislada y asistemática del art. 366 del rito, trae más problemas que soluciones. Al día de hoy, no puede negarse –tras la instauración del proceso de flagrancia y, en especial, con el modelo de jurados– el predicado adversarial que aplica al proceso penal bonaerense. Es evidente que no pueden sostenerse en la provincia dos modelos antagónicos, pero el problema no es legal, sino de interpretación. En ocasiones, se olvida el valor de la oralidad: no sólo porque permite ejercer el derecho constitucional que la defensa tiene de confrontar la prueba de cargo, sino porque constituye el método que asegura más calidad en las decisiones y eso confiere mayor legitimidad a la respuesta estatal.
Existen reglas adversariales que no podemos desconocer y una mirada acotada del artículo comprometido podría poner en jaque cláusulas constitucionales.
En cuanto a las piezas cuya incorporación fuese solicitada y que recibieron oposición de la contraria, tanto de las partes acusadoras como de la Defensa, resulta conveniente recordar que el artículo 366 del C.P.P., en lo que aquí interesa, determina que: “Como excepción se podrán incorporar por su lectura, exhibición o reproducción de audio o audiovisual: (…). La denuncia, la prueba documental o de informes, las filmaciones o grabaciones y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, secuestro y los reconocimientos a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate al solo efecto de verificar sus contradicciones, incongruencias u omisiones, sin que pueda suplirse la versión oral por la documentada” (párr. 6to.).
La regla general expresada al inicio del artículo establece que “[l]as actuaciones de la investigación penal no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado” (párr. 1ro.) y seguidamente fija una serie de supuestos que escapan a la misma (“[c]como excepción se podrán incorporar…”, párr. 2do. y ss.), es decir que, todo este artículo, debe ser analizado en consonancia con el sistema creado a tal fin (regla/excepción); a un lado los casos en que hay acuerdo de partes. La disposición analizada, interpretada correctamente, privilegia la oralidad y salvaguarda el derecho que tiene todo imputado a confrontar la prueba de cargo (arts. 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.f, CADH; 14.2.e, PIDCP).
En lo concerniente al supuesto que nos convoca (art. 366 párr. 6to., CPP), el ingreso definitivo al juicio de la prueba material (documentos, filmaciones, objetos secuestrados, etc.), está supeditado a que el testigo aludiere a la misma previamente en su declaración. En concreto, al igual que en el procedimiento del fuero juvenil (art. 55 último párrafo, ley 13.634) y como sucede en el juicio por jurados (art. 342 bis inc. 5° último párrafo, CPP), también en el procedimiento ordinario con jueces técnicos el rito exige –más allá de que utiliza otra fórmula– un proceso previo de acreditación por la parte que la propuso y que puede ser objetado por la contraria, idea que también se desprende a partir de una lectura -en clave adversarial- del art. 360 párr. último CPP; con lo cual, no es éste el momento procesal oportuno para decidir acerca de su ingreso (sobre esto último, v. TCPBA, SALA IV, “Godoy”, rta. 09/10/2014; “Marconi Signolo” y acum., rta. 13/09/2016, e/o.; SCHIAVO, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Hammurabi, t. 2, 2014, p. 369), más bien, es en la audiencia de debate, una vez acreditada la evidencia y previa solicitud de parte, en donde se decidirá si aquella queda incorporada definitivamente al juicio como prueba (sobre la necesidad de acreditar la prueba material, cfr. BAYTELMAN A., Andrés y DUCE J., Mauricio, Litigación penal, juicio oral y prueba, Ibañez, Bogotá, 2016 [reimp.], ps. 244 y ss., 259 y ss.; LORENZO, Leticia, Manual de litigación, Didot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012, p. 196 y ss.; RUA, Gonzalo, Examen directo de testigos, Didot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, p. 152 y ss.; entre otros).
Cualquier otra inteligencia podría poner en jaque la cláusula de confrontación (confrontation clause), al tiempo que tergiversaría la naturaleza del juicio oral y público: la prueba se produce en el debate y todo lo anterior no es más que una preparación para su celebración. Es que, el contradictorio oral, constituye el método más apto para el conocimiento de los hechos, al no contentarse con la sola verificación de una hipótesis, sino que permite, al mismo tiempo, la refutabilidad de aquélla (lógica falsacionista y no puramente verificacionista); razón por la cual, eleva el estándar de calidad de la información que allí se produce, lo que apareja decisiones más justas y -por tanto- con mayor legitimidad (por todo, cfr. GUZMÁN, Nicolás, La verdad en el proceso penal, Editores del Puerto, Bs. As., 2010, p. 159 y ss.; FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón [1989], Trotta, Madrid, 1995, p. 143 y ss.; e/o.).
Sin embargo, no sobra aclarar que, en este tipo de procedimiento, pueden existir supuestos que, por su extremada confiabilidad o simpleza del contenido de la pieza (documentos estatales certificados –como un DNI, un informe de reincidencia, etc.–, o documentos privados con un determinado tipo de formato que no generan desconfianza –como un periódico de circulación masiva, etc.–), no requieran la acreditación previa pudiendo ingresar directamente, lo que deberá ser analizado en el caso concreto y siempre teniendo como norte la reglas otrora mencionadas. En tal sentido, por fuera de los casos en lo que hay acuerdo, la prueba material –salvo supuestos de extremada confiabilidad y simpleza del contenido– debe ser previamente acreditada en el debate para que pueda ingresar, de modo que es en esa oportunidad donde se decide a su respecto y aquí solo cabe tenerla presente.
En lo restante, todas aquellas piezas en las que prima facie se plasman –en general a través de actas– distintos procedimientos efectuados por y/o ante la autoridad policial (registros de investigación e informes técnicos), constituyen “declaraciones previas”, por lo que sólo se utilizan como herramientas de litigación en el marco de la examinación o contraexaminación de los respectivos deponentes (omisiones o contradicciones). En la misma línea, se encuentran los informes de expertos –valga decir: incluso cuando no constituyan per se una pericia–, sin perjuicio que la parte, en función de la complejidad, solicite en el curso del debate que el deponente declare tomando vista de su informe.
Conclusión: la única prueba que ingresa definitivamente en esta etapa es toda aquella sobre la que media acuerdo de partes y, excepcionalmente, la prueba material que no requiera acreditación previa o, como dicen los americanos del norte, se auto-autentique y que no sea objeto de un litigio sobre su legitimidad.
En lo demás y que no se contraponga a la presente, adhiero al voto de mi colega.
VOTO DEL DR. HERNÁN J. DECASTELLI, DIJO:
A) PLANTEO DE PRESCRIPCIÓN:
Adhiero al voto del Dr. Ramiro Fernández Lorenzo.
B) CUESTIONES RELATIVAS AL ARTICULO 338 CPP:
Adhiero al voto de la Dra. Cecilia Inés Sanucci.
POR ELLO EL TRIBUNAL RESUELVE:
I. DECLARAR extinguida por prescripción las acciones penales respecto de los delitos de FALSA DENUNCIA y ABUSO DE AUTORIDAD (operando la prescripción de la acción penal el día 18 de octubre de 2015) y USURPACIÓN DE PROPIEDAD (operando la prescripción de la acción penal el 18 de octubre de 2016), y consecuentemente, dictar el SOBRESEIMIENTO PARCIAL Y DEFINITIVO de RODOLFO CESAR ROBATTO en relación a los hechos que se le atribuyeran como cometidos hasta el día 09 de octubre de 2009 en perjuicio de la administración pública (falsa denuncia y bbuso de autoridad) y de la propiedad (usurpación de propiedad).
2. ADMITIR la totalidad de la prueba testimonial señalada en el ítem "B)", punto "II" del voto de la Dra. Sanucci.
3. ADMITIR el ingreso definitivo de las piezas detalladas en el ítem "B)" , puntos "I.a" y "I.b" del voto de la Dra. Sanucci.
4. NO ADMITIR el ingreso de las piezas detalladas en el ítem "B)", punto "I.c" del voto de la Dra. Sanucci.
5. DISPONER la realización de la INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA consignada en el ítem "B)", punto IV de los considerandos del voto de la Dra. Sanucci.
6. DIFERIR hasta el dictado de la resolución definitiva en relación a la restitución de los efectos secuestrados (art. 522 y 523 CPPBA).
7. De acuerdo a lo dispuesto por la S.G.A. DESIGNAR la audiencia de los días 14, 15 y 16 de abril de 2025 a las 10:00 hs. para el juzgamiento oral y público de RODOLFO CESAR ROBATTO en la presente causa (Registro SIGA N° 110.182).
NOTIFÍQUESE. CÚMPLASE.
Fin de la sentencia