Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario, y de todo lo actuado en consecuencia, incluso de la resolución n° 090/20 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas n° 18073-113-2017 y, consecuentemente, prescripta la acción de la DGA para imponer una multa y comiso respecto de la aquí actora.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-14916004-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 9 de Febrero de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante Vocalía de la 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo para resolver en los autos caratulados “LILLO, ROBERTO DANIEL c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, EX2020-
68878143-APN-SGASAD#TFN.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que mediante IF-2020-65599258-APN-SGASAD#TFN se presenta el Sr. ROBERTO DANIEL LILLO e interpone recurso de apelación contra la resolución Nro. 090/20 (AD CORD), dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, que lo condena al pago de una multa, por la comisión de las infracciones a los arts. 986 y 987 del C.A. y al comiso de la mercadería en infracción. Efectúa un breve resumen de los hechos. Refiere al principio de inocencia que rige en materia penal, para sostener que la carga de la prueba recae en el acusador, en el caso, la DGA, lo que no se ha respetado en la especie. Cita doctrina y jurisprudencia. Alega –asimismoviolación al principio de culpabilidad. Manifiesta que la mercadería secuestrada no le pertenece, ignorando cómo llegó a su domicilio. Refiere a la naturaleza penal de la multa, invocando la aplicación de los principios penales. Cita jurisprudencia. Afirma que en el caso se han violado los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites, previstos por la Ley 19.549, que resulta plenamente aplicable. Expone que en el caso la DGA realizó un acto de inspección y secuestro sin la correspondiente autorización judicial, sumado a que no hubo testigos en el acto de procedimiento, lo que conlleva su nulidad. Efectúa reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que posteriormente se presenta el representante del Fisco y contesta el traslado conferido. Efectúa un breve resumen de los hechos y una negativa genérica de los dichos de la contraria. Sostiene que en el caso se encuentran reunidos todos y cada uno de los requisitos de punibilidad establecidos en la normativa aplicable. Cita la exposición de motivos del Código Aduanero. En relación al fin comercial, afirma que la jurisprudencia tiene dicho que cabe presumir dicha finalidad cuando se trata de efectos de origen extranjero cuyo elevado número o su variedad o calidad exceden lo compatible con el uso o consumo propio o personal normal. Alega que para este tipo infraccional opera la inversión de la carga probatoria, siendo la contraria quién debe poseer la documentación que respalde el legal ingreso de la mercadería, lo que no se acreditó en la especie. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo apelado, con costas.
III. Que mediante PV-2020-89683727-APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. A continuación se elevan los autos la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que la Actuación SIGEA n° 18073-113-2017 se inicia con el acta de secuestro de la mercadería en presunta infracción. A fs. 2 obra planilla con detalle de la mercadería secuestrada. A continuación luce acta de denuncia. A fs. 4 se agrega la orden de procedimiento de fecha 18/9/17. A fs. 5/6 obra el informe efectuado por la División Control Operativo Interior dirigido al Administrador de la Aduana de Córdoba. A fs. 7 obra la constancia de recepción de la mercadería por la Aduana de Córdoba. A fs. 8/9 luce planilla de aforo de la mercadería secuestrada. A fs. 11/13 obran planillas de clasificación. A fs. 14/15 se instruye sumario y se corre vista de lo actuado al Sr. Roberto Daniel Lillo, por la presunta comisión de la infracción al art. 986 y 987 del C.A., resultando notificado el 15/04/19 conforme constancia obrante a fs. 16. A fs. 17 se declara la rebeldía del imputado. A fs. 19/21 se dicta la resolución Nro. 481/19 (AD CORD).
A continuación, se agrega la contestación de vista (ver fojas 24/30) del Sr. Roberto Daniel Lillo. A fs. 31 la Aduana de Córdoba dispone que la presentación de la vista resulta extemporánea. A fs. 33 se presenta la apoderada del imputando informando que la contestación de vista se efectuó en el plazo legal y acompaña copia del escrito presentado con su sello de recibido por parte de la Aduana. A fs. 47/48 se declara la nulidad del auto que declaró la rebeldía del Sr. Lillo, de todo lo actuado en consecuencia y se provee el escrito presentado por el imputado. A fs. 49/51 se emite dictamen jurídico. Finalmente a fs. 52/55 se dicta la resolución 90/20 (AD CORD), aquí apelada.
V. Que la nulidad planteada por la actora respecto al acto de inspección y secuestro, cabe advertir que sus argumentos guardan relación con el fondo del asunto, razón por la cual su tratamiento se efectuará conjuntamente con el mismo Que, sentado lo anterior, corresponde resolver si la resolución Nro. 090/20 (AD CORD), por la que se condenó al Sr. Roberto Daniel Lillo, aquí recurrente, al pago de una multa, por la comisión de las infracciones a los arts. 986 y 987 del C.A. y al comiso de la mercadería en infracción, respecto de la mercadería aquí secuestrada consistente, entre otras cosas, en “cámaras fotográficas y sus partes”, se ajusta a derecho.
Que en el presente caso, según resulta de las actuaciones administrativas, la Aduana emitió la orden de procedimiento N° 17R69OP02016851K, a los efectos de que se proceda a controlar el domicilio comercial sito en Bodereau N° 7571, local 160, de la ciudad de Córdoba.
Según surge del Acta de Secuestro obrante a fs. 1 de las actuaciones administrativas, al constituirse en el domicilio mencionado, se detectó la existencia de mercadería de origen extranjero en presunta infracción a los art. 986 y 987 del C.A.. motivo por el cual se procedió a su secuestro.
VI. Que, atento a la sanción impuesta por la Aduana de Córdoba por aplicación de lo previsto en los artículos 986 y 987 a la aquí actora, el caso de autos corresponde ser analizado en el marco de lo dispuesto en la Sección XII, Título II, Capítulo Decimotercero, del C.A., que comprende los supuestos de “Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales”.
El artículo 986 del C.A. establece que: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de una a cinco veces su valor en plaza” y el artículo 987 del C.A. dispone que: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se trate y con una multa de uno a cinco veces su valor en plaza. A efectos de la comprobación de la legítima introducción a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación…”. Que lo primero que se surge de la lectura de tales artículos es que se trata de dos infracciones distintas, pues tipifican dos conductas diferentes.
Que, por consiguiente, ante esta realidad jurídica, resulta claro que la Aduana de Córdoba no ha seguido el procedimiento previsto en el Código Aduanero, ateniéndose a ello.
Que en el Código Aduanero se regula el “Procedimiento para las infracciones”, al que debe sujetarse el servicio aduanero.
Que en el art. 1081 se dispone que “Cuando el servicio aduanero tomare conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acordaren”.
Que en el art. 1082 se precisa que “La denuncia debe formalizarse ante el servicio aduanero y reunir los siguientes requisitos: a) la relación circunstanciada de los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción; b) el nombre, domicilio y demás datos de identidad de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, en cuanto fuere posible; c) la indicación de las circunstancias que pudieren conducir a la comprobación de los hechos denunciados, en cuanto fuere posible; d) el nombre y el domicilio del denunciante”.
Que en el art. 1094 se establece que “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. Que en la doctrina, Juan Carlos Lascano expresa que "El acto mediante el cual se notifica la vista de las actuaciones deberá informar claramente al sumariado: a) el o los hechos que se reputan constitutivos de la infracción; b) la norma legal que tipifica la conducta tipificada". A continuación, con referencia a la consecuencia de la omisión de correr vista, señala que "La omisión de correr la vista acarrea inevitablemente la nulidad de las actuaciones, por violación del derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, no siendo aplicable el principio de la subsanación de la restricción de la defensa en juicio en etapas posteriores, sustentada por la Corte Suprema para otros supuestos de nulidades procesales" (Procedimientos aduaneros, Osmar D. Buyatti Librería Editorial, Buenos Aires, 2011, págs. 163 y 164).
Que, asimismo, se ha dicho que "...si el acto no cumple con su finalidad y su irregularidad vulnera el derecho de defensa, corresponde declarar su nulidad" (Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo X., Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero Comentado, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, obra completada y actualizada por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L., y Vidal Albarracín, Guillermo (h), t. III, pág. 571). Que en la Sección XII, el Título II, Capítulo Decimotercero, bajo la denominación “Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales” comprende en sus arts. 985, 986 y 987 tres infracciones aduaneras perfectamente diferenciadas, en las cuales las distintas conductas incriminadas se hallan tipificadas.
Que, por consiguiente, la Aduana de Córdoba debería haber investigado y precisado la conducta de que se trata, haberla encuadrado en uno de las tres infracciones tipificadas y haber corrido vista con relación a la infracción imputada.
Que ello así, toda vez que las conductas previstas en estas normas son distintas y no cabe efectuar una imputación al “voleo” mencionando las dos normas.
Que la resolución nº 90/20 (AD CORD) incurre en el mismo defecto, pues condena por “la infracción a los arts. 986 y 987”, como si se tratara de una sola conducta o una única infracción.
Que no habiéndose imputado hecho concreto alguno en la vista conferida, ni individualizado concretamente la norma legal en la cual su conducta encuadraría, el cabal ejercicio del derecho de defensa no resulta posible para el administrado y, por ende, la garantía constitucional de la defensa en juicio ha resultado afectada. Que, por consiguiente, se impone declarar la nulidad de la apertura del sumario, de la vista conferida al recurrente en sede administrativa, así como de la resolución aduanera apelada.
VII. Que al ser nulo el auto de apertura del sumario obrante a fs. 15 de los antecedentes administrativos, no pudo interrumpir el curso de la prescripción para imponer multas en los términos del art. 937, inc. a), del CA. Que ello así por cuanto, respecto de la multa intimada en autos, el plazo de prescripción es de cinco años, conforme el art. 934 del C.A. y comenzó a correr el 1° de enero de 2018 (conforme el art. 935 del C.A.) y, de no mediar causales suspensivas e interruptivas, hubiese operado el 31 de diciembre del año 2022.
Que, en consecuencia, al haberse declarado la nulidad de la apertura de sumario -conforme lo expuesto ut-supra- (y siendo nulo todo lo actuado en consecuencia, lo que incluye también a la resolución aquí apelada), la acción del servicio aduanero para imponer multa y exigir el comiso de la mercadería en infracción se encuentra.
VIII. Por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar las demás cuestiones planteadas.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario, y de todo lo actuado en consecuencia, incluso de la resolución n° 090/20 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas n° 18073-113-2017 y, consecuentemente, prescripta la acción de la DGA para imponer una multa y comiso respecto de la aquí actora.
2. Costas a la demandada.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario, y de todo lo actuado en consecuencia, incluso de la resolución n° 090/20 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas n° 18073-113-2017 y, consecuentemente, prescripta la acción de la DGA para imponer una multa y comiso respecto de la aquí actora.
2. Costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2024.02.08 18:36:09 -03:00 Date: 2024.02.09 13:54:20 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.09 14:15:10 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.09 14:15:11 -03:00
Fin de la sentencia