Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 68878143-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada y confirmar la Res. AD CORD 90/20; las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 12389/2024 - LILLO, ROBERTO DANIEL (TF 68878143-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2025.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del auto de apertura de sumario, y de todo lo actuado en consecuencia, incluso de la resolución n° 090/20 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas n° 18073-113- 2017 y, consecuentemente, prescripta la acción de la DGA para imponer una multa por la comisión de las infracciones a los arts. 986 y 987 del Código Aduanero y el comiso de la mercadería en infracción respecto de la actora (Sr. ROBERTO DANIEL LILLO); impuso las costas a la demandada (v. sentencia a fs. 202/206 del DEO: 14905416, a cuya cita de fojas se hará referencia en el presente, salvo indicación en contrario).
La decisión fue apelada por el Fisco, cuyo recurso fue concedido a fs. 215 y fundado a fs. 217/224; el actor contestó agravios a fs. 229/232.
II. Que para decidir en el sentido indicado, el Tribunal Fiscal tuvo en cuenta que, según resulta de las actuaciones administrativas, la Aduana emitió la orden de procedimiento N° 17R69OP02016851K, a los efectos de que se proceda a controlar el domicilio comercial sito en Bodereau N° 7571, local 160, de la ciudad de Córdoba y que del Acta de Secuestro obrante a fs. 1 de las actuaciones administrativas surgía que, al constituirse en el domicilio mencionado, se detectó la existencia de mercadería de origen extranjero en presunta infracción a los arts. 986 y 987 del C.A.. motivo por el cual se procedió a su secuestro.
Luego de transcribir ambos artículos, puntualizó que se trata de dos infracciones distintas, pues tipifican dos conductas diferentes; de ello siguió que “…ante esta realidad jurídica, resulta claro que la Aduana de Córdoba no ha seguido el procedimiento previsto en el Código Aduanero, ateniéndose a ello”. A continuación, transcribió también las normas relativas al procedimiento infraccional, para nuevamente afirmar que “en la Sección XII, el Título II, Capítulo Decimotercero, bajo la denominación “Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales e industriales” comprende en sus arts. 985, 986 y 987 tres infracciones aduaneras perfectamente diferenciadas, en las cuales las distintas conductas incriminadas se hallan tipificadas.
Por consiguiente, estimó que la Aduana de Córdoba debería haber investigado y precisado la conducta de que se trata, haberla encuadrado en uno de las tres infracciones tipificadas y haber corrido vista con relación a la infracción imputada, “…toda vez que las conductas previstas en estas normas son distintas y no cabe efectuar una imputación al “voleo” mencionando las dos normas” (sic). Señaló que la Res. nº 90/20 (AD CORD) incurre en el mismo defecto, pues condena por “la infracción a los arts. 986 y 987”, como si se tratara de una sola conducta o una única infracción.
Concluyó así en la nulidad de la apertura del sumario, de la vista y de la resolución aduanera apelada porque “…no habiéndose imputado hecho concreto alguno en la vista conferida, ni individualizado concretamente la norma legal en la cual su conducta encuadraría, el cabal ejercicio del derecho de defensa no resulta posible para el administrado y, por ende, la garantía constitucional de la defensa en juicio ha resultado afectada”.
Posteriormente, declaró la prescripción de las acciones del Fisco en el caso, dado que las actuaciones sumariales cumplidas no fueron idóneas para suspender o interrumpir el curso del plazo previsto en el art. 934 CA.
III. Que el Fisco se queja de la decisión señalando que quedó demostrado en las actuaciones administrativas que la recurrente pudo ejercer su derecho de defensa con amplitud, que el acto administrativo de corrida de vista, es plenamente válido por cuanto reúne todos y cada uno de los elementos del acto administrativo válido (conforme art. 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), y en modo alguno afectó el derecho de defensa en juicio y debido proceso de la contraria.
Considera que las diferencias relativas al encuadre legal de los hechos del caso de ninguna manera puede suponer que afecta la garantía de la defensa en juicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos, dentro de las normas que resultan aplicables.
Advierte que en modo alguno el acto administrativo de corrida de vista se encuentra viciado de nulidad por contener una imputación amplia (y su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III Expte. nro. 12389/2024 - LILLO, ROBERTO DANIEL (TF 68878143-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO consecuente liquidación punitiva y tributaria), pues precisamente, es en este acto administrativo donde el Estado le hace saber al imputado cuáles son las conductas que se le imputan, los hechos que “presuntamente” habrían constituido infracción aduanera, y cuáles serían sus eventuales consecuencias punitorias y tributarias, para que él ejerza su legítimo derecho de defensa y cuestione la totalidad o solo una parte de las conductas y hechos que se le imputan. el imputado pudo Manifiesta que el imputado pudo ejercer dicha defensa con amplitud, lo que se vio plasmado en la resolución definitiva de la actuación administrativa, en donde se hizo lugar a gran parte de sus planteos.
IV. Que las actuaciones administrativas nro. 18073-113-2017 han sido digitalizadas a fs. 109/130; 133/166 y 168/190. De su compulsa se observa que el día 15/9/2017 se labró acta de secuestro de la mercadería en los términos del art. 1085, inc. c del código aduanero, por constituir “prima facie” la infracción prevista y penada por los arts. 986 y 987 CA (v. fs. 111/112) y la consecuente denuncia (cfr. fs. 113 y 115/116). Luego de la valoración, clasificación y aforo de la mercadería, se dictó la Disp. AD CORD 509/17, que ordenó la apertura del sumario y la vista de lo actuado al imputado (v. fs. 124/125).
En el auto de apertura del sumario se dejó constancia de que en el procedimiento efectuado en el domicilio comercial indicado se realizó un allanamiento en el que se constató “la presencia de mercadería de origen extranjero sin que acrediten el legal ingreso y tenencia y/o los medios de identificación aduanera; identificándose como responsable a Lilo Roberto Daniel (…) la mercadería en trato se encontraría en presunta infracción a los arts. 986 y 987 de la ley 22415…”
Luego de la Disp. AD CORD 1364/19, se declaró la causa como de puro derecho -cfr. descargo presentado a fs. 153/175- y, previo dictamen que obra a fs. 182/184, se dictó la resolución ahora impugnada (Res. AD CORD 90/20, fs. 185/188) condenando al Sr. Lillo al pago de una multa por infracción a los arts. 986 y 987 del código aduanero y al comiso de la mercadería.
V. Que de la simple lectura de los antecedentes administrativos surge que el auto de apertura del sumario satisface adecuadamente con el recaudo de determinar los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción de acuerdo a lo exigido por el art. 1094 CA, toda vez que en él se dejó constancia del procedimiento efectuado en el domicilio comercial del cual el actor es responsable donde se realizó un allanamiento en el que se constató “ la presencia de mercadería de origen extranjero sin que acrediten el legal ingreso y tenencia y/o los medios de identificación aduanera; identificándose como responsable a Lillo Roberto Daniel (…) la mercadería en trato se encontraría en presunta infracción a los arts. 986 y 987 de la ley 22415… ”. Asimismo, en la misma disposición se corrió vista de todo lo actuado, lo cual incluyó el acta de secuestro - en cuyo anexo se individualizó la mercadería en infracción y de la que también surge la imputación- a la que refiere la denuncia, satisfaciendo de tal modo también el recaudo del art. 1082 CA.
Desde otra perspectiva, tampoco se observa de los términos del descargo que el imputado hubiera albergado duda alguna en relación a los hechos o a la conducta que constituiría la infracción endilgada; por el contrario, pudo ejercer plenamente su derecho de defensa.
VI. Que pese a ello, el Tribunal Fiscal ha afirmado dogmáticamente que “no habiéndose imputado hecho concreto alguno en la vista conferida, ni individualizado concretamente la norma legal en la cual su conducta encuadraría el cabal ejercicio del derecho de defensa no resulta posible para el administrado y, por ende, la garantía constitucional de la defensa en juicio ha resultado afectada”, apartándose infundadamente de las constancias de la causa, toda vez que del acto que dispuso la instrucción del sumario y sus antecedentes surgen claros los hechos investigados y la información necesaria para individualizar la presunta infracción endilgada, sin que se observe ninguna afectación concreta al derecho de defensa del imputado.
Por ello, la decisión apelada debe ser revocada.
VII. Que en virtud del principio iura novit curia, se reconoce a los jueces la facultad y el deber de suplir el derecho que las partes invocan erróneamente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen, con independencia de la fundamentación que hayan hecho los intervinientes (v. Sala IV de esta Cámara, causa “CRUCERO DEL NORTE SA (TF 55720015-A) C/ DGA”, expte. nro. 18347/2024, del 26/11/2024).
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Expte. nro. 12389/2024 - LILLO, ROBERTO DANIEL (TF 68878143-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Para la aplicación e interpretación de las normas, los jueces tienen potestad privativa de valerse del derecho aplicable con total prescindencia del encuadre jurídico que pudiera haber realizado la Aduana al sustanciar el sumario administrativo, motivo por el cual pueden enmendar el derecho que consideren mal aplicado; ello, claro está, en la medida en que se mantenga la identidad entre los hechos investigados y aquellos por los cuales se dispone la condena (doctr. Fallos: 300:1074; 321:2453; entre otros).
VIII. Que, en atención a la limitación que surge del artículo 987 in fine del Código Aduanero -en cuanto dispone que no será aplicable cuando el hecho encuadrare simultáneamente en el artículo anterior-, cabe examinar en primer término si la conducta del actor satisface los elementos del tipo previsto por el art. 986 CA.
La figura requiere la existencia de tres elementos: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder; 2º) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercaderías de origen extranjero (cfr. Sala V de esta Cámara, causa “Balut Hnos SRL c/ EN -DGA- Resol 431/06 y 434/06 (Ex 74-150/05 y 48)”, del 29/12/09).
En el caso, no es materia de controversia el origen extranjero de la mercadería secuestrada ni la falta de adecuada identificación establecida por la reglamentación (cfr. fs. 119); tampoco la exhibición en el local con fines comerciales.
En consecuencia, habiéndose acreditado la tenencia de mercadería de origen extranjero, sin constancias de legal ingreso y tenencia, que se encontraba expuesta con finalidad comercial, cabe concluir en que se encuentra configurada la infracción prevista en el art. 986 del código aduanero.
IX. Que, sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que la conducta endilgada también encuadraría en la infracción prevista en el art. 987 CA, ya que al ser requerida por personal aduanero la prueba de que la mercadería detectada en el local del actor fue librada lícitamente a plaza, no la ha proporcionado (v. fs. 115/116).
Para este tipo infraccional opera la inversión de la carga probatoria por lo que es el tenedor de la mercadería el que debe poseer la documentación que respalde el legal ingreso de la mercadería en trato. Sin embargo, el actor no ha aportado prueba alguna ni en el descargo formulado en sede administrativa ni en la impugnación presentada ante el Tribunal Fiscal (cfr. escrito inicial de fs. 33/50).
X. Que, en la medida en que ambos artículos prevén la misma sanción (comiso de la mercadería y multa de una a cinco veces su valor en plaza), cabe concluir en que, sea que se funde en el art. 986 o en el 987 del código aduanero, es ajustada a derecho la resolución aduanera que impuso al actor una multa equivalente a una vez el valor en plaza de la mercadería en cuestión, así como su comiso.
Por ello, la Res. AD CORD 90/20 debe ser confirmada.
En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada y confirmar la Res. AD CORD 90/20; las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia