Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 052/2011 dictada por la Aduana de Córdoba, en el expediente SIGEA N° 12756-70-2010 (SA 17-10-16).
2Imponer las costas a la parte actora vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-55269308-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "Lin Feng c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación", Expediente N° 35.145-A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. A fs. 8/11, la firma Lin Feng, por intermedio de apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 52/2011, dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba en el expediente SIGEA N° 12756-70-2010 (SA 17-10-16), mediante la cual se le impuso una multa de $ 695.199,95 y el comiso de la mercadería en presunta infracción al art. 986 del Código Aduanero.
En prieta síntesis, manifiesta que, en un procedimiento efectuado en su domicilio comercial, personal aduanero secuestró anteojos que no contaban con los medios de identificación aduanera debidamente aplicados. Sostiene que la mercadería fue entregada en consignación por la firma Importadora San Antonio S.A., sin precio fijado, y que fue adquirida de buena fe. Afirma, además, que la mencionada empresa le indicó que los productos eran de origen nacional y, además, que no existe en el expediente prueba fehaciente que acredite el carácter extranjero de los mismos.
En subsidio, solicita una nueva graduación de la multa, por considerarla desproporcionada. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 34/38, la representación fiscal contesta el recurso, negando expresamente todos los hechos y afirmaciones que no sean objeto de reconocimiento. Resume los antecedentes del caso, cita la normativa aplicable y rechaza los agravios de la apelante. Señala que no se ha producido prueba que acredite la legal tenencia de la mercadería ni su adquisición de buena fe. Asimismo, justifica la multa impuesta en función del valor determinado por el personal técnico interviniente en la verificación.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas obrantes en papel, solicita la confirmación de la resolución aduanera y reclama costas.
III. A fs. 62 se declaró la causa como de puro derecho y fue elevada a esta Sala para su resolución. A fs. 63 se pasaron los autos a sentencia.
IV. Sentado lo que antecede, resulta importante traer a colación que las actuaciones administrativas (SIGEA N° 12756- 70-2009) se iniciaron con el acta de secuestro (fs. 1/3), que detalla la mercadería incautada. A fs. 4/5 se agregó el acta de recepción N° 95/09 que da cuenta de 24 bultos de anteojos, marcas y modelos varios, pertenecientes a Lin Feng. Según informe de la Sección Fiscalización Externa (fs. 6), la mercadería era de origen extranjero y no contaba con los medios de identificación requeridos.
A fs. 8 se labra el acta de denuncia N° 167/09, a fs. 9 consta la valoración de la mercadería, y a fs. 10 se instruye el sumario. La notificación se efectuó el 22/04/2010 (cfr. fs. 15). A fs. 21 se declaró la rebeldía de la actora. Finalmente, a fs. 27/vta., se dictó la Resolución N° 52/2011, objeto de impugnación.
V. En las indicadas condiciones, el punto central a resolver es si la resolución apelada se ajusta a derecho, a la luz de lo dispuesto por el artículo 986 del Código Aduanero, que sanciona con comiso y multa la tenencia, con fines comerciales o industriales, de mercadería de origen extranjero que carezca de los medios de identificación exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
Como resulta de lo expuesto, la norma sancionadora requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) tenencia (sin importar el título); b) origen extranjero de la mercadería; c) destino comercial o industrial; y d) ausencia de identificación conforme normativa.
VI. En ese estado de cosas, resulta importante hacer notar que, de las constancias de la causa surge sin hesitación alguna que la mercadería se hallaba en el local comercial de la actora, expuesta al público, lo que evidencia su destino comercial. El acta de secuestro detalla que los anteojos eran de origen chino e italiano, extremo no desvirtuado por prueba en contrario.
Habida cuenta de ello, encuentro que la tenencia comercial de mercadería sin estampillas ni medios de identificación válidos queda perfectamente encuadrada dentro del supuesto previsto por el artículo 986 del Código Aduanero. Sucede que, en efecto, la recurrente no aportó documentación que respalde la legalidad de la tenencia, ni produjo prueba que desvirtúe el carácter extranjero de los productos. Tampoco impulsó la producción de prueba pericial ni diligenció los oficios ofrecidos, lo que evidencia su inactividad procesal.
VII. En esa inteligencia, debe recordarse que, por regla general, en el ámbito sancionatorio administrativo, la responsabilidad no se basa en la intención o culpa del sujeto, sino en el hecho de no cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa. En este sentido, no se requiere una evaluación moral del sujeto, sino un examen del cumplimiento de sus obligaciones. Con toda verdad, en el ámbito que nos ocupa, resulta posible responsabilizar por hechos que escapan a la consciencia, voluntad o control del sujeto, como los realizados por terceras personas. En este sentido, en general, no es necesario evaluar la culpa o el dolo del sujeto, sino simplemente determinar si su conducta cumple con las normas establecidas.
VIII. No obstante lo señalado, cabe reparar que, en el ámbito sancionador administrativo, la responsabilidad objetiva esta sujeta a limitaciones y excepciones, como en el caso de imposibilidad de cumplimiento absoluto de la norma administrativa. Además, es importante destacar que tal extremo no implica que el sujeto sancionado sea considerado responsable de forma automática, sino que se considera como un incumplimiento de un deber u obligación establecida en la ley, y que, por lo tanto, es posible aplicar una sanción.
IX. En este sentido, el sujeto sancionado tiene derecho a la defensa y a demostrar circunstancias o causales que lo eximan de responsabilidad. De esta manera, la relación de imputación no puede ser absoluta y la persona responsable no puede ser sindicado como garante absoluto del cumplimiento de la orden administrativa.
X. En el caso bajo examen se advierte que el recurrente no ha conmovido la resolución sancionatoria, habida cuenta de que no ha brindado explicación satisfactoria alguna respecto de las razones por las que se encontraba en poder de mercadería de origen extranjero con evidentes fines comerciales. Agréguese que el recurrente ha declarado no contar con documentación de respaldo de la operación por un problema con la inscripción en la AFIP por parte de la empresa Importadora San Antonio S.A. (cfr. fs.10). Esa explicación es absolutamente insatisfactoria a poco que se aprecie la magnitud del volumen operado (9655 lentes).
XI. Finalmente cabe señalar que tampoco tiene entidad los dichos de la recurrente en orden a que no resulta probado el origen extranjero de la mercadería. Lo cierto es que frente a la afirmación del servicio aduanero de que los lentes se correspondían con marcas del extranjero (fs 2 y 3 expte administrativo), lo conduce hubiera sido que se produjese prueba en sentido contrario. En consecuencia, y en virtud del principio de legitimidad que ampara el accionar del órgano competente —cuya actividad goza de presunción de legalidad y veracidad—, no se configura una prueba eficaz que permita desvirtuar los elementos tenidos en cuenta al momento de disponer el secuestro. Por el contrario, la ausencia de constancias idóneas fortalece la presunción de ilicitud que pesa sobre la mercadería en cuestión.
XII. En cuanto al pedido de reducción de la multa, debe señalarse que la determinación del quantum sancionatorio dentro del marco legal corresponde al órgano administrativo competente, en el ejercicio de facultades discrecionales. El Tribunal Fiscal sólo puede intervenir cuando se verifica un apartamiento manifiesto de los elementos reglados, lo que no ocurre en el presente caso. La multa impuesta resulta proporcional al valor de la mercadería, conforme a la escala prevista por la ley. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 052/2011 dictada por la Aduana de Córdoba, en el expediente SIGEA N° 12756-70-2010 (SA 17-10-16).
2. Imponer las costas a la parte actora vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente. No coincido con lo expuesto en el Considerando XII, pero dicho criterio redunda en la misma conclusión a la que reafirmo, en la parte resolutiva.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht, con la salvedad ya expresada por la Dra. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 052/2011 dictada por la Aduana de Córdoba, en el expediente SIGEA N° 12756-70-2010 (SA 17-10-16).
2. Imponer las costas a la parte actora vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.05.23 10:50:14 ART Date: 2025.05.23 13:42:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.23 15:27:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.23 15:27:54 -03:00
Fin de la sentencia