Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2Declarar la inadmisibilidad formal de la acción de amparo promovida, con costas.
CORTE Nº 032/2026 3)
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cuarenta y ocho
San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de julio de 2026.
Estos autos Corte Nº 032/2026 "LINARES, Rafael Rubén y Otros C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL - MTRIO. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA s/Acción de Amparo” y,
1. Que a fs. 19/32 vta. y fs. 43/45 comparecen los/as Sres/as. Rafael Rubén Linares, Dante Rafael Bazán, Ana Carolina Maidana, María Cecilia Colla, María Soledad Castro, Edna Natalia Burgos, Sebastián Eduardo Pinetta, María Estela Moreno, Stella Marys Ramos, Evelyn María Esther Sánchez, Blanca Fabiola Solohaga, Carolina Paradela, Daniela Raquel Seal, Georgina Wanda Seal, Soledad Nasibe Barrionuevo, Mara Giselle Issetta, Natalia Jimena Heredia Oviedo, Melisa Edith Rearte, María Inés Marinaro y Javier José Pastrana, con patrocinio letrado y promueven acción de amparo en contra del Poder Ejecutivo Provincial - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Persiguen se deje sin efecto el Decreto TPyRH - ECyT N° 336 de fecha 08/04/2026 con su respectivo Anexo (fs. 05/12) -que aprueba la titularización de docentes interinos en las unidades escolares pertenecientes a los niveles inicial, primario y secundario en todas las modalidades del Ministerio de Educación de la Provincia- y de cualquier otra norma, reglamento o disposición que avasalle sus derechos y garantías como docentes y profesores interinos de nivel superior en los establecimientos que puntualizan. A título de medida cautelar, solicitan se ordene a la demandada a incluir a los docentes interinos del nivel superior en el proceso de titularización, a admitir las presentaciones de los docentes interinos manteniendo la situación de revista, cargos y horas que actualmente desempeñan y se abstenga de llamar a concurso para espacios curriculares del nivel superior respecto a los cargos/horas de los amparistas o a concurso que afecten sus actuales funciones, todo ello hasta resolver el fondo.- Justifican los requisitos de admisibilidad de la acción que promueven y en el relato de los hechos dan a conocer que revisten el cargo de docentes interinos de nivel superior en distintos establecimientos escolares detallando sus respectivas horas cátedra de revista y antigüedad en los cargos que detentan (fs. 13/18 y 33/42).
Manifiestan que el Decreto que impugnan excluye arbitrariamente y sin razón plausible a los docentes interinos del nivel superior del proceso de titularización a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos en el Anexo Único. Alegan que se trata de un acto administrativo nulo por carecer de motivación y violar el debido proceso. Asimismo, postulan que vulnera sus derechos y garantías laborales como la estabilidad e igualdad tornándose un acto arbitrario e ilegal. Mencionan que la discrecionalidad de la Administración no es absoluta ya que se encuentra sometida a los principios de legalidad, legitimidad y razonabilidad.
Señalan que el Decreto cuestionado vulnera el Estatuto del Docente provincial -Ley N° 3122- y nacional -Ley N° 14473- puesto que el artículo 18 de la legislación nacional prevé que las designaciones del personal docente titular se harán durante dos periodos fijos en el año y constituye un deber que tiene y debe cumplir el Estado frente a la titularización de los interinos del nivel superior.
Refieren que, pese a la mención de la garantía de estabilidad a los docentes en los considerandos del Decreto, no argumentan ni explican la razón por la cual no se titulariza a los docentes interinos del nivel superior.
Alegan que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación en el nivel superior en los establecimientos de la Provincia, circunstancia que el instrumento impugnado fulmina al soslayar la titularización de los docentes interinos del nivel superior por las graves consecuencias que la situación de interinato produce a los amparistas.
Fundan su derecho en la Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis, 16, 18, 43 y concordantes), Constitución Provincial, Leyes Nacionales N° 26206, N° CORTE Nº 032/2026
14473, de Educación Superior N° 24521, de Actos Discriminatorios N° 23592, Estatuto Docente provincial N° 3122, Leyes Provinciales N° 4642 y N° 5381 jurisprudencia y doctrina que estiman aplicable al caso.
A continuación, justifican los requisitos de procedencia de la medida cautelar. Ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal y peticionan, en definitiva, se haga lugar a la acción de amparo promovida.
Otorgada participación procesal, a fs. 46 se ordena correr vista al Ministerio Público a efectos de que se pronuncie acerca de la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos, de la viabilidad de la acción y de la medida cautelar, el que emite Dictamen N° 065/2026 (fs. 47/49), en sentido afirmativo sobre la competencia y negativo sobre la admisibilidad de la acción. - - -
A fs. 50 obra proveído que ordena autos a despacho para resolver, el que deja a la cuestión en estado de emitir pronunciamiento acerca de la procedencia formal de la demanda.
2. Que por imperio de expresas normas constitucionales -art. 204 de la Constitución Provincial-, y reforma del art. 4 de la Ley de Amparo N°4642 por Ley N°4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de esta Sala para entender en autos (Acordadas N° 4594/22 y N° 4776/25).
3-Admitida la competencia del Tribunal, es oportuno destacar que la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, cuya apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente de este proceso constitucional. Caracterizada la acción de amparo como una acción independiente, que concentra en un proceso toda la materia de base constitucional, como medio que debe ser idóneo para la protección de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, siempre que aparezca en forma clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción a los mismos. Que dicha exigencia en el acto o hecho que se reputa lesivo, tiende a la comprobación fácil y rápida de la lesión consumada por el acto u omisión arbitraria o ilegal, tanto en la aportación de pruebas por el amparista como en la apreciación por el sentenciante, lo que exige que el acto o el hecho objeto de análisis demuestre en su primera apariencia y sin necesidad de amplio debate ni controversia, la violación grosera del derecho que se señala conculcado.
De las manifestaciones vertidas en la demanda y la documental adjunta en la causa (fs. 13/18 y 33/42 vta.), se verifica que las designaciones de los amparistas en sus respectivos cargos como docentes de nivel superior fueron en carácter de interinos, es decir, a título precario. En consecuencia, no se constata arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el instrumento que se cuestiona como requisito de cumplimiento ineludible para determinar la procedencia de la acción pretendida y ello conduce a su rechazo, con costas.
4. Respecto a la medida cautelar solicitada, no corresponde su tratamiento atento a la solución que se arriba.
Por ello, oído el Ministerio Público y normas legales citadas,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2. Declarar la inadmisibilidad formal de la acción de amparo promovida, con costas.
CORTE Nº 032/2026 3) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia