Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos., en cuanto determinan impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado. Con costas.
2Reencuadrar las multas aplicadas en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en su mínimo legal. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-47845140-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Mayo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Armando Magallón (Vocal Subrogante de la Primera Nominación) a fin de resolver el Expte. N° 38356-I, caratulado: "LIMSER SRL s/apelación-", y sus acumulados Nros. 38357-I y 39009-I de igual carátula La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 51/64vta, 167/175vta y 304/310 se interponen sendos recursos contra las resoluciones de fecha 3/10/2013, las dos primeras, y 16/12/2013, la tercera, mediante las que se determinó la obligación tributaria de la firma frente a los impuestos a las ganancias, períodos fiscales 2007 y 2009 y 4/2007 y al valor agregado, períodos fiscales 1/2007 a 12/2007 y 1/2009 a 12/2009, con más intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplicó sanción de conformidad con los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11683 (ganancias).
En primer término, opone como de previo y especial pronunciamiento la nulidad del acto administrativo con sustento en el art. 7° inc. d) de la ley 19549. En ese sentido, aduce que dicho acto omitió toda referencia a la ley del gravamen, por lo que resulta ser nulo de nulidad absoluta e insanable por falta de causa. Añade que la resolución se limita a efectuar una mera enunciación parcial y austera de las cuestiones por ella planteadas, sin emitir opinión alguna sobre las mismas, sin ningún análisis concreto y razonado de sus argumentaciones. Expresa que tanto en la resolución que abrió el procedimiento determinativo y sumarial y en el decisorio que aquí recurre, no ha habido fundamentación clara que sostenga el ajuste. Al respecto, destaca que si se hubiese estimado los elementos obrantes en los antecedentes administrativos y/o se hubiese circularizado la información que disponía, habría existido la posibilidad cierta de modificar la materia imponible. Asimismo, alega también la ausencia de motivación.
Con relación al fondo, comienza su relato describiendo su trayectoria como empresa familiar, explicando todos los servicios que realiza.
Afirma que todos los créditos fiscales registrados existen, que se corresponden al giro normal de su actividad. Destaca que la facturación de las ventas no ha sido observada. Reitera que las pretendidas omisiones pudieron haber sido suplidas en la etapa de fiscalización y que de ningún modo se han impugnado créditos y débitos fiscales, sino que, dice, tan sólo se observó la falta de aporte de comprobantes. Por ello, razona que en todo caso lo que podría haberse configurado es un incumplimiento a los deberes formales frente a las facultades que posee el ente fiscal conforme art. 35 de la ley 11683.
Resalta su colaboración frente a la fiscalización, habiendo contestado la totalidad de los requerimientos en tiempo útil poniendo a disposición de los actuantes toda la información solicitada.
Efectúa una descripción sobre las deficiencias del Fisco frente a sus defensas. En punto a ello, expresa, con relación a la documental que fuera registrada dos veces o mal registrada, aduce que, si bien no es central en el ajuste efectuado, se trató de una insignificancia que ha sido aclarada. Añade que más allá de eso, no se explicó qué créditos se han computado de forma duplicada y qué gastos se han registrado de forma errónea, no se hace un detalle de las operaciones y el modo en que se produjeron las pretendidas inconsistencias.
Expresa que la documentación existe, la que pone a disposición del Fisco. Alega que si bien puede resultar reprochable el no haber contado con los elementos documentales o proponer medidas de verificación o fiscalización, esa carencia no puede ser avasallada por una pretensión fiscal.
Sostiene la inactividad de los funcionarios actuantes en su perjuicio.
Repite en su relato acerca de la prescindencia de prueba decisiva conducente a la búsqueda de la verdad objetiva. Finalmente se agravia de la multa impuesta. En ese sentido afirma que su accionar no ha sido defraudatorio, solamente, dice, se ha verificado una supuesta omisión de aporte de documental respaldatoria de operaciones comerciales.
Sostiene que las presunciones del artículo 47 no logran cubrir la carencia argumental en la que incurre el ente fiscal. Añade que en todos los casos se trataron de operaciones necesarias para el giro comercial de su firma. Afirma que en ninguna parte de las actuaciones se insinúa la existencia de maniobras que puedan reputarse como defraudatorias y que por dicha circunstancia se recurrió a las presunciones.
En subsidio y atento considerar que demostró la ausencia de dolo, considera que corresponde el reencuadre de su conducta en el artículo 45 de la ley 11683.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fojas 79/92, 258/270 y 322/270 contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones apeladas. Hace reserva de la cuestión federal.
III. Que a fojas 359 se abre la presente causa a prueba. A fojas 409 y 415 se dio por decaído el derecho a producir la pericial contable y la informativa, respectivamente. A fojas 422 se elevan los autos a consideración de la sala “A” y a fojas 423 se llaman los autos para dictar sentencia.
IV. Que conforme se desprende del informe de inspección que obra a fs. 426/433 –Cpo. Ppal IVA III-, de las actuaciones administrativas acompañadas, con motivo de las tareas de fiscalización -que le son propias al organismo fiscal-, la inspección detectó diferencias entre los registros analizados y los comprobantes exhibidos, por lo que procedió a confeccionar papeles de trabajo con las diferencias observadas.
Ajuste Ganancias Con relación al período 2007, de la comparación realizada entre las ventas gravadas declaradas por la actora en el IVA y el monto de ingresos gravados declarados en el impuesto a las ganancias, surgió una diferencia a favor del Fisco. Además se detectó una diferencia en las retenciones sufridas, la misma surgió de comparar la ddjj original con la consulta a las bases de datos del organismo fiscal.
Asimismo se impugnó el gasto incluido en el Cuadro I del Balance Comercial, correspondiente al impuesto a las ganancias, período 2006, por resultar no deducible de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 inc. d) de la referida norma.
Con respecto al período 2009 se ajustó el costo de los servicios prestados por la actora a partir de las diferencias detectadas por comprobantes mal registrados, registrados dos veces, ya computados en el período anterior y registros sin documentación de respaldo, como así también por diferencias detectadas entre los importes netos registrados en las planillas denominadas “Libro Compras” y los importes netos de los comprobantes exhibidos, arrojándose una diferencia a favor del Fisco. Además se detectó una diferencia en las retenciones sufridas, que surgió de comparar la ddjj original con la consulta a las bases de datos del organismo fiscal.
Por otra parte, del informe de inspección obrante a fojas 47/54 –Cuerpo Sicore-, surge que la fiscalización detectó que la firma no había efectuado la correcta aplicación de las disposiciones establecidas por el artículo agregado a continuación del artículo 69 de la ley del impuesto a las ganancias, determinando un saldo a favor del fisco por SICORE impuesto a las ganancias, período fiscal 4/2007. En efecto, según la observación formulada, la actora no ingresó la retención con carácter de pago único y definitivo establecida en la norma mencionada, incumpliendo las disposiciones de la RG N° 738, conforme el código 217, -Ganancias sub-código 046 Dividendos o distribución de utilidades superiores a la ganancias impositiva. Todo ello de conformidad con el art. 1° de la RG N° 740/1999 (AFIP).
Ajuste en IVA:
Se ajustó el IVA por los períodos fiscales 01/2007 al 12/2007 y 01/2009 al 12/2009. Se compararon los créditos fiscales registrados en los listados de compras (hojas móviles aportadas) respecto de los computados en las DDJJ del impuesto. A fin de validar los listados de compras, se efectuó un cotejo con la totalidad de la documentación de respaldo exhibida de los ejercicios mencionados. Las diferencias detectadas fueron: -documentación exhibida y no registrada en los listados, lo que genera un créditos fiscal a favor de la actora; documentación exhibida y que fue registrada dos o tres veces, lo que disminuye el crédito fiscal; documentación exhibida y cuyos importes netos gravados, no gravados o crédito fiscal fue registrado en un importe diferente al computable, lo que genera diferencias a favor a favor de la actora o del fisco, según el caso; documentación que no fue exhibida y que fue registrada, lo que disminuye el crédito para la recurrente; documentación registrada en el mes de enero 2009 y que fue computada en el ejercicio comercial 2008; documentación exhibida y registrada en el mes de diciembre de 2009, con créditos fiscales incorrectos.
De la comparación del crédito fiscal computable y el computado por la recurrente en las DDJJ de IVA se determinó un ajuste de crédito fiscal por los períodos 2007 y 2009. Asimismo, se detectaron diferencias entre las DDJJ originales y la consulta de la base de datos del organismo fiscal con relación a las retenciones sufridas. Con base en dichas irregularidades se procedió a efectuar los pertinentes ajustes en el IVA, períodos fiscales 01/2007 a 12/2007 y 01/2009 a 12/2009 (créditos fiscales declarados en exceso) y ganancias, períodos fiscales 2007 y 2009 (ventas omitidas). Así como también el cómputo de retenciones y diferencias de compras asignadas al costo e intereses sobre disposición de fondos. Asimismo, se ajustó ganancias período fiscal 4/2007 –Sicore-.
V. Que corresponde en primer término tratar la excepción de nulidad opuesta por la recurrente como de previo y especial pronunciamiento. Sustenta dicha defensa en la falta de cita del derecho aplicable y ausencia de fundamentación frente al rechazo de sus defensas.
Conforme lo dispone la ley ritual, el procedimiento de determinación de oficio debe iniciarse con un acto administrativo que confiere vista de las actuaciones, cuya finalidad reside en que el contribuyente pueda tomar conocimiento de la totalidad de las tareas desarrolladas y de los cargos formulados con el objeto de garantizar su derecho de defensa.
Este procedimiento permite la intervención del administrado, quien podrá exponer su defensa, ofrecer pruebas y solicitarlas, alegar y por último, exigir que el acto sancionatorio contenga expresa consideración de sus argumentos y de las cuestiones que fueran conducentes a la solución del caso. Como con acierto señalan Giuliani Fonrouge y Navarrine, “La intervención del imputado y la posibilidad de presentar descargo y ofrecer pruebas tienden a hacer efectivo el principio llamado del “debido proceso legal”, que se manifiesta mediante la garantía de la defensa en juicio, asegurada por el artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social”, Editorial Lexis Nexis, pàg. 456). Es por ello que la ley establece los pasos procesales que serán de cumplimiento obligatorio por parte del organismo fiscal. En esa dirección, el accionar contrario acarreará indefectiblemente la nulidad de la resolución dictada en consecuencia.
Ello es así por cuanto la nulidad se presenta como la sanción que se prevé contra los actos administrativos que resulten viciados por ausencia de alguno de los elementos esenciales o por haberse apartado o transgredido las formas preordenadas legalmente para su realización, privándoseles de producir sus efectos normalmente. En ese sentido, debe recordarse que la ley 19.549, de aplicación supletoria en la materia, distingue los requisitos formales (artículo 8) y los sustanciales (artículo 7) sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos requisitos, y establece que son requisitos esenciales del acto administrativo, a saber: 1) la competencia de quien suscribe el acto; 2) la causa, 3) el objeto, 4) procedimiento, 5) la motivación y 6) la finalidad.
Es con sustento en la ausencia de causa y motivación que a criterio del recurrente vulnera su derecho de defensa y debido proceso, que alega la nulidad del acto en crisis.
Ante todo, debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecida en la ley de procedimiento.
En primer término, cabe advertir que tanto los actos de inicio de fiscalización como del procedimiento de determinación de oficio, como las vistas corridas, las prórrogas concedidas a petición de parte para contestarlas (vide fojas 455/470, 498, 499, 508/513, 514, 516, 517 -Cpo. Ppal. IVA III-, y fojas 99/113 –Cpo Sicore-, traslados y requerimientos, fueron debidamente notificados de conformidad con la normativa vigente. De dichos actos se desprenden los cargos formulados, los que fueron acompañados de los anexos correspondientes en las que se detallaron los respectivos ajustes, esto es, planillas con los listados de las firmas cuyas observaciones surgen allí, a saber, facturas registradas no exhibidas, facturas mal registradas y facturas registradas dos veces (vide fojas 471/497 –Cpo. Principal III-).
En relación con el agravio vertido por la recurrente referido al rechazo infundado de la prueba ofrecida, este Tribunal ya ha manifestado en reiteradas oportunidades que el juez competente en el proceso de determinación de oficio no está obligado a admitir ni a ponderar toda la prueba ofrecida en la instancia administrativa por el contribuyente, sin que dicha circunstancia amerite la tacha de nulidad del acto administrativo (entre varios, "Craft SA”, Sala C del 19/12/2005). Es dable notar, que en esta instancia se dio por decaído su derecho a producir prueba debido a su falta de interés en producirla.
En síntesis, las resoluciones se estiman suficientemente fundadas atento que el juez administrativo expresó sucintamente los motivos que lo llevaron a resolver como lo hizo y los hechos que ponderó a ese efecto, por lo que los agravios se traducen en meras discrepancias con lo resuelto por aquel funcionario.-
En función de lo expuesto, corresponde rechazar las defensas opuestas por la actora. Con costas.
VI. Que ello así, el thema decidendum queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos. En base a lo expuesto, cabe advertir que la recurrente no aportó elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en los actos en crisis. En efecto, en su escrito si bien ofrece prueba a fin de acreditar las cuestiones observadas durante la inspección, cabe remarcar que a fojas 359 se ordenó abrir la causa a prueba, posteriormente, ante la inactivad de la recurrente, se la intimó para que promueva su producción sin que lo haya cumplido, lo que motivó que se dé por decaido su derecho.
En ese sentido, tal como surge en aquél informe, resulta acertada la observación y posterior impugnación realizada por el ente fiscal con fundamento en los artículos 12 de la ley de IVA y el mencionado artículo 33 de la ley 11683.- En efecto, y contrariamente a lo sostenido por la recurrente, surge claramente el encuadre jurídico sobre el que reposó dicho ajuste. En igual sentido, cabe tener la misma apreciación en relación a los ajustes efectuados en el impuesto a las ganancias, los que fueron sostenidos por la normativa aplicable. Sentado cuanto antecede, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos, por lo que corresponde confirmar los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en las resoluciones de fecha 3/10/2013. Con costas.
VII. Que con relación al ajuste -Gcias. SICORE-, corresponde su confirmación toda vez que la recurrente no ha expresado agravios al respecto. Con costas.
VIII. Que resta entonces tratar la multa aplicada, que se sustenta –como quedó dicho- en los artículos 46 y 47 inciso a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Al respecto, cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
IX. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió, para el encuadre de la conducta del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es –generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580).
X. Que analizados los antecedentes administrativos, el informe del inspector actuante y las resoluciones dictadas en consecuencia, se desprende que el Fisco Nacional no actuó diligentemente en razón de las consideraciones que paso a exponer.
En los actos administrativos impugnados se imputan al recurrente la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas cuando: “a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11.”... “cuando en la documentación indicada...se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”.
Sobre el particular, cabe señalar que no quedó acreditado el despliegue de métodos ardidosos.
XI. Que no obstante lo expuesto, en atención a los hechos relatados, los elementos que obran en los antecedentes administrativos, y si bien no se comparten las conclusiones del Fisco Nacional acerca de la configuración de la conducta dolosa, lo cierto es que el recurrente omitió declarar el impuesto en su justa medida. Como quedo dicho, si bien el Fisco Nacional no pudo probar en forma fehaciente y directa la conducta dolosa que le atribuye, la misma debe reputarse como cometida con culpa y por ello, encuadrarse en la figura que tipifica el artículo 45, salvo que se acredite la presencia de error excusable, situación que no se produjo en autos. Por tal razón, voto en el sentido de reencuadrar la conducta del recurrente en los términos de aquella norma, que prevé la omisión fiscal mediante la presentación de declaraciones juradas inexactas para el período en cuestión, por errores imputables a la actora, los que no resultan excusables.
Este Tribunal sostuvo en varios pronunciamientos el encuadre legal de la conducta por la que se atribuye al responsable haber cometido la infracción, siempre que no se agrave la sanción, toda vez que no es posible en esta instancia la “reformatio in pejus”, tesitura que ha sido confirmada por la Alzada.
En consecuencia, voto por reencuadrar las multas aplicadas en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en su mínimo legal. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán, pero difiero tanto en la imposición de costas autónomas aplicadas por la vocal preopinante en el planteo de nulidad.
II. Que en cuanto a la imposición de costas del planteo de nulidad,corresponde señalar aquí que, conforme se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos., en cuanto determinan impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado. Con costas.
2. Reencuadrar las multas aplicadas en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en su mínimo legal. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese Date: 2024.05.08 11:17:25 -03:00 Digitally signed by Armando Magallon Date: 2024.05.08 18:58:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.09 12:42:23 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.09 12:42:23 -03:00
Fin de la sentencia