Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-50932026-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 14 de Mayo de 2025 de fondo.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente N° 48.013-I y sus acumulados N° 48.014-I y 48.854-I, caratulados “LINBAO S.A. s/recurso de apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 44/47vta. y 133/136vta. se interpusieron sendos recursos de apelación contra las resoluciones AFIP-DGI N° 52/2017 y 51/2017 (DV ORR1), ambas de fecha 05/05/2017, en las que se determinaron las obligaciones tributarias de la recurrente frente a los impuestos al Valor Agregado (periodos fiscales comprendidos entre 08/2011 a 06/2012, ambos inclusive) y a las Ganancias (periodos fiscales 2012 y 2014). En ambos casos, se liquidaron intereses resarcitorios y se aplicaron multas, por el periodo fiscal 12/2011 del Impuesto al Valor Agregado y el periodo fiscal 2014 del Impuesto a las Ganancias, en los términos de los artículos 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Asimismo, a fs. 292/296 se apeló la resolución AFIP-DGI N° 41/2018 (DV ORR1), de fecha 10/05/2018, en la que se aplicó una multa de dos veces el impuesto dejado de ingresar frente al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2012, también en los términos de los artículos 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En primer término, la recurrente efectúa una reseña de los hechos que dieron lugar a las resoluciones apeladas.
Plantea la nulidad de pleno derecho de la Resolución N° 52/2017, pues desconoce la empresa que se establece como su acreedor, así como la foja invocada por el organismo fiscal en el párrafo que dispuso considerar como incremento patrimonial no justificado el préstamo bajo análisis.
Considera que la actuación de los funcionarios fiscales configuró prejuzgamiento pues a fin de iniciar la fiscalización se indicó que se trataba de un contribuyente con ventas relevantes, pero a la vez exiguos pagos registrados, más todavía no había iniciado su actividad.
En lo que hace específicamente a la impugnación del pasivo manifiesta que el Contrato de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago entre la Sra. Barreto (acreedora) y la recurrente y Yi Lin (codeudoras) fue celebrado el 23/08/2011, por la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y seis mil (U$S 456.000). Dice que fue previo a su inscripción en AFIP, que se realizó con fecha 06/09/2011, pero que declaró que sus actividades comerciales iniciaron el 01/08/2011.
Afirma que el contrato fue firmado ante escribano público, que las firmas están certificadas, específicamente las de la recurrente y la codeudora Yi Lin, no así de la acreedora pues no concurrió al acto, más a su criterio, esa cuestión no representa ninguna irregularidad.
Explica que como en el tiempo en que se celebró el contrato no contaba con cuenta corriente bancaria pues el préstamo sería utilizado para comenzar su actividad, los fondos directamente ingresaron a la administración de la empresa, razón que justifica su falta de bancarización. Por idéntica razón, ante la ausencia de libros societarios de esa época, no hubo documentación para exhibir a los funcionarios fiscales actuantes. En cuanto a la multa aplicada en la Resolución N° 41/2018, invoca la ausencia de los elementos tipificantes establecidos en el art. 46 de la ley 11.683, toda vez que entiende no hubo ninguna maniobra u ocultación al estar acreditada la realidad del préstamo (elemento objetivo) y tampoco dolo en su accionar (elemento subjetivo).
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 63/77, 177/192 y 303/308vta. contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones recurridas, con imposición de costas. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas y hace reserva de cuestión federal. -
III. Que a fs. 323 se abre la causa a prueba. A fs. 206/vta. y 313 obran las sentencias que ordenaron la acumulación de los expedientes N° 48.014-I y 48.854-I al 48.013-I.
A fs. 330 se clausuró el periodo probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”. A fs. 331 se ponen los autos para alegar, habiendo hecho uso de su derecho sólo el Fisco Nacional a fs. 340/342.
Finalmente, a fs. 344 se llaman los autos para dictar sentencia. -
IV. Que, conforme se desprende del informe final de inspección que obra a fs. 188/195 del cuerpo del impuesto a las ganancias de los antecedentes administrativos y las resoluciones apeladas, la actividad principal declarada por la sociedad era “Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimentarios y bebidas”. La calificación otorgada por el Sistema de Percepción de Riesgo era de “A”.
Poseía depósitos bancarios en el ejercicio 2014 significativamente inferiores a las ventas declaradas en el Impuesto al Valor Agregado.
Se constató que realizó pagos del Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado del ejercicio 2014 muy escasos respecto a las ventas declaradas en aquel periodo. En el Resultado del ejercicio contable, se registró un monto correspondiente al 3,2% de las ventas declaradas en el Impuesto a las Ganancias.
Declaró en el Impuesto a las Ganancias, por el periodo fiscal 2014, un pasivo superior al Patrimonio Neto declarado, con un índice de endeudamiento del 299%.
De la consulta efectuada a la base eFisco Factuweb, surgieron 2 solicitudes de Autorización de impresión por parte de la recurrente, la última con fecha 10/02/2014.
Se concurrió al domicilio fiscal de la localidad de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, Provincia de Buenos Aires, con el fin de notificar la Orden de Intervención mediante la cual se dispuso la fiscalización de la recurrente. La documentación fue recibida de conformidad por el Sr. Zheng Yanting, en carácter de Presidente de la firma. En cumplimiento de la requisitoria, aportó Nota con información solicitada, exhibió libros IVA Compras y Ventas y aportó Estados Contables cerrados al 30/06/2014 y mayores de los Pasivos al 30/06/2014. Luego, se le efectuó un nuevo requerimiento solicitando documentación respaldatoria de los pasivos más significativos de la documentación aportada.
Respecto al pasivo con la Sra. Barreto María Mercedes, la recurrente exhibió un Contrato de Reconocimiento de Deuda y Compromiso de Pago celebrado el 23/08/2011 entre la Sra. Barreto María Mercedes en carácter de acreedora, y su Presidente, Yanting Zheng en carácter de deudora y la Sra. Yi Lin en carácter de codeudora.
Se tuvo en cuenta que Linbao S.A. se inscribió en la AFIP con fecha 06/09/2011 y el contrato fue anterior a su inscripción.
En virtud de dicho instrumento, la deudora y codeudora adeudarían a la acreedora la suma de U$S 456.000.-, dinero que, en atención a los dichos de la recurrente, se solicitó para la ampliación del capital de trabajo. El monto de la deuda debía devolverse en 120 cuotas de U$S 3.800.-, pagaderas a partir del 01/09/2011. También se estipulan intereses compensatorios y punitorios en caso de mora en el pago.
En dicho contrato se certificaron las firmas de los Sres. Yanting Zheng y Yi Lin, con fecha 26/08/2011. La escribana actuante manifestó que no certifica la firma de la Sra. María Mercedes Barreto en su carácter de acreedora pues no se presentó en el acto. Asimismo, se dejó constancia que el contrato no fue confeccionado por la escribanía, sino que fue traído por los comparecientes.
Se analizó la situación fiscal de la Sra. Barreto en la fecha de celebración del mencionado contrato a efectos de probar la veracidad de dicho instrumento. Así, pudo constatarse que se encontraba inscripta ante AFIP desde el 11/08/1994. Su actividad hasta junio de 2011 fue “venta de frutas, legumbres y hortalizas” y de “servicios o locación” desde septiembre de 2011. Cabe destacar que coincide con el momento de realización de la operación de préstamo que se analiza. Se encuentra inscripta como monotributista desde septiembre de 2011. Se inscribió en el Impuesto sobre los Bienes Personales el 03/11/2015.
De la consulta a la base "Efisco BCRA Operaciones de Cambio", no se visualizaron compras significativas de divisas que indiquen que la Sra. Barreto tuviera dólares para prestar. No declaró tenencia de moneda extranjera.
No se observaron ventas de inmuebles cercanos al préstamo que pudieran hacer suponer que tuviera liquidez de divisas para prestar.
No se localizó a la Sra. Barreto para que ratifique el contrato aludido. La recurrente no aportó documentación adicional sobre este préstamo.
De la Base Efisco no surge que la Sra. Barreto haya sufrido retenciones. No hay datos en Citi Compras, elementos que -prima facie- acreditan la falta de operaciones relevantes de venta para estar en condiciones de prestar dinero. Tampoco se observaron acreditaciones bancarias entre los años 2009 a 2014. Si bien se visualizaron presentaciones del Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos 2013 y 2014, ambas fueron presentadas el 15/10/2015, es decir durante el transcurso de la fiscalización. En ambas se observa declarado el crédito con la recurrente. No había presentado las DDJJ de los periodos fiscales 2011 –origen del préstamo- y 2012. A su vez, no presentó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2011 y 2012.
Con sustento en esos elementos colectados, se procedió a impugnar el pasivo declarado en el Impuesto a las Ganancias por el periodo 2012 -momento de su origen- por $ 1.900.745, más 10% en concepto de incremento patrimonial no justificado y así como la diferencia de cambio accesoria del mismo, expuesta en el ejercicio 2014 y en los mayores aportados, por la suma de $975.745.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, partiendo de la misma impugnación de pasivo y por aplicación del artículo 18, inciso f) apartado 2, se determinó la base imponible omitida en el Impuesto al Valor Agregado, en el período 08/2011 a 06/2012 de $ 2.090.819,50 (incluye 10% de incremento patrimonial no justificado) y un débito fiscal omitido de $ 439.072,10.-
Por otro lado, cabe mencionar que con relación a la impugnación de un pasivo con el proveedor Maycar S.A., el cual representaba el 66% de la categoría “Proveedores Varios”, la recurrente se allanó a la pretensión fiscal sobre los ajustes de ambos impuestos a través de la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado Rectificativas.
Ante la falta de conformidad prestada a las liquidaciones efectuadas por los actuantes, se iniciaron sendos procedimientos determinativos que concluyeron en los actos ahora en recurso.
V. Que preliminarmente, cabe abocarse al planteo de nulidad de la recurrente, pues cuestiona el Considerando 42 de la Resolución N° 52/2017, en tanto allí se menciona a la firma “Servicios Integrales Malaga S.A.” como su acreedora, desconociendo tal circunstancia. Asimismo, dice que le causa agravio que en el Considerando anterior se mencione la foja 177 del cuerpo ganancias, toda vez que no se vincula con sus actuaciones.
Al respecto, si bien es evidente que ni la firma Servicios Integrales Malaga S.A. ni la foja 177 del cuerpo ganancias fueron objeto de estudio en el presente caso, su mención por parte del ente fiscal configura un error material producido únicamente en ese párrafo. En todo el acto administrativo se hace referencia a la Sra. Barreto como la acreedora de la recurrente y todos los elementos de prueba que se citan son coincidentes con los que surgen del informe final de Inspección y en la resolución que confirió vista.
Es tan claro que es un simple error material de transcripción que su sola inclusión en nada ha perjudicado el derecho de defensa de la recurrente, que ha podido ejercerlo ante esta Instancia, exponiendo todos los agravios que aquél acto le causa y ha podido ofrecer las pruebas que entendió dan sustento a sus dichos, circunstancias estas que son suficientes para desechar su planteo.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre los agravios dirigidos a impugnar el criterio fiscal que determinó la obligación del recurrente frente a los impuestos al valor agregado y a las ganancias, a partir de la presunción contenida en el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), debiendo analizarse, en primer término, Cabe precisar que más allá de que la ley imponga al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, por haber incurrido en errores de interpretación o realizado maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Frente a esas situaciones, el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí que este procedimiento resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que pueda actuar el ente fiscal.
Asimismo, la norma establece un orden cronológico a seguir, pues la administración podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no se cuenten con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Es decir, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo deberá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. Esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/6/2001). Como señalara el Profesor Dino Jarach “cualesquiera que sean las circunstancias que muevan a la Dirección a determinar el impuesto –ausencia de declaración jurada o equivocación por parte del contribuyente en sus declaraciones juradas, la Dirección General Impositiva…debe, en primer término, tratar de determinar el impuesto sobre bases ciertas, o sea, sobre un conocimiento directo y cierto de todas las circunstancias de hecho que la ley ha considerado relevantes para el nacimiento de la obligación tributaria….Puede ocurrir que falten elementos de juicio o que los que existan no sean suficientes para que la Dirección General Impositiva –el fisco, en una palabra- determine sobre bases ciertas. Solamente en este caso…puede acudir, en nuestro sistema legal, a una determinación sobre base presuntiva o, como dice la ley 11.683, a una estimación presuntiva…” (Jarach, Dino, “Determinación Impositiva. Naturaleza, Formas y Efectos”, en “Estudios de Derecho Tributario”, Ediciones Cima, 1998, pág. 219 y sgtes.).
Es decir que la ley estableció una metodología precisa a seguir con el objeto de evitar decisiones alejadas de la realidad, en tanto que el método indiciario permite fijar con “probabilidad” (más que con certeza) la existencia y magnitud del hecho imponible. Para ello el legislador establece reglas de valoración o índices que serán empleados como signos objetivos de que su sola presencia sea reveladora de la riqueza que está sometida a tributación. La utilización de estos índices se traduce en un método de determinación indirecta, pues si bien no nos suministran un conocimiento cierto de sus dimensiones, nos permiten “presumirlas”.
La facultad de acudir al método presuntivo ha sido aceptada por la doctrina jurisprudencial. Así lo recuerda en un pronunciamiento la Alzada al sostener que “...la atribución del ente recaudador para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, ‘sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio -como corresponde- los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514; y sus citas en consid. 12; Fallos: 197:210; 205:31; 210:107)’, y que si bien ello no significaba edificar un criterio general que importe prescindir del procedimiento de determinación sobre base cierta previsto en la ley, ‘tampoco permiten descartar ab-initio la aplicación de métodos indiciarios (en razón de calificarlos como meramente subsidiarios), cuando su utilización viene justificada tanto por la naturaleza y características de la explotación investigada, como por la necesidad de cumplir con el propósito tenido en cuenta por el legislador para establecerlos. De ahí que, en todo caso, su validez dependerá de que ‘su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción colectados en la causa’ (doc. Sala II del Fuero in re: ‘Verón, Teresa Argelia’, del 13/4/93)” (conf. Sala I in rebus: “Beraja, Alberto David y Dwed, José Roberto (TF 9904-I) c/ DGI”, del 20/09/99, y sus citas; y “Candle SA -TFN Nº 13.855-I c/ DGI” del 22/02/01, y sus citas).
Aclarado ello, podemos afirmar junto con la doctrina especializada que las presunciones son juicios lógicos por los que de un hecho base se extrae un hecho consecuencia, debiendo el hecho base estar completamente acreditado y siendo además necesario que entre ese hecho y el hecho consecuente exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. (Ziccardi, Horacio, “Derecho tributario administrativo o formal”, en Tratado de Tributación, Astrea, Buenos Aires, Tº I, Vol. 2, pag. 237).
Ahora bien, las presunciones así definidas, tienen como objeto constituir la prueba a favor del fisco para verificar el cumplimiento de la obligación tributaria por parte del contribuyente, facilitando su tarea. En efecto, la utilización de una presunción deviene en el cambio de objeto de la prueba, pues deberá probarse la existencia del hecho conocido que da soporte a la presunción. Más ello no significa que el Fisco se encuentre dispensado de llevar adelante una actividad probatoria, pues debe justamente probar los hechos base o inferentes en que se funda la presunción.
Como contrapartida, deberá el contribuyente cuestionar y probar tanto la existencia del hecho cierto en el que se basa como la relación entre el hecho inferente y el inferido.
VII. Que, en función de lo expuesto, corresponde determinar la procedencia de los actos determinativos impugnados, aclarando que a la luz del relato efectuado, puede afirmarse que el ente fiscal recurrió válidamente a la estimación sobre base presunta prevista en el artículo 18, inc. f) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe conceptualizar al incremento patrimonial no justificado como el aumento en el valor del patrimonio del contribuyente -ya sea a través del aumento de sus activos o disminución de sus pasivos- sin que este último pueda justificar acabadamente la fuente que los originó.
Así, pueden clasificarse los mismos en tres tipos diferentes, a saber: a) por aumento de derechos o bienes; b) disminución de las obligaciones y c) por la creación artificial de pasivos.
En los tres casos ese incremento patrimonial podría justificarse si el contribuyente cuenta con la documentación fehaciente de los mismos.
Ahora bien, respecto al ajuste bajo análisis, es dable destacar que en relación a la prueba de la existencia de un pasivo, en pronunciamientos que resultan aplicables al caso, la Sala IV de la Alzada en la causa “Valle Escondido S.A.” de fecha 17/05/16, sostuvo que “...la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser en casos como el presente particularmente indudable. Para ello, resulta necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en particular, la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución (conf. “Club Vacacional S.A. c/ Dirección General Impositiva c/ recurso directo de organismo externo”, sent. Del 14/4/16...”).
Y señaló también, en la causa “Pasarin, Armando”, que “…más allá de las formalidades que puedan exigirse en la firma de un contrato de mutuo, la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser particularmente indudable acerca del nacimiento, de las modalidades y, eventualmente, de la extinción de la deuda. Es necesario, pues, que se demuestre la secuencia completa de la operatoria pertinente” (Sala I, “Badial SA (TF 32.999I) c/ DGI”, sent. del 3/2/15 y “Ariston SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 16/07/15) …”.
Bajo ese marco doctrinario, el caso sub examine refiere a una cuestión de hecho y prueba, dirigido a obtener el grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos estimados por el organismo recaudador con la realidad económica de la contribuyente.
VIII. Que la defensa de la recurrente se centra en cuestionar la impugnación formulada por el ente fiscal en razón de la instrumentación del contrato celebrado y las circunstancias fácticas que lo rodean, tanto sobre su actividad como empresa como la situación de la Sra. Barreto, su acreedora.
Preliminarmente, entiendo que debe determinarse si el convenio tiene virtualidad para ser oponible a terceros, en este caso, al Fisco Nacional.
En principio, cabe recordar que el artículo 973 del Código Civil (vigente a la sazón) establecía que “La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico; tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar”.
Por su parte, el artículo 1034 disponía que “Los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos” y aclaraba en su artículo 1035 que “Aunque se halle reconocido un instrumento privado, su fecha cierta en relación a los sucesores singulares de las partes o a terceros, será: 1° La de su exhibición en juicio o en cualquiera repartición pública para cualquier fin, si allí quedase archivado; 2° La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren; 3° La de su transcripción en cualquier registro público; 4° La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del de la que lo escribió, o del que firmó como testigo”.
Estos últimos preceptos establecían que los instrumentos privados, aún después de reconocidos, no prueban contra terceros la verdad de la fecha cierta en ellos expresada, la cual se adquiere por alguno de los métodos allí descriptos. La falta de tal requisito, si bien puede no provocar la invalidez del contrato entre las partes, cuando no fue extendido por instrumento público, da lugar a su inoponibilidad frente a terceros ajenos al negocio.
Conforme lo expuesto, no resulta ocioso recordar que un instrumento público hace plena fe, tanto entre partes como respecto de terceros, de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia (art. 993, CC). La plena de fe de los instrumentos públicos, consagrada en el mentado artículo del Código Civil se refiere a la verdad material de los hechos presenciados por el oficial público, circunstancias que claramente no se dan en la especie toda vez que tal como luce en la copia del contrato obrante a fs. 103/104vta. del cuerpo del Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos, la actuación de la Escribana interviniente solamente se limitó a certificar las firmas del presidente de la sociedad y la codeudora, pero no así la correspondiente a la acreedora. Ello así no participó en la confección del contrato, dado que este fue llevado por las partes ante ella, lo que también limitó su constatación sobre la operatoria a realizar.
Cabe reiterar entonces que los instrumentos privados, aún después de reconocidos, no prueban contra terceros la verdad de la fecha cierta en ellos expresada, la cual se adquiere por alguno de los métodos descriptos en el art- 1035 del C.C. La falta de tal requisito, si bien puede no provocar la invalidez del contrato entre las partes, cuando no fue extendido por instrumento público, da lugar a su inoponibilidad frente a terceros ajenos al negocio.
Este criterio ha sido, por otra parte, el sustentado por nuestro Máximo Tribunal al señalar que “…el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta…” (vid. Autolatina Argentina S.A., 15/3/2011).
De todo lo dicho sólo cabe concluir que el instrumento privado que obra a fs. 103/104vta. del cuerpo del Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos, carece de fecha cierta y por lo tanto no resulta oponible a terceros, razón por la cual no resulta conducente a los fines de acreditar los dichos del recurrente. Pero más allá de que tal circunstancia resulta apta para compartir el criterio fiscal, debe destacarse que la recurrente no ha logrado probar la secuencia de la operatoria que invoca para acreditar la existencia del pasivo. En efecto, no logró acreditar la efectiva transferencia de los fondos -más allá de alegar la falta de una cuenta corriente bancaria-y su posterior restitución mediante un circuito de pago por lo que sus argumentos lucen huérfanos de toda probanza que hayan podido acreditar la existencia del préstamo.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, durante la fiscalización, el ente fiscal pudo comprobar que Sra. Barreto -constituida como prestamista y acreedora en el contrato- no poseía capacidad económica que le hubiera permitido entregar la importante suma de U$D 456.000 a la recurrente.
Por lo tanto, los agravios de la recurrente -sobre la que reposaba la carga probatoria- resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en las resoluciones apeladas en autos.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar los ajustes realizados en las resoluciones determinativas del impuesto a las ganancias y al valor agregado. Con costas.
IX. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados en las resoluciones, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios, corresponde su confirmación. Con costas.
X. Que respecto a las multas aplicadas que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, inc. a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), la recurrente no expresa agravios directamente dirigidos a cuestionarlas con excepción de aquella correspondiente al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2012, sobre la que plantea la ausencia de sus elementos tipificantes.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
XI. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió para el encuadre de la conducta del recurrente al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado, la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Desde ya, que las presunciones así definidas y contenidas en el artículo 47 dispensan de la prueba del hecho presumido al organismo fiscal favorecido por ella, pero pueden ser refutadas por el contribuyente mediante el desarrollo de una probanza en la cual se acredite la falsedad o inexistencia del hecho presumido.
XII. Que conforme se desprende de las actuaciones llevadas adelante, el organismo fiscalizador efectuó las observaciones que conllevaron a considerar el accionar de la actora en conductas dirigidas a defraudar al Fisco Nacional y en consecuencia encuadró las conductas de la recurrente en las previsiones del art. 47 incs. a) y b) de la ley 11.683 al presumir conductas dolosas que permiten extraer la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
En cuanto al elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, éste surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba suficiente que demuestre lo contrario.
En esa dirección, los argumentos de la recurrente respecto a la multa frente al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2012 se dirigen a una defensa dogmática sin aportar elementos de prueba que destruyan el accionar fiscal, dado que se limitan a esgrimir ausencia de conducta dolosa y un accionar espontáneo que en atención a los hechos aquí relatados no resultan suficientes (Vid. entre muchos otros, C.N.FED. CONT. ADM., Sala II, “Aerofarma Laboratorios S.A.I.C.”, 6/3/14).
Por lo expuesto, considero que las multas aplicadas en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley 11.683, han sido correctamente encuadradas y cuantificadas.
En consecuencia, corresponde confirmar las sanciones aplicadas, que -por otra parte- se advierten han sido correctamente cuantificadas. Con costas.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto que antecede.-
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, en todos sus términos. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52, segundo párrafo, del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2025.05.14 11:11:26 ART Date: 2025.05.14 15:29:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.14 15:29:29 -03:00
Fin de la sentencia